Doble discurso

Javier Hurtado

12 Sep. 07

Finalmente, los nueve consejeros electorales del Instituto Federal Electoral se habrán de ir antes de que termine el mes de octubre de 2010. Este año saldrán el actual presidente y dos de sus compañeros consejeros; en agosto del año que entra, otros tres; y, casi dos años después serán sustituidos los tres restantes. Con este acuerdo logrado el día de ayer, los comicios de 2009 serán organizados por una mayoría de nuevos consejeros Electorales, y los presidenciales de 2012 por una autoridad electoral renovada en su totalidad con el máximo consenso posible de los partidos representados en el Congreso.

Atrás quedaron los dobles juegos y dobles discursos: 1.- de los consejeros cuestionados que supuestamente defendían la autonomía del IFE, pero que en el fondo lo que alegaban era su continuidad en el cargo; 2.- el de los “intelectuales” que alzaban la bandera de la institucionalidad —protegiendo, de paso, a la autoridad criticada—, pero que muy en sus adentros rogaban a Dios por la sustitución de aquéllos y se anotaban como los primeros relevos, por haberse rasgado las vestiduras en defensa del organismo electoral; 3.- el de los otros “intelectuales” y “expertos” que, con el pretexto de realizar un análisis y crítica a la iniciativa de Reforma Electoral (con propuestas que nunca antes externaron), en el fondo lanzaban una ácida y fundamentada crítica a los consejeros para mandar a los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD el mensaje de: “aquí estamos, para cuando se les ofrezca: nosotros sí somos confiables”, 4.- el de los tres consejeros que —más realistas, pero igual de ambiciosos que sus seis compañeros— al reconocer la autoridad del Congreso para removerlos y aceptar que eso no significaba ningún atentado a la autonomía del IFE, en realidad lo que querían decir era: “al menos déjennos ser los últimos tres que nos vayamos”; y, 5.- la postura más burda de todas: la de las televisoras, que en una oportunista campaña —orquestada premeditada o casualmente con los primeros "intelectuales"— alzaban la bandera de la racionalidad y de la defensa de la libertad de expresión, pero en el fondo lo que defendían era el libre mercado en materia de publicidad política y los miles de millones de pesos que se embolsan en cada proceso electoral. Afortunadamente este juego de dobles máscaras ha terminado. Si no, al menos, sus verdaderos rostros han quedado al descubierto.

Hasta aquí, las cosas han quedado más o menos claras. Lamentablemente, lo que no está muy claro son los contenidos en materia de reformas institucionales, de procedimientos de financiamiento a los partidos, de realización de campañas, y de compra y transmisión de mensajes políticos en los medios de comunicación electrónicos. Aquí también parece ser que existe doble discurso. En este caso, de los inflexibles críticos de las actuales autoridades electorales y ahora hasta de los medios de comunicación electrónicos, pero que son incapaces de reconocer los derroches que realizan en las campañas electorales y de aceptar que ellos mismos son los que acuerdan, autorizan y establecen unas reglas del juego que después critican y nunca terminan por modificar a fondo y a largo plazo.

Por ejemplo, nada se dice de los cambios que se deben hacer en los oprobiosos criterios para determinar el financiamiento público a los partidos políticos y que datan de la Reforma Electoral de 1996. Baste tan sólo señalar que el financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos en años no electorales es indebidamente determinado sobre el costo de las campañas electorales, como si hubiera elecciones y campañas en esos años. Adicionalmente, cada tres años que hay elecciones se les otorga una cantidad extra igual a la resultante de realizar una operación con el criterio anterior por concepto de actividades tendientes a la obtención del voto. Paradójicamente, este criterio (indexado a la inflación) ha hecho que en cada proceso electoral se les otorgue más dinero a los partidos, mientras que la participación de los ciudadanos en las urnas decrece constantemente. ¿Qué van a hacer los señores legisladores para modificar esto?

Otro punto más: se ha hecho aparecer como un gran avance que ahora los partidos tendrán para sus campañas —cuya duración se reduciría al 50 por ciento— un total de 48 minutos diarios en la televisión, mismos que si bien ya no le costarán al erario e implicarán una baja significativa en la cantidad de mensajes políticos que se transmiten con fines de promoción de candidaturas, harán que México siga siendo el País de América Latina que más tiempo permita para la transmisión de esos mensajes, ya que en Bolivia y Costa Rica el máximo permitido es de 10 minutos diarios, en Nicaragua de 3, en Paraguay y Perú de 5 minutos diarios, y en Guatemala de 30 minutos semanales. En siete de estos países las restricciones a la propaganda política también incluyen la que se publica en medios impresos y la que se difunde en la radio. ¿Por qué en México no se sigue un criterio similar?

Aparte de que los avances son magros en esta materia, la Reforma pretende dejar abierta la puerta de par en par, para que la nueva autoridad electoral acuerde contratar y autorizar la transmisión de más propaganda “cuando lo estime conveniente”, en contraste a países como Brasil y Chile, donde está totalmente prohibida la contratación de propaganda en medios electrónicos.

Como se ve, el doble discurso en su máxima expresión. O bien, un paso para adelante y otro para atrás.

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¿Quién es el cuarto poder?

Marco Antonio Cortés

La idea de que la prensa, o más exactamente los medios de comunicación de masas, constituyen un cuarto poder, sumado a los tres poderes públicos formales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), e influyente como éstos, es de vieja data —se remonta hasta la revolución francesa y el concepto fue acuñado por Edmund Burke—. Esta puede ser la impresión que prevalece en México, sobre todo porque, recientemente, los medios de comunicación fueron determinantes para el proceso de apertura política y la democratización del país. Los medios han jugado un papel relevante en el fortalecimiento de la opinión pública, le dieron impulso al creciente pluralismo y hoy fungen, sin duda, como instrumentos básicos para incrementar la transparencia y exigir una mejor rendición de cuentas.

También, como empresas con intereses comerciales y financieros muy claros, tienen una agenda propia y la promueven concienzudamente, siendo en consecuencia actores interesados, muy poco imparciales, dentro del proceso político. Los medios en México, como quizá en todas las democracias, tienen sus luces y sus sombras. Junto con lo positivo, ellos suelen manipular a la opinión pública mexicana de manera burda y descarada, y hasta hoy operan en la más completa impunidad. La manera como se aprobó la ley Televisa en el Congreso, habría demostrado que efectivamente los medios, y concretamente la estructura oligopólica que los controla, son el cuarto poder en este país.

Sin embargo, también existe la idea, menos difundida, de que el verdadero cuarto poder en México no son los medios sino los partidos políticos. Nada se procesa en el sistema político mexicano si no pasa por la criba de los partidos. El famoso atorón en el que está sumida la joven democracia mexicana, y que le impide rendir los frutos que esperan los mexicanos, no tiene otro origen que las rivalidades irresueltas de los partidos y la capacidad de estos para distorsionar el desempeño de los demás poderes, señaladamente en los casos del Ejecutivo y el Legislativo. Si enfrentados tienen un enorme poder, ya se puede calcular el que adquieren cuando operan en concierto.

La reforma electoral que está por aprobarse cargaría la balanza hacia los partidos políticos y además pondría en evidencia el recelo que le tienen a los medios. Cuando aprobaron la ley Televisa, se acercaba un proceso electoral reñido. Nadie quería tener a los medios en contra. Los partidos fueron, pues, obsecuentes por razones de coyuntura. Hoy los medios navegan con el viento en contra. A su favor no tienen ni la fuerza del chantaje. Ya se sabe: la reforma contempla la prohibición a los partidos para contratar tiempos en radio y televisión, dejando esta facultad al Instituto Federal Electoral, además de que los tiempos quedan acotados a los tiempos oficiales. De sopetón, lo partidos le quitan a los medios poco menos de tres mil millones de pesos, y amenazan con distribuirse entre ellos mismos esta fabulosa cantidad. Los medios, sin duda, están pataleando y resistiendo. Pero pueden ir renunciando a sus jugosas ganancias de tiempos electorales, porque si la coyuntura no los favorece, de todas maneras el cinismo de los políticos los ha vuelto inmunes a las campañas de desprestigio que, abusivamente por cierto, suelen emprender los medios contra algunos de ellos. Los partidos ganan. De nuevo.

macortes@milenio.com

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IFE: ¿Renovación o remoción?

Tonatiuh Bravo Padilla

6 Sep. 07

Lamentable espectáculo están dando algunos consejeros electorales, en particular su presidente Luis Carlos Ugalde, quien en un afán incomprensible para su inteligencia, se aferra al cargo pensando que con ello obtendrá mayor legitimidad con el mero paso del tiempo.

El Consejo General del IFE debe renovarse. Con independencia de quienes creen o no que hubo fraude electoral el 2 de julio, el hecho es que hay un consenso generalizado, aún entre buena parte de los propios panistas: el Consejo General del IFE y su presidente no estuvieron a la altura de la circunstancias ni dieron el ancho. El hecho es que hoy carecen de la credibilidad necesaria y no son autoridad en la materia, pues ni el Poder Legislativo, ni los demás actores políticos involucrados les tienen confianza.

Ugalde dice defender la autonomía del IFE, ¿Por qué razón no defendió esa autonomía frente a Fox, quien públicamente usó a la Presidencia de la República facciosamente para apoyar a su candidato, y además lo ha reconocido abiertamente?

El Consejo General del IFE falló abiertamente en cuestiones fundamentales: no paró o no quiso parar a los organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, que abiertamente contrató publicidad electoral de manera ilegal y fue artífice de la guerra sucia contra uno de los candidatos.

Calificó como legales spots televisivos y de radio que a la postre fueron impugnados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo que más de 30 días después de que hicieron sus nocivos efectos.

El presidente del IFE envió un oficio a través de fax a los 300 distritos electorales, en donde les prohibía hacer el recuento de votos a sus Consejos, cuando el Tribunal calificó de absurda y errónea esa decisión, pues es precisamente el lugar para adecuado para llevarla a cabo.

En forma imprudente y controvertida, Ugalde ocultó relaciones personales de madrinazgo matrimonial de su esposa con la esposa del candidato Felipe Calderón, que le involucraban indebidamente a favor de ese candidato.

El Consejo General del IFE fue conformado bajo la coordinación de quien entonces fungía como coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI, Elba Esther Gordillo, quien en acuerdo con el PAN votó la lista de consejeros en la Cámara de Diputados excluyendo cualquier posibilidad de aceptación de aquéllos propuestos por el PRD u otras fuerzas sociales y políticas. El problema es que ella misma fue el artífice de una operación de apoyo hacia ese mismo candidato.

Habría más de una decena de casos entre jurídicos y políticos que se podrían enumerar como fallas y equívocos garrafales del Consejo General del IFE, por lo cual es necesario su relevo. Así como en las dos ocasiones anteriores ese relevo fue entendido a cabalidad por los actores involucrados, hoy es necesario que los consejeros entiendan que se requiere un nuevo acuerdo y una nueva institucionalidad que le reintegren la confianza a la gente y a los actores en los procesos electorales.

En cualquier encuesta hoy casi el 50 por ciento de la población considera que en la anterior elección hubo fraude y eso no es cualquier cosa. Con tiempo y acertada actuación, el IFE debe renovarse para preparar las próximas elecciones federales, de otra manera, no hay árbitro confiable, pues el Consejo General del IFE actuó como si el fraude hubiese existido.

Por estas razones elementales, el presidente y los demás consejeros deben aceptar la renovación, de otra forma técnicamente sería renovación, pero políticamente implicaría una remoción.

tonatiuhb@congreso.gob.mx
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¿Deben salir los consejeros del IFE?

Gabriel Torres Espinoza

Es necesario comenzar con una precisión: la diferencia entre el Consejo General del IFE (del que parte de la población duda de su imparcialidad y profesionalismo) y el servicio profesional de éste, que se integra mediante concurso público de oposición por funcionarios que acreditan conocimientos para desarrollar las tareas específicas.

El problema de legitimidad que ahora enfrenta el consejo general del IFE se debe a múltiples factores. Entre los más relevantes destaca el que se remonta a la integración del consejo que preside Luis Carlos Ugalde. Este Consejo General, recordemos, se integró sólo con los votos de los diputados del PAN y del PRI, y con la notoria ausencia en el acuerdo del PRD. La soberbia de ambos partidos al dejar fuera al PRD, le dio la coartada perfecta para que este partido tuviera dos escenarios muy cómodos. Si ganaban las elecciones sería a pesar de la autoridad electoral, que a decir de ellos respondería al PRIAN. Si la elección la perdían, la causa sería la falta de imparcialidad de la autoridad electoral.

En ambos casos, y con un escenario de alta competitividad como el que ocurrió, los más raspados de la contienda serían los propios consejeros electorales, por la estrecha visión política de los diputados del PRI y del PAN, que dejaron fuera del acuerdo al PRD en la integración del Consejo General del IFE. Un árbitro debe ser de absoluta confianza de todos los jugadores y no sólo de una mayoría de los participantes. Precisamente esa fue la principal divisa que en su momento explotó José Woldenberg, quien presidió un IFE integrado por absoluto consenso de todas las fuerzas políticas del país. Un árbitro validado por todos, lo cual le otorgó de origen una mayor legitimidad y desde luego mayor autoridad.

Independientemente de todas las fallas técnicas con las que a muchos nos desilusionaron los consejeros del IFE, que tardaron tres días en declarar al ganador de las elecciones más costosas del mundo, con el personal y equipo más sofisticado (ineficiencia), es obvio que este consejo general no goza de la confianza deseable para organizar el siguiente proceso. El árbitro no debe seguir por capricho cuando le hace daño al proceso. Plantear a manera de chantaje que renovar el Consejo General del IFE sería tanto como aceptar un fraude electoral en el proceso pasado es ignorar la enorme inconformidad de cuando menos un 35 por ciento de la población que no cree en su imparcialidad.

Los consejeros electorales del IFE deben renovarse básicamente para generar la confianza de que hoy carecen los consejeros electorales, por múltiples factores, incluso el más importante imputable a los diputados. En una institución como el IFE, lo verdaderamente relevante se soporta en un servicio profesional que no está a discusión su permanencia. Si los consejeros electorales son autocríticos, deben reconocer que hoy su estancia, por capricho o conveniencia salarial, le hace daño al IFE y a la confianza y certeza que requiere el siguiente proceso para la renovación de los poderes públicos federales. Su salida es, simplemente, una cuestión de Estado.

gtorres@milenio.com
gabtorre@hotmail.com
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Lo fiscal y lo electoral

Javier Hurtado

5 Sep. 07

Cualquiera podría preguntarse ¿qué tiene que ver la Reforma Fiscal con la Reforma Electoral, o esta última con aquélla? De momento, en materia presupuestal y temática, nada. Podrían estar entrelazadas en el proceso legislativo si, por ejemplo, el financiamiento a los partidos políticos se ligara a un cierto monto o porcentaje del PIB; a que cierta cantidad se asignara dependiendo del porcentaje trimestral de crecimiento de PIB; o bien, a que ese financiamiento y el presupuesto asignado al IFE no pudiera rebasar cierta proporción del gasto en Salud, en Ciencia y Tecnología, en Educación o para el Campo. Sin embargo, como no existe nada de esto, entonces la ligazón entre ambos temas es meramente política y coyuntural. Vamos, es un simple condicionamiento, por no decirle chantaje.

Si no hay Reforma Fiscal, no habrá Reforma Electoral; si no hay Reforma Electoral, no habrá Reforma Fiscal. Así han sido manifestadas las posturas de los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras: al PRI y al PRD les interesa la Reforma Electoral, y sólo apoyarían la Fiscal en la Cámara de Diputados si antes es aprobada en el Senado la Electoral. A su vez, al PAN le interesa más la Fiscal, sin embargo, reconocen que no podría prosperar su iniciativa en la Cámara Baja si antes sus senadores no votan a favor de la Reforma Electoral en la Cámara Alta. Sin duda, un crudo ejercicio de pragmatismo político.

Tanto en uno como en el otro caso, los tiempos y las facultades constitucionales se les acomodaron a los legisladores: en virtud de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación "una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo"; y señala que el Ejecutivo hará llegar dichas iniciativas a más tardar el 8 de septiembre; y que, tanto la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, deberán estar aprobados a más tardar el 15 de noviembre. Así, entonces, esta -por llamarle de alguna manera- división constitucional del trabajo hizo que de manera natural se estableciera una división temática de la agenda de reformas entre los legisladores de un mismo grupo parlamentario, lo que trajo como consecuencia que el Senado se convirtiera en Cámara de origen en lo electoral, no obstante que la Constitución no obliga a que así sea.

Ya en materia de proceso político, el Ejecutivo, a través de su Secretario de Hacienda, dice estar preparado para "presentar una Iniciativa de Presupuesto sin Reforma, otra con Reforma y otra con los dos escenarios" (¿?). Si algo está claro, es que primero se debe votar lo electoral en el Senado, a más tardar el jueves 6 del presente, y sólo así los diputados priistas y perredistas darían su apoyo a la Reforma Fiscal propuesta por el PAN.

Los tiempos son fatales: no puede pasar de esta semana sin que se sepa si habrá o no habrá Reforma Electoral y, en consecuencia, Reforma Fiscal (en ese orden; a la inversa no es posible). El problema aquí es que parece ser que dentro del Gobierno existen actores políticos que con su actitud parecen muy interesados (principalmente el Secretario de Gobernación) en que ambas reformas no logren consumarse. Suponer que puede salirse avante en lo fiscal sin ceder un ápice en lo electoral es más que ingenuo.

Ahora, cualquiera pudiera también decir que la Oposición está exagerando sus demandas y cayendo en una vil actitud de chantaje al condicionar lo fiscal a cambio de lo electoral. Así puede ser percibido por el público, en primera instancia; pero, bien vistas las cosas, al Gobierno de la República le saldría barato que a cambio de aceptar la remoción de los consejeros del IFE se apruebe la Reforma Fiscal y se aumente en un 5 por ciento el costo del litro de gasolina. Por otro lado, el País saldría ganando si se redujera el financiamiento a los partidos y si se acortara la duración de las campañas (ojalá los legisladores pusieran también candados legales para evitar que el presidente nacional de un partido cobre más de 220 mil pesos mensuales, como Manuel Espino, el del PAN).

Es decir, el costo político para la Oposición, derivado de autorizar el alza a las gasolinas, con las secuelas inflacionarias que esto pueda desencadenar, parece mayor de lo que al Gobierno Federal y a su partido le puede significar aceptar la remoción de los consejeros del IFE.

Sería un craso error del Gobierno de la República cancelar la Reforma Fiscal por garantizar la continuidad en el cargo de personas que mucho daño ya le han hecho al País. Se antoja desproporcionado que, aunado a la crisis política que con su actuación desataron estos personajes, ahora hasta puedan constituirse en uno de los factores clave para que la debilidad del Estado Mexicano continué al menos por dos años más.

Realismo, sensibilidad y responsabilidad serán muy necesarios esta semana.

docjhurtado@hotmail.com

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Otra vez las minifaldas

Javier Hurtado

29 Ago. 07

En Jalisco, algunos directivos de oficinas gubernamentales parecen más bien Ministros de Culto que administradores públicos en un Estado laico. Es cierto que en nuestra entidad la población tiene arraigadas convicciones religiosas, pero difícilmente puede sostenerse que todos quienes poseen éstas, justifiquen o avalen los excesos de quienes pudieran estar aprovechando sus cargos para proyectar frustraciones personales antes que políticas gubernamentales o directrices religiosas. Este es el caso de las prohibiciones monacales al uso de la minifalda y otras restricciones más, implantadas a los empleados de la Dirección de Fomento Deportivo del Ayuntamiento de Guadalajara.

A no ser por la pluralidad que es propia de las organizaciones no religiosas contemporáneas, costaría mucho trabajo comprender que entre los miembros de un mismo instituto político se dieran bandazos conductuales, en donde algunos pagan por ir a presenciar mujeres desnudas o semidesnudas en los table dance, mientras otros imponen restricciones a las empleadas a su cargo para que puedan portar un vestido al borde de la rodilla; y poco falta para que prohíban a los varones que puedan voltear a ver a las mujeres. En verdad, esto, a lo menos es incongruencia entre los miembros de una misma organización política, falta de disciplina a un código de conducta que estableciera como política tal comportamiento (si es que así lo fuera), falta de eficacia de la organización para imponer sus directrices y de capacidad para sancionar a quienes las quebranten.

Cuesta trabajo aceptar que el monacalismo y el ascetismo puedan ser políticas institucionales del Partido Acción Nacional, máxime cuando éstas, al imponerse a quienes no profesen esas ideas, pueden ir en contra de las garantías individuales que la Constitución establece. Por eso, si esto es así, entonces el PAN se debe deslindar de tales desplantes de sus miembros activos. Si no, entonces que salga a defender a quienes implantan tales aberraciones y sancione con rigor a los diputados que, al menos visualmente, les gusta disfrutar de la belleza del cuerpo femenino. Y es que cuesta trabajo entender que al interior de una misma organización existan los hedonistas y los castos.

La actitud de los talibanes de la ultra panista parece hasta opuesto a natura, por ir en contra de los instintos más elementales de los varones (el adagio popular dice: la vista es muy natural). Existen mujeres en las que, con minifalda o sin ella, con licras o sin licras, la voluptuosidad trasciende los contornos de las prendas y su sensualidad se transmite incluso a través de su solo rostro o de su mirada. Y, al revés, existen otras que aunque anden semidesnudas no logran despertar ningún interés o deseo entre los del sexo contrario, ¿cómo evitar o controlar esto? Simple y sencillamente no se puede.

Si lo que se pretende es que no se provoque el deseo sexual o se despierten las pasiones (y por ende, hasta las relaciones extramaritales), entonces que los guardianes del ascetismo rebanen también un poco de glúteo a las que lo tengan un poco sobrado, o que les eliminen lo torneado a sus extremidades inferiores y les reduzcan la protuberancia de sus glándulas mamarias a quienes pudieran estar un poquito sobradas.

La verdad, qué ridículo y qué ridículos. Qué ridículo que una oficina del principal Ayuntamiento del País gaste tiempo y energía en asuntos que no son de su incumbencia y son violatorios de las garantías individuales. Qué ridículos los panistas de antaño y hogaño, que casi sacan un crucifijo y se tapan los ojos cuando ven a una mujer que destaque por su sensualidad, voluptuosidad y belleza. Si no son ridículos, entonces son hipócritas, o tienen serios problemas para el disfrute de su sexualidad. Si están casados, ¡pobres de sus esposas!, mejor hubiera sido que se mantuvieran célibes y castos.

Como nada de esto parece posible, entonces las restricciones en el vestuario y arreglo personal de los hombres y mujeres que pertenecen a esa dependencia municipal pudiera deberse a un mensaje que se mande con el afán de quedar bien con algo o con alguien. Máxime, cuando el responsable de esa dirección, Luis Enrique Gómez Espejel, es un ejemplo fehaciente de incongruencia: exige a los hombres no llevar cabello largo y presentarse rasurados o con el bigote o la barba "arreglados", cuando él trae el pelo largo y luce una barba propia de cualquier auténtico talibán, iraní o afgano. Más aún, reconoce que se pinta la barba, y a los demás les prohíbe pintarse el pelo de colores llamativos, en una restricción que ya no se sabe si va dirigida contra los colores o contra la práctica de teñirse (Público, 28/08/07).

El que a las mujeres se les prohíba en una oficina pública usar minifalda es como si a las monjas se les quisiera obligar a usar esa prenda en el convento. Qué vergüenza para Jalisco que junto a lo de las famosas clases de Biblia en la Casa Jalisco y a la crítica a las campañas para el uso del condón por parte de las autoridades, ahora venga —otra vez— el asunto de que algunos funcionarios prohíben al personal femenino a su cargo el uso de las minifaldas.

docjhurtado@hotmail.com

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Hello (Calderón), goodbye (Ugalde)

Marco Antonio Cortés

Pues así parece. El PRD estaría dando un giro importante en su posición ante el próximo informe presidencial y frente al titular del Ejecutivo. Si nos atenemos a las declaraciones recientes de sus líderes parlamentarios, Carlos Navarrete en el Senado y Javier González Garza en la Cámara de Diputados, pero sobre todo de la próxima presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Ruth Zavaleta, el PRD ha pasado de la amenaza de impedir que Calderón suba a la tribuna (o al menos de arruinarle el show) y de la negativa a debatir con el primer mandatario, a la aceptación tácita de aceptar el acto como un trámite constitucional al que tiene derecho quien legalmente se ostenta como presidente de México. Aunque todavía queda un margen amplio de incertidumbre sobre las opciones que aun dentro de esa nueva postura tendría el PRD, la modificación del discurso es significativa. Lo central es, indudablemente, que los legisladores perredistas dan un paso hacia el reconocimiento de quien antes juzgaban usurpador. Y si el asunto no es un engaño deliberado o un mero espejismo, el PRD mandaría la importante señal de que opta por practicar aquello para lo que hasta ahora se había negado: política, haciendo ciertamente valer su fuerza parlamentaria, pero también dejando de lado la intransigencia suicida que ha desplegado durante un año.

Este giro tiene su valor político, a pesar de que, como siempre, obedece fundamentalmente a intereses partidistas. Para el PRD es vital obtener algo pronto, luego de perder muchas oportunidades para influenciar de manera distinta en el rumbo político de México. La reforma electoral aparece ahora como el asunto a negociar con los panistas (dada la muerte prematura de la reforma fiscal). Y dentro de aquella reforma, por supuesto, la renovación del Consejo General del IFE es cuestión de honor para el PRD (propuesta a la que se sumará también el PRI, ni quien lo dude). La única diferencia radica en la manera de eliminar al incómodo Consejo. El PAN insiste en que sea de manera escalonada, y el PRD no vería objeción en ello si, para antes de las próximas elecciones federales, Luis Carlos Ugalde y compañía son historia en el órgano electoral. Calderón da su informe y Ugalde se despide de su cargo.

Ahora que si el PRD negocia para dejar el formato del informe como estaba, vaya negociación, con todo y lo importante que es la enésima reforma política. Calderón propuso debatir con los legisladores, y ese asunto, dígase lo que se diga, continúa sobre la mesa. Bien haría el PRD, junto con el PRI, en aceptar la iniciativa, independientemente de quién la haya formulado y de sus motivos políticos coyunturales. Si éstos son del momento, cambiar el formato es una demanda añeja, lo mismo que de consecuencias más vastas, en términos de dignificación de la política mexicana y de sus instituciones. Por ello ha luchado el PRD desde hace decenios, mientras que su demanda de renovar el Consejo General del IFE tiene apenas un año. Por lo demás, el debate ofrece a todos la oportunidad de capitalizarlo: eso ya dependería de las habilidades y los argumentos de quienes participen en él. Ugalde está en la cuerda floja; ¿qué onda con el debate?

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Sacco y Vanzetti

Howard Zinn*

Cincuenta años después de la ejecución de los inmigrantes italianos Sacco y Vanzetti, el gobernador Dukakis de Massachusetts instauró un panel para juzgar la justicia de dicho proceso, y la conclusión fue que a ninguno de estos dos hombres se les siguió un proceso justo. Esto levantó en Boston una tormenta menor. John M. Cabot, embajador estadunidense retirado, envió una carta donde declaraba su “gran indignación” y apuntaba que la sentencia de muerte fue ratificada por el gobernador Fuller luego que “tres de los más distinguidos y respetados ciudadanos hicieran una revisión especial del caso: el presidente Lowell, de Harvard; el presidente Stratton, del MIT, y el juez retirado Grant”.

Esos tres “distinguidos y respetados ciudadanos” fueron vistos de modo muy distinto por Heywood Broun, quien en su columna de New York World escribió inmediatamente después que los invitados distinguidos del gobernador rindieran su informe. Y decía: “No cualquier prisionero tiene a un presidente de Harvard University que le prenda el interruptor de corriente… si esto es un linchamiento, por lo menos el vendedor de pescado y su amigo el obrero podrán sentirse ungidos en el alma pues morirán a manos de hombres con trajes de etiqueta y togas académicas”. Heywood Broun, uno de los más distinguidos periodistas del siglo XX, no duró mucho como columnista de New York World.

En el 50 aniversario de la ejecución, el New York Times informó que “los planes del alcalde Beame de proclamar el martes siguiente como el ‘día de Sacco y Vanzetti’ fueron cancelados en un esfuerzo por evitar controversias, dijo un vocero de la municipalidad ayer”.

Debe haber buenas razones para que un caso de 50 años de antigüedad, hoy ya de 80 años, levante tantas emociones. Sugiero que esto ocurre porque hablar de Sacco y Vanzetti inevitablemente remueve asuntos que nos perturban hoy: nuestro sistema de justicia, la relación entre la guerra y las libertades civiles, y lo más preocupante de todo: las ideas del anarquismo: la obliteración de las fronteras nacionales y como tal de la guerra, la eliminación de la pobreza y la creación de una democracia plena.

El caso de Sacco y Vanzetti revela, en los más descarnados términos, que las nobles palabras inscritas en los frontispicios de nuestras cortes “igualdad de justicia ante la ley”, siempre han sido una mentira. Esos dos hombres, el vendedor de pescado y el zapatero, no lograron obtener justicia en el sistema estadunidense, porque la justicia no se imparte igual para el pobre que para el rico, para el oriundo que para el nacido en otros países, para el ortodoxo que para el radical, para el blanco o la persona de color. Y aunque la injusticia se juegue hoy de maneras más sutiles y de modos más intrincados que en las crudas circunstancias que rodearon el caso de Sacco y Vanzetti, su esencia permanece.

En su proceso la inequidad fue flagrante. Se les acusaba de robo y asesinato, pero en la cabeza y en la conducta del fiscal acusador, del juez y del jurado, lo importante de ambos era, como lo puso Upton Sinclair en su notable novela Boston, que eran wops, bachiches (es decir “italos mugrosos”), extranjeros, trabajadores pobres, radicales.

He aquí una muestra del interrogatorio policiaco.

Policía: ¿Eres ciudadano?
Sacco: No.

Policía: ¿Eres comunista?
Sacco: No.

Policía ¿Anarquista?
Sacco: No.

Policía ¿Crees en el gobierno de nosotros?
Sacco: Sí. Algunas cuestiones me gustan de modo diferente.

¿Qué tenían que ver estas cuestiones con el robo de una fábrica de zapatos en South Braintree, Massachusetts, y con los disparos que recibieron el pagador de la fábrica y un guardia?
Sacco mentía, por supuesto. No, no soy comunista. No, no soy anarquista.

¿Por qué le mintió a la policía? ¿Por qué habría de mentirle un judío a la Gestapo? ¿Por qué habría de mentir un negro en Sudáfrica a sus interrogadores? ¿Por qué necesitaba mentir un disidente en la Unión Soviética a la policía secreta? Porque saben que no existe la justicia para ellos.

¿Alguna vez ha habido justicia en el sistema estadunidense para los pobres, las personas de color, los radicales? Cuando los ocho anarquistas de Chicago fueron sentenciados a muerte en 1886 tras el motín de Haymarket (un motín policiaco, por cierto), no fue porque existiera alguna prueba de conexión entre ellos y la bomba que alguien arrojó en medio de la policía, no había ni un jirón de evidencia. Los condenaron por ser los líderes del movimiento anarquista de Chicago.

Cuando Eugene Debs y otros mil fueron enviados a prisión durante la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con la Ley de Espionaje, ¿fue porque eran culpables de espionaje? Eso es muy dudoso. Eran socialistas que hablaban en voz alta contra la guerra. Cuando se emitió la sentencia de diez años para Debs, el magistrado de la Suprema Corte, Oliver Wendell Holmes, quiso dejar muy claro que Debs debía ir a prisión: Y citó un discurso de Debs: “La clase de los patrones siempre ha declarado las guerras, y la clase sometida siempre ha peleado en las batallas”.

Holmes, muy admirado como uno de los grandes juristas liberales, dejó claro los límites del liberalismo, las fronteras que le fijaba el nacionalismo vindicativo. Después de agotadas todas las apelaciones de Sacco y Vanzetti, el caso llegó ante el propio Holmes, en la Suprema Corte, quien se rehusó a revisar el caso, y dejó que el veredicto quedara en pie.

En nuestro tiempo, Ethel y Julius Rosenberg fueron enviados a la silla eléctrica. ¿Fue porque eran culpables, más allá de cualquier duda razonable, de pasarle secretos atómicos a la Unión Soviética? ¿O fue porque eran comunistas, como dejó claro el fiscal con la aprobación del juez? ¿No fue también porque el país estaba en medio de una histeria anticomunista, cuando los comunistas tomaban el poder en China, había guerra en Corea, y el peso de todo eso había que imputárselo a dos comunistas estadunidenses?

¿Por qué fue sentenciado en California a diez años de prisión George Jackson, por un robo de 70 dólares, y luego fue asesinado a tiros por los guardias? ¿No fue porque era pobre, negro y radical?

¿Puede hoy un musulmán, en la atmósfera de “guerra contra el terror” confiar en una justicia equitativa ante la ley? ¿Por qué sacó la policía de su carro a mi vecino del piso de arriba, si no había violado ningún reglamento de tránsito y luego fue cuestionado y humillado? ¿Acaso fue porque es un brasileño de piel morena que podría parecer un musulmán de Medio Oriente?

¿Por qué los dos millones de personas en las cárceles y prisiones estadunidenses, y los seis millones que están bajo fianza, vigilancia o libertad condicional son fuera de toda proporción gente de color o pobres? Un estudio muestra que 70 por ciento de la gente que está recluida en las prisiones de Nueva York proviene de siete barrios de la ciudad conocidos como zonas de pobreza y desesperación.

La injusticia de clase corta transversalmente todas las décadas, todos los siglos de nuestra historia. En medio del caso de Sacco y Vanzetti, en el poblado de Milton, Massachusetts, un hombre rico le disparó a otro que recogía leña en su propiedad y lo mató. Pasó ocho días en la cárcel, luego se le dejó salir con fianza, y no fue procesado. Una ley para los ricos, una ley para los pobres; esa es una característica persistente de nuestro sistema de justicia.

Pero ser pobres no fue el crimen principal de Sacco y Vanzetti. Eran italianos, inmigrantes, anarquistas. No habían pasado siquiera dos años desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Habían protestado contra la guerra, se habían negado al reclutamiento. Vieron cómo crecía la histeria contra los radicales y los extranjeros, observaron las redadas que emprendían los agentes del procurador general Palmer, del Departamento de Justicia, que irrumpían en mitad de la noche a los hogares sin órdenes judiciales, mantenían a las personas incomunicada y las golpeaban con garrotes y cachiporras.

En Boston 500 fueron arrestados, los encadenaron y marcharon con ellos por las calles. Luigi Galleani, editor del periódico anarquista Cronaca Sovversiva, al cual estaban suscritos Sacco y Vanzetti, fue detenido y deportado de inmediato.

Había ocurrido algo más aterrador. Un compañero de Sacco y Vanzetti, también anarquista, un tipógrafo llamado Andrea Salsedo, que vivía en Nueva York, fue secuestrado por agentes de la FBI (uso el término “secuestrado” para describir la abducción ilegal de una persona), y se le mantuvo en las oficinas del piso 14 del Park Row Building. No se le permitió hablar con su familia, ni con sus amigos o abogados, y fue interrogado y golpeado, según otro prisionero. Durante la octava semana de su encierro, el 3 de mayo de 1920, el cuerpo de Salsedo, aplastado y desfigurado hasta quedar hecho un amasijo, fue encontrado sobre el pavimento cercano al Park Row Building, y la FBI anunció que Salsedo se había suicidado brincando de la ventana del piso 14, justo del cuarto donde lo tenían retenido. Esto ocurrió tan sólo dos días antes de que Sacco y Vanzetti fueran arrestados.

Hoy sabemos, como resultado de los informes del Congreso en 1975, de un programa de contrainteligencia de la FBI conocido como Cointelpro (Counter Intelligence Program) en el cual los agentes de dicha dependencia irrumpían en casas y oficinas, implantaban micrófonos ilegalmente, se involucraban en actos de violencia hasta el punto del asesinato y en 1969 colaboraron con la policía de Chicago en el asesinato de dos líderes de los Panteras Negras. La FBI y la CIA han violado la ley una y otra vez. No hay castigo para ellos.

Hay muy pocas razones que nos hagan tener fe en que las libertades civiles en Estados Unidos puedan protegerse en la atmósfera de histeria que siguió al 11 de septiembre de 2001 y que continúa hasta el día de hoy. En el país ha habido redadas de inmigrantes, detenciones indefinidas, deportaciones y espionaje doméstico no autorizado. En el extranjero se cometen matanzas extrajudiciales, tortura, bombardeos, guerra y ocupaciones militares.

Así también, el proceso contra Sacco y Vanzetti comenzó inmediatamente después del Memorial Day, año y medio después de que terminara la orgía de muerte y patriotismo que fue la Primera Guerra Mundial, mientras los periódicos seguían vibrando con el redoble de los tambores y la retórica jingoísta.

Doce días después de comenzado el juicio, la prensa informó que los cuerpos de tres soldados habían sido transferidos de los campos de batalla en Francia a la ciudad de Brockton, y que toda la población había salido a celebrar una ceremonia patriótica. Todo esto se hallaba en los periódicos que el jurado podía leer.

Sacco fue interrogado por el fiscal Katzmann:

Pregunta: ¿Amó usted a este país durante la última semana de mayo de 1917?
Sacco: Eso es muy difícil de expresar en una sola palabra, señor Katzmann.

Pregunta: Son dos las palabras que puede usted usar, señor Sacco, sí o no. ¿Cuál es la palabra?
Sacco: Sí.

Pregunta: Y para poder mostrarle su amor a este país, Estados Unidos de América, cuando estaba a punto de llamarlo para que se hiciera usted soldado, ¿se fue usted corriendo a México?

Al principio del juicio, el juez Thayer (que hablando con un conocido con el que jugaba al golf se refirió a los acusados como “esos anarquistas mal nacidos”) dijo al jurado: “Los conmino a que brinden este servicio, al que se les ha llamado a que presten aquí, con el mismo espíritu de patriotismo, coraje y devoción al deber como el que exhibieron nuestros muchachos, nuestros soldados, del otro lado de los mares”.

Las emociones evocadas por una bomba que estalló en la casa del procurador general Palmer durante el tiempo de la guerra –al igual que las emociones desatadas por la violencia del 11 de septiembre– crearon una atmósfera de ansiedad en la cual las libertades civiles se pusieron en entredicho.

Sacco y Vanzetti entendieron que cualquier argumento legal que sus abogados pudieran haber invocado no prevalecería contra la realidad de una injusticia de clase. Sacco dijo a la corte, al escuchar la sentencia: “Sé que la sentencia será entre dos clases, la de los oprimidos y la de los ricos… Es por eso que estoy aquí ahora, en el banquillo de los acusados, por pertenecer a la clase de los oprimidos”.

Tal punto de vista parece dogmático, simplista. No todas las decisiones en las cortes pueden explicarse así. Pero, a falta de una teoría que encaje en todos los casos, el punto de vista simple, fuerte de Sacco, es con seguridad una mejor guía para entender el sistema legal que aquel que asume que hay una competencia entre iguales basada en una búsqueda objetiva por averiguar la verdad.

Vanzetti sabía que los argumentos legales no los salvarían. A menos que un millón de estadunidenses se organizaran, él y su amigo Sacco morirían. Palabras no, lucha. Apelaciones no, exigencias. Peticiones al gobernador no, toma de fábricas. No se trataba de lubricar la maquinaria de un supuesto sistema legal justo para que funcionara mejor, sino de una huelga general que detuviera la maquinaria.

Tal cosa nunca ocurrió. Miles se manifestaron, marcharon, protestaron, no sólo en Nueva York, Boston, Chicago y San Francisco; también en Londres, París, Buenos Aires y Sudáfrica. No fue suficiente. La noche de su ejecución, miles se manifestaron en Charlestown, pero un enorme contingente de policías los mantuvo alejados de la prisión. Fueron arrestados muchos manifestantes. Las ametralladoras estaban emplazadas en las azoteas y los reflectores barrían el escenario.

Una gran multitud se juntó en Union Square el 23 de agosto de 1927. Unos minutos antes de la medianoche, las luces de la prisión se atenuaron en el momento en que los dos hombres fueron electrocutados. El New York World describió la escena: “La multitud respondió con un sollozo gigante. Las mujeres se desmayaron en 15 o 20 lugares. Otras, sobrecogidas, se tumbaron en las banquetas y hundieron la cabeza entre los brazos. Los hombres se apoyaban en los hombros de otros hombres y lloraban”.

Su crimen máximo era su anarquismo, una idea que aún hoy nos desconcierta como un relámpago debido a su verdad esencial: todos somos uno, las fronteras nacionales, los odios nacionales deben desaparecer, la guerra es intolerable, los frutos de la tierra deben compartirse, y mediante la lucha organizada contra la autoridad, puede advenir un mundo así.

Lo que nos llega a hoy del caso de Sacco y Vanzetti no es sólo la tragedia, también nos llega la inspiración. Su inglés no era perfecto, pero cuando hablaban se volvía una especie de poesía. Vanzetti dijo de su amigo: “Sacco es un corazón, una fe, un carácter, un hombre; un hombre que ama la naturaleza y a la humanidad. Un hombre que lo dio todo, que lo sacrifica todo a la causa de la libertad y a su amor a la humanidad: el dinero, el descanso, la ambición mundana, su propia esposa, sus niños, él mismo y su propia vida… Ah, sí, puede que sea yo más ingenioso y más parlanchín que él, pero muchas, muchas veces, al escuchar cómo resuena en su voz valerosa una fe sublime, al considerar su sacrificio supremo, al recordar su heroísmo, me he sentido pequeño, pequeño en presencia de su grandeza, y me he sentido empujado a no dejar que me invadan las lágrimas, a dominar el corazón que se me agolpa en la garganta para no llorar ante él; ante este hombre al que se le llama capo, asesino y maldito”.

Lo peor de todo es que fueran anarquistas, lo que significaba que tenían alguna loca noción de democracia plena donde no existiría la extranjería ni la pobreza, y que pensaran que sin esas provocaciones la guerra entre las naciones terminaría para siempre. Pero para que esto ocurriera los ricos debían ser combatidos y sus riquezas confiscadas. Esa idea anarquista es un crimen mucho peor que robar una nómina y por eso hasta el día de hoy Sacco y Vanzetti no pueden ser recordados sin gran ansiedad.

Sacco escribió esto a su hijo Dante: “Así que, hijo, en vez de llorar, sé fuerte, de modo que seas capaz de consolar a tu madre… llévala a una larga caminata por el campo en silencio, junten flores silvestres aquí y allá, descansen a la sombra de los árboles… pero recuerda siempre, Dante, en este juego de la felicidad no te sirvas a ti mismo únicamente… ayuda a los perseguidos y a las víctimas, porque son ellos tus mejores amigos… en esta lucha de vida hallarás más amor y serás amado”.

Sí, fue su anarquismo, su amor por la humanidad, lo que los condenó. Cuando Vanzetti fue arrestado, tenía en el bolsillo un volante que anunciaba una reunión que debía ocurrir cinco días más tarde. Es un volante que podría distribuirse hoy, en todo el mundo, de modo tan apropiado como el día de su arresto. Decía: “Han combatido en todas las guerras. Han trabajado para todos los capitalistas. Han recorrido todos los países. ¿Han cosechado los frutos de sus fatigas, el premio de sus victorias? ¿Acaso el pasado les da consuelo? ¿El presente les sonríe? ¿El futuro les promete cualquier cosa? ¿Han encontrado un pedazo de tierra donde puedan vivir como seres humanos y morir como seres humanos?

Sobre esas cuestiones, sobre estos argumentos de la lucha por la existencia, Bartolomeo Vanzetti hablará en esa reunión”.

Ese encuentro nunca tuvo lugar. Pero su espíritu existe hoy en la gente que cree y que ama y que lucha en todo el mundo.

Traducción: Ramón Vera Herrera
*Tomado del nuevo libro de Howard Zinn: A Power Governments Cannot Suppress, City Lights Books, San Francisco, 2007. Este libro será publicado en fecha próxima por La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/23/index.php?section=mundo&article=036a1mun

Tapar el sol con un dedo

Dos de los principales retos de las instituciones públicas de Educación Superior de nuestro País son la ampliación de su cobertura y la mejora continua en la calidad de sus funciones sustantivas. La Universidad de Guadalajara ha realizado importantes avances en ambos aspectos y efectuado esfuerzos dignos de los mejores reconocimientos en las dos direcciones. Pese a los hechos incontrovertibles en uno y otro caso, la creciente demanda, junto a la exigencia continua de mayores niveles de calidad, han hecho que el empeño institucional no sea siempre suficiente ante la magnitud de los desafíos.

Ante esto, cualquiera diría: "para responder con éxito a esos retos la UdeG estará ejerciendo este año un presupuesto de casi 6 mil 200 millones de pesos". Lo que no consideran es que atiende al 51 por ciento del total del alumnado de Nivel Medio Superior en Jalisco, al 46 por ciento de Licenciatura y al 26 por ciento de quienes cursan algún Postgrado; y que, tan sólo en Investigación Básica y Aplicada, destina poco más de 4 millones de pesos de lo que el Gobierno federal y el estatal, cada uno por separado, le invierten a esa actividad en esta entidad. En materia de difusión cultural, los resultados son mayores a los recursos invertidos en gasto corriente: menos de 200 millones de pesos (el 3 por ciento de su presupuesto total), sin considerar la inversión en infraestructura y la realización de obras y proyectos que, más que un gasto, son una inversión recuperable a largo plazo, que además dejará las propiedades como activo.

No es exagerado decirlo: sino fuera por la UdeG, la actividad cultural desarrollada en Jalisco con fondos públicos sería prácticamente inexistente y haría nugatoria la oportunidad de que los jaliscienses pudieran disfrutar de esos eventos sin tener que acudir, incluso, a otros países para presenciarlos.

Por ello, más que un razonamiento con fundamento, perece una exageración afirmar o sugerir que por la inversión realizada para construir el Auditorio Metropolitano "50 mil estudiantes vieron frustradas sus aspiraciones de encontrar un espacio en las aulas universitarias", cuando rechazados siempre los ha habido; y no es posible demostrar estadísticamente que sus porcentajes, con relación a los aspirantes o con los admitidos, se hayan disparado en los calendarios "B" desde al inicio de su edificación.

Si a esas vamos, critíquese también la inversión de la Universidad en investigación científica, en formación y actualización de su planta docente, en publicaciones, en becas, y dediquémonos todos única y exclusivamente a atender la demanda de ingreso y a dar clases, pues, en esa lógica, los rechazados también se deben a esos "gastos". En vez de preguntarse ¿por qué la UdeG destina recursos a esas actividades?, mejor deberíamos cuestionarnos: ¿qué sucedería? y, ¿qué sería de nuestro Estado, si la Universidad no lo hiciera así?

La UdeG es una institución pública de Estado, pero no es el Estado mexicano. Permítaseme el símil, pero, con las actividades que ésta realiza sucede lo mismo que con la credencial de elector y el IFE: la credencial se carga al presupuesto del organismo electoral y el Gobierno federal se releva de la responsabilidad de crear y sostener una Cédula de Identidad Nacional. A la UdeG se le deja la mayor parte de la responsabilidad en materia de difusión cultural, investigación científica, Educación Media Superior y formación de recursos en el Estado, y luego se le exige satisfacer la totalidad de la demanda educativa, sin que se le otorguen recursos suficientes para lograrlo; o bien, se le critica porque dedica parte de su presupuesto al desarrollo de sus otras funciones sustantivas, en las que los Gobiernos poco o nada invierten. Pereciera como que estos críticos quisieran ver a la UdeG convertida en una gran "Academia Lucita" de carácter público, que sólo se dedicara a la docencia y diera cabida en sus aulas a todo aquel que lo solicitara, aun a costa de la baja en la calidad en sus funciones. Sinceramente, esto no es sostenible: el presupuesto se otorga con base a indicadores de desempeño y calidad, y no sólo en función del número de alumnos. Podría atenderse toda la demanda y no por ello obtener mayor subsidio, sino hasta una reducción, por el demérito de la calidad.

El problema de los aspirantes rechazados en el Nivel Superior, y especialmente en el Medio Superior, no se debe a que la UdeG haya tomado recursos destinados a esas funciones para dedicarlos a otras que nada tengan qué ver con el cumplimiento de sus misiones sustantivas, sino a que el subsidio federal no sólo no se ha incrementado en la proporción que debiera, sino que hasta ha disminuido de manera continua desde 2001 a la fecha. Es cierto que existen rechazados, pero los criterios de ingreso son objetivos y transparentes. Nadie está ocupando en la UdeG un lugar que no se haya ganado por su esfuerzo y méritos.

Pero, veamos también al menos una parte del "lado iluminado de la Luna": a nivel nacional, la UdeG es la segunda institución de Educación Superior pública o privada con mayor número de programas educativos acreditados; la segunda con el mayor número de cuerpos académicos consolidados; la cuarta con el mayor número de profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores; y la segunda con el mayor número de docentes con perfil Promep (Programa del Mejoramiento del Profesorado) reconocidos por la SEP. Además, organiza la feria internacional del libro más importante del habla hispana; y recientemente fue evaluada como el Organismo Público Descentralizado más transparente en el Estado, de entre 51 considerados.

No obstante estas evidencias, la UdeG no está como debiera, aún falta mucho por hacer, pero tampoco se puede "tapar el sol con un dedo".

docjhurtado@hotmail.com

http://www.mural.com/editoriales/nacional/386/770521/

Lo trivial y lo importante

Javier Hurtado
1 Agosto 2007

Por razones no del todo comprensibles, con frecuencia la sociedad y los medios de comunicación tienden a conceder más importancia a asuntos subjetivos que a problemas estructurales. La Universidad de Guadalajara no es eximida de esta práctica: son más importantes los chismes y las cuestiones personales que las políticas y problemas de conjunto de la institución. En vez de poner atención a esto, tiende a privilegiarse en la noticia —y hasta en el análisis— que Fulano dijo de Mengano; que Zutano le sacó la lengua a Perengano. Son más importantes, incluso, los pleitos entre mozalbetes (y otros ya no tan jóvenes) que aspiran dizque a representar al estudiantado de la UdeG, que el debate y tratamiento de los problemas y carencias en los que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta institución de Educación Superior. En general, lo trivial desplaza a lo importante; lo urgente a lo necesario; y lo coyuntural a lo estructural.

Ejemplo de lo anterior es, por ejemplo, el tratamiento que se da al tema de la FEU y, en contraposición, el otorgado por los medios a los importantes datos proporcionados y anuncios realizados el jueves de la semana pasada, por el Rector general de la UdeG, en la ceremonia de reconocimiento a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Además de las características propias que presenta la investigación científica en la Universidad de Guadalajara —mismas a las que enseguida me referiré— en el tratamiento que a esta actividad otorga el Estado mexicano se reproducen algunas de las más importantes inercias que caracterizan a la gestión pública en nuestro País. Una de ellas es, por ejemplo, el centralismo, que hace que en la Ciudad de México se concentre el 37 por ciento de los 13 mil 485 investigadores nacionales que existen en el País. Otra más es la discrecionalidad, ya que no existen criterios claros que permitan transparentar el porqué algunos Estados como Guanajuato o Michoacán reciben mayor subsidio del Conacyt para el desarrollo de esta actividad que otros que tienen un mayor número de investigadores, como es el caso de Jalisco.

Otra inercia que se reproduce es la de la debilidad presupuestal para el fomento de una de las funciones más importantes para el desarrollo nacional como lo es la investigación científica, pues el presupuesto autorizado para el SIN en 2007 fue de mil 544 millones de pesos, 137 millones menos que lo solicitado. De tal manera, que abatir esas tres inercias son sin duda algunos de los principales retos que en el corto plazo debe afrontar la política del Gobierno federal en materia de investigación científica y tecnológica.

En este contexto, cobran relevancia los anuncios y datos dados a conocer por el Rector general de la UdeG: en Jalisco, tanto el Gobierno del Estado como el Conacyt otorgan cada uno 16 millones de pesos al desarrollo de esta actividad, mientras que la Casa de Estudios le destinará este año poco más de 74 millones de pesos en total, habiendo ampliado este apoyo en más de un 76 por ciento con relación al año anterior. A uno de los tres nuevos programas de apoyo a esta actividad, la Universidad le destinará poco más de 20 millones de pesos, y tan sólo con eso superará en más de 4 millones de pesos a la aportación que hacen en nuestra entidad el Gobierno de Jalisco o el Gobierno federal.

Por lo anterior, es evidente que esta responsabilidad se le está dejando casi por completo a la UdeG, cuando los dos órdenes de Gobierno mencionados pudieran hacerlo de una forma más comprometida. Más aún, por la vocación de la Zona Metropolitana de Guadalajara resulta menester comprometer a los Ayuntamientos de los Municipios que la integran, en el desarrollo y financiamiento de esta actividad que innegablemente tiende a elevar el nivel de vida de la población, así como a hacer más competitivos y atractivos para la inversión a los sitios donde existan políticas para su desarrollo y promoción. Resulta impostergable establecer políticas de Estado en materia de investigación científica y tecnológica que garanticen apoyos suficientes y crecientes al desarrollo de esa actividad. Con mucho, las diferencias entre los países se establecen por la inversión que realicen en esta actividad.

Pero, junto con lo anterior, igualmente importante es elevar los rendimientos y productividad de los investigadores, así como comprometerlos en el desarrollo de políticas y prioridades institucionales, sin que ello signifique —como dijo el Rector general— alterar “las consustanciales libertades que toda creación original de conocimiento requiere”. Por lo pronto, punto de partida importante será constituir el conjunto de consejos y comités anunciados —conformados por pares internos y externos— que, reconocidos como interlocutores válidos por las autoridades universitarias, se encargarán de establecer lineamientos y dictaminar lo necesario.

Por todo lo anterior, resulta pertinente valorar en su conjunto que si bien existen miles de aspirantes que no alcanzan un lugar en las aulas universitarias, también lo es que otra de las funciones sustantivas que atañen a la institución es la investigación, y que este año la Casa de Estudios realizará una inversión sin precedentes en esa materia. ¡Enhorabuena!

http://www.mural.com/editoriales/nacional/383/764083/

Transparencia: del dicho al hecho

MARIO RAMOS

Uno de los requisitos indispensables para la consolidación de un régimen democrático es la rendición de cuentas. Dicho postulado consiste en que los gobernantes deben proporcionar a los ciudadanos toda la información que les permita conocer la evolución de la gestión gubernamental, el ejercicio del gasto público y la toma de decisiones por parte de la autoridad. En este sentido, durante los últimos años han existido en México diversos esfuerzos encaminados a fortalecer la rendición de cuentas. Para ello, la transparencia ha sido el estandarte de todos los políticos, y como casi siempre, el discurso no siempre está fundamentado con hechos. En esta materia se repite el viejo refrán que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Para muestra un botón.

El pasado 5, 6 y 7 de marzo del presente año, la organización areginonal.com realizó por sexto año consecutivo la medición del Indice de Transparencia de la Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas, dicho estudio tuvo como objetivo: “verificar la calidad y estructura de la información estadística sobre los ingresos y egresos, así como su desglose y la correspondencia de esta información con las cuentas públicas”. El índice se construye con base en los documentos disponibles que dan cuenta de la situación fiscal de los gobiernos estatales en sus páginas web. En este año de 2007, fueron requeridos para la medición mil 147 documentos, agrupados en cuatro grandes bloques: 1) Marco regulatorio, 2) Marco programático y presupuestal 3) Rendición de cuentas y 4) Estadísticas fiscales.

El índice da cuenta del nivel en el que se encuentran cada uno de los estados con base en la metodología detallada en el documento disponible en la página de consulta Mitofsky, www.consulta.com.mx. En él se observa el caso particular de Jalisco que ocupa el lugar número 24 de 27 posiciones, con 36.86 por ciento, muy por debajo de la media nacional la cual se ubica en 73.9 por ciento. La calificación para Jalisco se desglosa en bloques de la siguiente manera: en el bloque uno del marco regulatorio, que básicamente consiste en que el gobierno ponga en la página todas las leyes relacionadas con la materia fiscal, Jalisco obtuvo la máxima calificación que le podían otorgar, que para este rubro es 20. En el bloque dos del marco programático y presupuestal, nuestro estado obtuvo 6.95 de 25 puntos que era la máxima calificación. Dicho bloque tuvo como objetivo: “distinguir la transparencia de las asignaciones presupuestales hacia los municipios y evaluar la correspondencia entre los objetivos definidos en el proceso de planeación y la asignación del gasto registrado en los presupuestos de egresos”.

En el bloque número 3, que hace referencia a la rendición de cuentas, Jalisco tiene un penoso 1.69 de 25 puntos porcentuales. En este bloque el objetivo es: “examinar la manera en que los gobiernos de las entidades federativas cumplen con sus obligaciones de hacer accesible la información presupuestal en materia de ingresos, gastos y deuda pública a toda aquella persona interesada, así como de informar sobre las prioridades y ejecución del gasto público”. En el bloque 4, denominado estadística fiscales, el gobierno del estado de Jalisco obtuvo 7.92 de 30 puntos.

Cabe recordar que el estudio da cuenta de la información del gobierno de Francisco Ramírez Acuña y no de Emilio González Márquez, lo que nos permite corroborar que durante el sexenio anterior existió un alto desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas, optaron deliberadamente por regatearles a los ciudadanos su derecho de acceder a la información que les pertenece. Sin duda, el gobierno del ahora secretario de Gobernación fue un gobierno caracterizado por la opacidad, lo cual nos permite imaginar el poco o nulo compromiso que tiene en esta materia uno de los hombres más prominentes del gabinete del presidente Calderón.

Afortunadamente el panorama no es tan desolador en los demás estados de la República, así da cuenta el indicador que registra que en los seis años del estudio, los estados han incrementado su compromiso por entregar a los ciudadanos a través de sus páginas electrónicas una mayor cantidad de información disponible. Es decir, el promedio de la disponibilidad de documentos de todos los estados ha pasado de 59.1 por ciento en 2002, a 74.8 por ciento en 2007.

Dado lo anterior, es importante señalar que la disponibilidad de la información es sólo una condición necesaria más no suficiente para que la rendición de cuentas sea efectiva y para que la transparencia sea un instrumento eficaz que contribuya a fortalecerla; para ello, se requiere además que la información contenga en sí misma aspectos cualitativos como la oportunidad, utilidad, confiabilidad, veracidad y claridad.

No obstante el cumplimento por parte de los gobiernos en proporcionar a la sociedad toda la información que pueda satisfacer el cumplimiento de estos índices, es imprescindible que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceder a la información pública a través de los mecanismos legales que existen como son las leyes de transparencia, federal y estatal. Por su parte, los medios de comunicación juegan un papel importante para el cumplimiento de la rendición de cuentas. Ya que es interés de los políticos de transparentar sólo aquello que no afecte su imagen, o que ponga en duda su honorabilidad, es decir, todo aquello que no les haga ruido, por lo que tratarán insistentemente a través de los medios de presentar buenas cuentas y tratarán de maquillar u ocultar toda la información que no lo sea o que ponga en entredicho su honestidad y eficacia para manejar los recursos públicos y tomar decisiones.

Es tarea de los medios y de los ciudadanos el exigir que el gobierno de Emilio González Márquez deje atrás la herencia de su antecesor, y decirle al gobernador que así como tienen rivalidad y diferencias políticas, así se marquen claras diferencias en la transparencia y rendición de cuentas. Mucho beneficio puede traer al estado el que Emilio deseé superar e Ramírez Acuña en muchas materias, está es una de ellas en la que deseamos una contundente derrota del ex gobernador y que elimine esa distancia que los políticos se empeñan a diario en ampliar. La distancia que existe entre el dicho y el hecho.

marioramosg@hotmail.com

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2007/07/31/index.php?section=opinion&article=002a1pol

Reconoce SEP desventaja educativa en México

Notimex
El Universal
Ciudad de México
Martes 17 de julio de 2007

Señala el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, que en la actualidad la educación promedio en el país es de 8.5 años, mientras que los con los se compite alcanzan entre 13 y 15 años en la materia

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que México se encuentra en desventaja en materia educativa frente a sus principales competidores a nivel mundial, ante el bajo nivel promedio que registra la población.

El subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, hizo patente esa desventaja, al explicar que en la actualidad la educación promedio en México es de 8.5 años, mientras que los países con los que competimos alcanzan entre 13 y 15 años en la materia.

Rodolfo Tuirán acudió a la Secretaría de Gobernación para participar en una reunión trimestral del Consejo Nacional de Población (Conapo) , que está integrado por representantes de diversas secretarías de Estado y dependencias del gobierno federal.

Comentó que en el encuentro se abordaron dos temas: formular los lineamientos de lo que podría ser el Programa Nacional de Población, y revisar las metodologías sobre las proyecciones de población, para con base en ello establecer las previsiones de mediano y largo plazo.

En entrevista, el funcionario federal definió que las proyecciones son un recurso muy importante para identificar los desafíos y oportunidades del cambio demográfico, así como preparar a las diferentes dependencias para atenderlos.

Es claro, dijo, que en los próximos años el esfuerzo en materia de generación de empleo tiene que ser significativo, pues cada año se integrarán un millón de personas a la población en edad de trabajar, y a través de una reforma educativa se puede avanzar en el desarrollo.

Insistió que "es evidente nuestro rezago" y por ello es necesario hacer los ajustes en los diferentes niveles educativos; a pregunta expresa rechazó que el sindicato magisterial "sea un obstáculo" para avanzar en la reforma educativa.

"Ninguna reforma será viable y posible en el país, sin la participación de los maestros" , añadió, al tiempo de mencionar que cada actor en el país tiene que aportar lo que le corresponda para avanzar con pasos más acelerados.

http://www.eluniversal.com.mx/notas/vi_437525.html

Nota enviada por la Mtra. Eva Guzmán.

Saca malas notas subsecretario de la SEP

Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, reprobó una materia y eso le impide concluir el doctorado; sus maestros ven al encargado de la educación de 25 millones de niños y adolescentes como un alumno “no brillante, con desempeño regular”.

NURIT MARTÍNEZ
El Universal
Martes 17 de julio de 2007

El subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez —yerno de la líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales— reprobó la materia de Seminario de Investigación I, dentro de los estudios que realiza en el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, en la Universidad Iberoamericana (UIA). Por el adeudo de esa materia y la de Seminario de Investigación II el funcionario federal no pudo obtener el grado de doctor.

Considerado en general por sus maestros como un estudiante “no brillante, que tiene un desempeño de regular a bajo”, el encargado de la educación básica de más de 25 millones de mexicanos en el país reprobó la materia debido a la acumulación de faltas, por no entregar los trabajos y tareas correspondientes, así como asistir a clases de manera “virtual”, puesto que en la mayoría de los casos cuando asistía a clase lo hacía junto a “una persona que lo ayudaba a tomar sus notas”, relataron profesores y compañeros de clases del funcionario, quienes prefirieron omitir sus nombres ante el “poder político” del subsecretario.

En entrevista con EL UNIVERSAL Fernando González negó que él haya reprobado la materia. “Afortunadamente en mi vida nunca he reprobado”, y agregó: “En el kárdex (la materia) aparece con (calificación) 5, pero no... No es que haya reprobado, lo que sucede es que no me di de baja a tiempo”, explicó.

El funcionario argumenta que no ha podido concluir el doctorado “por cuestiones de trabajo. Es muy complicado. La Universidad, por reglamento, me obliga a asistir a 80% de las clases y no estoy ahorita en condiciones (de asistir)”.

Sin embargo, en el Reglamento de Estudios de Posgrado de la UIA, el capítulo correspondiente a la evaluación de las materias señala que en una situación como la que refiere el subsecretario su historial académico debiera registrar las siglas NA equivalente a no acreditada y no un 5, que refiere que sí asistió al curso y en ese nivel se consideró su desempeño académico.

En el caso de que hubiera procedido la solicitud de baja de la materia, el indicador que lo señalara de esa forma serían BA.

El subsecretario dice que la falta de un trámite administrativo hace que en su historial académico en la Iberoamericana aparezca la materia reprobada, y ante ello recibió notificación del consejo académico que “me está ofreciendo que tome la materia por tutoría. Es un permiso especial que deberá autorizar el consejo académico (el reglamento de la institución señala que debe ser el consejo técnico del programa respectivo)”, debido a que en los estudios de maestrías que tiene en Ciencia Política y luego en Comunicación y Tecnologías Educativas, “he llevado tres veces esos cursos”.

El ahora subsecretario realizó estudios en la Escuela Normal de Sinaloa, donde se graduó como profesor en Educación Primaria; después realizó estudios de especialidad en Aprendizaje Temprano en la misma institución y luego la licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México.

Los grados de maestría los obtuvo en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) y la de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fernando González comenta que una vez que el consejo académico apruebe la tutoría con lo que podría acreditar las materias mediante lecturas, entrega de reportes y otros trabajos, solicitará depurar el kárdex “para preparar todo el trámite de mi titulación. Espero hacerlo a partir de este otoño y para finales del próximo año me gradúo”, dice.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/152581.html

Sistema de botín

Javier Hurtado

Con la sabiduría y elocuencia que le caracterizaba, decía don Manuel Rodríguez Lapuente —y decía bien— que las disputas por el poder en la política eran, más que nada, manifestación de un problema de desempleo: “para esas gentes el problema en el fondo es de sobrevivencia: dado que muchos políticos no saben hacer nada, entonces se pelean por los ‘huesos’. No es que estén disputándose proyectos políticos. Por lo que están luchando es por chambas”.

Y, quién fuera a decir que años después, ya en la época de la alternancia partidaria y de la instauración de la “democracia” en nuestro Estado, la situación siguiera dándose y en forma más álgida: hace unos cuantos días trascendió que el Gobernador de Jalisco no acudió a una fiesta preparada para celebrar el resultado electoral del 2 de julio del año pasado, porque iba a hacérsele ahí una supuesta “emboscada”, a partir de que los dirigentes municipales de su partido lo increparían por estar corriendo a panistas de las dependencias del Poder Ejecutivo, para darle empleo a militantes de otros partidos. En este asunto, tanto en el Gobernador como en su partido existe molestia: en el primero, por la supuesta “extorsión” de que es objeto por los principales líderes de su partido para entregar empleos públicos; mientras que, en líderes estatales y municipales de su partido, por la forma en que supuestamente se están repartiendo las plazas de trabajo en el Gobierno del Estado.

Ciertamente, la disputa por los empleos y cargos en el Gobierno del Estado es una de las formas como se expresa la disputa política entre el actual titular del Ejecutivo del Estado y el anterior. Sin embargo, no debe perderse de vista que la importancia de los empleos tiene que ver precisamente con que desde ahí se manejan recursos y se compran lealtades que a la postre resultan claves en cualquier decisión o elección política. Lo que está en juego no son proyectos diferentes, sino simple y sencillamente ambición y afán de control político sobre recursos financieros, humanos y materiales. Es, como decía Rodríguez Lapuente, un problema de sobrevivencia ya no sólo biológica, sino también económica y política.

En verdad resulta lamentable que nuestro Estado esté empezando a reproducir las prácticas que a principios del siglo 19 implantara en Estados Unidos su entonces Presidente Adrew Jackson, cuando instauró el spoils system, o sistema de despojos o de reparto del botín, que ponía todos los cargos de la Administración a disposición del partido que triunfara en las elecciones (como es de entreverse, este sistema no duró mucho tiempo, y a principios del siglo 20 empezó a ser abolido en EU).

No se requiere mucho esfuerzo para darnos cuenta de que el sistema del botín obra directamente en contra del profesionalismo, la responsabilidad, y la rendición de cuentas en los empleados y funcionarios gubernamentales. Por eso, a este sistema —sobre todo en Europa— se le ha opuesto en las Administraciones públicas el merits system, o sistema de méritos, que sobre la base de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, realiza el reclutamiento de los empleados y funcionarios gubernamentales. Por supuesto que las ventajas de un sistema son las desventajas del otro, y que el sistema de méritos está lejos de ser un sistema perfecto o carente de riesgos: si bien, la ventaja del spoils system consistiría en el Gobierno del político o de los políticos partidistas, el del merit system puede traer como consecuencia la tiranía del burócrata y la centralización administrativa. Lo que sí está demostrado es que el sistema de méritos, no obstante su imperfección, estimula el profesionalismo, la trayectoria administrativa y la capacidad laboral de los servidores públicos.

El sistema de botín es propio de las nacientes repúblicas democráticas y su incipiente sistema de partidos. No obstante, mucho se parece al sistema de venta de cargos que prevaleció en los Estados absolutistas europeos entre los siglos 16 y 18, antes de que surgiera el Estado Moderno y los partidos políticos. Quizá un punto común entre ambos sea que los dos alientan la corrupción, así como la influencia indebida del dinero en la política.

Es lamentable que en la actualidad, en un Estado como Jalisco, con una capital que supuestamente es “del futuro”, estén implantándose estos premodernos criterios de reclutamiento político y administrativo. Lo que es peor: que los dirigentes políticos, con desparpajo, o hasta con cinismo, declaren que tienen una disputa política por los empleos públicos, suponiendo que decirlo le da un sustrato “ético” a su lucha, cuando más bien parecen delincuentes o corsarios peleándose por el botín.

Si estos “principios” prevalecen, es evidente que en Jalisco jamás podría crearse una figura como la del City Manager que existe en los Estados Unidos (que tiende a profesionalizar las administraciones locales y a separar la política de la Administración en los Gobiernos de las ciudades) y el Servicio Civil de Carrera que está en la Constitución local desde 1997, pero que a la fecha es, sigue y seguirá siendo letra muerta.

Debemos preguntarnos, ¿qué tantos de los errores, ineficiencias, irresponsabilidades e indebidas indemnizaciones que actualmente existen en la Administración estatal y en los Gobiernos municipales se deben precisamente al spoils systems que se está implantando, y a que no exista el Servicio Civil de Carrera en Jalisco?

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Elección racional

Marco Antonio Cortés

Lo que antes era excepcional ahora es cotidiano. La visibilidad del agotamiento al que llegó el presidencialismo mexicano requería antes la verificación de eventos verdaderamente espectaculares. Por ejemplo: Muñoz Ledo “interpelando” por primera vez a un presidente en el recinto legislativo o la ulterior gritería neorritual de los diputados increpando al primer mandatario en cada informe presidencial; periodistas, y moneros, notables que se arriesgaban criticando y satirizando al Preciso; los aspavientos de un individuo carismático, pero inepto y vanidoso, buscando restituirle a la Presidencia el papel de referente nacional y el poder unificador que de ahí derivaba; en fin, la protesta del nuevo presidente en un Congreso sitiado por la policía y en medio del desorden.

La inviabilidad del presidencialismo, y la debilidad endémica del presidente, se observa ahora en cada acontecimiento, algo, medianamente o muy importante. Aunque debe reconocerse la prudencia de Felipe Calderón, lo cierto es que sus discursos cotidianos a nadie entusiasman y poco le dicen a los mexicanos. Y no es que Calderón sea mal orador: se ve gris porque el cargo que ostenta no da para más, aun y cuando parezca que le quedó grande. Hubo un tiempo que la palabra del presidente obraba milagros: hoy se requieren gastar miles de millones de pesos en marketing político para medio hacerlas convincentes. Esta debilidad estructural explica en parte que López Obrador insista en su discurso radicalizado, porque el tabasqueño sabe que por más delirante que sea, le pega al “usurpador”. También que un chino maloso, pero simpaticón, ponga a temblar al gabinete, o cómo unos cuantos bombazos acorralan a la Presidencia y ponen término a un año de triunfalismo. Y que conste: los dos últimos le pegaron al gobierno en el terreno donde se vanagloriaba de sus éxitos más publicitados: la legitimidad del triunfo electoral y el combate al crimen organizado.

Por eso, para acumular algo del poder perdido, el primer mandatario tiene que negociar mucho y hacer demasiadas concesiones, como robustecer el desfalleciente sindicalismo corporativo, ponerse de modo frente a Estados Unidos o insuflarle nueva vida al PRI con tal de tenerlo como aliado. Y con ello se resuelve muy poco. El meollo de todo es que la complejidad política y el crecimiento en número y variedad de los problemas del país exceden los poderes y las atribuciones, incluso las metaconstitucionales —por cierto, ya casi inexistentes—, del primer mandatario y el sistema que lo encumbra. Enfrentar los dilemas nacionales de hoy con el régimen presidencial equivale a querer rebanar un filete de res con un cortaúñas sin filo. En la actualidad, cada problema requiere, por decirlo de alguna manera, una respuesta sistémica, esto es, un procesamiento institucional distinto, en donde la confluencia de voluntades y la cooperación entre adversarios es la regla y no la excepción, en todos los niveles y áreas del gobierno. Supongo que para eso sería la reforma del Estado, un conjunto de medidas y decisiones estilo rational choice, aunque sean tomadas por actores poco racionales. Curiosamente, la debilidad presidencial y el desbordamiento de la autoridad pública, abonan a la construcción de una arquitectura político institucional más pertinente a las necesidades del país. Nada más falta tantita determinación.

macortes@milenio.com

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Representación familiar

Javier Hurtado

11 Jul. 07

En el caso de los hermanos Monreal Ávila, se ha privilegiado más el asunto de la deslealtad de uno de ellos (Ricardo) al partido al que pertenece (PRD), que la traición que su conducta ha significado a la modernidad política al instrumentalizar los partidos políticos para el logro de posiciones de poder para sus familiares; dando incluso el caso de perpetuar a su parentela en la Presidencia del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, al sustituir a su hermano Rodolfo (que fuera postulado por el PRD hace tres años), su otro hermano David, que lo registrara el PT como su candidato, al no obtener la candidatura en el partido al que pertenecen sus demás hermanos. Adicional a que entre hermanos se cedan una Presidencia Municipal, en esa misma familia otros dos hermanos son al mismo tiempo representantes "populares" federales: Susana es diputada, mientras Ricardo es senador (¡qué bonita familia!).

No obstante, el caso Monreal no es sino más que la punta visible del iceberg, del nepotismo que existe en la política mexicana. Tratándose del Congreso de la Unión, al descrédito que de por sí le ha sido constante en los últimos años, puede sumársele el bajo grado de auténtica representatividad democrática, al estar ahí representados un buen número de parientes de los miembros de las oligarquías partidarias. Veamos sus casos más elocuentes, tan sólo por lo que se refiere a los actuales diputados o senadores que tengan en la actualidad otro pariente en activo, o que lo hayan tenido al momento de ser postulados al cargo:

Para continuar con el PRD (partido de los hermanos Monreal), tenemos ahí que la senadora Claudia Corichi García es hija de la Gobernadora zacatecana, Amalia García, y que el diputado Antonio Ortega Martínez es hermano de Jesús Ortega Martínez, que ha sido tres veces diputado federal y era senador de la república en la pasada legislatura (curiosamente, tanto Jesús como Amalia son enemigos acérrimos de Ricardo Monreal, y si bien acusan a éste de deslealtad al partido, no lo pueden señalar por lo que ellos mismos practican: nepotismo). La diputada Valentina Batres Guadarrama es hermana de Martí, de los mismos apellidos, actual Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, y quien fuera líder del grupo parlamentario del PRD en la antepasada legislatura federal (2000-2003) y subsecretario de Gobierno del DF (2003-2006). Está también el caso de José Luis García Zalvidea, senador del PRD, quien es hermano de Ignacio "El Chacho", que fuera Presidente Municipal de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, y que todavía a principios de este año era el líder estatal del PRD en ese Estado. Tratándose de hermanos, por el PAN está el caso de Mario Eduardo Moreno Álvarez, quien fue electo diputado federal por el mismo distrito al que pertenece el municipio de El Salto, Jalisco, del que su hermana Beatriz era Presidente Municipal.

Tratándose del PVEM, tenemos el escandaloso caso de la familia Agundis Arias: Francisco es senador y su esposa, Verónica Velasco Rodríguez, es diputada federal. A su vez, Alejandro, hermano de Francisco, fue diputado federal (2003-2006), al entrar a cubrir la licencia que como diputada federal propietaria presentó su mamá María de la Luz Arias Staines, en donde su hijo era el suplente. Actualmente, Alejandro es diputado local y coordinador de los diputados del PVEM en el Estado de México.

Pero tenemos también familias versátiles: la de los hermanos Joaquín Coldwell, Pedro es priista y ocupa un escaño en el senado por ese partido; mientras su hermana, Addy Cecilia, representa a la familia bajo las siglas del PAN como diputada, en la actual legislatura. Igual ocurre con los Borrego Estrada: Felipe tomó la estafeta de manos de su hermano Genaro (priista), que fue senador (2000-2006), para seguir representando a su familia, ahora bajo las siglas panistas, como diputado federal. Otro caso similar, aunque de diferentes partidos es el de las hijas de la profesora Elba Esther Gordillo: Mónica Arriola Gordillo, actualmente es diputada federal por el partido del que su mamá es dueña, sustituyendo así a su otra hermana Maricruz Montelongo Gordillo en el Congreso, quien bajo las siglas del PRI también fue diputada federal.

Existen también casos en los que padres e hijos se alternan en cargos de representación o gubernamentales: María Elena Álvarez Bernal (actual presidenta de la Cámara de Diputados) por el PAN era diputada en el 2000-2003, al tiempo que su hijo Felipe Vicencio Álvarez era senador (2000-2006). A su vez, Juan de Dios Castro Muñoz sustituyó en la actual Legislatura bajo las siglas del PAN a su padre como diputado. Bajo esas mismas siglas el hijo del pasado Secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot Muñoz, se integró como diputado a partir de septiembre pasado. Por el PRI está el caso de Mauricio Ortiz Proal, actual diputado federal, hijo de Fernando Ortiz Arana, ex diputado 2000-2003 y candidato a senador en 2006. Finalmente está el caso de Rocío Morgan Franco, diputada federal por el PAN, hija de Rafael Morgan Ríos, actual subsecretario de Control y Auditoria en la Secretaría de la Función Pública.

Como se ve, el nepotismo no conoce de siglas partidarias, y la compulsión por el poder entre miembros de una familia puede llevar a que unos de sus integrantes aparezcan por un partido y otros por otros. Como bien decía Francois Xavier Guerra, al referirse a la representación política en los últimos diez años del Porfiriato: "a menudo, el puesto se vuelve casi hereditario, siendo el padre el propietario y el hijo el suplente (...) a pesar de la ausencia de representación democrática real, los diputados, en cierta forma, representan realmente al país (...) representan a las familias o a los grupos que ejercen el poder", no a los ciudadanos que votan por ellos. Cien años después, ¿qué tan vigente sigue siendo esto?


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Ciudad del futuro

Javier Hurtado

Recientemente, han aparecido tres estudios en los que se habla sobre la calidad de vida y el potencial de desarrollo de la capital tapatía y del Estado. Me refiero al Informe sobre Desarrollo Humano, México 2006-2007 (que fue presentado en la Ciudad de México el pasado 18 de junio); la encuesta que el Grupo Editorial Reforma publicó en las páginas de este diario el 24 de junio; y el estudio del Financial Times sobre el potencial económico de las ciudades de norteamérica, que fue presentado antier en Guadalajara.

El primer documento contiene información que, si bien referida al Estado en su conjunto, de alguna manera es demostrativa de la Zona Metropolitana de Guadalajara por concentrarse en ella la mayor parte de la población y de la actividad; y en él se confirma lo que ya sabemos: Jalisco es un Estado “de media tabla”, en el que no se justifica su ubicación en el desarrollo del País con su importancia poblacional, territorial, cultural e histórica.

Los otros dos estudios, referidos específicamente a la conurbada capital tapatía, contienen datos contradictorios: mientras que el de esta casa editora ubica a Guadalajara en el antepenúltimo lugar en el índice global de calidad de vida, el del Financial Times le otorga el segundo lugar de las cinco ciudades de norteamérica con mejor potencial económico.

Si bien es cierto que no es lo mismo potencial económico que calidad de vida, también lo es, que no es claro cómo “el potencial económico” se puede dar con deficiencias de infraestructura, bajo crecimiento de su PIB, y cuando no todos sus jóvenes —a quienes este último estudio ubica como la principal razón de ser de ese potencial— pueden acceder a la educación superior, aunque estén en aptitud de hacerlo.

De las 36 ciudades del País consideradas en el estudio del Grupo Reforma, Guadalajara aparece en un nada honroso lugar 29 en cuanto a oportunidades de empleo, seguridad pública y disponibilidad de actividades culturales. En calidad de los servicios públicos, en el 28; en infraestructura urbana en el 32; y en calidad del aire en el 35.

En el estudio del Financial Times, Guadalajara aparece en el segundo lugar con mejor potencial económico (de 108 ciudades de norteamérica consideradas) y en el quinto mejor puesto de las Ciudades del Futuro; mientras que, en materia de calidad de vida, la capital de Jalisco se encuentra en el 34 lugar de 36 ciudades de México consideradas. ¿Será esto una versión más del clásico adagio “Candil de la calle, oscuridad de la casa”?

El Informe sobre Desarrollo Humano, México 2006-2007 (aunque en algunos casos presenta información referida al año 2004), contiene datos que confirmarían que la baja calidad de vida de la capital de Jalisco seria consecuencia de los bajos Índices de Desarrollo Humano (IDH) que prevalecen en el Estado. El Informe, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), registra la situación actual y evolución reciente de indicadores de salud, educación e ingreso en las 32 entidades federativas. Si algo destaca en el mismo, son las profundas desigualdades regionales y las existentes entre hombres y mujeres.

Si algo destaca en esta materia es que Jalisco disminuyó su índice entre 2000 y 2004, al pasar de 0.8107 al 0.8056, y pasó del lugar número 13 que ostentaba en 2000, al 14 en 2004 (debe aclararse aquí que, inexplicablemente, los datos que el Informe de 2007 cita del 2000, no coinciden con los del informe editado en 2002, pues el primero señala un IDH de 0.8000 para Jalisco y el segundo de 0.8107, lo que hace que, con relación al IDH de 2004 de 0.8056, haya un progreso si consideramos los 0.8000 y un retroceso si tomamos como antecedente los 0.8107).

El rezago o modorra en el desarrollo de nuestro Estado se ilustra fácilmente con lo siguiente: en 2000, Jalisco estaba en el lugar número 13 en IDH, Querétaro en el 14 y Durango en el 16 (tres sitios después de Jalisco). En 2004, nuestro Estado pasó al 14, Querétaro “brincó” a Jalisco y pasó al 13, y Durango redujo su distancia respecto a Jalisco en tan solo una posición. Si bien el promedio nacional de IDH es de 0.8031, y Jalisco lo supera ligeramente con 0.8056, en el indicador de índice de ingreso, nuestro Estado se localiza por debajo del promedio nacional (0.7513 y 0.7457, respectivamente). Comparados internacionalmente estos índices, tenemos que, si Jalisco fuera País se ubicaría en el lugar 59 (junto a Antigua y Barbuda), mientras el Distrito Federal estaría en el 30, Nuevo León en 42, Baja California en 48 y Colima en el 56, por mencionar algunos casos.

Un dato ilustrativo sobre la situación de Jalisco lo constituye el PIB per cápita a 2004, que dice que mientras aquí a un habitante del Estado le corresponden 65 mil 370 pesos anuales, al del Distrito Federal le corresponden 172 mil 720, al de Nuevo León 124 mil 391, al de Campeche 114 mil 633, y al de Colima 66 mil 102. Adicionalmente, Jalisco es el noveno Estado con mayor cantidad de analfabetas, con 254 mil 330.

Si más del 60 por ciento de la población reside en la Zona Metropolitana de Guadalajara, no se entiende cómo esta urbe puede ser considerada una “Ciudad del Futuro” y con un “gran potencial económico”.

4 de julio de 2007

docjhurtado@hotmail.com

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