Javier Hurtado
En el asunto de los llamados "Súper Secretarios" todo parece indicar que la política y las leyes no están haciendo buenas migas: el Ejecutivo recurre a un acuerdo administrativo para crear dos nuevas coordinaciones, evadiendo así tramitar ante el Congreso del Estado una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ya que todo hace suponer que el coordinador de los diputados del PAN no apoyaría dicha medida, en virtud de los ajustes de cuentas que existen entre el grupo de panistas del ex Gobernador Ramírez Acuña y del Gobernador en turno, en el contexto de la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional de su partido (con la debida proporción guardada, ésta sería una réplica del enfrentamiento Fox-Calderón que se vive en la escena nacional).
En verdad sorprende que en el Ejecutivo del Estado no exista alguien que se dé cuenta que la creación de tales dependencias no procede jurídicamente, o bien, que no pueda invocar mejores argumentos para justificar dicha decisión. No es este el lugar para realizar una disquisición jurídica sobre las omisiones o deficiencias que contiene el Acuerdo 008/2007 emitido por el Gobernador de Jalisco el 1 de marzo del presente año. Lo que interesa en todo caso es señalar las disputas políticas que existen al interior del PAN Jalisco, mismas que hacen que el Estado de derecho tenga que ser vulnerado con tal de que no exista un temprano desgaste político del novel Gobernador González Márquez.
Pero no sólo eso, violaciones a la Constitución se han dado también en el caso del nombramiento y ratificación de otros funcionarios, como ocurrió con el nuevo Procurador general de Justicia del Estado, que tomó protesta ante el Secretario general de Gobierno y no ante el Congreso local, tal y como lo ordena la Constitución de Jalisco en su artículo 108, que a la letra dice: "Corresponde al Congreso del Estado tomar protesta a los servidores públicos que con arreglo a esta Constitución deban ser nombrados o ratificados por éste, en el recinto oficial del Poder Legislativo". Es lamentable que un funcionario que se supone debe ser un conocedor profundo del Derecho y las leyes, sea el primero en violar la Constitución.
Sin embargo, en el caso de los llamados "Súper Secretarios", las cosas podrían tener otras complicaciones: desde estar usurpando funciones (con las consecuencias legales que de ello se puedan derivar y la nulidad de todos sus actos y decisiones), hasta percibir emolumentos que no estén expresamente asignados en el Presupuesto de Egresos. Existe un principio básico del derecho público: "no se puede efectuar pago alguno que no esté expresamente contemplado en el Presupuesto de Egresos o determinado en Ley posterior". Y por si hubiera alguna duda de gravedad de la omisión legal y de la necesidad que el Congreso de Jalisco tenga que autorizar la creación de estas nuevas dependencias, la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Jalisco, de manera indubitable en su artículo 76 establece: "Las asignaciones contraídas fuera de las asignaciones presupuestales requieren el reconocimiento por ley o por decreto expreso del Congreso del Estado, en los que se fijen los términos del pago".
Caso similar ocurre con la llamada Secretaría de Planeación. Si se consulta la página web del Gobierno del Estado de Jalisco, en el organigrama del Ejecutivo existe una "Secretaría de Planeación" con su respectivo Secretario. Luego, si se desea ver las funciones y atribuciones que tiene asignadas esa dependencia de reciente "creación", resulta que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no existe; y, por lo tanto, tampoco puede tener partida alguna en el Presupuesto de Egresos del 2007. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta nueva dependencia y de dónde salen los recursos para su sostenimiento?
En verdad es triste que en nuestro Estado se viole la ley con tal cinismo e impunidad. Y no sólo eso: sino que hasta se justifique que así se haga y se siga haciendo, por propios y extraños. ¿Cómo es posible que el Congreso del Estado no tome cartas en el asunto y ponga orden? ¿Cómo es posible que se estén burlando abiertamente del Poder Legislativo creándose, en el mejor de los casos, por decretos administrativos, dependencias del Poder Ejecutivo, o pongan a funcionar otras sin decreto ni reforma alguna a la ley? Lo mismo pasa con el caso del nepotismo: ha trascendido cómo los parientes del Gobernador en turno, a partir del 1 de marzo, han pasado a integrarse a distintas dependencias que, directa o indirectamente, dependen del él, asignándoseles sueldos muy elevados. Ante esto, el descaro y el desdén es el mismo: mientras la clase política justifica que eso es legal porque no fueron nombrados directamente por el Gobernador, los empresarios dicen que a ellos no les importan los parentescos, sino los resultados. ¿Y entonces para qué tenemos la ley? Este argumento, llevado al caso de los "Súper Secretarios" diría: "¿Y a mi qué me importa si esas dependencias están o no en la ley? Lo que me interesa es que la cosas funcionen".
Quienes piensan de esta manera no se dan cuenta que este tipo de razonamientos causan un daño gravísimo a la sociedad: atentan contra la civilidad, la igualdad y el Estado de derecho. Si los gobernantes violan así la ley, los gobernados también tenemos derecho a dicha prerrogativa y a que los empresarios también nos justifiquen. Y entonces esto será la guerra de todos contra todos y el fin del Estado.
docjhurtado@hotmail.com
http://www.mural.com/editoriales/nacional/718960/
En el asunto de los llamados "Súper Secretarios" todo parece indicar que la política y las leyes no están haciendo buenas migas: el Ejecutivo recurre a un acuerdo administrativo para crear dos nuevas coordinaciones, evadiendo así tramitar ante el Congreso del Estado una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ya que todo hace suponer que el coordinador de los diputados del PAN no apoyaría dicha medida, en virtud de los ajustes de cuentas que existen entre el grupo de panistas del ex Gobernador Ramírez Acuña y del Gobernador en turno, en el contexto de la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional de su partido (con la debida proporción guardada, ésta sería una réplica del enfrentamiento Fox-Calderón que se vive en la escena nacional).
En verdad sorprende que en el Ejecutivo del Estado no exista alguien que se dé cuenta que la creación de tales dependencias no procede jurídicamente, o bien, que no pueda invocar mejores argumentos para justificar dicha decisión. No es este el lugar para realizar una disquisición jurídica sobre las omisiones o deficiencias que contiene el Acuerdo 008/2007 emitido por el Gobernador de Jalisco el 1 de marzo del presente año. Lo que interesa en todo caso es señalar las disputas políticas que existen al interior del PAN Jalisco, mismas que hacen que el Estado de derecho tenga que ser vulnerado con tal de que no exista un temprano desgaste político del novel Gobernador González Márquez.
Pero no sólo eso, violaciones a la Constitución se han dado también en el caso del nombramiento y ratificación de otros funcionarios, como ocurrió con el nuevo Procurador general de Justicia del Estado, que tomó protesta ante el Secretario general de Gobierno y no ante el Congreso local, tal y como lo ordena la Constitución de Jalisco en su artículo 108, que a la letra dice: "Corresponde al Congreso del Estado tomar protesta a los servidores públicos que con arreglo a esta Constitución deban ser nombrados o ratificados por éste, en el recinto oficial del Poder Legislativo". Es lamentable que un funcionario que se supone debe ser un conocedor profundo del Derecho y las leyes, sea el primero en violar la Constitución.
Sin embargo, en el caso de los llamados "Súper Secretarios", las cosas podrían tener otras complicaciones: desde estar usurpando funciones (con las consecuencias legales que de ello se puedan derivar y la nulidad de todos sus actos y decisiones), hasta percibir emolumentos que no estén expresamente asignados en el Presupuesto de Egresos. Existe un principio básico del derecho público: "no se puede efectuar pago alguno que no esté expresamente contemplado en el Presupuesto de Egresos o determinado en Ley posterior". Y por si hubiera alguna duda de gravedad de la omisión legal y de la necesidad que el Congreso de Jalisco tenga que autorizar la creación de estas nuevas dependencias, la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Jalisco, de manera indubitable en su artículo 76 establece: "Las asignaciones contraídas fuera de las asignaciones presupuestales requieren el reconocimiento por ley o por decreto expreso del Congreso del Estado, en los que se fijen los términos del pago".
Caso similar ocurre con la llamada Secretaría de Planeación. Si se consulta la página web del Gobierno del Estado de Jalisco, en el organigrama del Ejecutivo existe una "Secretaría de Planeación" con su respectivo Secretario. Luego, si se desea ver las funciones y atribuciones que tiene asignadas esa dependencia de reciente "creación", resulta que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no existe; y, por lo tanto, tampoco puede tener partida alguna en el Presupuesto de Egresos del 2007. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta nueva dependencia y de dónde salen los recursos para su sostenimiento?
En verdad es triste que en nuestro Estado se viole la ley con tal cinismo e impunidad. Y no sólo eso: sino que hasta se justifique que así se haga y se siga haciendo, por propios y extraños. ¿Cómo es posible que el Congreso del Estado no tome cartas en el asunto y ponga orden? ¿Cómo es posible que se estén burlando abiertamente del Poder Legislativo creándose, en el mejor de los casos, por decretos administrativos, dependencias del Poder Ejecutivo, o pongan a funcionar otras sin decreto ni reforma alguna a la ley? Lo mismo pasa con el caso del nepotismo: ha trascendido cómo los parientes del Gobernador en turno, a partir del 1 de marzo, han pasado a integrarse a distintas dependencias que, directa o indirectamente, dependen del él, asignándoseles sueldos muy elevados. Ante esto, el descaro y el desdén es el mismo: mientras la clase política justifica que eso es legal porque no fueron nombrados directamente por el Gobernador, los empresarios dicen que a ellos no les importan los parentescos, sino los resultados. ¿Y entonces para qué tenemos la ley? Este argumento, llevado al caso de los "Súper Secretarios" diría: "¿Y a mi qué me importa si esas dependencias están o no en la ley? Lo que me interesa es que la cosas funcionen".
Quienes piensan de esta manera no se dan cuenta que este tipo de razonamientos causan un daño gravísimo a la sociedad: atentan contra la civilidad, la igualdad y el Estado de derecho. Si los gobernantes violan así la ley, los gobernados también tenemos derecho a dicha prerrogativa y a que los empresarios también nos justifiquen. Y entonces esto será la guerra de todos contra todos y el fin del Estado.
docjhurtado@hotmail.com
http://www.mural.com/editoriales/nacional/718960/
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