miércoles, 25 de abril de 2007

Aborto, vida y persona humana


Javier Hurtado

La iniciativa del PRD para despenalizar el aborto, aunque necesaria, parece inoportuna. Si bien puede decirse que resulta imperativo adaptar la legislación a las nuevas realidades, también puede afirmarse que convertir el tema del aborto en un debate político no parece ser lo más adecuado cuando en este País no existen condiciones para que se pueda dar una discusión de fondo sobre un tema que, hoy por hoy, es asumido desde posiciones políticas o religiosas de carácter extremista. Menos aún, cuando la correlación de fuerzas no muestra signos de equilibrio, dada la abierta intervención de la iglesia católica en el tema y la beligerancia de los grupos panistas radicales.

Aborto y pobreza van estrechamente relacionados. Por ello, extraña que lo que prevalezca en su discusión sean postulados religiosos y políticos, antes que argumentos médicos y sociales. El contenido y la forma como se discute el tema en la arena política lo único que hace es demostrar la pobreza de nuestros políticos de izquierda, la ambición política de los dignatarios religiosos y el fundamentalismo de los políticos panistas.

El tema del aborto necesariamente nos conecta, además, con el de la vida y con el de la esencialidad de la persona humana. En esto, un primer problema son las definiciones que sobre el particular nos da el Diccionario de la Lengua Española. En torno a lo primero establece: "Vida. f. Fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee// 3.Unión del Alma y del cuerpo// 4.Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte". En lo tocante a la persona la define como "individuo de la especie humana" que filosóficamente implica un "supuesto inteligente" y que jurídicamente significa un "ser o entidad capaz de derechos y obligaciones". Aquí, la pregunta es: ¿estas definiciones son aplicables para un embrión de hasta 12 semanas de gestación?

Pero quizá la argumentación más consistente en torno al tema es la que nos da el teólogo suizo Hans Küng, quien -siguiendo a Santo Tomás de Aquino- sostiene: "la persona humana presupone un anima intellectualis, un intelecto; entonces todo eso que distingue al hombre del animal, se ve que al inicio no hay una persona humana (...) Un óvulo fertilizado, evidentemente, es ya vida humana, pero no es una persona. Entonces el problema del aborto se reduce considerablemente". De esta manera, sostiene Küng "entonces la cuestión no es cuándo comienza la vida humana, si no cuándo comienza una persona".

Establecido lo anterior, conviene aclarar que en esto no se trata de caer en lo que Santo Tomás denomina como regressus in infinitum, y que nos lleve a buscar la causa de la causa, en términos concatenadamente subordinados, y que caigamos en una especie de discusión bizantina tratando de elucidar qué es primero, si la persona humana o la vida humana.

Precisamente para salir de este callejón sin salida es importante recordar a Tomás de Aquino en su teoría sobre la doctrina del Alma, que utilizaba al distinguir ciertas sustancias corpóreas de los demás cuerpos, por el hecho de que aquéllas tienen automovimiento, facultad de nutrición, de reproducción, sensación y apetición. El autor de la Summa Theológica sostenía que "con sólo el cuerpo como tal, no podemos explicarnos aquella vida; si no, todos los cuerpos serían vivos. Como esto no ocurre, debe haber en los cuerpos vivientes algo más que el ser corpóreo. Y a este nuevo principio le llamamos alma". Ahora bien, aquí la pregunta clave que debe ser respondida sin reduccionismos y con mente abierta es la siguiente: si esa es la diferencia entre la persona humana y los demás cuerpos, entonces ¿en qué momento, semana, o mes de la evolución del embrión se da esa conjunción entre cuerpo y alma?; o, más aún, ¿esa conjunción se opera fuera del seno materno y una vez que el nacido haya alcanzado cierta evolución o pueda hacer uso de la razón?

Como todo esto no puede ser contestado del todo científicamente, entonces las respuestas caen en el terreno de lo subjetivo y de las creencias filosóficas, teológicas o religiosas de cada quien, obligando a que el tema finalmente tenga que ser dirimido en la arena política, o si no, hasta en los tribunales. Esto, y lo inoportuno de la iniciativa, hacen suponer que el aborto, más que una causa social, parece un referente conceptual para que dos grupos políticos midan fuerzas o traten de cobrar viejos agravios.

Lo único que sí es cierto es que el aborto es un problema social y de salud pública en nuestro País, y que tanto la cerrazón de nuestras autoridades como la postura de la Iglesia católica para evitar que se despenalice el aborto, contribuyen a que cada año mueran miles de la mujeres, sobre las que ninguna duda existe que sean auténticas y verdaderas personas humanas. Y, hay que decirlo, esto tampoco es una postura acorde a una religión que hace del amor al prójimo y de la misericordia uno de sus postulados fundamentales.

docjhurtado@hotmail.com

http://www.mural.com/editoriales/nacional/732759/

EN CONSEJO DE CENTRO EL CUCSH APROBÓ LA TERNA PARA DESIGNAR AL NUEVO RECTOR

Con 52 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en sesión plenario de Consejo presentó y aprobó la terna que será presentada ante el rector General de la Universidad de Guadalajara, maestro Carlos Briseño Torres para asignar al nuevo rector del Centro Universitario antes mencionado del periodo 2007-2010.

En un evento de gran trascendencia para el CUCSH, el consejero doctor Jorge Alonso Sánchez, presidente del Consejo Social del Consejo de Centro presentó la única terna integrada por: la doctora Lilia Oliver Sánchez, el maestro Pablo Arredondo Ramírez y el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, de quienes dio lectura de su currículo. Entre el quórum de consejeros se destacó la viabilidad de los tres prospectos, haciendo hincapié en que las tres personalidades cubren perfectamente el perfil para desempeñar la rectoría del CUCSH.

Cabe señalar que la terna propuesta esta mañana en el auditorio Silvano Barba del CUCSH, coincide en impulsar un plan de trabajo que de solución a las necesidades inmediatas del centro como son: la revisión de las gestiones administrativas del centro para mejorar las funciones operativas de los distintos órganos y departamentos; realizar reformas a la estructura académica del CUCSH, con el firme propósito de eliminar distinciones entre las distintas divisiones. Renovar las actualizaciones con la red universitaria y revisar los vínculos, fortalecerlos y acercarlos al plan de estudios y servicios que ofrecen las distintas licenciaturas. Procurar una mayor proyección social del CUCSH, de las distintas líneas de investigación, y la calidad de los egresados, ocupen la escena social y política que requiere la comunidad, causa principal de la casa de estudios, el incremento de nivel social.

Entre otros puntos también se aprobó el dictamen de la Comisión de Educación, respecto a la propuesta gestada por el departamento de Estudios Políticos, relativa a la creación de un “Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza”, con el objetivo de coordinar enlaces e intercambios de carácter científico, con otras instituciones y dependencias públicas, impulsando investigaciones que versarían sobre el análisis del sistema de justicia en la comunidad, la democracia, transparencia, libertad de expresión y corrupción, con la finalidad de identificar fenómenos sociales que generen problemáticas de orden público, y mediante indicadores, ofrecer modelos de organización tendientes a la solución de conflictos sociales.

Guadalajara, Jal. Martes 24 de Abril de 2007

Hay humo blanco en Rectorías

Definen a encargados de los Centros Universitarios y del SEMS

José Alonso Torres

Ya sólo será cuestión de trámite.

La Universidad de Guadalajara arrancó ayer los procesos de selección de ternas para las Rectorías temáticas y regionales, así como la dirección del Sistema de Educación Media Superior, sin embargo, los nombres ya han sido decididos de antemano.

La mayoría de los Centros Universitarios permanecerán sin cambios, ya que sus Rectores pueden repetir otro trienio, sin embargo hay otros que por ley deberán renovar sus cuadros.

De acuerdo con la Ley orgánica de la Máxima Casa de Estudios en Jalisco, los Rectores de centro son los máximos representantes y primeras autoridades ejecutivas de los mismos. Serán designados por el Rector general de la UdeG, de una terna propuesta por los consejos de centro.

Los planteles donde habrá cambio serán el Centro Universitario de Ciencias Sociales y de Humanidades CUCSH, donde Juan Manuel Durán le dejará su silla a Marco Antonio Cortés Guardado, y el Centro de Arquitectura, Arte y Diseño, CUAAD, en el que Mario Orozco Abundis entrará en lugar de Carlos Correa Ceseña.

En los otros centros no hay modificaciones: en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas repetirá Jesús Arroyo Alejandre; en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Juan de Jesús Taylor Preciado; en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Víctor González Álvarez, y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Víctor Manuel Ramírez Anguiano.

Dos de los Centros Regionales renovarán a su dirigencia, el CUAltos, en el que despachaba Armando Macías y ahora presidirá María Esther Avelar Álvarez, ex Abogada de la UdeG, y el CUCiénega, donde Raúl Medina Centeno será el nuevo Rector del Centro.

Ruth Padilla, quien fungía como Coordinadora Académica en la gestión de Trinidad Padilla López, será la nueva directora del SEMS, cargo que ya desempeñó anteriormente.

Los rectores durarán en su cargo tres años, contados a partir del 1 de mayo del año.

http://www.mural.com/libre/online/edicionimpresa/

lunes, 23 de abril de 2007

Spoils system


macortes@milenio.com

La trama es bastante conocida: el PAN renovará su Consejo Nacional en junio próximo y las distintas corrientes panistas se están dando con todo para llevar una mayoría de consejeros y elegir una dirección a modo. A nivel nacional el pleito es entre Espino y Calderón, y en Jalisco entre Ramírez Acuña y Emilio González Márquez. Las afiliaciones masivas, el despido de funcionarios paquistas y reparto de prebendas y cargos han estado a la orden del día. No es poco lo que está en juego: la dirigencia nacional del partido, el poder para influir en la nominación de candidatos y, por lo tanto, el acceso a numerosos cargos y posiciones de gobierno. ¿Cómo explicar la virulencia con la que se están enfrentando los panistas entre sí? ¿Las ambiciones desbordadas son la principal causa de su conducta? ¿O es más decisiva la pérdida de las convicciones éticas que anteriormente movían a los panistas?

Entre todas las explicaciones posibles de los derroteros que ha tomado el proceso interno del PAN, quisiera traer a colación una que me parece sugerente. En ciencia política existe una vertiente conceptual conocida como institucionalismo, la cual sostiene que las instituciones cuentan porque, al normar las conductas de los actores políticos, las modelan y determinan. Un sistema institucional favorece ciertos comportamientos típicos, distintos a los de otro sistema de instituciones. Uno da lugar a cursos de acción diferentes al que el otro fomenta. Así que, dicho de bulto, la encarnizada batalla que tiene lugar dentro del Partido Acción Nacional, por ejemplo, tendría más que ver con ciertos rasgos de la peculiar institucionalidad política que prevalece en México que con la falta de consistencia ética de los panistas, o con sus inéditas y desbordadas ambiciones de poder.

Un elemento fundamental de dicho entramado institucional es el peculiar remedo del spoils system que tenemos en México. Esto es, un sistema en el que el triunfador en una contienda electoral se lleva todo el botín, para luego repartirlo entre sus seguidores. A ello debe sumarse el monopolio de los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección popular, junto con la inexistencia de un servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno. Esta fórmula produce, casi forzosamente y en todos los partidos políticos, luchas fraticidas como la que protagonizan actualmente los albiazules, cuya intensidad está en función de la fuerza electoral del partido y del número de cargos que está en posibilidades de conquistar. Lógico: conforme Acción Nacional ha incrementado su fuerza electoral y su capital gubernativo, se ha intensificado la lucha interna para definir a los beneficiarios del botín.

Por lo demás, como lo señaló hace cien años el sociólogo alemán Max Weber (y lo constatamos hoy los mexicanos), ese sistema produce “grandes lacras”, “partidos totalmente desprovistos de convicciones”, “programas políticos” y de gobierno confeccionados para la ocasión, administraciones públicas en manos de “inexpertos” (“sin más calificación para ello que haber sido útiles a su propio partido”), junto con mucha “corrupción” y un “despilfarro inigualable” de recursos públicos. Como dicen los gringos: ring a bell?

http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/firma.asp?id=498720

viernes, 20 de abril de 2007

DF: Aborto libre


Promoventes de la iniciativa deciden de último momento plantear una reforma al Código Penal y abandonan la idea de incorporar la quinta causal.

La despenalización del aborto antes de las 12 primeras semanas de gestación fue aprobada en la general en las comisiones unidas de Salud, Procuración de Justicia y Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El dictamen avanzó con 14 votos a favor (PRD, Alternativa, PT, Convergencia, Nueva Alianza y PRI), cinco en contra (PAN y PVEM) y una abstención priista. La propuesta será sometida al pleno el próximo martes 24 de abril.

No obstante, este primer paso para que el aborto no sea delito siempre que se practique en las primeras 12 semanas dejó pendiente la aprobación de casi la totalidad del contenido de este dictamen, ya que PAN y Panal se reservaron la mayoría de los artículos para su discusión en el pleno el próximo 24 de abril.

Este dictamen basa la despenalización del aborto ya no en la aprobación de una quinta causal, sino en la reforma del artículo 144 del Código Penal del DF, que estipulará: “Aborto es la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de la gestación”.

Después de casi cinco horas de debate, que fundamentalmente se centró en rebatir las críticas al procedimiento legislativo que promovió el PAN.

El blanquiazul argumentaba que este cambio de fondo al dictamen no estaba sustentado en ninguna iniciativa, pues el proyecto que se distribuyó 48 horas antes a esta sesión no preveía el cambio al tipo penal, sino una quinta causal de exclusión penal.

El principal argumento panista para sustentar que esta nueva propuesta de dictamen –entregada una vez comenzada la sesión de ayer– era un “albazo”, fue que en las iniciativas que promovió el PRI, la coalición socialdemócrata (Alternativa, PT y Convergencia) y el proyecto de dictamen que les distribuyeron dos días antes no se aludía a la reforma al artículo 144 del Código Penal del Distrito Federal.

En respuesta, los diputados promoventes de la despenalización del aborto aseguraron que estos reclamos sólo eran parte de una “estrategia dilatoria” del PAN para evitar entrar a la discusión de fondo del dictamen.

La más aguerrida en el debate fue la diputada panista Paula Soto, quien en repetidas ocasiones hizo referencia al reglamento de comisiones de la ALDF para advertir que no podían dictaminar sobre este nuevo proyecto, porque no había ninguna iniciativa que estipulara la modificación del tipo penal sobre el aborto.

El perredistas Arturo Santana respondió que las leyes se interpretan, y que tras hacer un estudio profundo sobre esta materia, se decidió modificar más artículos, si así convenía, para que se cumpliera con el objetivo de las iniciativas.

Después de múltiples intervenciones por alusiones personales, en las que poco se tocó respecto al fondo de este dictamen, el diputado Tomás Pliego propuso que se sometiera a votación si ya había sido lo suficientemente discutido y se procediera a la votación.

En distintas ocasiones los perredistas y los promoventes señalaron que era inocuo el debate, al que llamaron de “cartón”, puesto que los panistas ya tenían claro que irían en contra y promoverían su acción de inconstitucionalidad.

Antes de la votación en lo general, el PAN decidió reservarse los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal del DF, así como el artículo 16-bis-6, 16-bis-8 y el tercer artículo transitorio del dictamen; mientras, el PANAL se reservó el 16-bis-8, segundo transitorio, y propuso adicionar un cuarto transitorio.

http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=497774

miércoles, 18 de abril de 2007

Alianza o contrato


Javier Hurtado

La Convocatoria del Gobernador Emilio González Márquez a formalizar, la semana próxima, la constitución de la Gran Alianza por Jalisco, más que ser "otra más de sus ocurrencias" de inicio de su Gobierno es un acto de profundo significado que nos muestra el acendrado mesianismo religioso del titular del Poder Ejecutivo estatal. Mesianismo, en el sentido original del término de origen hebreo mashiah, que significa el ungido de Dios para instaurar en la Tierra un orden basado en los principios de su religión.

Si bien nunca se ha planteado como un Mesías, la actuación del gobernante oriundo de Lagos en ocasiones parece más la de un misionero que viene a cumplir —permítaseme la redundancia— una misión, que más que ser de naturaleza humana o popular es de carácter religioso (él mismo lo decía de manera profusa en spots posteriores a su toma de posesión... "y en esta misión estoy dispuesto a sacrificar mi vida").

No obstante el significado religioso de la Gran Alianza a la que se está convocando, debe reconocerse que ésta también tiene importantes implicaciones políticas. Veamos dos de ellas:

1.- El planteamiento hecho en el sentido de "reducir la acción del Gobierno a lo que los ciudadanos y la sociedad civil no pueden alcanzar por sí mismos" (¿?) puede entenderse como un irresponsable acto anticipado de renuncia a sus obligaciones constitucionales como gobernante, lo cual puede ser sumamente peligroso: como se recordará, uno de los espejismos más graves de los procesos mexicanos de liberalización económica y democratización política fue que se pensó que el retraimiento del Estado de la economía iba a suponer una libre regulación por las fuerzas del mercado; y que en lo político los espacios de los que se retiraba o era excluido el Estado iban a ser cubiertos por la llamada sociedad civil. A final de cuentas nada de eso ocurrió y el Gobierno quedó definitivamente debilitado: en la economía los monopolios privados sustituyeron al Estado y en la política los poderes fácticos y los partidos políticos suplantaron a la sociedad civil. ¿Esto es lo que desea Emilio González para Jalisco con su Gran Alianza?

La propuesta puede sonar bonita y generar aplausos de grupos ignorantes, radicales o irresponsables. Pero un Gobernador no puede hacer del debilitamiento o "reducción" del Gobierno un discurso para ganar aplausos o apoyos. En vez de eso, lo que debe plantearse es el tamaño adecuado del aparato gubernamental y el fortalecimiento de la capacidad directiva del Gobierno en un nuevo estilo de gestión que no reproduzca los vicios del pasado. Sin embargo, ¿cómo creer en eso si en vez de la "reducción del Gobierno" lo que se ha visto es el crecimiento desmedido de las nóminas gubernamentales?

2.- Se dice que de las propuestas que hagan los 700 "líderes sociales" en las mesas de trabajo que se instalarán, posterior a la creación de la Gran Alianza, habrán de extraerse los más importantes contenidos de lo que será el Plan Estatal de Desarrollo. Si bien es cierto que debe promoverse la democracia participativa, no puede hacerse de la participación ciudadana la instancia de la que emerjan los más importantes programas y proyectos de los planes gubernamentales.

Una estrategia —si se le puede llamar así— de tal alcance subvierte al menos cuatro principios fundamentales de los procesos políticos contemporáneos: primero, el de intermediación, que juegan los partidos políticos entre la sociedad y el Gobierno; segundo, el de liderazgo, que debe caracterizar a los políticos y gobernantes (precisamente líderes son los que formulan proyectos y logran el apoyo popular en torno a ellos, y no los que le andan preguntando a la gente qué es lo que el Gobierno debe hacer?; tercero, el de debate público entre programas y proyectos durante las campañas electorales (si las campañas no son para que los líderes políticos presenten programas y proyectos ¿entonces para qué queremos campañas?); y, cuarto, el de la obligatoriedad de los partidos y candidatos para registrar una plataforma electoral (si el Gobernador está partiendo de cero, entonces que nos diga ¿para qué registró una plataforma electoral o en torno a qué propuestas conquistó el voto popular?) Por estar inmerso en estas contradicciones, insisto en que el acto de la próxima semana, más que tener sentido político tiene más bien una convicción y confirmación de carácter religioso. Por cierto, ¿por qué 700 "líderes sociales" y no 699 ó 666? ¿Significa esto un múltiplo de los 70 ancianos que fueron convocados por Moisés para asistir al banquete con el que se selló la Alianza entre Yahvé y el pueblo de Israel?

Lo que las sociedades modernas realizan son contratos sociales (o pactos políticos) y no alianzas sociales, concepto, este último, que parece una contradicción en sus propios términos: las Alianzas se dan entre un Dios y un elegido, o un pueblo; pero no con una sociedad civil (en el sentido estricto del término) que sólo puede existir cuando se dan los procesos de secularización. Además, la diferencia entre los contratos y las alianzas es que los primeros involucran promesas voluntarias para intercambiar obligaciones o bienes, mientras que en las segundas se hacen juramentos (invocando a Dios como testigo) e involucran personas y sellan lealtades. Lo de la próxima semana qué es realmente: ¿contrato o alianza?

http://www.mural.com/editoriales/nacional/730382/

Van por 30 días; se quedan 3 años

Justifican la contratación de personal con un documento hecho al vapor, sin folios ni número de acuerdo

José David Estrada y Jessica Pilar Pérez

Guadalajara, México(18 abril 2007).-Aunque su labor sólo era de apoyo en las actividades de la entrega recepción entre la 57 y la 58 Legislatura, que tiene una duración máxima de 30 días, el secretario general del Congreso les otorgó a 145 personas contratos de supernumerarios por tres años.

Esa información se desprende de un acuerdo legislativo 1933/07 y del anexo de la Junta de Coordinación Política, entregado a MURAL vía Ley de Transparencia, y donde se especifican los motivos para darle al secretario general, Alfredo Argüelles Basave poderes para suscribir contratos.

"Para el correcto funcionamiento de la estructura de trabajo de la secretaría general y la Auditoría Superior del Estado en las labores de la entrega-recepción en vísperas del cambio de Legislatura, es necesario reforzar las Direcciones, Órganos auxiliares e Instituto de Investigación.

"Para tal efecto, la Junta de Coordinación Política acuerda ordenar al secretario general del Congreso que contrate nuevo personal para reforzar las áreas señaladas", indica el acuerdo de la Junta de Coordinación.

Al otorgar un contrato por tres años, los 145 trabajadores podrían convertirse en servidores públicos inamovibles, de acuerdo con el Artículo 21 del Reglamento de las Condiciones de Trabajo en el Congreso local.

"Los servidores públicos son inamovibles; los de nuevo ingreso, no lo serán sino después de transcurridos seis meses ininterrumpidos de servicios, sin nota desfavorable en su expediente", señala dicho artículo.

¿Documentos al vapor?

Tanto el acuerdo como un memorándum, este último contiene la lista con los 145 supernumerarios que el secretario técnico de la Junta, Vicente Sandoval le envía a Argüelles Basave, fueron entregados por una solicitud que MURAL hizo vía Ley de Transparencia, pero los documentos parecen hechos al vapor.

El acuerdo de la Junta, donde los coordinadores parlamentarios ordenan la contratación de 145 personas no tiene número ni sellos o folios, y el margen y tipo de letra son distintos a los utilizados oficialmente.

El memorándum con la lista sólo tiene firma del ex secretario técnico y aunque tiene sello de recibido por la secretaría general carece de folio, siendo que para tener mayor control todos los acuses de recibo de esa dependencia se incluye éste.

Además, el documento con los 145 nombres otorgado es uno tiene las correcciones que hicieron los actuales diputados que entraron en funciones el 1 de febrero, por lo que no pudo haber sido entregado a Argüelles Basave el 31 de enero del 2007 como aparece.

El Artículo 102 de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco señala como causa de responsabilidad administrativa, civil o penal, ocultar, destruir o alterar información pública y entregar intencionalmente información incompleta, errónea o falsa.

Reconoce contratación

El secretario general del Congreso, Alfredo Argüelles Basave, reconoció que dio los contratos por tres años a 145 personas porque así lo consideró, y por tener facultades para hacerlo.

"(El acuerdo) me faculta a entregar el nombramiento laboral correspondiente que es lo que se entregó, fue totalmente abierto, igual que el acuerdo del Pleno, que me da facultades amplias de contratación", afirmó ayer después de la sesión del Congreso.

Sin embargo, en la justificación para suscribir los contratos que figura en el acuerdo 1933/07 y el acuerdo interno de la Junta de Coordinación, los ex legisladores afirman que necesitan al personal para apoyar sólo la entrega-recepción.

"Lo importante es el acuerdo, están contratados ya, no tengo más comentarios, aquí está el listado y aquí esta la instrucción que se dio", concluyó Argüelles Basave.

José David Estrada

martes, 17 de abril de 2007

Carpetazo a presunta intromisión en AN


Espino indicó que se cerró el caso contra funcionarios del gobierno, para conservar la unidad partidista y evitar más choque con el Ejecutivo

Por: Enrique Sánchez

En aras de la unidad del partido, la dirigencia del PAN dio marcha atrás en la investigación contra los funcionarios del gobierno federal que presuntamente habrían intervenido en el proceso de selección de consejeros nacionales, y cerró el caso.

Tras descartar el inicio de procesos sancionatorios contra alguno de los funcionarios señalados, el presidente de este partido, Manuel Espino Barrientos, aseguró que la determinación se da para no abrir un nuevo frente con la administración federal.

“El CEN ratifica que quienes pudieran haber incurrido en acciones no permitidas lo habrían hecho a título personal; también certifica que hasta ahora no se ha afectado el proceso, por lo que en aras de la unidad interna se da por cerrado el caso”, dijo Espino.

El dirigente nacional exhortó a los servidores públicos acusados de meter la mano en el proceso a cuidar al Presidente de México y al partido, desempeñándose conforme al código de ética de Acción Nacional.

Y advirtió que si a partir de hoy vuelve a haber señalamientos contra funcionarios se instauraría un proceso distinto.

Espino reveló que durante la reunión que tuvo con el presidente Calderón el viernes pasado, le adelantó que propondría al Comité Ejecutivo Nacional no seguir adelante con estas acusaciones.

“No queremos mantener abierta una polémica que es del ámbito interno del partido y que, en todo caso, si hubiese algo más de fondo que atender, lo atenderíamos en el ámbito interno”.

Durante un receso en la reunión de anoche en la sede nacional, Manuel Espino reconoció que sí encontraron elementos para instaurarle un proceso de sanción a alguien (sin revelar nombres); sin embargo, “en aras de la unidad y (de) mantener un clima de cohesión y confianza rumbo a la definición de nuestro consejo nacional, el CEN ha decidido cerrar el caso”, insistió.

El dirigente informó que como parte del proceso de selección de consejeros nacionales, al día de hoy se han celebrado mil 63 asambleas municipales y 11 estatales.

Asimismo, se han elegido a 45 candidatos a consejeros nacionales, que serán ratificados en la Asamblea Nacional, y 68 aspirantes que aún competirán en el mismo encuentro.

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/27_2866.htm

lunes, 16 de abril de 2007

Jornadas Ciudadanas Reflexión y Análisis para la Modernización y Reforma Electorales

El Instituto Federal Electoral, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos

CONVOCA
A partidos y agrupaciones políticas nacionales, académicos, investigadores, organismos civiles, especialistas en materia electoral, legisladores, miembros del poder judicial, observadores y a todos los ciudadanos interesados a participar en las:

JORNADAS CIUDADANAS DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS PARA LA MODERNIZACIÓN Y REFORMA ELECTORALES
Con el propósito de establecer un espacio de reflexión y análisis sobre el sistema electoral federal mexicano que contribuya a la elaboración de un documento informativo que se entregará al Consejo General del Instituto Federal Electoral y al Poder Legislativo Federal para considerar posibles adecuaciones a la legislación electoral.
Lo anterior a partir de las siguientes bases:
I. Se abordarán seis ejes temáticos en tres diferentes jornadas entre abril y junio de 2007, con el siguiente calendario y temas:
Primera jornada: 25 al 27 de abril
Eje temático 1: Procedimientos electorales
  • Registro Federal de Electores
  • Organización electoral
  • Capacitación electoral
  • Voto en el extranjero
  • Estructura orgánica del IFE
  • Rendición de cuentas y transparencia
Eje temático 2: Generación y difusión de resultados electorales
Encuestas
  • Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
  • Conteo rápido
  • Cómputos distritales
  • Emisión de resultados definitivos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Segunda jornada: 30 de mayo al 1 de junio
Eje temático 3: Campañas, condiciones de equidad y medios de comunicación
  • Acceso a medios de comunicación
  • Propaganda electoral
  • Duración y modalidades
  • Actores y sus responsabilidades

Eje temático 4: Régimen de partidos y de agrupaciones políticas nacionales: prerrogativas y obligaciones

  • Financiamiento
  • Otras prerrogativas
  • Fiscalización
  • Monitoreos y gasto en medios
  • Rendición de cuentas y transparencia

Tercera jornada: 20 al 22 de junio

Eje temático 5: Participación ciudadana

  • Educación cívica
  • Ciudadanos en la elección (capacitadores-asistentes electorales -CAEs-, consejeros locales y distritales, observadores electorales y funcionarios de casilla)
  • Participación y abstencionismo
  • Equidad de género
  • Atención a la diversidad (comunidades indígenas, personas con capacidades especiales y grupos vulnerables)

Eje temático 6: Resolución de disputas, justicia electoral y sanciones

  • Faltas administrativas
  • Delitos electorales
  • Nulidades
  • Calificación electoral
  • Declaración de validez

    II. Las jornadas se realizarán en cada uno de los 31 estados y en el Distrito Federal. Se instalará una sesión de trabajo en la que se desahogarán los temas de cada eje temático, de acuerdo al número de ponencias presentadas. Cada entidad federativa emitirá una convocatoria específica donde se profundizarán las particularidades de su organización y desarrollo.

    III. Cada jornada en los estados iniciará con un panel de expertos locales, que será convocado por la Junta Local Ejecutiva correspondiente.

    IV. Cada jornada tendrá una duración de hasta tres días, dependiendo del número de participantes y ponencias registradas. En cada jornada se discutirán dos ejes temáticos. Cada uno de los ejes temáticos se discutirá hasta por un día y medio.

    V. Al finalizar las mesas de trabajo, habrá una sesión plenaria en la que se presentarán las relatorías de las mesas.

    VI. Todos los interesados podrán participar con una ponencia que deberá cumplir con las siguientes condiciones:

    a) Las ponencias deben incluir los siguientes puntos:

    Diagnóstico sobre el tema a tratar
    Propuestas

    b) El formato de las ponencias será el siguiente:
    Archivo digital en Word
    Letra Times New Roman de 12 puntos, interlineado 1.5
    Máximo 5 cuartillas tamaño carta
    Márgenes: 3.5 cm. izquierdo e inferior, 3.0 cm. derecho y superior

    c) Junto con su ponencia, cada interesado deberá incluir la siguiente información:

    Datos personales:- nombre- edad- sexo- ocupación- escolaridad e institución (solo si aplica)
    Título de su ponencia
    Especificación del eje temático (tema) y subtema dónde quiera ubicar su ponencia
    Tres palabras clave para identificar el contenido de su trabajo
    Un resumen de 10 renglones sobre el contenido de la ponencia que deberá responder a las siguientes preguntas: ¿qué propone modificar y cómo propone hacerlo?

    VII. Los ciudadanos podrán remitir sus ponencias al correo electrónico de la Junta Local Ejecutiva del IFE en el estado que les corresponda. Además, los ciudadanos que así lo deseen, podrán entregar su ponencia en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en la entidad correspondiente.

    VIII. Las fechas para registrar o entregar ponencias, según la jornada correspondiente, son:

    · Jornada 1: Del 29 de marzo al 19 de abril
    · Jornada 2. Del 2 al 24 de mayo
    · Jornada 3: Del 30 de mayo al 14 de junio

    IX. En la página de Internet del IFE se incorporará información técnica sobre cada uno de los temas a tratar en las jornadas, a fin de que todos los interesados puedan consultarla.

    X. Durante el desarrollo de cada jornada se presentarán brevemente los elementos centrales de las ponencias entregadas en tiempo y forma, de conformidad con la hora y lugar que notifique al interesado la Junta Local Ejecutiva en su entidad.

    XI. Al concluir las jornadas de reflexión y análisis, el Grupo de Trabajo para la Modernización y Reforma Electorales rendirá un informe final a la Comisión de Relaciones Institucionales e Internacionales (CRII) del Consejo General del IFE para su aprobación en la misma, y posteriormente se entregará al Consejo General y al H. Congreso de la Unión.

    XII. Los gastos inherentes a la transportación, alimentación y hospedaje de los ciudadanos interesados en participar en las jornadas correrán a cargo de cada uno de los participantes.

    XIII. Cualquier caso no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por el Grupo de Trabajo para la Modernización y Reforma Electorales, órgano auxiliar de la Comisión de Relaciones Institucionales e Internacionales del Consejo General, integrado por Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos registrados ante el IFE y Consejeros del Poder Legislativo.

    Como parte de los trabajos interinstitucionales, posterior a la realización de las jornadas de discusión, durante la primera quincena del mes de agosto se llevará a cabo un seminario internacional de especialistas que tomará como base las conclusiones obtenidas a lo largo de dichas jornadas.

    Para mayor información podrá dirigirse a: Oficinas de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral Periférico Sur 4124, 4º piso, col. Ex Hacienda de Anzaldo, Teléfono (55) 5449-0441correo electrónico info.jornadas@ife.org.mx

Se hace más lenta justicia mexicana


Destacan en lentitud circuitos federales de Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León

Víctor Fuentes

Ciudad de México(16 abril 2007).-Los juicios contra personas acusadas por delitos federales en México cada vez son más lentos.

Estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revelan que, entre 2005 y 2006, el tiempo promedio para desahogar una causa penal en los juzgados de distrito aumentó casi en 22 por ciento.

El año antepasado, los 218 juzgados responsables de resolver los delitos federales en el País tardaron un promedio de 216 días entre el inicio del proceso, con la declaración preparatoria del inculpado, y la sentencia para declararlo culpable o inocente.

Durante 2006 el promedio aumentó a 263 días.

De acuerdo con el Comparativo de los Indicadores Judiciales en los Juzgados de Distrito 2005-2006, de los 29 circuitos en que se divide la justicia federal, apenas cinco pudieron bajar sus tiempos, entre ellos el Distrito Federal, que cuenta con 18 jueces dedicados a resolver ese tipo de casos, más que cualquier otra entidad.

El resto de los estados aumentaron sus tiempos, y en algunos de ellos de manera espectacular.

En el circuito de Oaxaca, afectado por el conflicto social y magisterial, el aumento fue de 116 días -de 193 a 309-, un aumento de 60 por ciento respecto a 2005.

En San Luis Potosí se elevó en 51 por ciento, pasó de 168 días a 254; Veracruz registró un incremento de 47.1 por ciento, de 214 a 315; y Nuevo León de 46.8 por ciento, de 241 a 354.

De los 218 juzgados que operan en el País, sólo 26 se dedican exclusivamente a procesos penales.

Los demás también atienden otras áreas, como juicios de amparo e incluso litigios civiles y administrativos.

Precisamente en materia civil y administrativa, los juzgados federales lograron reducir de 211 a 206 días el promedio para desahogar los casos durante 2006, y únicamente 14 de los 29 circuitos tuvieron aumentos en sus tiempos.

Desde fines de 2005, el CJF advirtió que la carga de trabajo excesiva y la complejidad creciente de los delitos federales -narcotráfico, armas prohibidas y tráfico de indocumentados- generaron un rezago que requería la instalación de 38 nuevos juzgados de distrito, 28 de los cuales conocerían asuntos penales.

"El aumento de las causas penales, la cantidad de inculpados que en cada una se ven inmiscuidos, la diversidad de delitos que se tipifican y las cada vez más elaboradas formas de participación en la actividad delictiva incrementan el tiempo que los jueces de procesos penales deben dedicar tanto a la integración de las causas como a la emisión de las sentencias", señaló el Consejo de la Judicatura en su solicitud de incremento presupuestal para 2006.

La petición de más recursos, sin embargo, fue rechazada por la Cámara de Diputados.

Y crece la brecha con EU

Hasta 2005, los juzgados federales de México desahogaban las causas penales en un tiempo similar al de sus contrapartes de Estados Unidos, pero en 2006 las distancias se agrandaron.

De acuerdo con el informe anual del presidente de la Suprema Corte estadounidense, John Roberts, en 2005 las cortes de distrito de su país tardaron un promedio de 204 días para tramitar los casos penales, mientras en el País era de 216 días.

Sin embargo la brecha creció el año pasado: el promedio en Estados Unidos fue de 215 días, por 263 en México.

Además, hay que considerar que en el vecino país el 86 por ciento de los casos no llega a un juicio con jurado, sino que es resuelto mediante un acuerdo del acusado con la fiscalía.

En México no existe la opción de negociar con la fiscalía, y por tanto todas las acusaciones derivan en un juicio propiamente dicho.