Renovar la Constitución

Javier Hurtado

El pasado lunes se cumplió un aniversario más de la promulgación de nuestra Constitución. No a diario se cumplen 150 años de que fuera expedida la Carta Magna de 1857 y 90 de la que actualmente nos rige. El acontecimiento merecía una conmemoración mayor y mejor que la que pareciera que el Gobierno federal improvisó de última hora para salir al paso. Si el Ejecutivo no tuvo la iniciativa para realizar una mejor celebración, extraña que ni el Congreso de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubieran organizado actividades o ceremonia propia para recordar ese importante acontecimiento. El desdén con el que fue tratado el aniversario refleja el desprecio que la clase gobernante y, en general la mayor parte de los mexicanos, tienen por la Constitución que nos rige.

En la ceremonia realizada en Palacio Nacional hubo intervenciones de los representantes de los tres Poderes de la Unión. De entre estas, importancia natural adquiere la del Presidente de la República, quien llamó a modernizar el andamiaje constitucional y legal para que puedan "armonizarse la pluralidad democrática con la gobernabilidad democrática", según dijo. Ciertamente, nuestra Constitución tiene que reformarse para adaptarla a la nueva realidad, tanto nacional como internacional. Sin embargo, los cambios que se introduzcan deberían ser producto de un acucioso y desprejuiciado análisis que permita, además. localizar en el propio texto constitucional aquellas disposiciones que no generan incentivos para la colaboración entre los Poderes y para el logro de un Gobierno eficaz.

Un problema importante de nuestra Carta Magna es quizá, más que su edad, su tamaño. Es decir, es un documento extenso que contiene también principios ideológicos, probablemente más adecuados a otras épocas. Ese hecho, y el que hasta la fecha haya acumulado 442 reformas, la convierte en un documento ecléctico en el que se han introducido temas o procedimientos que más bien son propios de una ley reglamentaria. Esto contrasta con el tamaño y perdurabilidad de la Constitución de los Estados Unidos compuesta por tan sólo siete artículos y 17 enmiendas, no obstante haber sido publicada hace 220 años.

El elevado número de reformas de que ha sido objeto la Constitución mexicana ha generado el debate de si nuestro País debiera promulgar un nuevo texto o continuar manteniendo la existente y seguir haciéndola objeto de sucesivas reformas. Por otro lado, no deja de resultar paradójico que, no obstante el carácter ideologizado de nuestra Constitución, esta carezca de un Preámbulo en el que se concentren los valores y principios más importantes que nos distinguen como Nación. Los Constituyentes de 1917 no subsanaron la omisión existente desde 1857, siendo en la actualidad, la mexicana, una de las pocas constituciones del mundo (y si no la única) que no tiene Preámbulo.

Una Constitución, de la misma forma que puede ser garantía de contar con un Gobierno constitucional sujeto a limitaciones legales y políticas y responsable ante los ciudadanos, también puede ser aliciente para el surgimiento de dictaduras si en su estructura no se contemplan garantías y estímulos para la gobernabilidad y la estabilidad política. En un País como el nuestro, con un sistema de Gobierno Presidencial y un sistema de organización política federal, los textos constitucionales tienen el doble reto de propiciar, por un lado, la colaboración entre Poderes, pero por el otro, la convivencia respetuosa entre los distintos órdenes de Gobierno.

En este contexto, es importante no perder de vista que las expresiones políticas de la voluntad ciudadana no se pueden establecer desde la Constitución, como equivocadamente lo expresara en la ceremonia del lunes pasado el Presidente del Senado, al decir que "es tiempo de acabar con los Gobiernos divididos e iniciar la etapa de los Gobiernos compartidos". No se puede, por decreto, terminar con una realidad ni crear una nueva. Los Gobiernos divididos son una posibilidad que siempre va a existir en las democracias presidenciales, mientras que los Gobiernos compartidos pertenecen al ámbito de los sistemas de organización política federales o autonómicos.

Por lo anterior, la reforma de una Constitución no puede ser una tarea eminentemente jurídica, sino que requiere el concurso de especialistas en sistemas de Gobierno y relaciones intergubernamentales.

El lunes pasado, el Jefe del Ejecutivo llamó a "renovar la Constitución desde la Constitución". El Presidente, en tanto Jefe del Estado, está obligado a delinear sus principales propuestas de reforma y a convocar a expertos y legisladores a discutirlas. El 5 de febrero de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox convocó a lo mismo, y finalmente no se hizo nada. Esperemos que en esto Felipe Calderón marque una diferencia con su antecesor.
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