Javier Hurtado
Mañana, Emilio González Márquez tomará protesta como Gobernador del Estado. Si bien será el tercer político emanado de las filas del PAN que asumirá dicho cargo, el inicio de su ejercicio gubernamental se da en condiciones peculiares: es la primera ocasión en que un Gobernador panista toma protesta con una Legislatura en la que su partido no tiene mayoría absoluta. Además, no todos los diputados de su partido le deben lealtad política, y el coordinador de los diputados blanquiazules no es un político que le deba el acceso a esa función al nuevo Gobernador. Y si lo anterior fuera poco, la segunda fuerza política representada en el Congreso local se encuentra fragmentada y con una evidente crisis de liderazgo.
Justamente en este contexto debe ubicarse el asunto de los diputados del PRI y del PRD que amenazan con mantener su plantón, por la asignación de Comisiones Legislativas al interior del Congreso del Estado, durante la toma de protesta del nuevo Gobernador. No puede entenderse cómo los diputados panistas, por empecinarse en sacar adelante una decisión carente de sustento lógico, pueden causar problemas en una ceremonia tan importante como lo es la toma de protesta del Gobernador, siendo que éste es emanado de su propio partido. ¿Cómo justificar que el PAN, con el 50 por ciento de la representación se adjudique el 55 por ciento de las presidencias de Comisiones legislativas; que a la segunda fuerza política se le haya otorgado el 22 por ciento de Comisiones, cuando tiene el 32 por ciento de la representación; y que a sus dos pequeños aliados (el Partido Verde y el PANAL) se les sobrerrepresente en Comisiones? Evidentemente que, desde el punto de vista de la simple aritmética, las operaciones están mal hechas.
Estas asimetrías se dan no obstante que la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 66, establece que la asignación e integración de las Comisiones legislativas se realizará "en atención a la búsqueda del equilibrio en cuanto a la representación política o social de todas las fracciones o grupos parlamentarios". Este precepto no se cumplió y además fue caótico el criterio para la integración de las mismas; el objetivo era colocar a los diputados del PRI y del PRD en áreas que no fueran de su conocimiento o interés y desaprovechar la experiencia adquirida durante su vida profesional o actividad económica.
Existen absurdos tales como que el diputado del Partido Verde presida dos Comisiones y participe en 16 más; o el de los dos legisladores del partido propiedad de la profesora Elba Esther Gordillo: uno preside una Comisión y participa en 11 más, y el otro encabeza otra Comisión y participa en 9 más. Está el caso del priista Jorge Arana, a quien le entregan la presidencia de dos Comisiones (una de ellas, la de Administración) cuando seis de sus compañeros del grupo parlamentario no alcanzaron ninguna ¿Existe alguna lógica en todo esto? Y si es así, ¿cuál es ésa?
Lo anterior contrasta con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General que establece que ningún diputado podrá pertenecer a más de tres Comisiones y que su conformación se hará "con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la integración de las Comisiones". Es claro que lo que está ocurriendo en el Congreso de Jalisco es arcaico, carente del más elemental sentido común y contrario a la democracia y a la modernidad política.
La única explicación a todo esto se encuentra en el terreno de la política intrapartidista, y no tanto en la interpartidista. No existen elementos para afirmar que la protesta sea un atisbo de un futuro conflicto entre el PRI y el PRD con el futuro Gobernador del Estado, o muestra de una "descortesía", como oficialmente se quiere hacer ver.
Del lado del PAN el futuro Gobernador no goza de la lealtad y disciplina de todos los diputados de su partido; el conflicto pudo haber sido provocado para deslucir la toma de protesta de Emilio González, o bien, deberse a la necesidad que personajes cercanos a los dos panistas más importantes en el Estado tienen para hacer sentir su poder.
Por el lado del PRI, también es cierto que el problema pudo deberse a la crisis de liderazgo al interior de su grupo parlamentario (donde existen al menos tres coordinadores internos -y el presidente del PAN habla de uno más, externo, que coordinaría a los del PRI, a los del PRD y al del PT. Es decir "El Jefe Diego" jalisciense y de izquierda).
Es obvio que en una situación así la toma de decisiones y la construcción de acuerdos tiende a ser compleja y complicada. Lo importante es no confundirse. Si bien la situación que prevalece en el PRI pudo haber dado pie a que se saliera de control el conflicto, también lo es que las disputas por el poder en el PAN pudieron haber dado la pauta para utilizar la situación y mandar un mensaje o hacer ajustes de cuentas internos.
Así las cosas, lo peor que pueden hacer esos diputados del PRI y del PRD es agarrar la papa caliente que les están aventando, morder el anzuelo y comprar una bronca innecesaria con el futuro Gobernador, afectando la construcción de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo en los próximos meses.
La nueva realidad es la existencia de múltiples liderazgos y corrientes al interior de los partidos políticos y sus grupos parlamentarios. Y más vale que los políticos lo vayan asimilando para evitar yerros y tropezones.
http://www.mural.com/editoriales/nacional/714306/
miércoles, 28 de febrero de 2007
lunes, 26 de febrero de 2007
El Estado y el amor
Jesús Silva-Herzog Márquez
W. H. Auden escribió su poema “1 de septiembre de 1939” poco tiempo después de haber llegado a Estados Unidos, cuando Alemania invadía Polonia. En el poema resuenan los horrores de un mundo que se dirige a la guerra: olas de odio y miedo; inmencionables olores de muerte; sufrimientos que se convierten en rutinas. El poema encontró una extraña popularidad después de los atentados terroristas de 2001, porque hablaba de los engendros del mal, de los vanidosos rascacielos ciegos y de una “ofendida noche de septiembre”. El final del poema termina con un llamado:
No hay tal cosa como el Estado
y nadie existe solo;
el hambre no permite elección
al ciudadano o al policía;
debemos amarnos los unos a los otros o morir.
“Debemos amarnos los unos a los otros o morir”. Pocas veces se ha asentado con tal claridad la idea del amor como imperativo. El aire cristiano de la línea es claro: el amor se constituye como una obligación. Seguramente, como ha señalado Joseph Brodsky, uno de sus lectores más brillantes, su significado es más directo: debemos amarnos los unos a los otros, o matar. Si no vemos por el otro, pronto nos estaremos matando.
Que un poeta como Auden hable del imperativo del amor tiene sentido. (Debo decir, entre estos paréntesis, que al propio poeta la línea le molestó años después. Le parecía afectada y falsa. Intentó otras fórmulas. “Debemos amarnos los unos a los otros y morir”. No le convenció el cambio. Tachó el párrafo y después se decidió por eliminar el poema de sus compilaciones). Tiene sentido también en las prédicas sacerdotales. Para la teología cristiana, el amor es un deber primordial. Kant puso esa noción en su sitio cuando argumentó que el “deber de amar” era un absurdo lógico. Para que algo sea obligatorio debe ser, en principio, realizable. Bien se sabe que el amor no es gobernable. El individuo no decide los destinos ni las intensidades de su afecto. No se trata de un acto voluntario porque es una emoción y las emociones no se activan a voluntad. El amor, sostiene el filósofo en su Metafísica de la moral, es un sentimiento, no una decisión. No puedo amar porque quiero amar, mucho menos porque debo amar. Por ello, concluye Kant, hablar del deber de amar es sencillamente un absurdo.
El debate tendrá dimensiones filosóficas y teológicas fascinantes. ¿Cuáles serán los resortes profundos de la acción y el sentimiento? Lo que parece extraño es que el Estado disponga que el amor sea una obligación jurídica. Eso es lo que ha hecho nuestra nueva ley para prevenir la violencia contra las mujeres. El desamor ha sido tipificado como una infracción legal. La flamante Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el desamor es un acto de violencia psicológica que el poder público debe castigar. La torpeza técnica de los redactores de la ley es evidente: dirigen su atención a las fuentes de la violencia, sin concentrarse en los actos de la violencia. Sin duda, el desamor puede ser fuente del atropello. Lo puede ser también su contrario: el enamoramiento. De la ambición y de la generosidad pueden surgir buenas razones para el crimen. No importa por qué un ladrón roba un banco. Puede querer el botín para comprarse un castillo o para donarlo a un hospicio. Lo que ha de castigar la ley es el robo. Pero los bienintencionados redactores de la ley han tratado de cazar malos sentimientos porque creen ahí debe atajarse el abuso machista.
Lo que ha de estar en el ojo del Estado y su aparato coactivo es la acción que lastima a la mujer, aquello que la lesiona o que la humilla. Me resulta claro que el Estado debe castigar tanto la violencia física como la psicológica. El problema es cómo se encara normativamente esta aspiración. El desamor o los celos pueden ser fuente de un terrible despotismo doméstico. Pero lo que ha de contar para el poder público es la acción, no la pasión. Multar el desamor es simplemente una ridiculez. Para los redactores de la ley, Julio Cortázar, al escribir su “lenta máquina del desamor”, confesaba, no una desolación, sino un crimen:
La lenta máquina del desamor,
los engranajes del reflujo,
los cuerpos que abandonan las almohadas,
las sábanas, los besos,
y de pie ante el espejo interrogándose
cada uno a sí mismo,
ya no mirándose entre ellos,
ya no desnudos para el otro,
ya no te amo,
mi amor.
Criminal confeso
Lo más notable es que, detrás del supuesto progresismo de la legislación, hay un ánimo profundamente reaccionario. Mientras en el país se elimina la aberrante idea de que la mujer tiene la obligación de tener relaciones sexuales con el marido cuando éste quiera, y se acepta en consecuencia que puede haber violación dentro del matrimonio, se pretenden restaurar deberes amatorios dentro del matrimonio, siempre y cuando el obligado sea el hombre. Así lo sugiere la fiscal para delitos contra las mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte, en una notable entrevista con Excélsior (23 de febrero). En esa entrevista, la fiscal minimiza los homicidios de maridos: “Ojo, hay mujeres que han asesinado a los señores maridos, desde luego que sí, pero siempre, siempre, en defensa propia o en defensa de uno de sus hijos”. Siempre, dice ella. El asesinado, si es hombre, no podrá ser nunca inocente. Por algo lo habrán matado. Ahí mismo sostiene que la nueva ley permitirá castigar a los maridos que eviten tener relaciones sexuales con sus mujeres. Deberán ser castigados por indiferencia o desamor. El Opus seguramente habría cambiado el sexo de quien merece condena, pero no lo habría dicho mejor.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/firma.asp?id=481480
W. H. Auden escribió su poema “1 de septiembre de 1939” poco tiempo después de haber llegado a Estados Unidos, cuando Alemania invadía Polonia. En el poema resuenan los horrores de un mundo que se dirige a la guerra: olas de odio y miedo; inmencionables olores de muerte; sufrimientos que se convierten en rutinas. El poema encontró una extraña popularidad después de los atentados terroristas de 2001, porque hablaba de los engendros del mal, de los vanidosos rascacielos ciegos y de una “ofendida noche de septiembre”. El final del poema termina con un llamado:
No hay tal cosa como el Estado
y nadie existe solo;
el hambre no permite elección
al ciudadano o al policía;
debemos amarnos los unos a los otros o morir.
“Debemos amarnos los unos a los otros o morir”. Pocas veces se ha asentado con tal claridad la idea del amor como imperativo. El aire cristiano de la línea es claro: el amor se constituye como una obligación. Seguramente, como ha señalado Joseph Brodsky, uno de sus lectores más brillantes, su significado es más directo: debemos amarnos los unos a los otros, o matar. Si no vemos por el otro, pronto nos estaremos matando.
Que un poeta como Auden hable del imperativo del amor tiene sentido. (Debo decir, entre estos paréntesis, que al propio poeta la línea le molestó años después. Le parecía afectada y falsa. Intentó otras fórmulas. “Debemos amarnos los unos a los otros y morir”. No le convenció el cambio. Tachó el párrafo y después se decidió por eliminar el poema de sus compilaciones). Tiene sentido también en las prédicas sacerdotales. Para la teología cristiana, el amor es un deber primordial. Kant puso esa noción en su sitio cuando argumentó que el “deber de amar” era un absurdo lógico. Para que algo sea obligatorio debe ser, en principio, realizable. Bien se sabe que el amor no es gobernable. El individuo no decide los destinos ni las intensidades de su afecto. No se trata de un acto voluntario porque es una emoción y las emociones no se activan a voluntad. El amor, sostiene el filósofo en su Metafísica de la moral, es un sentimiento, no una decisión. No puedo amar porque quiero amar, mucho menos porque debo amar. Por ello, concluye Kant, hablar del deber de amar es sencillamente un absurdo.
El debate tendrá dimensiones filosóficas y teológicas fascinantes. ¿Cuáles serán los resortes profundos de la acción y el sentimiento? Lo que parece extraño es que el Estado disponga que el amor sea una obligación jurídica. Eso es lo que ha hecho nuestra nueva ley para prevenir la violencia contra las mujeres. El desamor ha sido tipificado como una infracción legal. La flamante Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el desamor es un acto de violencia psicológica que el poder público debe castigar. La torpeza técnica de los redactores de la ley es evidente: dirigen su atención a las fuentes de la violencia, sin concentrarse en los actos de la violencia. Sin duda, el desamor puede ser fuente del atropello. Lo puede ser también su contrario: el enamoramiento. De la ambición y de la generosidad pueden surgir buenas razones para el crimen. No importa por qué un ladrón roba un banco. Puede querer el botín para comprarse un castillo o para donarlo a un hospicio. Lo que ha de castigar la ley es el robo. Pero los bienintencionados redactores de la ley han tratado de cazar malos sentimientos porque creen ahí debe atajarse el abuso machista.
Lo que ha de estar en el ojo del Estado y su aparato coactivo es la acción que lastima a la mujer, aquello que la lesiona o que la humilla. Me resulta claro que el Estado debe castigar tanto la violencia física como la psicológica. El problema es cómo se encara normativamente esta aspiración. El desamor o los celos pueden ser fuente de un terrible despotismo doméstico. Pero lo que ha de contar para el poder público es la acción, no la pasión. Multar el desamor es simplemente una ridiculez. Para los redactores de la ley, Julio Cortázar, al escribir su “lenta máquina del desamor”, confesaba, no una desolación, sino un crimen:
La lenta máquina del desamor,
los engranajes del reflujo,
los cuerpos que abandonan las almohadas,
las sábanas, los besos,
y de pie ante el espejo interrogándose
cada uno a sí mismo,
ya no mirándose entre ellos,
ya no desnudos para el otro,
ya no te amo,
mi amor.
Criminal confeso
Lo más notable es que, detrás del supuesto progresismo de la legislación, hay un ánimo profundamente reaccionario. Mientras en el país se elimina la aberrante idea de que la mujer tiene la obligación de tener relaciones sexuales con el marido cuando éste quiera, y se acepta en consecuencia que puede haber violación dentro del matrimonio, se pretenden restaurar deberes amatorios dentro del matrimonio, siempre y cuando el obligado sea el hombre. Así lo sugiere la fiscal para delitos contra las mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte, en una notable entrevista con Excélsior (23 de febrero). En esa entrevista, la fiscal minimiza los homicidios de maridos: “Ojo, hay mujeres que han asesinado a los señores maridos, desde luego que sí, pero siempre, siempre, en defensa propia o en defensa de uno de sus hijos”. Siempre, dice ella. El asesinado, si es hombre, no podrá ser nunca inocente. Por algo lo habrán matado. Ahí mismo sostiene que la nueva ley permitirá castigar a los maridos que eviten tener relaciones sexuales con sus mujeres. Deberán ser castigados por indiferencia o desamor. El Opus seguramente habría cambiado el sexo de quien merece condena, pero no lo habría dicho mejor.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/firma.asp?id=481480
Auditoría, sí, pero no así
Marco Antonio Cortés Guardado
Que conste: nadie está en contra de que la Universidad de Guadalajara sea objeto de una auditoría. No se oponen, por supuesto la sociedad, como tampoco los estudiantes ni las autoridades universitarias. Menos los trabajadores, maestros e investigadores de esa institución, aunque sea nada más porque su fondo de pensiones alcanza una cuantiosa suma y porque de él depende un retiro digno. Oponerse no tiene sentido, sencillamente porque la UdeG ya fue auditada por el Congreso en una ocasión, y no fueron detectadas irregularidades graves (algo que callan convenientemente quienes ahora exigen otra revisión). Además, con la auditoría los adversarios de la Universidad perderían una de sus banderas más preciadas, y tendrían un pretexto menos para legitimar el asedio a la que la han sometido y al que no desean renunciar por evidentes razones de poder.
Con todo, los argumentos para objetar y resistir la pretensión de los panistas, son muchos y todos ellos importantes. Para empezar, la Universidad de Guadalajara tiene derecho a cuestionar las revisiones a la carta y a objetar las pretensiones políticas de quienes las promueven. Para eso se instituyó la autonomía y la Universidad debe salvaguardarla por principio. En segundo lugar, la máxima casa de estudios de Jalisco le está rindiendo muy buenas cuentas a Jalisco y a México, así que le asiste la razón para defender sus logros en contra de quienes insisten en desprestigiarla (objetivo real de los auditofílicos de ocasión). En tercer lugar, la Universidad pública de Jalisco recibe subsidio estatal y federal: lo correcto, entonces, es que la auditoría involucre ambos niveles, y que esté coordinada por la Auditoría Superior de la Federación.
Pero lo más importante, es que la Universidad de Guadalajara está obligada a cumplir bien y con buenos resultados la misión que le ha asignado la circunstancia histórica por la que atraviesan México y Jalisco. El famoso desliz del diputado panista de muy triste memoria, Raúl Alejandro Padilla, tuvo la virtud de revelar el desprecio que los panistas tienen por la Universidad pública, a la que no consideran parte de sus reivindicaciones históricas, porque saben que ella es un bastión fundamental de la educación laica y gratuita, así como de la libertad de cátedra, de pensamiento y de crítica (las consecuencias de la genuina libertad intelectual han agraviado, siempre y en todo el mundo, a las fuerzas de la derecha más recalcitrante y menos inteligente).
La Universidad de Guadalajara es la institución más importante con la que ahora cuenta Jalisco para detener las pretensiones hegemónicas conservadoras del nuevo partido en el poder. Esto lo aceptan tirios y troyanos. Cuestionar la auditoría como la proponen sus adversarios forma parte de una batalla de incuestionable trascendencia. La Universidad de Guadalajara está obligada a proteger su integridad como institución pública, y, como tal, a sustentar la más amplia pluralidad cultural, intelectual, política, ideológica y, en suma, de pensamiento; a ejercer la crítica (y, es cierto, la autocrítica) racional y fundada, así como a proporcionar los elementos que requieren la deliberación, el debate y la crítica pública. Auditoría sí, pero no así: no para someter a la Universidad de Guadalajara.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=481477
Que conste: nadie está en contra de que la Universidad de Guadalajara sea objeto de una auditoría. No se oponen, por supuesto la sociedad, como tampoco los estudiantes ni las autoridades universitarias. Menos los trabajadores, maestros e investigadores de esa institución, aunque sea nada más porque su fondo de pensiones alcanza una cuantiosa suma y porque de él depende un retiro digno. Oponerse no tiene sentido, sencillamente porque la UdeG ya fue auditada por el Congreso en una ocasión, y no fueron detectadas irregularidades graves (algo que callan convenientemente quienes ahora exigen otra revisión). Además, con la auditoría los adversarios de la Universidad perderían una de sus banderas más preciadas, y tendrían un pretexto menos para legitimar el asedio a la que la han sometido y al que no desean renunciar por evidentes razones de poder.
Con todo, los argumentos para objetar y resistir la pretensión de los panistas, son muchos y todos ellos importantes. Para empezar, la Universidad de Guadalajara tiene derecho a cuestionar las revisiones a la carta y a objetar las pretensiones políticas de quienes las promueven. Para eso se instituyó la autonomía y la Universidad debe salvaguardarla por principio. En segundo lugar, la máxima casa de estudios de Jalisco le está rindiendo muy buenas cuentas a Jalisco y a México, así que le asiste la razón para defender sus logros en contra de quienes insisten en desprestigiarla (objetivo real de los auditofílicos de ocasión). En tercer lugar, la Universidad pública de Jalisco recibe subsidio estatal y federal: lo correcto, entonces, es que la auditoría involucre ambos niveles, y que esté coordinada por la Auditoría Superior de la Federación.
Pero lo más importante, es que la Universidad de Guadalajara está obligada a cumplir bien y con buenos resultados la misión que le ha asignado la circunstancia histórica por la que atraviesan México y Jalisco. El famoso desliz del diputado panista de muy triste memoria, Raúl Alejandro Padilla, tuvo la virtud de revelar el desprecio que los panistas tienen por la Universidad pública, a la que no consideran parte de sus reivindicaciones históricas, porque saben que ella es un bastión fundamental de la educación laica y gratuita, así como de la libertad de cátedra, de pensamiento y de crítica (las consecuencias de la genuina libertad intelectual han agraviado, siempre y en todo el mundo, a las fuerzas de la derecha más recalcitrante y menos inteligente).
La Universidad de Guadalajara es la institución más importante con la que ahora cuenta Jalisco para detener las pretensiones hegemónicas conservadoras del nuevo partido en el poder. Esto lo aceptan tirios y troyanos. Cuestionar la auditoría como la proponen sus adversarios forma parte de una batalla de incuestionable trascendencia. La Universidad de Guadalajara está obligada a proteger su integridad como institución pública, y, como tal, a sustentar la más amplia pluralidad cultural, intelectual, política, ideológica y, en suma, de pensamiento; a ejercer la crítica (y, es cierto, la autocrítica) racional y fundada, así como a proporcionar los elementos que requieren la deliberación, el debate y la crítica pública. Auditoría sí, pero no así: no para someter a la Universidad de Guadalajara.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=481477
viernes, 23 de febrero de 2007
Reprueban al sexenio en derechos humanos
Balance del Consejo Ciudadano de la CEDHJ sobre la Administración de Francisco Ramírez Acuña
Entre 2001 y 2006, se presentaron 17,651 quejas de violaciones a las garantías individuales, de las que casi la mitad fue contra dependencias del Ejecutivo estatal.
En materia de derechos humanos la Administración de Francisco Ramírez Acuña resulta reprobada, por las constantes violaciones a las garantías individuales, el regreso de la tortura como práctica habitual y la poca atención a las recomendaciones emitidas por el organismo constitucional encargado de vigilar las garantías individuales.
El juicio reprobatorio en esta materia en contra del segundo gobernador panista en Jalisco fue presentado ayer por el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), cuyos integrantes fundaron sus juicios en un pormenorizado estudio estadístico de las quejas presentadas de 2001 a 2006, las autoridades acusadas de violar derechos humanos y las principales conductas violatorias de las garantías individuales de las personas. El reporte, presentado por los consejeros Paola Lazo Corvera y Alejandro Sánchez Gómez y el primer visitador de la CEDHJ Mauro Gallardo Pérez, revela que 49 de cada cien quejas presentadas en estos seis años fueron en contra de dependencias del Poder Ejecutivo.
“Esta Administración reprueba en derechos humanos, es el pan de cada día. No se resguardaron ni protegieron las garantías individuales, no puede ser que haya tantas quejas y que muchas recomendaciones no hayan sido aceptadas por el Ejecutivo”, señaló el consejero Alejandro Sánchez.
El balance de los consejeros abarca del 21 de marzo de 2001, al 22 de noviembre de 2006, que son las fechas cuando Ramírez Acuña asumió su cargo y cuando solicitó licencia para irse a un puesto en el gobierno federal. Durante esta gestión, la CEDHJ emitió 51 recomendaciones, 26 de las cuales fueron dirigidas al Ejecutivo y doce en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ). Siete de estas recomendaciones fueron por denuncias probadas de tortura. De estas 26 recomendaciones al Ejecutivo, seis fueron aceptadas, once rechazadas y nueve parcialmente aceptadas.
En estos seis años se presentaron 17,651 quejas, de las cuales 8,580 fueron en contra de 40 dependencias del Poder Ejecutivo. El primer lugar en este deshonroso campeonato de denuncias por violación a los derechos humanos lo ocupa la PGJEJ con 4,437 quejas, le sigue la Secretaría de Educación con 1,026 y en tercer lugar la Secretaría de Seguridad con 916 denuncias (ver números completos en el gráfico). En conjunto estas seis dependencias concentran 88.6 por ciento de las quejas en contra del Poder Ejecutivo.
Este mar de cifras no es caótico, tiene un patrón común que los consejeros de la CEDHJ resaltaron: en lugar de que la PGJEJ sea un “un referente en la garantía del respeto a los derechos humanos”, las cifras indican lo contrario. La tortura regresó en este sexenio como práctica común para la integración de las averiguaciones. De un total de 786 denuncias por tortura presentadas en el sexenio de Ramírez Acuña, 686 tuvieron como autoridad responsable a la procuraduría estatal. Estas cifras indican que en promedio cada semana de este sexenio, al menos un ciudadano acudía ante la CEDHJ para denunciar que fue torturado en la procuraduría estatal. Además de la tortura, se denunció que en la PGJEJ hubo 1,576 detenciones arbitrarias, casi mil lesiones y 259 casos de intimidación. Prácticas semejantes, aunque en menor número, fueron encontradas en la revisión de los casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Dirección de Prevención y Readaptación Social. Los datos en conjunto revelan un enorme hoyo negro en materia de respeto a los derechos humanos en la maquinaria de procuración de seguridad y justicia en Jalisco.
“Es evidente que las conductas que más inconformidades generaron por la actuación de servidores públicos responde al malestar que la investigación y persecución del delito provoca en los ciudadanos, los cuales por lo general afectan tanto a la víctima como al presunto responsable del delito”, sostienen los consejeros ciudadanos en el documento que presentaron públicamente.
Paola Lazo recordó que justamente por la actuación en materia de derechos humanos, el Consejo Ciudadano de la CEDHJ hizo un pronunciamiento a Felipe Calderón cuando invitó a Ramírez Acuña a la Secretaría de Gobernación, para que pusiera especial atención al desempeño de quien fuera gobernador de Jalisco.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=480493
Entre 2001 y 2006, se presentaron 17,651 quejas de violaciones a las garantías individuales, de las que casi la mitad fue contra dependencias del Ejecutivo estatal.
En materia de derechos humanos la Administración de Francisco Ramírez Acuña resulta reprobada, por las constantes violaciones a las garantías individuales, el regreso de la tortura como práctica habitual y la poca atención a las recomendaciones emitidas por el organismo constitucional encargado de vigilar las garantías individuales.
El juicio reprobatorio en esta materia en contra del segundo gobernador panista en Jalisco fue presentado ayer por el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), cuyos integrantes fundaron sus juicios en un pormenorizado estudio estadístico de las quejas presentadas de 2001 a 2006, las autoridades acusadas de violar derechos humanos y las principales conductas violatorias de las garantías individuales de las personas. El reporte, presentado por los consejeros Paola Lazo Corvera y Alejandro Sánchez Gómez y el primer visitador de la CEDHJ Mauro Gallardo Pérez, revela que 49 de cada cien quejas presentadas en estos seis años fueron en contra de dependencias del Poder Ejecutivo.
“Esta Administración reprueba en derechos humanos, es el pan de cada día. No se resguardaron ni protegieron las garantías individuales, no puede ser que haya tantas quejas y que muchas recomendaciones no hayan sido aceptadas por el Ejecutivo”, señaló el consejero Alejandro Sánchez.
El balance de los consejeros abarca del 21 de marzo de 2001, al 22 de noviembre de 2006, que son las fechas cuando Ramírez Acuña asumió su cargo y cuando solicitó licencia para irse a un puesto en el gobierno federal. Durante esta gestión, la CEDHJ emitió 51 recomendaciones, 26 de las cuales fueron dirigidas al Ejecutivo y doce en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ). Siete de estas recomendaciones fueron por denuncias probadas de tortura. De estas 26 recomendaciones al Ejecutivo, seis fueron aceptadas, once rechazadas y nueve parcialmente aceptadas.
En estos seis años se presentaron 17,651 quejas, de las cuales 8,580 fueron en contra de 40 dependencias del Poder Ejecutivo. El primer lugar en este deshonroso campeonato de denuncias por violación a los derechos humanos lo ocupa la PGJEJ con 4,437 quejas, le sigue la Secretaría de Educación con 1,026 y en tercer lugar la Secretaría de Seguridad con 916 denuncias (ver números completos en el gráfico). En conjunto estas seis dependencias concentran 88.6 por ciento de las quejas en contra del Poder Ejecutivo.
Este mar de cifras no es caótico, tiene un patrón común que los consejeros de la CEDHJ resaltaron: en lugar de que la PGJEJ sea un “un referente en la garantía del respeto a los derechos humanos”, las cifras indican lo contrario. La tortura regresó en este sexenio como práctica común para la integración de las averiguaciones. De un total de 786 denuncias por tortura presentadas en el sexenio de Ramírez Acuña, 686 tuvieron como autoridad responsable a la procuraduría estatal. Estas cifras indican que en promedio cada semana de este sexenio, al menos un ciudadano acudía ante la CEDHJ para denunciar que fue torturado en la procuraduría estatal. Además de la tortura, se denunció que en la PGJEJ hubo 1,576 detenciones arbitrarias, casi mil lesiones y 259 casos de intimidación. Prácticas semejantes, aunque en menor número, fueron encontradas en la revisión de los casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Dirección de Prevención y Readaptación Social. Los datos en conjunto revelan un enorme hoyo negro en materia de respeto a los derechos humanos en la maquinaria de procuración de seguridad y justicia en Jalisco.
“Es evidente que las conductas que más inconformidades generaron por la actuación de servidores públicos responde al malestar que la investigación y persecución del delito provoca en los ciudadanos, los cuales por lo general afectan tanto a la víctima como al presunto responsable del delito”, sostienen los consejeros ciudadanos en el documento que presentaron públicamente.
Paola Lazo recordó que justamente por la actuación en materia de derechos humanos, el Consejo Ciudadano de la CEDHJ hizo un pronunciamiento a Felipe Calderón cuando invitó a Ramírez Acuña a la Secretaría de Gobernación, para que pusiera especial atención al desempeño de quien fuera gobernador de Jalisco.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=480493
jueves, 22 de febrero de 2007
3 de cada 4 mexicanos compra películas "pirata"
FERNANDO PEDRERO
El Universal
Jueves 22 de febrero de 2007
Cerca de la tercera parte de la población que compra películas en México elige las copias ilegales no sólo por su bajo precio, sino también por la creciente oferta
El 74% de los mexicanos compran películas pirata , impulsados por el bajo costo que representa ver un estreno cinematográfico y la facilidad de adquirirlas en casi cualquier parte sin prohibición de las autoridades, revela el sondeo Hábitos de consumo de películas , elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La encuesta, efectuada a principios de este mes entre 300 personas mayores de 18 años que radican en el Distrito Federal y 11 municipios conurbados, destaca que de ese porcentaje, 81% de las personas que adquieren una película pirata lo hace en los tianguis y en puestos ambulantes, porque les representa un menor costo, ya que en promedio un DVD pirata tiene un costo de 19 pesos.
Hilda Castro, presidenta de la Alianza contra la Piratería, dijo que además de lo barato que resulta comprar un artículo pirata, otro factor por lo cual la población prefiere comprar un producto de procedencia ilícita es la debilidad y complacencia de las autoridades.
"Más de dos terceras partes de la población adquiere artículos pirata como videogramas o DVD, argumentando el bajo costo, pero esto también va aunado a que las autoridades no han tenido la fuerza suficiente para evitar que el comercio ilegal continúe operando, lo que facilita a cualquier persona el adquirir este tipo de mercancías", aseveró.
Dijo que lo que más resulta paradójico y preocupante es el hecho de que la población joven ve como algo natural y dentro de la legalidad adquirir un producto pirata.
De hecho, destacó que no son las clases más bajas de la población las que adquieren este tipo de mercancías, sino que prevalecen los compradores cuyos estratos sociales son medios o elevados.
“Lo que no saben estas personas, quienes claman por justicia y una mayor certeza y seguridad jurídica y de sus bienes y personas, es que están pagando y alimentando al crimen organizado", subrayó Castro.
De acuerdo al sondeo de la Profeco, 50% de los encuestados está casado; 52% es empleado y 41% tiene un grado de escolaridad de licenciatura. Del total de estos compradores, 33% lo hace cada semana, es decir, adquiere al menos una película en el mercado informal cada semana, mientras que 27% lo realiza cada 15 días; sólo 1% de los consultados dijo comprar un DVD diariamente.
Además, el consumo de la población hacia este y otros productos pirata, como son fonogramas, prendas de vestir, telas y calzado deportivo, genera a las industrias pérdidas superiores a 140 mil millones de dólares, que representan hasta 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Datos a la Alianza contra la Piratería revelan que por cada 10 DVD que se comercializan en el país, la mayoría procedente del Distrito Federal, siete son piratas.
El Universal
Jueves 22 de febrero de 2007
Cerca de la tercera parte de la población que compra películas en México elige las copias ilegales no sólo por su bajo precio, sino también por la creciente oferta
El 74% de los mexicanos compran películas pirata , impulsados por el bajo costo que representa ver un estreno cinematográfico y la facilidad de adquirirlas en casi cualquier parte sin prohibición de las autoridades, revela el sondeo Hábitos de consumo de películas , elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La encuesta, efectuada a principios de este mes entre 300 personas mayores de 18 años que radican en el Distrito Federal y 11 municipios conurbados, destaca que de ese porcentaje, 81% de las personas que adquieren una película pirata lo hace en los tianguis y en puestos ambulantes, porque les representa un menor costo, ya que en promedio un DVD pirata tiene un costo de 19 pesos.
Hilda Castro, presidenta de la Alianza contra la Piratería, dijo que además de lo barato que resulta comprar un artículo pirata, otro factor por lo cual la población prefiere comprar un producto de procedencia ilícita es la debilidad y complacencia de las autoridades.
"Más de dos terceras partes de la población adquiere artículos pirata como videogramas o DVD, argumentando el bajo costo, pero esto también va aunado a que las autoridades no han tenido la fuerza suficiente para evitar que el comercio ilegal continúe operando, lo que facilita a cualquier persona el adquirir este tipo de mercancías", aseveró.
Dijo que lo que más resulta paradójico y preocupante es el hecho de que la población joven ve como algo natural y dentro de la legalidad adquirir un producto pirata.
De hecho, destacó que no son las clases más bajas de la población las que adquieren este tipo de mercancías, sino que prevalecen los compradores cuyos estratos sociales son medios o elevados.
“Lo que no saben estas personas, quienes claman por justicia y una mayor certeza y seguridad jurídica y de sus bienes y personas, es que están pagando y alimentando al crimen organizado", subrayó Castro.
De acuerdo al sondeo de la Profeco, 50% de los encuestados está casado; 52% es empleado y 41% tiene un grado de escolaridad de licenciatura. Del total de estos compradores, 33% lo hace cada semana, es decir, adquiere al menos una película en el mercado informal cada semana, mientras que 27% lo realiza cada 15 días; sólo 1% de los consultados dijo comprar un DVD diariamente.
Además, el consumo de la población hacia este y otros productos pirata, como son fonogramas, prendas de vestir, telas y calzado deportivo, genera a las industrias pérdidas superiores a 140 mil millones de dólares, que representan hasta 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Datos a la Alianza contra la Piratería revelan que por cada 10 DVD que se comercializan en el país, la mayoría procedente del Distrito Federal, siete son piratas.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/vi_28489.html
miércoles, 21 de febrero de 2007
LATINOS DEL SIGLO XXI
SER PUNTUALES
Los latinos tenemos la tendencia a llegar tarde a todos los lugares; consideramos que el nuevo latino debe hacerse a una cultura en la cual el llegar a tiempo sea esencial, con la premisa de que el tiempo vale muchísimo y no es recuperable; por lo cual debemos respetar tanto el tiempo propio como el ajeno.
TRABAJO EN EQUIPO
Esto se refiere al hecho de que, por idiosincrasia, no tenemos como costumbre el trabajar en equipo; ayudándonos unos a otros, sino al contrario, tenemos la tendencia a evitar que los demás sobresalgan; nos cuesta buscar el unir nuestras capacidades con las de nuestros compañeros para beneficio de todos; somos muy individualistas.
Ejemplo: Destacamos siempre en disciplinas individuales como en los deportes: boxeo, tenis, maratón, etc.
DISPUESTOS AL CAMBIO
Los latinos tenemos tendencias a buscar siempre, o casi siempre, un Status Quo y tenemos un temor enorme al cambio y a lo que éste representa. Definitivamente el nuevo latino tendrá que tener como característica principal una predisposición al cambio, una adaptabilidad enorme y una búsqueda constante de lo mejor para él y su cultura.
EVITAR LA DESIDIA
Esto se refiere al, ya bien conocido, hecho de que los latinos todo lo dejamos para el último momento; tan es así que han dado en llamarnos; tal vez con muchísima razón, "los hombres del FUTURO", porque TODO lo dejamos para mañana, para después. El nuevo latino tendrá que grabarse en su mente y aplicarlo en todas sus acciones: el HOY, no dejar pendientes; terminar lo empezado, y evitar el vicio de la desidia.
ORDENADOS
Se refiere a que los latinos, por lo regular, somos desordenados; nunca podemos hallar las cosas en donde deberían estar, principalmente en nuestro trabajo; tenemos que aprender a darle un lugar a cada cosa y, lo más importante, dejar cada cosa en su lugar.
CONSTANTES
Esta es una característica muy importante si tenemos la visión de llegar a ser una cultura desarrollada en un futuro; no hay manera de alcanzar algo sin antes haber perseverado para conseguirlo, es decir, aquí aplica el dicho de que "El que persevera alcanza“. Los latinos somos desesperados y buscamos resultados rápidos; debemos concientizarnos de que el éxito que tengamos en las empresas que acometamos será proporcional al tiempo que les invirtamos, la constancia que tengamos. Si una gota de agua cayendo sobre la roca logra perforarla; imaginemos lo que pueden hacer todos los millones de latinos dispuestos a cambiar su futuro.
RESPONSABLES
Debemos tomar conciencia de la importancia de la responsabilidad de todos nuestros actos, en el plano laboral y, en general, en todos los aspectos de nuestra vida; evitando los clásicos pretextos del latino actual que sólo son el reflejo de nuestra irresponsabilidad. Eliminar el "ahí pasándola", "pues ni modo", "ya veremos", etc. Cada ciudadano tiene la fama que se merece, ¿acaso nos mereceremos la fama que tenemos?
CULTOS
Se refiere al hecho de que no somos muy cultos, en cuanto a la cultura general que poseemos, a que los latinos no tenemos el hábito de leer, ni de investigar. Debemos tener en cuenta el convertirnos en una cultura de personas cultas, más no única o meramente formal, sino a través de la investigación y la predisposición a aprender. Es difícil engañar, someter y manipular a personas instruidas.
HONESTOS
Desgraciadamente los latinos tenemos la tendencia a disfrazar o a exagerar la realidad, o a inclinarnos por el camino más fácil; el de la corrupción, el engaño, la mentira, la simulación. Es momento de cambiar la historia en el mundo global del siglo XXI. Los nuevos latinos debemos aportar, cada uno, nuestra parte.
PROACTIVOS
Que no tengamos que esperar a que alguien nos diga las cosas; debemos siempre dar un paso más allá, hacer las cosas por iniciativa propia. Sin embargo, los latinos estamos acostumbrados a recibir o dar únicamente órdenes y no vemos más allá de las palabras de nuestros jefes o superiores; es necesario que seamos activos por iniciativa propia (proactivos), no perezosos ni atenidos a las órdenes o sugerencias de la gente que nos rodea. Debemos asumir nuestra responsabilidad en el área de influencia que nos corresponde. “La causa de todo eres tú”.
RESPETUOSOS
Esto se refiere a respetar tanto nuestro medio ambiente, como a las personas con las que interactuamos a lo largo de nuestra vida, respetar sus intereses, sus opiniones y respetarlas, sobre todo, como seres humanos. Aprendamos a discutir con fundamentos y datos.
GENEROSOS
Tal vez sería mejor mencionarlo como no envidiosos; esta es la tendencia de los latinos, el envidiar a todo aquel que ha logrado sobresalir por encima de uno, debemos aprender a no envidiar, sino apoyar y hasta en ocasiones abrir paso a las personas que tienen el coraje o el empuje para progresar; sin criticarlos, juzgarlos o "colgarles milagritos" que opaquen sus logros.
COMPROMETIDOS CON LOS DEMÁS
Esta es una de las características que nosotros CREEMOS FIRMEMENTE, sacarán a flote a muchas personas en un futuro, pero es la que debemos empezar a poner en práctica desde hoy. Si no logramos una sociedad comprometida en impulsar al progreso a sus integrantes, todo lo demás estará de sobra. Es esencial que amemos nuestra cultura y que nos comprometamos a lograr un cambio para bien en todos los que la integramos.Tú ¿estás comprometido?
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Se refiere a nuestra responsabilidad en lograr una mejor sociedad; el ejercer acciones que alienten a todos los que habitamos en este lado del planeta a no ser corruptos, sino que respondamos por nuestras acciones, buenas o malas. "Si no votas; no te quejes" "Si no participas; no reclames la dirección que te den" "Si no te involucras; no te desesperes si no obtienes lo que te gustaría tener".
CONFIANZA EN SI MISMO (AUTOESTIMA)
Es común ver como los latinos nos hemos apocado en muchísimos aspectos, que nos vemos por debajo de todos los países, y que no creemos que podamos cambiar, que no podemos progresar. Debemos caminar por la historia mundial con la frente en alto; aportando, cada uno, lo que mejor sabemos hacer; buscando siempre lo que nos da fuerza y confianza, encontrando esta confianza dentro de nosotros.
BUSCADORES DE RETOS
Los latinos actuales somos más bien pasivos; no vamos mas allá del desierto por temor a perder lo poco conquistado. Es importante que aprendamos a disfrutar aquellas situaciones que nos presentan un reto, esto va aunado a la característica anterior; sólo quien ha logrado salir avante de uno de estos retos logra tener confianza en si mismo, y viceversa; la confianza siempre será la principal impulsora de nuevas ideas.
Si siempre hacemos lo MISMO, no es raro que siempre obtengamos lo MISMO, si queremos cosas diferentes, tenemos que hacer cosas DIFERENTES.
ECOLOGISTASDe cara a lo que viene a ser una ola mundial de renovación ambiental; los latinos tenemos que aprender a cuidar y conservar el medio ambiente, para dejar un mundo mas sano del que tenemos en la actualidad. Cuidar nuestros mares, nuestros bosques, nuestro espacio, nuestro aire, nuestra TIERRA.
SALUDABLES
Este punto encierra muchos factores, tales como crear una cultura del deporte, tener una alimentación balanceada, y el buscar ambientes que lo favorezcan; en pocas palabras cuidar su salud, y llevar una vida saludable. Hay países latinos que ocupan los primeros lugares, por ejemplo, en consumo de Coca-Cola, no sería raro que con el tiempo ocuparan el primer lugar en consumo de comida CHATARRA y malos hábitos alimenticios. No debemos permitir que se pierdan los buenos hábitos de nuestra cultura.
AHORRATIVOS
Sólo podemos medir nuestra riqueza sobre la base de lo que ahorramos; es posible que, el mayor de nuestros problemas sea el que no tenemos el hábito de ahorrar y reinvertir. Siempre pretendemos gastar hasta el último centavo e inclusive más de lo que tenemos, deberíamos buscar ahorrar lo mínimo para resolver esas situaciones imprevistas. Aunque sea una moneda por semana, genera el hábito de ahorrar e invertir en tu futuro.
PERFECCIONISTAS
Aunque para muchas personas el ser perfeccionista sea más un defecto que una virtud; si no hacemos todas las cosas con el mayor cuidado y siempre con la mira de lograr un trabajo bien hecho, no podremos superarnos; aquí cabe el principio de calidad, hacer las cosas bien desde la primera vez y siempre dejando fuera cualquier detalle que pueda ensombrecer el trabajo. Tenemos que ser exigentes con los demás y con nosotros mismos.
PERO NO TODO ES NEGATIVO; EL LATINO YA POSEE EXCELENTES CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CONSERVAR:
ALEGRES
La alegría que ponemos en todo lo que realizamos; tenemos la tendencia pachanguera y fiestera cada vez que podemos; es una característica que debemos, no sólo conservar, sino acrecentar. El único matiz es que debemos festejar y pachanguear después de haber cumplido con nuestro trabajo u obligación.
SERVICIALES
La gente latina es comedida, aunque muchas veces sólo cuando ya vemos a la gente en serios apuros y sí que aplica el dicho de que nos quitamos la camisa para dársela al otro; nos gusta mucho el ayudar, aunque no siempre en el momento oportuno.
VALORES FAMILIARES
Los latinos somos muy unidos, por ejemplo en México y otros países el día de la madre es una fiesta especial símbolo de unidad familiar; ésta es una característica importante por la que se nos conoce en el mundo.
INGENIOSOS
Los dichos y chistes son característicos del buen latino, nuestro ingenio es popular y nos ayuda a verle el lado sabroso a la vida, por más difícil que se nos presente.
CREATIVOS
Los latinos somos personas muy creativas; en todos los aspectos tratamos siempre de buscar como arreglar las cosas aunque muchas de las veces no lo hacemos de la mejor manera, por lo cual debemos de seguir aplicándolo. "Pásame unas pinzas y un alambrito y verás que te arreglo lo que quieras."
UNIDOS
Los latinos sentimos fuerte nuestra cultura, por eso debemos trabajar unidos por mejorarla, para hacerla como todos queremos que sea y la que nos gustaría que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tuviesen.
Este experimento comenzó el 20 de febrero del 2002, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua por un profesor universitario y 32 alumnos, y lo que pretendía era compartir su visión de las características que debe tener el mexicano del presente siglo.
Nosotros le damos difusión adaptado a toda la cultura latina y a un Proyecto Empresarial que puede favorecer y mejorar la economía de los miembros de la cultura latina que quieran participar.
Esta es una contribución de Lupita Weeks
Los latinos tenemos la tendencia a llegar tarde a todos los lugares; consideramos que el nuevo latino debe hacerse a una cultura en la cual el llegar a tiempo sea esencial, con la premisa de que el tiempo vale muchísimo y no es recuperable; por lo cual debemos respetar tanto el tiempo propio como el ajeno.
TRABAJO EN EQUIPO
Esto se refiere al hecho de que, por idiosincrasia, no tenemos como costumbre el trabajar en equipo; ayudándonos unos a otros, sino al contrario, tenemos la tendencia a evitar que los demás sobresalgan; nos cuesta buscar el unir nuestras capacidades con las de nuestros compañeros para beneficio de todos; somos muy individualistas.
Ejemplo: Destacamos siempre en disciplinas individuales como en los deportes: boxeo, tenis, maratón, etc.
DISPUESTOS AL CAMBIO
Los latinos tenemos tendencias a buscar siempre, o casi siempre, un Status Quo y tenemos un temor enorme al cambio y a lo que éste representa. Definitivamente el nuevo latino tendrá que tener como característica principal una predisposición al cambio, una adaptabilidad enorme y una búsqueda constante de lo mejor para él y su cultura.
EVITAR LA DESIDIA
Esto se refiere al, ya bien conocido, hecho de que los latinos todo lo dejamos para el último momento; tan es así que han dado en llamarnos; tal vez con muchísima razón, "los hombres del FUTURO", porque TODO lo dejamos para mañana, para después. El nuevo latino tendrá que grabarse en su mente y aplicarlo en todas sus acciones: el HOY, no dejar pendientes; terminar lo empezado, y evitar el vicio de la desidia.
ORDENADOS
Se refiere a que los latinos, por lo regular, somos desordenados; nunca podemos hallar las cosas en donde deberían estar, principalmente en nuestro trabajo; tenemos que aprender a darle un lugar a cada cosa y, lo más importante, dejar cada cosa en su lugar.
CONSTANTES
Esta es una característica muy importante si tenemos la visión de llegar a ser una cultura desarrollada en un futuro; no hay manera de alcanzar algo sin antes haber perseverado para conseguirlo, es decir, aquí aplica el dicho de que "El que persevera alcanza“. Los latinos somos desesperados y buscamos resultados rápidos; debemos concientizarnos de que el éxito que tengamos en las empresas que acometamos será proporcional al tiempo que les invirtamos, la constancia que tengamos. Si una gota de agua cayendo sobre la roca logra perforarla; imaginemos lo que pueden hacer todos los millones de latinos dispuestos a cambiar su futuro.
RESPONSABLES
Debemos tomar conciencia de la importancia de la responsabilidad de todos nuestros actos, en el plano laboral y, en general, en todos los aspectos de nuestra vida; evitando los clásicos pretextos del latino actual que sólo son el reflejo de nuestra irresponsabilidad. Eliminar el "ahí pasándola", "pues ni modo", "ya veremos", etc. Cada ciudadano tiene la fama que se merece, ¿acaso nos mereceremos la fama que tenemos?
CULTOS
Se refiere al hecho de que no somos muy cultos, en cuanto a la cultura general que poseemos, a que los latinos no tenemos el hábito de leer, ni de investigar. Debemos tener en cuenta el convertirnos en una cultura de personas cultas, más no única o meramente formal, sino a través de la investigación y la predisposición a aprender. Es difícil engañar, someter y manipular a personas instruidas.
HONESTOS
Desgraciadamente los latinos tenemos la tendencia a disfrazar o a exagerar la realidad, o a inclinarnos por el camino más fácil; el de la corrupción, el engaño, la mentira, la simulación. Es momento de cambiar la historia en el mundo global del siglo XXI. Los nuevos latinos debemos aportar, cada uno, nuestra parte.
PROACTIVOS
Que no tengamos que esperar a que alguien nos diga las cosas; debemos siempre dar un paso más allá, hacer las cosas por iniciativa propia. Sin embargo, los latinos estamos acostumbrados a recibir o dar únicamente órdenes y no vemos más allá de las palabras de nuestros jefes o superiores; es necesario que seamos activos por iniciativa propia (proactivos), no perezosos ni atenidos a las órdenes o sugerencias de la gente que nos rodea. Debemos asumir nuestra responsabilidad en el área de influencia que nos corresponde. “La causa de todo eres tú”.
RESPETUOSOS
Esto se refiere a respetar tanto nuestro medio ambiente, como a las personas con las que interactuamos a lo largo de nuestra vida, respetar sus intereses, sus opiniones y respetarlas, sobre todo, como seres humanos. Aprendamos a discutir con fundamentos y datos.
GENEROSOS
Tal vez sería mejor mencionarlo como no envidiosos; esta es la tendencia de los latinos, el envidiar a todo aquel que ha logrado sobresalir por encima de uno, debemos aprender a no envidiar, sino apoyar y hasta en ocasiones abrir paso a las personas que tienen el coraje o el empuje para progresar; sin criticarlos, juzgarlos o "colgarles milagritos" que opaquen sus logros.
COMPROMETIDOS CON LOS DEMÁS
Esta es una de las características que nosotros CREEMOS FIRMEMENTE, sacarán a flote a muchas personas en un futuro, pero es la que debemos empezar a poner en práctica desde hoy. Si no logramos una sociedad comprometida en impulsar al progreso a sus integrantes, todo lo demás estará de sobra. Es esencial que amemos nuestra cultura y que nos comprometamos a lograr un cambio para bien en todos los que la integramos.Tú ¿estás comprometido?
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Se refiere a nuestra responsabilidad en lograr una mejor sociedad; el ejercer acciones que alienten a todos los que habitamos en este lado del planeta a no ser corruptos, sino que respondamos por nuestras acciones, buenas o malas. "Si no votas; no te quejes" "Si no participas; no reclames la dirección que te den" "Si no te involucras; no te desesperes si no obtienes lo que te gustaría tener".
CONFIANZA EN SI MISMO (AUTOESTIMA)
Es común ver como los latinos nos hemos apocado en muchísimos aspectos, que nos vemos por debajo de todos los países, y que no creemos que podamos cambiar, que no podemos progresar. Debemos caminar por la historia mundial con la frente en alto; aportando, cada uno, lo que mejor sabemos hacer; buscando siempre lo que nos da fuerza y confianza, encontrando esta confianza dentro de nosotros.
BUSCADORES DE RETOS
Los latinos actuales somos más bien pasivos; no vamos mas allá del desierto por temor a perder lo poco conquistado. Es importante que aprendamos a disfrutar aquellas situaciones que nos presentan un reto, esto va aunado a la característica anterior; sólo quien ha logrado salir avante de uno de estos retos logra tener confianza en si mismo, y viceversa; la confianza siempre será la principal impulsora de nuevas ideas.
Si siempre hacemos lo MISMO, no es raro que siempre obtengamos lo MISMO, si queremos cosas diferentes, tenemos que hacer cosas DIFERENTES.
ECOLOGISTASDe cara a lo que viene a ser una ola mundial de renovación ambiental; los latinos tenemos que aprender a cuidar y conservar el medio ambiente, para dejar un mundo mas sano del que tenemos en la actualidad. Cuidar nuestros mares, nuestros bosques, nuestro espacio, nuestro aire, nuestra TIERRA.
SALUDABLES
Este punto encierra muchos factores, tales como crear una cultura del deporte, tener una alimentación balanceada, y el buscar ambientes que lo favorezcan; en pocas palabras cuidar su salud, y llevar una vida saludable. Hay países latinos que ocupan los primeros lugares, por ejemplo, en consumo de Coca-Cola, no sería raro que con el tiempo ocuparan el primer lugar en consumo de comida CHATARRA y malos hábitos alimenticios. No debemos permitir que se pierdan los buenos hábitos de nuestra cultura.
AHORRATIVOS
Sólo podemos medir nuestra riqueza sobre la base de lo que ahorramos; es posible que, el mayor de nuestros problemas sea el que no tenemos el hábito de ahorrar y reinvertir. Siempre pretendemos gastar hasta el último centavo e inclusive más de lo que tenemos, deberíamos buscar ahorrar lo mínimo para resolver esas situaciones imprevistas. Aunque sea una moneda por semana, genera el hábito de ahorrar e invertir en tu futuro.
PERFECCIONISTAS
Aunque para muchas personas el ser perfeccionista sea más un defecto que una virtud; si no hacemos todas las cosas con el mayor cuidado y siempre con la mira de lograr un trabajo bien hecho, no podremos superarnos; aquí cabe el principio de calidad, hacer las cosas bien desde la primera vez y siempre dejando fuera cualquier detalle que pueda ensombrecer el trabajo. Tenemos que ser exigentes con los demás y con nosotros mismos.
PERO NO TODO ES NEGATIVO; EL LATINO YA POSEE EXCELENTES CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CONSERVAR:
ALEGRES
La alegría que ponemos en todo lo que realizamos; tenemos la tendencia pachanguera y fiestera cada vez que podemos; es una característica que debemos, no sólo conservar, sino acrecentar. El único matiz es que debemos festejar y pachanguear después de haber cumplido con nuestro trabajo u obligación.
SERVICIALES
La gente latina es comedida, aunque muchas veces sólo cuando ya vemos a la gente en serios apuros y sí que aplica el dicho de que nos quitamos la camisa para dársela al otro; nos gusta mucho el ayudar, aunque no siempre en el momento oportuno.
VALORES FAMILIARES
Los latinos somos muy unidos, por ejemplo en México y otros países el día de la madre es una fiesta especial símbolo de unidad familiar; ésta es una característica importante por la que se nos conoce en el mundo.
INGENIOSOS
Los dichos y chistes son característicos del buen latino, nuestro ingenio es popular y nos ayuda a verle el lado sabroso a la vida, por más difícil que se nos presente.
CREATIVOS
Los latinos somos personas muy creativas; en todos los aspectos tratamos siempre de buscar como arreglar las cosas aunque muchas de las veces no lo hacemos de la mejor manera, por lo cual debemos de seguir aplicándolo. "Pásame unas pinzas y un alambrito y verás que te arreglo lo que quieras."
UNIDOS
Los latinos sentimos fuerte nuestra cultura, por eso debemos trabajar unidos por mejorarla, para hacerla como todos queremos que sea y la que nos gustaría que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tuviesen.
Este experimento comenzó el 20 de febrero del 2002, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua por un profesor universitario y 32 alumnos, y lo que pretendía era compartir su visión de las características que debe tener el mexicano del presente siglo.
Nosotros le damos difusión adaptado a toda la cultura latina y a un Proyecto Empresarial que puede favorecer y mejorar la economía de los miembros de la cultura latina que quieran participar.
Esta es una contribución de Lupita Weeks
Reforma de Estado o del Estado
Javier Hurtado
El pasado 13 de febrero fue aprobada en el Senado de la República la denominada "Ley para la Reforma del Estado", e inmediatamente se turnó a la colegisladora para su dictaminación.
Entre los puntos dignos de encomio de la iniciativa resaltan: a) se fija un plazo perentorio para concluir con el proceso de construcción de acuerdos y presentación de iniciativas: 12 meses; b) establece una Comisión Ejecutiva en la que, además de legisladores de ambas Cámaras federales, participarán "una representación del Poder Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales"; c) crea una Comisión Redactora integrada hasta por ocho especialistas (uno por cada partido político con registro) para elaborar los documentos de trabajo y las propuestas de iniciativa de ley; d) queda estatuido que la toma de acuerdos será por consenso (dos terceras partes de los miembros presentes con un quórum mínimo de la misma cantidad de sus integrantes para que las sesiones de la Comisión Ejecutiva puedan ser válidas); e) prevé una convocatoria pública a la sociedad para participar en el proceso de consulta.
No obstante, la minuta de proyecto de ley contiene disposiciones que bien podrían ser corregidas o enriquecidas por la colegisladora. Entre las más importantes se puede mencionar: a) la Cámara de Diputados está subrepresentada, ya que, mientras por parte del Senado participa el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, no se prevé la participación de la Comisión Especial de la Cámara Baja en la misma materia; b) no obstante que la materia objeto de la ley es la reforma del Estado (mexicano), y a éste la Constitución lo conceptúa en su Artículo Tercero como la conjunción de Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, no está contemplada la participación de estas tres últimas instancias en ninguna de sus comisiones. Omisión más grave cuando, por tratarse de reformas constitucionales, se requiere de la mayoría de las Legislaturas de los Estados; c) pese a que uno de los seis temas a tratar en el proceso será el de la "Reforma del Poder Judicial", tampoco se considera la participación de éste en ninguna de las comisiones propuestas, cuando podría participar un representante del mismo en la Comisión Redactora, a efecto de garantizar la constitucionalidad de las reformas que se propongan, evitando así el sesgo político que pudiera adquirir su integración a la Comisión Ejecutiva; y d) dado lo escueto de la ley, los seis temas que ahí se mencionan dejan al criterio de los integrantes de la Comisión Ejecutiva cuáles serían los subtemas en los que se desagregarían cada uno de esos apartados, no obstante el carácter enunciativo y no limitativo de su mención.
Adicionalmente, la minuta contiene otros puntos críticos: 1.- Es una ley dirigida a personas en específico y con una vigencia determinada, por lo que, estrictamente hablando, no debería denominarse así, sino Decreto; 2.- En todo caso sería una ley imperfecta, ya que no contempla sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones que la misma contiene; y 3.- Si bien define a la Reforma del Estado como de "interés público", en el mejor de los casos es una tautología, ya que todas las normas jurídicas son de interés público. Y si así lo fuera, parece que se confunde el interés público con el interés gubernamental y partidario, ya que no necesariamente todo asunto de este tipo es o debe ser de "interés publico".
Tengo mis dudas respecto a si todos los que sean convocados podrán estar en aptitud de dar un debate de altura y de proponer reformas exentas de equivocaciones. Por ejemplo, en distintos tonos, diferentes "expertos" han propuesto, entre otras cosas, las siguientes:
· Crear un "régimen parlamentario" en vez del presidencial. Aquí las preguntas son:
¿Quién sería el Jefe del Estado y cómo y por quién o quiénes sería electo?, y
¿Dónde están los partidos institucionalizados y disciplinados que requiere todo sistema parlamentario para que sea estable, y que el cambio no implique "salir de Guatemala para entrar a Guatepeor"? Si la respuesta a la primera pregunta es que se elegiría por sufragio universal libre, secreto y directo, y que el cambio sólo consistiría en separar la Jefatura de Estado de la de Gobierno, entonces se trataría de un sistema semipresidencial y no de uno parlamentario.
· Se ha dicho que hay que transitar a un sistema "semiparlamentario", (que alguien me explique qué es eso) donde exista un Presidente con un Jefe de Gabinete o con un Jefe de Gobierno. Aquí las observaciones son:
Si existe un Presidente con un Jefe de Gabinete, entonces se trataría de un sistema presidencial (siempre y cuando el primero fuera electo por sufragio popular) y no de uno "semiparlamentario"; y,
Los conceptos Jefe de Gabinete y Jefe de Gobierno no son sinónimos: el primero se puede dar en el contexto de un sistema presidencial (como en Argentina o Brasil) sin que el Presidente deje de ser Jefe de Gobierno; y lo segundo, necesariamente equivaldría a transitar a un sistema parlamentario (si se combina con un Presidente electo indirectamente, como en Italia o Alemania); o a uno semipresidencial (si coexiste con un Presidente electo de manera popular, como en Francia).
La reforma de nuestro sistema de Gobierno es una labor extremadamente delicada que requiere relojeros políticos y arquitectos constitucionales. Esa es la diferencia entre una Reforma del Estado de corto alcance y no hecha por verdaderos expertos, y una Reforma del Estado que sea de Estado, por su largo alcance, altura de miras, pertinencia y profundidad.
http://www.mural.com/editoriales/nacional/712037/
El pasado 13 de febrero fue aprobada en el Senado de la República la denominada "Ley para la Reforma del Estado", e inmediatamente se turnó a la colegisladora para su dictaminación.
Entre los puntos dignos de encomio de la iniciativa resaltan: a) se fija un plazo perentorio para concluir con el proceso de construcción de acuerdos y presentación de iniciativas: 12 meses; b) establece una Comisión Ejecutiva en la que, además de legisladores de ambas Cámaras federales, participarán "una representación del Poder Ejecutivo federal y los presidentes de los partidos políticos nacionales"; c) crea una Comisión Redactora integrada hasta por ocho especialistas (uno por cada partido político con registro) para elaborar los documentos de trabajo y las propuestas de iniciativa de ley; d) queda estatuido que la toma de acuerdos será por consenso (dos terceras partes de los miembros presentes con un quórum mínimo de la misma cantidad de sus integrantes para que las sesiones de la Comisión Ejecutiva puedan ser válidas); e) prevé una convocatoria pública a la sociedad para participar en el proceso de consulta.
No obstante, la minuta de proyecto de ley contiene disposiciones que bien podrían ser corregidas o enriquecidas por la colegisladora. Entre las más importantes se puede mencionar: a) la Cámara de Diputados está subrepresentada, ya que, mientras por parte del Senado participa el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, no se prevé la participación de la Comisión Especial de la Cámara Baja en la misma materia; b) no obstante que la materia objeto de la ley es la reforma del Estado (mexicano), y a éste la Constitución lo conceptúa en su Artículo Tercero como la conjunción de Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, no está contemplada la participación de estas tres últimas instancias en ninguna de sus comisiones. Omisión más grave cuando, por tratarse de reformas constitucionales, se requiere de la mayoría de las Legislaturas de los Estados; c) pese a que uno de los seis temas a tratar en el proceso será el de la "Reforma del Poder Judicial", tampoco se considera la participación de éste en ninguna de las comisiones propuestas, cuando podría participar un representante del mismo en la Comisión Redactora, a efecto de garantizar la constitucionalidad de las reformas que se propongan, evitando así el sesgo político que pudiera adquirir su integración a la Comisión Ejecutiva; y d) dado lo escueto de la ley, los seis temas que ahí se mencionan dejan al criterio de los integrantes de la Comisión Ejecutiva cuáles serían los subtemas en los que se desagregarían cada uno de esos apartados, no obstante el carácter enunciativo y no limitativo de su mención.
Adicionalmente, la minuta contiene otros puntos críticos: 1.- Es una ley dirigida a personas en específico y con una vigencia determinada, por lo que, estrictamente hablando, no debería denominarse así, sino Decreto; 2.- En todo caso sería una ley imperfecta, ya que no contempla sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones que la misma contiene; y 3.- Si bien define a la Reforma del Estado como de "interés público", en el mejor de los casos es una tautología, ya que todas las normas jurídicas son de interés público. Y si así lo fuera, parece que se confunde el interés público con el interés gubernamental y partidario, ya que no necesariamente todo asunto de este tipo es o debe ser de "interés publico".
Tengo mis dudas respecto a si todos los que sean convocados podrán estar en aptitud de dar un debate de altura y de proponer reformas exentas de equivocaciones. Por ejemplo, en distintos tonos, diferentes "expertos" han propuesto, entre otras cosas, las siguientes:
· Crear un "régimen parlamentario" en vez del presidencial. Aquí las preguntas son:
¿Quién sería el Jefe del Estado y cómo y por quién o quiénes sería electo?, y
¿Dónde están los partidos institucionalizados y disciplinados que requiere todo sistema parlamentario para que sea estable, y que el cambio no implique "salir de Guatemala para entrar a Guatepeor"? Si la respuesta a la primera pregunta es que se elegiría por sufragio universal libre, secreto y directo, y que el cambio sólo consistiría en separar la Jefatura de Estado de la de Gobierno, entonces se trataría de un sistema semipresidencial y no de uno parlamentario.
· Se ha dicho que hay que transitar a un sistema "semiparlamentario", (que alguien me explique qué es eso) donde exista un Presidente con un Jefe de Gabinete o con un Jefe de Gobierno. Aquí las observaciones son:
Si existe un Presidente con un Jefe de Gabinete, entonces se trataría de un sistema presidencial (siempre y cuando el primero fuera electo por sufragio popular) y no de uno "semiparlamentario"; y,
Los conceptos Jefe de Gabinete y Jefe de Gobierno no son sinónimos: el primero se puede dar en el contexto de un sistema presidencial (como en Argentina o Brasil) sin que el Presidente deje de ser Jefe de Gobierno; y lo segundo, necesariamente equivaldría a transitar a un sistema parlamentario (si se combina con un Presidente electo indirectamente, como en Italia o Alemania); o a uno semipresidencial (si coexiste con un Presidente electo de manera popular, como en Francia).
La reforma de nuestro sistema de Gobierno es una labor extremadamente delicada que requiere relojeros políticos y arquitectos constitucionales. Esa es la diferencia entre una Reforma del Estado de corto alcance y no hecha por verdaderos expertos, y una Reforma del Estado que sea de Estado, por su largo alcance, altura de miras, pertinencia y profundidad.
http://www.mural.com/editoriales/nacional/712037/
martes, 20 de febrero de 2007
Piden en el Congreso juicio penal contra el ex presidente; la Comisión Pasta de Conchos lo citará
Buscarán citar al ex mandatario para que aclare la presunta coacción contra Humberto Moreira para involucrar al ex dirigente minero.
El PRD en el Congreso de la Unión anticipó su intención de llevar al ex presidente Vicente Fox a juicio penal, por las supuestas presiones sobre el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, para responsabilizar a Napoleón Gómez Urrutia de las 65 muertes en la explosión de la mina Pasta de Conchos y encubrir al ex secretario del Trabajo, Francisco Salazar.
El grupo parlamentario del PRI en San Lázaro decidió a su vez promover un punto de acuerdo para investigar a fondo las acusaciones de Moreira contra Fox.
Por separado, el legislador priista Yericó Abramo, presidente de la comisión especial para el seguimiento de las investigaciones sobre la explosión en Pasta de Conchos, se pronunció por citar a comparecer al ex mandatario para que aclare la presunta coacción sobre Moreira.
Las bancadas perredistas en el Senado y la Cámara de Diputados sostienen que hay elementos suficientes para que el ex mandatario y el ex titular de la STPS sean sujetos de proceso penal como responsables, entre otros, de la muerte de los mineros ocurrida hace un año, luego de las revelaciones hechas por el mandatario coahuilense.
El gobernador de Coahuila afirmó el domingo pasado que Fox le pidió castigar a inocentes por el accidente en la mina carbonífera, para no afectar al entonces titular de la Secretaría del Trabajo. Ayer reveló que el ex presidente le propuso que se involucrara a Napoleón Gómez Urrutia como uno de los responsables de la tragedia minera.
Al respecto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, expresó su preocupación por las declaraciones de Moreira, pues dijo, “ya hay demasiadas cosas alrededor del ex presidente Fox y ésta es una más”.
“Creo que es muy importante que llevemos cada uno de estos temas hasta sus últimas consecuencias”, dijo, y confirmó la intención perredista de “llevarlo (a Vicente Fox) a juicio penal”.
En su turno, el jefe de la fracción del PRI en San Lázaro, Emilio Gamboa, sostuvo que las delicadas afirmaciones del gobernador de Coahuila ameritan un seguimiento.
Por ello, indicó, los diputados priistas “meteremos un punto de acuerdo para que se investiguen a fondo las declaraciones del gobernador Moreira, pues si son verdad, es muy grave lo que hizo Vicente Fox”.
Advirtió además que el caso Pasta de Conchos no ha terminado y la investigación seguirá hasta dar con los responsables de la tragedia.
Pedirán a PGR integre averiguación
Mientras tanto, en el Senado, el grupo perredista presentará hoy una propuesta de punto de acuerdo al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Procuraduría General de la República integre de inmediato la averiguación, con base en el Código Penal Federal, por presuntos delitos cometidos contra la administración de justicia, informó el vicecoordinador de esa fracción, Ricardo Monreal.
A ese exhorto se podría sumar el PRI, luego de que Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, afirmó que “con muchísimo gusto” respaldaría la propuesta del PRD, porque “Pasta de Conchos no puede quedar en la impunidad”.
El legislador priista consideró también que la procuración de justicia podría prosperar, si se presenta una denuncia de tal naturaleza ante las autoridades competentes.
Beltrones coincidió con el perredista Carlos Navarrete, al señalar la necesidad de que Fox y Salazar se pronuncien al respecto, aunque el líder de la bancada del PRD dijo que sería mejor si esto fuera en los tribunales.
Las presuntas responsabilidades de los ex funcionarios, informó Monreal, se configuran en los artículos 225 y 400 del Código Penal Federal.
Explicó que éstos se relacionan con “ejecutar actos e incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida”, o bien, “delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, cuando retarden y entorpezcan maliciosamente o por negligencia de administración de justicia”.
En tanto, el senador Dante Delgado, de Convergencia, dijo que es claro que el gobierno federal está obligado a actuar en este caso, pero afirmó que el propio gobernador Moreira tiene facultades para hacerlo y “puede dar un ejemplo de federalismo y de independencia”.
Los cuatro legisladores reconocieron el valor del mandatario coahuilense para dar a conocer las presiones a las que fue sometido por el ex presidente Fox.
El ex presidente no responde
••• En la oficina de Vicente Fox se informó que no dará respuesta a las declaraciones del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y se justificó este silencio con el argumento de que “para la locura, ¡nada!”.
También hubo reserva por parte de Francisco Javier Salazar, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Acción de Gobierno del PAN; en el área de Comunicación Social se dijo que el ex secretario del Trabajo no expresará comentario alguno para “no entorpecer” el trabajo que realiza esta dependencia en la mina Pasta de Conchos.
Fox no tuvo buena relación con el gobernador priista Moreira, a quien visitó en su estado apenas un par de veces, a diferencia de las frecuentes giras que hizo cuando estaba en ese cargo el también priista Enrique Martínez y Martínez.
La brecha entre Fox y Moreira aumentó luego de que el gobernador acusó al gobierno federal de ocultar información y de actuar irresponsablemente, junto con la empresa Grupo México, por dar falsas esperanzas a los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos. (México • Patricia Ruiz)
- Claves
El PAN lo defiende
• La bancada del PAN en la Cámara de Diputados puso en entredicho los señalamientos del gobernador de Coahuila, a quien emplazó a presentar las pruebas de sus dichos.
• Héctor Larios, coordinador de los diputados federales del PAN, cuestionó los dichos de Moreira, sobre todo cuando hace los señalamientos contra Fox un año después de los hechos.
• “Si tiene pruebas para acusar, pues que las presente”, desafió al gobernador, y además dijo que el ex mandatario se puede defender solo.
México • Fernando Damián y Mauricio Pérez
http://www.milenio.com/index.php/2007/02/20/42706/
El PRD en el Congreso de la Unión anticipó su intención de llevar al ex presidente Vicente Fox a juicio penal, por las supuestas presiones sobre el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, para responsabilizar a Napoleón Gómez Urrutia de las 65 muertes en la explosión de la mina Pasta de Conchos y encubrir al ex secretario del Trabajo, Francisco Salazar.
El grupo parlamentario del PRI en San Lázaro decidió a su vez promover un punto de acuerdo para investigar a fondo las acusaciones de Moreira contra Fox.
Por separado, el legislador priista Yericó Abramo, presidente de la comisión especial para el seguimiento de las investigaciones sobre la explosión en Pasta de Conchos, se pronunció por citar a comparecer al ex mandatario para que aclare la presunta coacción sobre Moreira.
Las bancadas perredistas en el Senado y la Cámara de Diputados sostienen que hay elementos suficientes para que el ex mandatario y el ex titular de la STPS sean sujetos de proceso penal como responsables, entre otros, de la muerte de los mineros ocurrida hace un año, luego de las revelaciones hechas por el mandatario coahuilense.
El gobernador de Coahuila afirmó el domingo pasado que Fox le pidió castigar a inocentes por el accidente en la mina carbonífera, para no afectar al entonces titular de la Secretaría del Trabajo. Ayer reveló que el ex presidente le propuso que se involucrara a Napoleón Gómez Urrutia como uno de los responsables de la tragedia minera.
Al respecto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, expresó su preocupación por las declaraciones de Moreira, pues dijo, “ya hay demasiadas cosas alrededor del ex presidente Fox y ésta es una más”.
“Creo que es muy importante que llevemos cada uno de estos temas hasta sus últimas consecuencias”, dijo, y confirmó la intención perredista de “llevarlo (a Vicente Fox) a juicio penal”.
En su turno, el jefe de la fracción del PRI en San Lázaro, Emilio Gamboa, sostuvo que las delicadas afirmaciones del gobernador de Coahuila ameritan un seguimiento.
Por ello, indicó, los diputados priistas “meteremos un punto de acuerdo para que se investiguen a fondo las declaraciones del gobernador Moreira, pues si son verdad, es muy grave lo que hizo Vicente Fox”.
Advirtió además que el caso Pasta de Conchos no ha terminado y la investigación seguirá hasta dar con los responsables de la tragedia.
Pedirán a PGR integre averiguación
Mientras tanto, en el Senado, el grupo perredista presentará hoy una propuesta de punto de acuerdo al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Procuraduría General de la República integre de inmediato la averiguación, con base en el Código Penal Federal, por presuntos delitos cometidos contra la administración de justicia, informó el vicecoordinador de esa fracción, Ricardo Monreal.
A ese exhorto se podría sumar el PRI, luego de que Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, afirmó que “con muchísimo gusto” respaldaría la propuesta del PRD, porque “Pasta de Conchos no puede quedar en la impunidad”.
El legislador priista consideró también que la procuración de justicia podría prosperar, si se presenta una denuncia de tal naturaleza ante las autoridades competentes.
Beltrones coincidió con el perredista Carlos Navarrete, al señalar la necesidad de que Fox y Salazar se pronuncien al respecto, aunque el líder de la bancada del PRD dijo que sería mejor si esto fuera en los tribunales.
Las presuntas responsabilidades de los ex funcionarios, informó Monreal, se configuran en los artículos 225 y 400 del Código Penal Federal.
Explicó que éstos se relacionan con “ejecutar actos e incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida”, o bien, “delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, cuando retarden y entorpezcan maliciosamente o por negligencia de administración de justicia”.
En tanto, el senador Dante Delgado, de Convergencia, dijo que es claro que el gobierno federal está obligado a actuar en este caso, pero afirmó que el propio gobernador Moreira tiene facultades para hacerlo y “puede dar un ejemplo de federalismo y de independencia”.
Los cuatro legisladores reconocieron el valor del mandatario coahuilense para dar a conocer las presiones a las que fue sometido por el ex presidente Fox.
El ex presidente no responde
••• En la oficina de Vicente Fox se informó que no dará respuesta a las declaraciones del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y se justificó este silencio con el argumento de que “para la locura, ¡nada!”.
También hubo reserva por parte de Francisco Javier Salazar, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Acción de Gobierno del PAN; en el área de Comunicación Social se dijo que el ex secretario del Trabajo no expresará comentario alguno para “no entorpecer” el trabajo que realiza esta dependencia en la mina Pasta de Conchos.
Fox no tuvo buena relación con el gobernador priista Moreira, a quien visitó en su estado apenas un par de veces, a diferencia de las frecuentes giras que hizo cuando estaba en ese cargo el también priista Enrique Martínez y Martínez.
La brecha entre Fox y Moreira aumentó luego de que el gobernador acusó al gobierno federal de ocultar información y de actuar irresponsablemente, junto con la empresa Grupo México, por dar falsas esperanzas a los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos. (México • Patricia Ruiz)
- Claves
El PAN lo defiende
• La bancada del PAN en la Cámara de Diputados puso en entredicho los señalamientos del gobernador de Coahuila, a quien emplazó a presentar las pruebas de sus dichos.
• Héctor Larios, coordinador de los diputados federales del PAN, cuestionó los dichos de Moreira, sobre todo cuando hace los señalamientos contra Fox un año después de los hechos.
• “Si tiene pruebas para acusar, pues que las presente”, desafió al gobernador, y además dijo que el ex mandatario se puede defender solo.
México • Fernando Damián y Mauricio Pérez
http://www.milenio.com/index.php/2007/02/20/42706/
Promueven en IFE regular críticas
Proponen desechar censura y sanciones en propaganda, y spot en radio y televisión
Margarita Vega
Ciudad de México(19 febrero 2007).-De aprobarse por el Consejo General del IFE, los partidos políticos podrán incluir en sus anuncios y programas de radio y televisión críticas contra sus adversarios sin ser sancionados por ello.
La única restricción sería que la crítica negativa no contenga calumnias u ofensas contra partidos, candidatos o instituciones.
De acuerdo con el borrador de un acuerdo sobre lineamientos para la publicidad de los partidos políticos, elaborado por el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Marco Gómez, el derecho a la libertad de expresión debe permitir a los institutos y agrupaciones la emisión de críticas, en tanto que éstas contribuyen a la formación de una opinión pública libre, plural y tolerante.
"El ejercicio de la libertad de expresión de los partidos políticos, sus candidatos y militantes no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades posteriores que deriven de la obligación de autorregulación y aplicación individual del presente acuerdo y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)", indica uno de los artículos de la propuesta de Gómez.
"(No será violatoria) la crítica negativa realizada a una institución pública, funcionario público, partido político o a algún candidato o militante del mismo, siempre que los hechos en los que se apoye la misma sean ciertos, y las apreciaciones que con motivo de ella se hagan sean racionales y estén motivadas por aquellos, siempre que no se viertan frases o palabras injuriosas", agrega el proyecto.
Precisa que una crítica sería irracional cuando su objetivo sea descontextualizar la actuación, facultades u opiniones de la persona a la que se refiere.
De ser aprobada la propuesta, serán estas expresiones, así como las que busquen desprestigiar, descalificar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del País las que sí serán consideradas como contrarias al Cofipe.
Como sustento del proyecto, el consejero Gómez Alcántar recuerda que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en 2004 que no toda crítica emitida por un partido viola la ley, siempre que no esté basado en ofensas.
El objetivo del reglamento, cuyo borrador se encuentra ya en manos de representantes de partidos y consejeros electorales, es establecer criterios a los que deben ajustarse estos institutos políticos y sus militantes al momento de emitir sus opiniones.
Margarita Vega
Ciudad de México(19 febrero 2007).-De aprobarse por el Consejo General del IFE, los partidos políticos podrán incluir en sus anuncios y programas de radio y televisión críticas contra sus adversarios sin ser sancionados por ello.
La única restricción sería que la crítica negativa no contenga calumnias u ofensas contra partidos, candidatos o instituciones.
De acuerdo con el borrador de un acuerdo sobre lineamientos para la publicidad de los partidos políticos, elaborado por el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Marco Gómez, el derecho a la libertad de expresión debe permitir a los institutos y agrupaciones la emisión de críticas, en tanto que éstas contribuyen a la formación de una opinión pública libre, plural y tolerante.
"El ejercicio de la libertad de expresión de los partidos políticos, sus candidatos y militantes no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades posteriores que deriven de la obligación de autorregulación y aplicación individual del presente acuerdo y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)", indica uno de los artículos de la propuesta de Gómez.
"(No será violatoria) la crítica negativa realizada a una institución pública, funcionario público, partido político o a algún candidato o militante del mismo, siempre que los hechos en los que se apoye la misma sean ciertos, y las apreciaciones que con motivo de ella se hagan sean racionales y estén motivadas por aquellos, siempre que no se viertan frases o palabras injuriosas", agrega el proyecto.
Precisa que una crítica sería irracional cuando su objetivo sea descontextualizar la actuación, facultades u opiniones de la persona a la que se refiere.
De ser aprobada la propuesta, serán estas expresiones, así como las que busquen desprestigiar, descalificar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del País las que sí serán consideradas como contrarias al Cofipe.
Como sustento del proyecto, el consejero Gómez Alcántar recuerda que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en 2004 que no toda crítica emitida por un partido viola la ley, siempre que no esté basado en ofensas.
El objetivo del reglamento, cuyo borrador se encuentra ya en manos de representantes de partidos y consejeros electorales, es establecer criterios a los que deben ajustarse estos institutos políticos y sus militantes al momento de emitir sus opiniones.
jueves, 15 de febrero de 2007
“Truena” Gabinete en transparencia
Lamenta ITEI falta de apertura. Nueve dependencias del Ejecutivo no brindan información necesaria en Internet
José David Estrada y Margarita Valle
Nueve de las 18 dependencias del Poder Ejecutivo reprobaron la evaluación de sus páginas de transparencia en Internet, de acuerdo con un análisis difundido ayer por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI).
Las secretarías peor evaluadas fueron las de Salud y de Turismo con una calificación global de 41.67 puntos sobre 100 posibles, les siguen la Secretaría del Trabajo con 47.92 y la Secretaría de Desarrollo Urbano con 50 puntos.
"Me llama poderosamente la atención que en el área donde debiera estar la información muy accesible para atraer inversiones y demás, tiene que ver con la parte de Turismo, una Secretaría que genera mucha información atractiva para inversionistas y que tiene la calificación más baja, junto con la Secretaría de Salud”, señaló el presidente del ITEI, Augusto Valencia López.
En el otro lado de la tabla, las cuatro dependencias que obtuvieron una mayor calificación fueron la Secretaria de Finanzas con 95.59 puntos, la de Educación con 91.07 y la Procuraduría General de Justicia con 86.54 puntos.
"En contraste la Secretaría de Finanzas y Educación son secretarías que han hecho el esfuerzo para publicar lo que la ley les obliga y me llama la atención la Procuraduría General de Justicia, que es la tercera de las dependencias del Ejecutivo con mejor calificación", agregó Valencia.
La evaluación se realizó en dos etapas, en la primera se revisó que las páginas de Internet estuvieran publicando la información fundamental, que ésta fuera vigente, de fácil acceso y que estuviera completa.
En la segunda etapa se analizó la publicación de información en las categorías de Finanzas, Regulatoria, Toma de Decisiones, Organización Interna y Relación con la Sociedad.
En esta segunda etapa sólo 5 de 18 publican suficiente información financiera y 12 de 18 explican cómo toman las decisiones.
La calificación global de la información publicada por el Poder Ejecutivo fue de 66.73 puntos, aunque destacan como los principales puntos a mejorar la vigencia de la información y lo relativo a temas financieros y de toma de decisiones.
Rectifican cobro
El Alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen, aseguró que los 136 pesos que la Dirección de Obras Públicas le cobró a un ciudadano por "búsqueda de información", se cargaron en realidad por las copias que pedía.
"Yo creo que es un problema de redacción, a todos nos queda muy claro que la búsqueda de información no tiene un costo específico", señaló Petersen Farah.
El consejo del ITEI acordó el martes exhortar al Ayuntamiento de Guadalajara a no cobrar las búsquedas de información.
"Vamos pensando, no este año sino el siguiente, que digan 'ah, como una manera de inhibir el derecho de acceso a la información, vamos empezando a cobrar por búsqueda'", apuntó el consejero Héctor Ontiveros.
Hasta el momento sólo se ha detectado que los Ayuntamientos de Chapala y Guadalajara han pedido un pago por la búsqueda de información.
Las calificaciones 'opacas'
Despacho del Gobernador
62.50
Secretaría de Desarrollo Rural
68.75
Procuraduría General de Justicia
86.54
Secretaría de Vialidad
53.57
Secretaría del Trabajo
47.92
Secretaría de Seguridad Pública
78.85
Secretaría de Salud
41.67
Secretaría de Turismo
41.67
Secretaría de P. Económica
78.85
Secretaría de Medio Ambiente
80.77
Secretaría General de Gobierno
50.00
Secretaría de Finanzas
95.59
Secretaría de Educación
91.07
Secretaría de Desarrollo Humano
50.00
Secretaría de Desarrollo Urbano
58.93
Secretaría de Cultura
52.08
Contraloría del Estado
59.09
Secretaría de Administración
80.26
Secretaría de Desarrollo Rural
68.75
Procuraduría General de Justicia
86.54
Secretaría de Vialidad
53.57
Secretaría del Trabajo
47.92
Secretaría de Seguridad Pública
78.85
Secretaría de Salud
41.67
Secretaría de Turismo
41.67
Secretaría de P. Económica
78.85
Secretaría de Medio Ambiente
80.77
Secretaría General de Gobierno
50.00
Secretaría de Finanzas
95.59
Secretaría de Educación
91.07
Secretaría de Desarrollo Humano
50.00
Secretaría de Desarrollo Urbano
58.93
Secretaría de Cultura
52.08
Contraloría del Estado
59.09
Secretaría de Administración
80.26
miércoles, 14 de febrero de 2007
La Corte y los Tratados
Javier Hurtado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió ayer —mediante uno de sus debates "más complicados y abstractos"— que los tratados internacionales, en orden jerárquico se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de todas las leyes que se expidan en el País. Con este fallo ratificaron la postura sostenida hace ocho años, pero que mereció volver a ser considerada por el Pleno, ante más de una decena de juicios promovidos por diversas empresas que alegan que se les están aplicando leyes que van en contra de lo establecido en tratados internacionales, especialmente en el TLCAN.
La fuente de esta controversia se localiza en el artículo 133 constitucional que a la letra dice: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión"... El problema aquí es que esta redacción no deja claro si existe o no una regla jerárquica, ya que, literalmente y de acuerdo a la teoría de la soberanía, cualquiera diría que los Tratados están en un tercer orden de observancia, y otros sostendrían que las leyes no pueden estar por encima de los Tratados, siempre y cuando éstos se apeguen al texto constitucional y hayan sido ratificados por la instancia legislativa correspondiente.
Suena lógico que en un mundo globalizado e interdependiente los Tratados entre naciones cada día ganen mayor importancia normativa. En nuestro País, el tema de los Tratados, hasta hace pocos años, siempre había ocupado un lugar muy secundario en el proceso de reformas constitucionales o de creación de nuevas leyes: las fracciones correspondientes de los artículos 76, 89 y 133 constitucionales, en las que se localiza lo relativo a los Tratados, han sufrido tan sólo una reforma o adición (la última en 1988); en tanto que hasta 1992 se expidió la Ley sobre la Celebración de Tratados, y apenas en septiembre del 2004 la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica.
No obstante, precisamente para interpretar la Constitución o suplir las deficiencias de la legislación está la Suprema Corte. Y el fallo obtenido ayer (que no jurisprudencia por haber sido una votación dividida de 6 a favor y 5 en contra) será de la mayor importancia, tanto para temas futuros como para decisiones importantes que vaya a tomar el Estado mexicano, y para el proceso legislativo en sí mismo. Propongo que, por razones de exposición, empecemos por esto último que mucho tendrá que ver con las dos cuestiones anteriores.
La Corte lo que hizo fue resolver un principio de jerarquía entre ordenamientos normativos de distinta índole, pero no tocó el fondo del asunto. Me explico: hasta el 18 de enero de 1934, el artículo 133 constitucional establecía que la instancia encargada para que la aprobación de los Tratados suscritos por el Ejecutivo se convirtiera “en la Ley Suprema de toda la Unión” era El Congreso y no el Senado. Más aún: desde 1874 hasta 1934, el artículo 133 (126 en la Constitución de 1857) y la actual fracción X del 89 constitucional estuvieron en contradicción con la fracción I del artículo 76, que desde 1874 (como artículo 72 fracción I) establecía y establece que es facultad exclusiva del Senado “aprobar los tratados o convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República”... cuando los otros dos artículos señalaban que esa era facultad del Congreso.
El problema no es tanto el de la jerarquía de las leyes en abstracto, sino de cuál debe ser ésta en virtud del acto o proceso legislativo de que son producto. Si el tema estuvo a debate y se resolvió tan sólo por un voto de diferencia, fue justamente por eso: porque existía duda en convertir a los Tratados en superiores a las leyes federales cuando aquellos son aprobados exclusivamente por el Senado y éstas últimas son producto de un proceso legislativo ordinario en el que intervienen las dos Cámaras del Congreso de la Unión y a las que el Presidente de la República les puede realizar observaciones.
De tal manera que la congruencia semántica que a partir de 1934 se le dio a la Constitución, en esta materia, es contraria al espíritu del Constituyente de 1917 que ratificó en el 133 constitucional el criterio existente en el 126 de la Constitución de 1857 y lo dispuesto en la fracción X del artículo 85 de aquella época (actualmente 89 constitucional), en el sentido de que esos Tratados deben ser ratificados por el Congreso; y reservó desde 1874 (cuando se restablece el Senado), en el texto del entonces artículo 72, que era facultad de la Cámara Alta "aprobar los tratados o convenciones diplomáticas" celebrados por el Ejecutivo, mismos que pueden entenderse de una naturaleza distinta de los que siendo aprobados por el Congreso pasan a convertirse en "Ley Suprema de toda la Unión". El silencio de la Corte a este respecto fue elocuente.
El tema adquiere la mayor importancia para el proceso legislativo cuando el partido del Presidente tenga mayores facilidades para sacar la ratificación de un Tratado en el Senado, que lograr la aprobación de una ley o su reforma en las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
El criterio establecido ayer es en beneficio de la plena vigencia de los derechos humanos y políticos, ya que los tratados internacionales por lo regular contienen mayores garantías que las que confieren las leyes nacionales. A quienes sí les puede ir mal es a los reos que sean extraditados, ya que las leyes mexicanas tienden a concederles mayores beneficios que los que puedan consignarse en los tratados internacionales. Ya veremos.
http://www.mural.com/editoriales/nacional/709703/
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió ayer —mediante uno de sus debates "más complicados y abstractos"— que los tratados internacionales, en orden jerárquico se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de todas las leyes que se expidan en el País. Con este fallo ratificaron la postura sostenida hace ocho años, pero que mereció volver a ser considerada por el Pleno, ante más de una decena de juicios promovidos por diversas empresas que alegan que se les están aplicando leyes que van en contra de lo establecido en tratados internacionales, especialmente en el TLCAN.
La fuente de esta controversia se localiza en el artículo 133 constitucional que a la letra dice: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión"... El problema aquí es que esta redacción no deja claro si existe o no una regla jerárquica, ya que, literalmente y de acuerdo a la teoría de la soberanía, cualquiera diría que los Tratados están en un tercer orden de observancia, y otros sostendrían que las leyes no pueden estar por encima de los Tratados, siempre y cuando éstos se apeguen al texto constitucional y hayan sido ratificados por la instancia legislativa correspondiente.
Suena lógico que en un mundo globalizado e interdependiente los Tratados entre naciones cada día ganen mayor importancia normativa. En nuestro País, el tema de los Tratados, hasta hace pocos años, siempre había ocupado un lugar muy secundario en el proceso de reformas constitucionales o de creación de nuevas leyes: las fracciones correspondientes de los artículos 76, 89 y 133 constitucionales, en las que se localiza lo relativo a los Tratados, han sufrido tan sólo una reforma o adición (la última en 1988); en tanto que hasta 1992 se expidió la Ley sobre la Celebración de Tratados, y apenas en septiembre del 2004 la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica.
No obstante, precisamente para interpretar la Constitución o suplir las deficiencias de la legislación está la Suprema Corte. Y el fallo obtenido ayer (que no jurisprudencia por haber sido una votación dividida de 6 a favor y 5 en contra) será de la mayor importancia, tanto para temas futuros como para decisiones importantes que vaya a tomar el Estado mexicano, y para el proceso legislativo en sí mismo. Propongo que, por razones de exposición, empecemos por esto último que mucho tendrá que ver con las dos cuestiones anteriores.
La Corte lo que hizo fue resolver un principio de jerarquía entre ordenamientos normativos de distinta índole, pero no tocó el fondo del asunto. Me explico: hasta el 18 de enero de 1934, el artículo 133 constitucional establecía que la instancia encargada para que la aprobación de los Tratados suscritos por el Ejecutivo se convirtiera “en la Ley Suprema de toda la Unión” era El Congreso y no el Senado. Más aún: desde 1874 hasta 1934, el artículo 133 (126 en la Constitución de 1857) y la actual fracción X del 89 constitucional estuvieron en contradicción con la fracción I del artículo 76, que desde 1874 (como artículo 72 fracción I) establecía y establece que es facultad exclusiva del Senado “aprobar los tratados o convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República”... cuando los otros dos artículos señalaban que esa era facultad del Congreso.
El problema no es tanto el de la jerarquía de las leyes en abstracto, sino de cuál debe ser ésta en virtud del acto o proceso legislativo de que son producto. Si el tema estuvo a debate y se resolvió tan sólo por un voto de diferencia, fue justamente por eso: porque existía duda en convertir a los Tratados en superiores a las leyes federales cuando aquellos son aprobados exclusivamente por el Senado y éstas últimas son producto de un proceso legislativo ordinario en el que intervienen las dos Cámaras del Congreso de la Unión y a las que el Presidente de la República les puede realizar observaciones.
De tal manera que la congruencia semántica que a partir de 1934 se le dio a la Constitución, en esta materia, es contraria al espíritu del Constituyente de 1917 que ratificó en el 133 constitucional el criterio existente en el 126 de la Constitución de 1857 y lo dispuesto en la fracción X del artículo 85 de aquella época (actualmente 89 constitucional), en el sentido de que esos Tratados deben ser ratificados por el Congreso; y reservó desde 1874 (cuando se restablece el Senado), en el texto del entonces artículo 72, que era facultad de la Cámara Alta "aprobar los tratados o convenciones diplomáticas" celebrados por el Ejecutivo, mismos que pueden entenderse de una naturaleza distinta de los que siendo aprobados por el Congreso pasan a convertirse en "Ley Suprema de toda la Unión". El silencio de la Corte a este respecto fue elocuente.
El tema adquiere la mayor importancia para el proceso legislativo cuando el partido del Presidente tenga mayores facilidades para sacar la ratificación de un Tratado en el Senado, que lograr la aprobación de una ley o su reforma en las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
El criterio establecido ayer es en beneficio de la plena vigencia de los derechos humanos y políticos, ya que los tratados internacionales por lo regular contienen mayores garantías que las que confieren las leyes nacionales. A quienes sí les puede ir mal es a los reos que sean extraditados, ya que las leyes mexicanas tienden a concederles mayores beneficios que los que puedan consignarse en los tratados internacionales. Ya veremos.
http://www.mural.com/editoriales/nacional/709703/
lunes, 12 de febrero de 2007
¿El partido o el candidato?
Marco Antonio Cortés Guardado
El corto tiempo que duró Ana Rosa Payán como candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán fue suficiente para desatar una serie de críticas a este partido, que presumiendo ser de izquierda se atrevía a lanzar como su abanderada a una mujer reputada como de extrema derecha. Las acusaciones de incongruencia y oportunismo abundaron, y todas ellas tienen, sin duda, fundamento. Nada más que, hasta donde pude ver, dejaron de lado un conjunto de datos importantísimos. Para empezar, esos datos fueron ignorados por los propios perredistas que condenaron la candidatura de la ex panista y que finalmente lograron echarla abajo. Se les olvidó que Payán ya había sido candidata del PRD a la alcaldía de Mérida.
Para situar en su justa dimensión el brevísimo romance entre Payán y el PRD, habría que recordar que todos los partidos han lanzado como candidatos (prácticamente a todos los cargos de elección popular, salvo a la Presidencia), a figuras provenientes de los partidos rivales. También que el PRD y el PAN han ido juntos en elecciones para gobernador en Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Chiapas, por mencionar sólo unos casos. La inclusión en diferentes gobiernos de políticos pertenecientes a un partido distinto del que gobierna se está convirtiendo en algo común. En el gobierno federal, ocurre desde Zedillo —quien tuvo como procurador a un reconocido panista—, continuó con Fox y prosigue con Calderón. Militantes del PRD hubieran sido parte también de estos dos gobiernos si el partido no lo hubiera vedado enfáticamente. En fin, muchos políticos mexicanos saltan de cargo a cargo y, faltaba más, de partido a partido, sin cuidarse de nimiedades como la congruencia, la ideología o los principios políticos. ¿Por qué habrían de hacerlo si la circunstancia es más poderosa que la actitud y se le impone? La explicación a un fenómeno que parece bochornoso y condenable no es muy complicada y se resume en una breve fórmula: personalización de la política. Hace dos decenios, para el elector medio en México el punto primario de referencia era el partido y luego el candidato. Hoy no es así. Para una mayoría creciente de votantes, el candidato es ahora más importante que el partido a la hora de votar.
La relevancia creciente del candidato se acompaña a su vez por el fenómeno de “desafiliación partidaria”. Aunque con ritmos y profundidad diferentes, la identidad partidista ha venido menguando en todo el mundo. Una causa probable es que los partidos han perdido relevancia como entidades de “capacitación”, como fuentes de información y como correas de transmisión de creencias y actitudes hacia los asuntos públicos, en virtud de que se ha incrementado la escolaridad y “habilidades” cognitivas de los votantes, al tiempo que la prensa suple a los partidos en muchas de sus funciones “pedagógicas” (algo así afirman Ronald Inglehart y Russell Dalton). En este contexto, las personalidades políticas son evaluadas directamente sin necesidad de referirlas a su pertinencia partidaria, y los partidos se han visto obligados a prescindir de la membresía como condición para una candidatura. Es cierto, de todas maneras, que el nivel de transfuguismo partidario en México quizá no tiene parangón. Dos factores me parecen relevantes: la debilidad histórica de los partidos distintos al PRI y la peculiar cultura de la nueva clase política, teñida de pies a cabeza por un extraño tipo de pragmatismo.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=477033
El corto tiempo que duró Ana Rosa Payán como candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán fue suficiente para desatar una serie de críticas a este partido, que presumiendo ser de izquierda se atrevía a lanzar como su abanderada a una mujer reputada como de extrema derecha. Las acusaciones de incongruencia y oportunismo abundaron, y todas ellas tienen, sin duda, fundamento. Nada más que, hasta donde pude ver, dejaron de lado un conjunto de datos importantísimos. Para empezar, esos datos fueron ignorados por los propios perredistas que condenaron la candidatura de la ex panista y que finalmente lograron echarla abajo. Se les olvidó que Payán ya había sido candidata del PRD a la alcaldía de Mérida.
Para situar en su justa dimensión el brevísimo romance entre Payán y el PRD, habría que recordar que todos los partidos han lanzado como candidatos (prácticamente a todos los cargos de elección popular, salvo a la Presidencia), a figuras provenientes de los partidos rivales. También que el PRD y el PAN han ido juntos en elecciones para gobernador en Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Chiapas, por mencionar sólo unos casos. La inclusión en diferentes gobiernos de políticos pertenecientes a un partido distinto del que gobierna se está convirtiendo en algo común. En el gobierno federal, ocurre desde Zedillo —quien tuvo como procurador a un reconocido panista—, continuó con Fox y prosigue con Calderón. Militantes del PRD hubieran sido parte también de estos dos gobiernos si el partido no lo hubiera vedado enfáticamente. En fin, muchos políticos mexicanos saltan de cargo a cargo y, faltaba más, de partido a partido, sin cuidarse de nimiedades como la congruencia, la ideología o los principios políticos. ¿Por qué habrían de hacerlo si la circunstancia es más poderosa que la actitud y se le impone? La explicación a un fenómeno que parece bochornoso y condenable no es muy complicada y se resume en una breve fórmula: personalización de la política. Hace dos decenios, para el elector medio en México el punto primario de referencia era el partido y luego el candidato. Hoy no es así. Para una mayoría creciente de votantes, el candidato es ahora más importante que el partido a la hora de votar.
La relevancia creciente del candidato se acompaña a su vez por el fenómeno de “desafiliación partidaria”. Aunque con ritmos y profundidad diferentes, la identidad partidista ha venido menguando en todo el mundo. Una causa probable es que los partidos han perdido relevancia como entidades de “capacitación”, como fuentes de información y como correas de transmisión de creencias y actitudes hacia los asuntos públicos, en virtud de que se ha incrementado la escolaridad y “habilidades” cognitivas de los votantes, al tiempo que la prensa suple a los partidos en muchas de sus funciones “pedagógicas” (algo así afirman Ronald Inglehart y Russell Dalton). En este contexto, las personalidades políticas son evaluadas directamente sin necesidad de referirlas a su pertinencia partidaria, y los partidos se han visto obligados a prescindir de la membresía como condición para una candidatura. Es cierto, de todas maneras, que el nivel de transfuguismo partidario en México quizá no tiene parangón. Dos factores me parecen relevantes: la debilidad histórica de los partidos distintos al PRI y la peculiar cultura de la nueva clase política, teñida de pies a cabeza por un extraño tipo de pragmatismo.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=477033
viernes, 9 de febrero de 2007
Anuncia la UdeG cuota obligatoria
Determinaría examen socioeconómico el monto
José Alonso Torres
Guadalajara, México(9 febrero 2007).-La UdeG cobrará cuotas obligatorias a los estudiantes con mayores recursos, informó el Rector general electo, Carlos Briseño Torres.
La intención, dijo Briseño Torres, es que se institucionalicen las aportaciones voluntarias que ya realizan los alumnos de licenciatura y posgrado en los diferentes centros universitarios de la UdeG.
"Cuando yo era Rector del Cuciénega, los estudiantes aportaban mil pesos al año, con eso se ayudó a comprar un autobús, y se inició a construir la biblioteca que estamos a punto de inaugurar", recordó.
Sin embargo, estos cobros sólo se realizarán a los estudiantes cuya situación socioeconómica se los permita, algo que se determinaría a través de un examen.
"Estoy proponiendo que esas aportaciones tengan total transparencia en cuanto al uso de los recursos, y una parte importante se apalanque en proyectos para los estudiantes que requieren de ayuda, apoyarlos con el transporte, con la compra de libros", aseguró Briseño Torres, quien toma la Rectoría general el 1 de abril.
Aunque no dio plazos, la propuesta podría arrancar en el ciclo escolar de agosto.
El reglamentar las aportaciones voluntarias serviría a la UdeG, agregó, para vigilar el destino de los recursos que ya se obtienen en los planteles.
Actualmente cada Consejo de Centro estipula los montos que se cobran y existe un Comité de Condonaciones que analiza solicitudes de alumnos que argumentan no poder pagar las cuotas.
Aunque todavía analiza el proyecto que presentaría ante el Consejo General Universitario, Briseño Torres comentó que las aportaciones irían de los 500 hasta los mil 500 pesos semestrales.
La Federación de Estudiantes Universitarios ve con buenos ojos que se realice un examen socioeconómico a los aspirantes.
"Tu puedes ir al CUCEA, al CUCSH, hay muchos alumnos que llegan en carro del año, que son hijos de empresarios, si no salen en listas van y se meten a una escuela privada, pero quizá le quitan el lugar a un chavo de bajos recursos que no tiene la posibilidad de estudiar más que en la UdeG", comentó Carlos Corona Martín del Campo, presidente del organismo.
"Obviamente puede generar un descontento grande entre el estudiantado el que se quiera implementar cuotas generales, pero vamos a platicar con Briseño para conocer a fondo su propuesta antes de pensar en protestas".
La UdeG tiene 75 mil 595 alumnos de nivel superior, si la mitad pagara mil pesos semestrales como aportación obligatoria, el ingreso anual sería de 75 millones 595 mil pesos, dos millones más de los 73 millones 500 mil pesos que contempló la institución como ingresos por matrícula en el presupuesto del 2006.
El presupuesto de la UdeG a ejercer en el 2007 es de 5 mil 140 millones 762 mil pesos.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo.
José Alonso Torres
Guadalajara, México(9 febrero 2007).-La UdeG cobrará cuotas obligatorias a los estudiantes con mayores recursos, informó el Rector general electo, Carlos Briseño Torres.
La intención, dijo Briseño Torres, es que se institucionalicen las aportaciones voluntarias que ya realizan los alumnos de licenciatura y posgrado en los diferentes centros universitarios de la UdeG.
"Cuando yo era Rector del Cuciénega, los estudiantes aportaban mil pesos al año, con eso se ayudó a comprar un autobús, y se inició a construir la biblioteca que estamos a punto de inaugurar", recordó.
Sin embargo, estos cobros sólo se realizarán a los estudiantes cuya situación socioeconómica se los permita, algo que se determinaría a través de un examen.
"Estoy proponiendo que esas aportaciones tengan total transparencia en cuanto al uso de los recursos, y una parte importante se apalanque en proyectos para los estudiantes que requieren de ayuda, apoyarlos con el transporte, con la compra de libros", aseguró Briseño Torres, quien toma la Rectoría general el 1 de abril.
Aunque no dio plazos, la propuesta podría arrancar en el ciclo escolar de agosto.
El reglamentar las aportaciones voluntarias serviría a la UdeG, agregó, para vigilar el destino de los recursos que ya se obtienen en los planteles.
Actualmente cada Consejo de Centro estipula los montos que se cobran y existe un Comité de Condonaciones que analiza solicitudes de alumnos que argumentan no poder pagar las cuotas.
Aunque todavía analiza el proyecto que presentaría ante el Consejo General Universitario, Briseño Torres comentó que las aportaciones irían de los 500 hasta los mil 500 pesos semestrales.
La Federación de Estudiantes Universitarios ve con buenos ojos que se realice un examen socioeconómico a los aspirantes.
"Tu puedes ir al CUCEA, al CUCSH, hay muchos alumnos que llegan en carro del año, que son hijos de empresarios, si no salen en listas van y se meten a una escuela privada, pero quizá le quitan el lugar a un chavo de bajos recursos que no tiene la posibilidad de estudiar más que en la UdeG", comentó Carlos Corona Martín del Campo, presidente del organismo.
"Obviamente puede generar un descontento grande entre el estudiantado el que se quiera implementar cuotas generales, pero vamos a platicar con Briseño para conocer a fondo su propuesta antes de pensar en protestas".
La UdeG tiene 75 mil 595 alumnos de nivel superior, si la mitad pagara mil pesos semestrales como aportación obligatoria, el ingreso anual sería de 75 millones 595 mil pesos, dos millones más de los 73 millones 500 mil pesos que contempló la institución como ingresos por matrícula en el presupuesto del 2006.
El presupuesto de la UdeG a ejercer en el 2007 es de 5 mil 140 millones 762 mil pesos.
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Renovar la Constitución
Javier Hurtado
El pasado lunes se cumplió un aniversario más de la promulgación de nuestra Constitución. No a diario se cumplen 150 años de que fuera expedida la Carta Magna de 1857 y 90 de la que actualmente nos rige. El acontecimiento merecía una conmemoración mayor y mejor que la que pareciera que el Gobierno federal improvisó de última hora para salir al paso. Si el Ejecutivo no tuvo la iniciativa para realizar una mejor celebración, extraña que ni el Congreso de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubieran organizado actividades o ceremonia propia para recordar ese importante acontecimiento. El desdén con el que fue tratado el aniversario refleja el desprecio que la clase gobernante y, en general la mayor parte de los mexicanos, tienen por la Constitución que nos rige.
En la ceremonia realizada en Palacio Nacional hubo intervenciones de los representantes de los tres Poderes de la Unión. De entre estas, importancia natural adquiere la del Presidente de la República, quien llamó a modernizar el andamiaje constitucional y legal para que puedan "armonizarse la pluralidad democrática con la gobernabilidad democrática", según dijo. Ciertamente, nuestra Constitución tiene que reformarse para adaptarla a la nueva realidad, tanto nacional como internacional. Sin embargo, los cambios que se introduzcan deberían ser producto de un acucioso y desprejuiciado análisis que permita, además. localizar en el propio texto constitucional aquellas disposiciones que no generan incentivos para la colaboración entre los Poderes y para el logro de un Gobierno eficaz.
Un problema importante de nuestra Carta Magna es quizá, más que su edad, su tamaño. Es decir, es un documento extenso que contiene también principios ideológicos, probablemente más adecuados a otras épocas. Ese hecho, y el que hasta la fecha haya acumulado 442 reformas, la convierte en un documento ecléctico en el que se han introducido temas o procedimientos que más bien son propios de una ley reglamentaria. Esto contrasta con el tamaño y perdurabilidad de la Constitución de los Estados Unidos compuesta por tan sólo siete artículos y 17 enmiendas, no obstante haber sido publicada hace 220 años.
El elevado número de reformas de que ha sido objeto la Constitución mexicana ha generado el debate de si nuestro País debiera promulgar un nuevo texto o continuar manteniendo la existente y seguir haciéndola objeto de sucesivas reformas. Por otro lado, no deja de resultar paradójico que, no obstante el carácter ideologizado de nuestra Constitución, esta carezca de un Preámbulo en el que se concentren los valores y principios más importantes que nos distinguen como Nación. Los Constituyentes de 1917 no subsanaron la omisión existente desde 1857, siendo en la actualidad, la mexicana, una de las pocas constituciones del mundo (y si no la única) que no tiene Preámbulo.
Una Constitución, de la misma forma que puede ser garantía de contar con un Gobierno constitucional sujeto a limitaciones legales y políticas y responsable ante los ciudadanos, también puede ser aliciente para el surgimiento de dictaduras si en su estructura no se contemplan garantías y estímulos para la gobernabilidad y la estabilidad política. En un País como el nuestro, con un sistema de Gobierno Presidencial y un sistema de organización política federal, los textos constitucionales tienen el doble reto de propiciar, por un lado, la colaboración entre Poderes, pero por el otro, la convivencia respetuosa entre los distintos órdenes de Gobierno.
En este contexto, es importante no perder de vista que las expresiones políticas de la voluntad ciudadana no se pueden establecer desde la Constitución, como equivocadamente lo expresara en la ceremonia del lunes pasado el Presidente del Senado, al decir que "es tiempo de acabar con los Gobiernos divididos e iniciar la etapa de los Gobiernos compartidos". No se puede, por decreto, terminar con una realidad ni crear una nueva. Los Gobiernos divididos son una posibilidad que siempre va a existir en las democracias presidenciales, mientras que los Gobiernos compartidos pertenecen al ámbito de los sistemas de organización política federales o autonómicos.
Por lo anterior, la reforma de una Constitución no puede ser una tarea eminentemente jurídica, sino que requiere el concurso de especialistas en sistemas de Gobierno y relaciones intergubernamentales.
El lunes pasado, el Jefe del Ejecutivo llamó a "renovar la Constitución desde la Constitución". El Presidente, en tanto Jefe del Estado, está obligado a delinear sus principales propuestas de reforma y a convocar a expertos y legisladores a discutirlas. El 5 de febrero de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox convocó a lo mismo, y finalmente no se hizo nada. Esperemos que en esto Felipe Calderón marque una diferencia con su antecesor.
docjhurtado@hotmail.comCopyright © Grupo Reforma Servicio Informativohttp://www.mural.com/edicionimpresa/notas/070207/editoriales/434456.htm
El pasado lunes se cumplió un aniversario más de la promulgación de nuestra Constitución. No a diario se cumplen 150 años de que fuera expedida la Carta Magna de 1857 y 90 de la que actualmente nos rige. El acontecimiento merecía una conmemoración mayor y mejor que la que pareciera que el Gobierno federal improvisó de última hora para salir al paso. Si el Ejecutivo no tuvo la iniciativa para realizar una mejor celebración, extraña que ni el Congreso de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubieran organizado actividades o ceremonia propia para recordar ese importante acontecimiento. El desdén con el que fue tratado el aniversario refleja el desprecio que la clase gobernante y, en general la mayor parte de los mexicanos, tienen por la Constitución que nos rige.
En la ceremonia realizada en Palacio Nacional hubo intervenciones de los representantes de los tres Poderes de la Unión. De entre estas, importancia natural adquiere la del Presidente de la República, quien llamó a modernizar el andamiaje constitucional y legal para que puedan "armonizarse la pluralidad democrática con la gobernabilidad democrática", según dijo. Ciertamente, nuestra Constitución tiene que reformarse para adaptarla a la nueva realidad, tanto nacional como internacional. Sin embargo, los cambios que se introduzcan deberían ser producto de un acucioso y desprejuiciado análisis que permita, además. localizar en el propio texto constitucional aquellas disposiciones que no generan incentivos para la colaboración entre los Poderes y para el logro de un Gobierno eficaz.
Un problema importante de nuestra Carta Magna es quizá, más que su edad, su tamaño. Es decir, es un documento extenso que contiene también principios ideológicos, probablemente más adecuados a otras épocas. Ese hecho, y el que hasta la fecha haya acumulado 442 reformas, la convierte en un documento ecléctico en el que se han introducido temas o procedimientos que más bien son propios de una ley reglamentaria. Esto contrasta con el tamaño y perdurabilidad de la Constitución de los Estados Unidos compuesta por tan sólo siete artículos y 17 enmiendas, no obstante haber sido publicada hace 220 años.
El elevado número de reformas de que ha sido objeto la Constitución mexicana ha generado el debate de si nuestro País debiera promulgar un nuevo texto o continuar manteniendo la existente y seguir haciéndola objeto de sucesivas reformas. Por otro lado, no deja de resultar paradójico que, no obstante el carácter ideologizado de nuestra Constitución, esta carezca de un Preámbulo en el que se concentren los valores y principios más importantes que nos distinguen como Nación. Los Constituyentes de 1917 no subsanaron la omisión existente desde 1857, siendo en la actualidad, la mexicana, una de las pocas constituciones del mundo (y si no la única) que no tiene Preámbulo.
Una Constitución, de la misma forma que puede ser garantía de contar con un Gobierno constitucional sujeto a limitaciones legales y políticas y responsable ante los ciudadanos, también puede ser aliciente para el surgimiento de dictaduras si en su estructura no se contemplan garantías y estímulos para la gobernabilidad y la estabilidad política. En un País como el nuestro, con un sistema de Gobierno Presidencial y un sistema de organización política federal, los textos constitucionales tienen el doble reto de propiciar, por un lado, la colaboración entre Poderes, pero por el otro, la convivencia respetuosa entre los distintos órdenes de Gobierno.
En este contexto, es importante no perder de vista que las expresiones políticas de la voluntad ciudadana no se pueden establecer desde la Constitución, como equivocadamente lo expresara en la ceremonia del lunes pasado el Presidente del Senado, al decir que "es tiempo de acabar con los Gobiernos divididos e iniciar la etapa de los Gobiernos compartidos". No se puede, por decreto, terminar con una realidad ni crear una nueva. Los Gobiernos divididos son una posibilidad que siempre va a existir en las democracias presidenciales, mientras que los Gobiernos compartidos pertenecen al ámbito de los sistemas de organización política federales o autonómicos.
Por lo anterior, la reforma de una Constitución no puede ser una tarea eminentemente jurídica, sino que requiere el concurso de especialistas en sistemas de Gobierno y relaciones intergubernamentales.
El lunes pasado, el Jefe del Ejecutivo llamó a "renovar la Constitución desde la Constitución". El Presidente, en tanto Jefe del Estado, está obligado a delinear sus principales propuestas de reforma y a convocar a expertos y legisladores a discutirlas. El 5 de febrero de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox convocó a lo mismo, y finalmente no se hizo nada. Esperemos que en esto Felipe Calderón marque una diferencia con su antecesor.
docjhurtado@hotmail.comCopyright © Grupo Reforma Servicio Informativohttp://www.mural.com/edicionimpresa/notas/070207/editoriales/434456.htm
martes, 6 de febrero de 2007
La opinión pública no cree que los actuales consejeros del IFE puedan ser árbitros en 2009
Como sociedad, no nos podemos dar el lujo de que siete de cada diez electores piensen que los actuales consejeros no van a poder arbitrar debidamente la contienda de 2009.
Ante la opinión pública perdimos un poco (y no tan poco) todos los que de una u otra manera participamos en el ambiente electoral de 2006. Lo mismo medios de comunicación que encuestadores, partidos políticos, cúpulas empresariales y sindicatos. Por supuesto, los actuales consejeros del IFE no tenían por qué ser la excepción.
El asunto es que mientras los demás nos podemos dar el lujo de apelar a la misericordia de los públicos para que se nos abra una nueva oportunidad en 2009, el IFE no puede. Como árbitro de las contiendas electorales, los consejeros electorales están obligados a instrumentar un plan de emergencia inmediato que medianamente les permita remediar los daños provocados por el huracán de 2006, y ese plan de emergencia tiene que ser mucho más drástico y efectivo que lo que hemos visto hasta ahora.
Como sociedad, no nos podemos dar el lujo de que siete de cada diez electores piensen que los actuales consejeros no van a poder arbitrar debidamente la contienda de 2009, y poco ayuda a su credibilidad la discusión con los diputados y senadores que ha sostenido el consejero presidente Ugalde en los últimos días, tratando de justificar los recursos administrativos que se gastan en el IFE con argumentos con los que la opinión pública simplemente no está de acuerdo, como el que los viajes al extranjero en asientos de primera clase y hoteles de lujo son necesarios porque sirven para fortalecer la imagen de la institución en el mundo.
El consejero Ugalde sin duda debe tener muchas virtudes, pero su carisma con los públicos definitivamente no es una de ellas. O el presidente del IFE no ha entendido bien el tamaño del problema en el que están metidos o la soberbia le impide pensar con claridad qué pueden hacer para medianamente controlar los daños. Ojalá, por el bien de la política nacional, sus compañeros consejeros lo puedan convencer de que sus formas —las de Ugalde— ya los han metido en suficientes problemas, y es urgente plantearse una estrategia eficaz para interactuar con los públicos. El reloj sigue haciendo tic tac, y hasta ahora la parte mas delgada del hilo siguen siendo los consejeros del IFE.
mariaheras@prodigy.net.mx
•• Nota metodológica. Encuesta nacional telefónica realizada el 3 de febrero, considerando 500 entrevistas a personas mayores de 18 años, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple sobre el listado de teléfonos. Con 95% de confianza, el error estadístico máximo que se tiene es de +/- 4.5%
Monterrey, N.L. - Martes 6 de Febrero de 2007
Ante la opinión pública perdimos un poco (y no tan poco) todos los que de una u otra manera participamos en el ambiente electoral de 2006. Lo mismo medios de comunicación que encuestadores, partidos políticos, cúpulas empresariales y sindicatos. Por supuesto, los actuales consejeros del IFE no tenían por qué ser la excepción.
El asunto es que mientras los demás nos podemos dar el lujo de apelar a la misericordia de los públicos para que se nos abra una nueva oportunidad en 2009, el IFE no puede. Como árbitro de las contiendas electorales, los consejeros electorales están obligados a instrumentar un plan de emergencia inmediato que medianamente les permita remediar los daños provocados por el huracán de 2006, y ese plan de emergencia tiene que ser mucho más drástico y efectivo que lo que hemos visto hasta ahora.
Como sociedad, no nos podemos dar el lujo de que siete de cada diez electores piensen que los actuales consejeros no van a poder arbitrar debidamente la contienda de 2009, y poco ayuda a su credibilidad la discusión con los diputados y senadores que ha sostenido el consejero presidente Ugalde en los últimos días, tratando de justificar los recursos administrativos que se gastan en el IFE con argumentos con los que la opinión pública simplemente no está de acuerdo, como el que los viajes al extranjero en asientos de primera clase y hoteles de lujo son necesarios porque sirven para fortalecer la imagen de la institución en el mundo.
El consejero Ugalde sin duda debe tener muchas virtudes, pero su carisma con los públicos definitivamente no es una de ellas. O el presidente del IFE no ha entendido bien el tamaño del problema en el que están metidos o la soberbia le impide pensar con claridad qué pueden hacer para medianamente controlar los daños. Ojalá, por el bien de la política nacional, sus compañeros consejeros lo puedan convencer de que sus formas —las de Ugalde— ya los han metido en suficientes problemas, y es urgente plantearse una estrategia eficaz para interactuar con los públicos. El reloj sigue haciendo tic tac, y hasta ahora la parte mas delgada del hilo siguen siendo los consejeros del IFE.
mariaheras@prodigy.net.mx
•• Nota metodológica. Encuesta nacional telefónica realizada el 3 de febrero, considerando 500 entrevistas a personas mayores de 18 años, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple sobre el listado de teléfonos. Con 95% de confianza, el error estadístico máximo que se tiene es de +/- 4.5%
Monterrey, N.L. - Martes 6 de Febrero de 2007
viernes, 2 de febrero de 2007
Bofetadas en el país de los machos
EDITORIAL DE EL UNIVERSAL
El Universal, Viernes 02 de febrero de 2007
Más de 85% de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México quedan impunes, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres. El hecho ofende y revela el grado de indefensión de género, en una sociedad con patrones culturales que deben ser erradicados a través de la educación y la ley que a partir de hoy se aplicará a quien las agreda.
El presidente Felipe Calderón promulgó finalmente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que instaura una serie de medidas legales para garantizar que no se las agreda más, ni física ni psicológica ni sexual ni patrimonialmente, como es costumbre que suceda en un entorno social que por siglos ha devaluado el papel de la mitad de la población.
El incremento de las penas a golpeadores o asesinos, así como establecer como requisito de contratación no tener antecedentes de este tipo de violencia; la integración de un Banco de Datos e Información sobre agresores son sólo algunos de los aspectos más destacados de la nueva legislación, que hay que reconocer como un avance normativo, pero de la que habrá que estar muy pendientes en su aplicación, para que no se convierta en letra muerta y ejercicio de relaciones públicas.
La violencia intrafamiliar es parte de un círculo vicioso que puede interrumpirse, si hay apoyo a la mujer o degradarse, hasta el extremo de los feminicidios, la cara más radical del fenómeno.
Y la más impune. Por ejemplo, la recién desaparecida Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los feminicidios en Ciudad Juárez costó 32 millones de pesos durante su operación y no logró consignar a un solo responsable. Clasificó casos, detectó constantes, identificó hasta funcionarios responsables de negligencia, pero no pudo hacer que ningún culpable pagara su crimen.
Ciudad Juárez recibió particular atención por la saña y constancia con que se han dado crímenes contra mujeres, y por su calidad de ciudad fronteriza, pero otras entidades del país no se salvan de cifras aún más abultadas. Uno de cada cuatro del total de asesinatos de mujeres en el país se registra en el estado de México, según ha informado la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados. Le siguen en grado de riesgo Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo y el Distrito Federal. Esto es insostenible.
El propósito de la nueva ley es facilitar la protección a las víctimas y sensibilizar a los encargados de aplicarla. Por eso es que adquiere urgencia dar marcha atrás a las reformas judiciales de septiembre pasado, que inexplicablemente por un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dificultan a la mujer agredida denunciar a sus agresores.
El Estado hace bien en procurar la protección de las mujeres; es su obligación. Sin embargo, la tarea quedaría incompleta si la mayor transformación no se da en el ámbito personal y familiar para erradicar la cultura machista que ve como natural la discriminación, los chistes, el acoso, los prejuicios y los roles estereotipados de los géneros. Eso, inevitablemente, deviene en algún grado de violencia.
© 2007 Copyright El Universal-El Universal Online
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_36668.html
El Universal, Viernes 02 de febrero de 2007
Más de 85% de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México quedan impunes, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres. El hecho ofende y revela el grado de indefensión de género, en una sociedad con patrones culturales que deben ser erradicados a través de la educación y la ley que a partir de hoy se aplicará a quien las agreda.
El presidente Felipe Calderón promulgó finalmente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que instaura una serie de medidas legales para garantizar que no se las agreda más, ni física ni psicológica ni sexual ni patrimonialmente, como es costumbre que suceda en un entorno social que por siglos ha devaluado el papel de la mitad de la población.
El incremento de las penas a golpeadores o asesinos, así como establecer como requisito de contratación no tener antecedentes de este tipo de violencia; la integración de un Banco de Datos e Información sobre agresores son sólo algunos de los aspectos más destacados de la nueva legislación, que hay que reconocer como un avance normativo, pero de la que habrá que estar muy pendientes en su aplicación, para que no se convierta en letra muerta y ejercicio de relaciones públicas.
La violencia intrafamiliar es parte de un círculo vicioso que puede interrumpirse, si hay apoyo a la mujer o degradarse, hasta el extremo de los feminicidios, la cara más radical del fenómeno.
Y la más impune. Por ejemplo, la recién desaparecida Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los feminicidios en Ciudad Juárez costó 32 millones de pesos durante su operación y no logró consignar a un solo responsable. Clasificó casos, detectó constantes, identificó hasta funcionarios responsables de negligencia, pero no pudo hacer que ningún culpable pagara su crimen.
Ciudad Juárez recibió particular atención por la saña y constancia con que se han dado crímenes contra mujeres, y por su calidad de ciudad fronteriza, pero otras entidades del país no se salvan de cifras aún más abultadas. Uno de cada cuatro del total de asesinatos de mujeres en el país se registra en el estado de México, según ha informado la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados. Le siguen en grado de riesgo Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo y el Distrito Federal. Esto es insostenible.
El propósito de la nueva ley es facilitar la protección a las víctimas y sensibilizar a los encargados de aplicarla. Por eso es que adquiere urgencia dar marcha atrás a las reformas judiciales de septiembre pasado, que inexplicablemente por un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dificultan a la mujer agredida denunciar a sus agresores.
El Estado hace bien en procurar la protección de las mujeres; es su obligación. Sin embargo, la tarea quedaría incompleta si la mayor transformación no se da en el ámbito personal y familiar para erradicar la cultura machista que ve como natural la discriminación, los chistes, el acoso, los prejuicios y los roles estereotipados de los géneros. Eso, inevitablemente, deviene en algún grado de violencia.
© 2007 Copyright El Universal-El Universal Online
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_36668.html
jueves, 1 de febrero de 2007
Obreros dan primer aviso a Felipe Calderón
El Zócalo fue ocupado por los asistentes a marchas que tuvieron en común la recriminación por el aumento en precios de los básicos.
Organizaciones sindicales, campesinas y civiles enviaron ayer su primer mensaje callejero al gobierno de Felipe Calderón: no le permitirán que asuma el monopolio de las decisiones. Este conglomerado heterogéneo quiere además que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyan las demandas y exigencias recopiladas en la Declaración del Zócalo leída durante la concen-tración en el Distrito Federal.
Sindicatos independientes y organismos "oficialistas", incluidos el Frente Sindical Mexicano, la Unión Nacional de Trabajadores, el Congreso Agrario Permanente, el Frente Amplio Progresista, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, entre otros, asumieron el compromiso de trabajar conjuntamente para "cerrarle el paso a las políticas neoliberales".
Esta manifestación resultó his-tórica porque reunió a agrupaciones antagónicas y distantes. Los organizadores se dijeron dispuestos a concretar acciones más contundentes y radicales en caso de que el actual gobierno decida hacer caso omiso a sus peticiones. "Nadie, ni aún los que afirman haber ganado las elecciones, tienen derecho al monopolio de las decisiones públicas.
"El nuevo pacto social que demandamos deberá darse de cara a la nación; ni las pláticas palaciegas, ni los acuerdos cupulares sirven para construirlo, lo que se requiere son nuevas formas institucionales que permitan la inclusión de diversos actores en las decisiones".
En la Declaración del Zócalo, los organismos participantes también se comprometieron a sacar a México de su estancamiento económico y democrático, de su incapacidad para generar empleo y salarios dignos y de las prácticas privatizadoras. De acuerdo con el documento leído por Verónica Velasco, quien fue elegida de manera exprés como la oradora ante la cancelación de Sabina Berman (alegó que no fue consultada), se determinó no permitir que se siga "destruyendo al campo y a la industria" ni que los jóvenes se sigan quedando sin futuro.
En los nueve puntos de la Declaración del Zócalo, hubo una clara crítica a la política social impulsada por Calderón: es necesario que se sustituya "la caridad pública" por "el reconocimiento pleno de los derechos de toda la ciudadanía".
- Claves
Presidencia
• Presidencia señaló que comparte "la preocupación de las diversas organizaciones de trabajadores, campesinas y sociales" sobre el alza de precios.
• En un comunicado, el Ejecutivo expresó que respetará la libre manifestación de las ideas y el derecho de petición de todo mexicano que lo formule de manera pacífica y respetuosa.
Guadalajara, Jal. - Jueves 1 de Febrero de 2007
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=473576
Organizaciones sindicales, campesinas y civiles enviaron ayer su primer mensaje callejero al gobierno de Felipe Calderón: no le permitirán que asuma el monopolio de las decisiones. Este conglomerado heterogéneo quiere además que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyan las demandas y exigencias recopiladas en la Declaración del Zócalo leída durante la concen-tración en el Distrito Federal.
Sindicatos independientes y organismos "oficialistas", incluidos el Frente Sindical Mexicano, la Unión Nacional de Trabajadores, el Congreso Agrario Permanente, el Frente Amplio Progresista, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, entre otros, asumieron el compromiso de trabajar conjuntamente para "cerrarle el paso a las políticas neoliberales".
Esta manifestación resultó his-tórica porque reunió a agrupaciones antagónicas y distantes. Los organizadores se dijeron dispuestos a concretar acciones más contundentes y radicales en caso de que el actual gobierno decida hacer caso omiso a sus peticiones. "Nadie, ni aún los que afirman haber ganado las elecciones, tienen derecho al monopolio de las decisiones públicas.
"El nuevo pacto social que demandamos deberá darse de cara a la nación; ni las pláticas palaciegas, ni los acuerdos cupulares sirven para construirlo, lo que se requiere son nuevas formas institucionales que permitan la inclusión de diversos actores en las decisiones".
En la Declaración del Zócalo, los organismos participantes también se comprometieron a sacar a México de su estancamiento económico y democrático, de su incapacidad para generar empleo y salarios dignos y de las prácticas privatizadoras. De acuerdo con el documento leído por Verónica Velasco, quien fue elegida de manera exprés como la oradora ante la cancelación de Sabina Berman (alegó que no fue consultada), se determinó no permitir que se siga "destruyendo al campo y a la industria" ni que los jóvenes se sigan quedando sin futuro.
En los nueve puntos de la Declaración del Zócalo, hubo una clara crítica a la política social impulsada por Calderón: es necesario que se sustituya "la caridad pública" por "el reconocimiento pleno de los derechos de toda la ciudadanía".
- Claves
Presidencia
• Presidencia señaló que comparte "la preocupación de las diversas organizaciones de trabajadores, campesinas y sociales" sobre el alza de precios.
• En un comunicado, el Ejecutivo expresó que respetará la libre manifestación de las ideas y el derecho de petición de todo mexicano que lo formule de manera pacífica y respetuosa.
Guadalajara, Jal. - Jueves 1 de Febrero de 2007
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