miércoles, 12 de septiembre de 2007

Doble discurso


Javier Hurtado

12 Sep. 07

Finalmente, los nueve consejeros electorales del Instituto Federal Electoral se habrán de ir antes de que termine el mes de octubre de 2010. Este año saldrán el actual presidente y dos de sus compañeros consejeros; en agosto del año que entra, otros tres; y, casi dos años después serán sustituidos los tres restantes. Con este acuerdo logrado el día de ayer, los comicios de 2009 serán organizados por una mayoría de nuevos consejeros Electorales, y los presidenciales de 2012 por una autoridad electoral renovada en su totalidad con el máximo consenso posible de los partidos representados en el Congreso.

Atrás quedaron los dobles juegos y dobles discursos: 1.- de los consejeros cuestionados que supuestamente defendían la autonomía del IFE, pero que en el fondo lo que alegaban era su continuidad en el cargo; 2.- el de los “intelectuales” que alzaban la bandera de la institucionalidad —protegiendo, de paso, a la autoridad criticada—, pero que muy en sus adentros rogaban a Dios por la sustitución de aquéllos y se anotaban como los primeros relevos, por haberse rasgado las vestiduras en defensa del organismo electoral; 3.- el de los otros “intelectuales” y “expertos” que, con el pretexto de realizar un análisis y crítica a la iniciativa de Reforma Electoral (con propuestas que nunca antes externaron), en el fondo lanzaban una ácida y fundamentada crítica a los consejeros para mandar a los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD el mensaje de: “aquí estamos, para cuando se les ofrezca: nosotros sí somos confiables”, 4.- el de los tres consejeros que —más realistas, pero igual de ambiciosos que sus seis compañeros— al reconocer la autoridad del Congreso para removerlos y aceptar que eso no significaba ningún atentado a la autonomía del IFE, en realidad lo que querían decir era: “al menos déjennos ser los últimos tres que nos vayamos”; y, 5.- la postura más burda de todas: la de las televisoras, que en una oportunista campaña —orquestada premeditada o casualmente con los primeros "intelectuales"— alzaban la bandera de la racionalidad y de la defensa de la libertad de expresión, pero en el fondo lo que defendían era el libre mercado en materia de publicidad política y los miles de millones de pesos que se embolsan en cada proceso electoral. Afortunadamente este juego de dobles máscaras ha terminado. Si no, al menos, sus verdaderos rostros han quedado al descubierto.

Hasta aquí, las cosas han quedado más o menos claras. Lamentablemente, lo que no está muy claro son los contenidos en materia de reformas institucionales, de procedimientos de financiamiento a los partidos, de realización de campañas, y de compra y transmisión de mensajes políticos en los medios de comunicación electrónicos. Aquí también parece ser que existe doble discurso. En este caso, de los inflexibles críticos de las actuales autoridades electorales y ahora hasta de los medios de comunicación electrónicos, pero que son incapaces de reconocer los derroches que realizan en las campañas electorales y de aceptar que ellos mismos son los que acuerdan, autorizan y establecen unas reglas del juego que después critican y nunca terminan por modificar a fondo y a largo plazo.

Por ejemplo, nada se dice de los cambios que se deben hacer en los oprobiosos criterios para determinar el financiamiento público a los partidos políticos y que datan de la Reforma Electoral de 1996. Baste tan sólo señalar que el financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos en años no electorales es indebidamente determinado sobre el costo de las campañas electorales, como si hubiera elecciones y campañas en esos años. Adicionalmente, cada tres años que hay elecciones se les otorga una cantidad extra igual a la resultante de realizar una operación con el criterio anterior por concepto de actividades tendientes a la obtención del voto. Paradójicamente, este criterio (indexado a la inflación) ha hecho que en cada proceso electoral se les otorgue más dinero a los partidos, mientras que la participación de los ciudadanos en las urnas decrece constantemente. ¿Qué van a hacer los señores legisladores para modificar esto?

Otro punto más: se ha hecho aparecer como un gran avance que ahora los partidos tendrán para sus campañas —cuya duración se reduciría al 50 por ciento— un total de 48 minutos diarios en la televisión, mismos que si bien ya no le costarán al erario e implicarán una baja significativa en la cantidad de mensajes políticos que se transmiten con fines de promoción de candidaturas, harán que México siga siendo el País de América Latina que más tiempo permita para la transmisión de esos mensajes, ya que en Bolivia y Costa Rica el máximo permitido es de 10 minutos diarios, en Nicaragua de 3, en Paraguay y Perú de 5 minutos diarios, y en Guatemala de 30 minutos semanales. En siete de estos países las restricciones a la propaganda política también incluyen la que se publica en medios impresos y la que se difunde en la radio. ¿Por qué en México no se sigue un criterio similar?

Aparte de que los avances son magros en esta materia, la Reforma pretende dejar abierta la puerta de par en par, para que la nueva autoridad electoral acuerde contratar y autorizar la transmisión de más propaganda “cuando lo estime conveniente”, en contraste a países como Brasil y Chile, donde está totalmente prohibida la contratación de propaganda en medios electrónicos.

Como se ve, el doble discurso en su máxima expresión. O bien, un paso para adelante y otro para atrás.

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lunes, 10 de septiembre de 2007

¿Quién es el cuarto poder?


Marco Antonio Cortés

La idea de que la prensa, o más exactamente los medios de comunicación de masas, constituyen un cuarto poder, sumado a los tres poderes públicos formales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), e influyente como éstos, es de vieja data —se remonta hasta la revolución francesa y el concepto fue acuñado por Edmund Burke—. Esta puede ser la impresión que prevalece en México, sobre todo porque, recientemente, los medios de comunicación fueron determinantes para el proceso de apertura política y la democratización del país. Los medios han jugado un papel relevante en el fortalecimiento de la opinión pública, le dieron impulso al creciente pluralismo y hoy fungen, sin duda, como instrumentos básicos para incrementar la transparencia y exigir una mejor rendición de cuentas.

También, como empresas con intereses comerciales y financieros muy claros, tienen una agenda propia y la promueven concienzudamente, siendo en consecuencia actores interesados, muy poco imparciales, dentro del proceso político. Los medios en México, como quizá en todas las democracias, tienen sus luces y sus sombras. Junto con lo positivo, ellos suelen manipular a la opinión pública mexicana de manera burda y descarada, y hasta hoy operan en la más completa impunidad. La manera como se aprobó la ley Televisa en el Congreso, habría demostrado que efectivamente los medios, y concretamente la estructura oligopólica que los controla, son el cuarto poder en este país.

Sin embargo, también existe la idea, menos difundida, de que el verdadero cuarto poder en México no son los medios sino los partidos políticos. Nada se procesa en el sistema político mexicano si no pasa por la criba de los partidos. El famoso atorón en el que está sumida la joven democracia mexicana, y que le impide rendir los frutos que esperan los mexicanos, no tiene otro origen que las rivalidades irresueltas de los partidos y la capacidad de estos para distorsionar el desempeño de los demás poderes, señaladamente en los casos del Ejecutivo y el Legislativo. Si enfrentados tienen un enorme poder, ya se puede calcular el que adquieren cuando operan en concierto.

La reforma electoral que está por aprobarse cargaría la balanza hacia los partidos políticos y además pondría en evidencia el recelo que le tienen a los medios. Cuando aprobaron la ley Televisa, se acercaba un proceso electoral reñido. Nadie quería tener a los medios en contra. Los partidos fueron, pues, obsecuentes por razones de coyuntura. Hoy los medios navegan con el viento en contra. A su favor no tienen ni la fuerza del chantaje. Ya se sabe: la reforma contempla la prohibición a los partidos para contratar tiempos en radio y televisión, dejando esta facultad al Instituto Federal Electoral, además de que los tiempos quedan acotados a los tiempos oficiales. De sopetón, lo partidos le quitan a los medios poco menos de tres mil millones de pesos, y amenazan con distribuirse entre ellos mismos esta fabulosa cantidad. Los medios, sin duda, están pataleando y resistiendo. Pero pueden ir renunciando a sus jugosas ganancias de tiempos electorales, porque si la coyuntura no los favorece, de todas maneras el cinismo de los políticos los ha vuelto inmunes a las campañas de desprestigio que, abusivamente por cierto, suelen emprender los medios contra algunos de ellos. Los partidos ganan. De nuevo.

macortes@milenio.com


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jueves, 6 de septiembre de 2007

IFE: ¿Renovación o remoción?

Tonatiuh Bravo Padilla

6 Sep. 07

Lamentable espectáculo están dando algunos consejeros electorales, en particular su presidente Luis Carlos Ugalde, quien en un afán incomprensible para su inteligencia, se aferra al cargo pensando que con ello obtendrá mayor legitimidad con el mero paso del tiempo.

El Consejo General del IFE debe renovarse. Con independencia de quienes creen o no que hubo fraude electoral el 2 de julio, el hecho es que hay un consenso generalizado, aún entre buena parte de los propios panistas: el Consejo General del IFE y su presidente no estuvieron a la altura de la circunstancias ni dieron el ancho. El hecho es que hoy carecen de la credibilidad necesaria y no son autoridad en la materia, pues ni el Poder Legislativo, ni los demás actores políticos involucrados les tienen confianza.

Ugalde dice defender la autonomía del IFE, ¿Por qué razón no defendió esa autonomía frente a Fox, quien públicamente usó a la Presidencia de la República facciosamente para apoyar a su candidato, y además lo ha reconocido abiertamente?

El Consejo General del IFE falló abiertamente en cuestiones fundamentales: no paró o no quiso parar a los organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, que abiertamente contrató publicidad electoral de manera ilegal y fue artífice de la guerra sucia contra uno de los candidatos.

Calificó como legales spots televisivos y de radio que a la postre fueron impugnados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo que más de 30 días después de que hicieron sus nocivos efectos.

El presidente del IFE envió un oficio a través de fax a los 300 distritos electorales, en donde les prohibía hacer el recuento de votos a sus Consejos, cuando el Tribunal calificó de absurda y errónea esa decisión, pues es precisamente el lugar para adecuado para llevarla a cabo.

En forma imprudente y controvertida, Ugalde ocultó relaciones personales de madrinazgo matrimonial de su esposa con la esposa del candidato Felipe Calderón, que le involucraban indebidamente a favor de ese candidato.

El Consejo General del IFE fue conformado bajo la coordinación de quien entonces fungía como coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI, Elba Esther Gordillo, quien en acuerdo con el PAN votó la lista de consejeros en la Cámara de Diputados excluyendo cualquier posibilidad de aceptación de aquéllos propuestos por el PRD u otras fuerzas sociales y políticas. El problema es que ella misma fue el artífice de una operación de apoyo hacia ese mismo candidato.

Habría más de una decena de casos entre jurídicos y políticos que se podrían enumerar como fallas y equívocos garrafales del Consejo General del IFE, por lo cual es necesario su relevo. Así como en las dos ocasiones anteriores ese relevo fue entendido a cabalidad por los actores involucrados, hoy es necesario que los consejeros entiendan que se requiere un nuevo acuerdo y una nueva institucionalidad que le reintegren la confianza a la gente y a los actores en los procesos electorales.

En cualquier encuesta hoy casi el 50 por ciento de la población considera que en la anterior elección hubo fraude y eso no es cualquier cosa. Con tiempo y acertada actuación, el IFE debe renovarse para preparar las próximas elecciones federales, de otra manera, no hay árbitro confiable, pues el Consejo General del IFE actuó como si el fraude hubiese existido.

Por estas razones elementales, el presidente y los demás consejeros deben aceptar la renovación, de otra forma técnicamente sería renovación, pero políticamente implicaría una remoción.

tonatiuhb@congreso.gob.mx
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¿Deben salir los consejeros del IFE?

Gabriel Torres Espinoza

Es necesario comenzar con una precisión: la diferencia entre el Consejo General del IFE (del que parte de la población duda de su imparcialidad y profesionalismo) y el servicio profesional de éste, que se integra mediante concurso público de oposición por funcionarios que acreditan conocimientos para desarrollar las tareas específicas.

El problema de legitimidad que ahora enfrenta el consejo general del IFE se debe a múltiples factores. Entre los más relevantes destaca el que se remonta a la integración del consejo que preside Luis Carlos Ugalde. Este Consejo General, recordemos, se integró sólo con los votos de los diputados del PAN y del PRI, y con la notoria ausencia en el acuerdo del PRD. La soberbia de ambos partidos al dejar fuera al PRD, le dio la coartada perfecta para que este partido tuviera dos escenarios muy cómodos. Si ganaban las elecciones sería a pesar de la autoridad electoral, que a decir de ellos respondería al PRIAN. Si la elección la perdían, la causa sería la falta de imparcialidad de la autoridad electoral.

En ambos casos, y con un escenario de alta competitividad como el que ocurrió, los más raspados de la contienda serían los propios consejeros electorales, por la estrecha visión política de los diputados del PRI y del PAN, que dejaron fuera del acuerdo al PRD en la integración del Consejo General del IFE. Un árbitro debe ser de absoluta confianza de todos los jugadores y no sólo de una mayoría de los participantes. Precisamente esa fue la principal divisa que en su momento explotó José Woldenberg, quien presidió un IFE integrado por absoluto consenso de todas las fuerzas políticas del país. Un árbitro validado por todos, lo cual le otorgó de origen una mayor legitimidad y desde luego mayor autoridad.

Independientemente de todas las fallas técnicas con las que a muchos nos desilusionaron los consejeros del IFE, que tardaron tres días en declarar al ganador de las elecciones más costosas del mundo, con el personal y equipo más sofisticado (ineficiencia), es obvio que este consejo general no goza de la confianza deseable para organizar el siguiente proceso. El árbitro no debe seguir por capricho cuando le hace daño al proceso. Plantear a manera de chantaje que renovar el Consejo General del IFE sería tanto como aceptar un fraude electoral en el proceso pasado es ignorar la enorme inconformidad de cuando menos un 35 por ciento de la población que no cree en su imparcialidad.

Los consejeros electorales del IFE deben renovarse básicamente para generar la confianza de que hoy carecen los consejeros electorales, por múltiples factores, incluso el más importante imputable a los diputados. En una institución como el IFE, lo verdaderamente relevante se soporta en un servicio profesional que no está a discusión su permanencia. Si los consejeros electorales son autocríticos, deben reconocer que hoy su estancia, por capricho o conveniencia salarial, le hace daño al IFE y a la confianza y certeza que requiere el siguiente proceso para la renovación de los poderes públicos federales. Su salida es, simplemente, una cuestión de Estado.

gtorres@milenio.com
gabtorre@hotmail.com
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miércoles, 5 de septiembre de 2007

Lo fiscal y lo electoral


Javier Hurtado

5 Sep. 07

Cualquiera podría preguntarse ¿qué tiene que ver la Reforma Fiscal con la Reforma Electoral, o esta última con aquélla? De momento, en materia presupuestal y temática, nada. Podrían estar entrelazadas en el proceso legislativo si, por ejemplo, el financiamiento a los partidos políticos se ligara a un cierto monto o porcentaje del PIB; a que cierta cantidad se asignara dependiendo del porcentaje trimestral de crecimiento de PIB; o bien, a que ese financiamiento y el presupuesto asignado al IFE no pudiera rebasar cierta proporción del gasto en Salud, en Ciencia y Tecnología, en Educación o para el Campo. Sin embargo, como no existe nada de esto, entonces la ligazón entre ambos temas es meramente política y coyuntural. Vamos, es un simple condicionamiento, por no decirle chantaje.

Si no hay Reforma Fiscal, no habrá Reforma Electoral; si no hay Reforma Electoral, no habrá Reforma Fiscal. Así han sido manifestadas las posturas de los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras: al PRI y al PRD les interesa la Reforma Electoral, y sólo apoyarían la Fiscal en la Cámara de Diputados si antes es aprobada en el Senado la Electoral. A su vez, al PAN le interesa más la Fiscal, sin embargo, reconocen que no podría prosperar su iniciativa en la Cámara Baja si antes sus senadores no votan a favor de la Reforma Electoral en la Cámara Alta. Sin duda, un crudo ejercicio de pragmatismo político.

Tanto en uno como en el otro caso, los tiempos y las facultades constitucionales se les acomodaron a los legisladores: en virtud de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación "una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo"; y señala que el Ejecutivo hará llegar dichas iniciativas a más tardar el 8 de septiembre; y que, tanto la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, deberán estar aprobados a más tardar el 15 de noviembre. Así, entonces, esta -por llamarle de alguna manera- división constitucional del trabajo hizo que de manera natural se estableciera una división temática de la agenda de reformas entre los legisladores de un mismo grupo parlamentario, lo que trajo como consecuencia que el Senado se convirtiera en Cámara de origen en lo electoral, no obstante que la Constitución no obliga a que así sea.

Ya en materia de proceso político, el Ejecutivo, a través de su Secretario de Hacienda, dice estar preparado para "presentar una Iniciativa de Presupuesto sin Reforma, otra con Reforma y otra con los dos escenarios" (¿?). Si algo está claro, es que primero se debe votar lo electoral en el Senado, a más tardar el jueves 6 del presente, y sólo así los diputados priistas y perredistas darían su apoyo a la Reforma Fiscal propuesta por el PAN.

Los tiempos son fatales: no puede pasar de esta semana sin que se sepa si habrá o no habrá Reforma Electoral y, en consecuencia, Reforma Fiscal (en ese orden; a la inversa no es posible). El problema aquí es que parece ser que dentro del Gobierno existen actores políticos que con su actitud parecen muy interesados (principalmente el Secretario de Gobernación) en que ambas reformas no logren consumarse. Suponer que puede salirse avante en lo fiscal sin ceder un ápice en lo electoral es más que ingenuo.

Ahora, cualquiera pudiera también decir que la Oposición está exagerando sus demandas y cayendo en una vil actitud de chantaje al condicionar lo fiscal a cambio de lo electoral. Así puede ser percibido por el público, en primera instancia; pero, bien vistas las cosas, al Gobierno de la República le saldría barato que a cambio de aceptar la remoción de los consejeros del IFE se apruebe la Reforma Fiscal y se aumente en un 5 por ciento el costo del litro de gasolina. Por otro lado, el País saldría ganando si se redujera el financiamiento a los partidos y si se acortara la duración de las campañas (ojalá los legisladores pusieran también candados legales para evitar que el presidente nacional de un partido cobre más de 220 mil pesos mensuales, como Manuel Espino, el del PAN).

Es decir, el costo político para la Oposición, derivado de autorizar el alza a las gasolinas, con las secuelas inflacionarias que esto pueda desencadenar, parece mayor de lo que al Gobierno Federal y a su partido le puede significar aceptar la remoción de los consejeros del IFE.

Sería un craso error del Gobierno de la República cancelar la Reforma Fiscal por garantizar la continuidad en el cargo de personas que mucho daño ya le han hecho al País. Se antoja desproporcionado que, aunado a la crisis política que con su actuación desataron estos personajes, ahora hasta puedan constituirse en uno de los factores clave para que la debilidad del Estado Mexicano continué al menos por dos años más.

Realismo, sensibilidad y responsabilidad serán muy necesarios esta semana.

docjhurtado@hotmail.com

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