Bofetadas en el país de los machos

EDITORIAL DE EL UNIVERSAL

El Universal, Viernes 02 de febrero de 2007

Más de 85% de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México quedan impunes, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres. El hecho ofende y revela el grado de indefensión de género, en una sociedad con patrones culturales que deben ser erradicados a través de la educación y la ley que a partir de hoy se aplicará a quien las agreda.

El presidente Felipe Calderón promulgó finalmente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que instaura una serie de medidas legales para garantizar que no se las agreda más, ni física ni psicológica ni sexual ni patrimonialmente, como es costumbre que suceda en un entorno social que por siglos ha devaluado el papel de la mitad de la población.

El incremento de las penas a golpeadores o asesinos, así como establecer como requisito de contratación no tener antecedentes de este tipo de violencia; la integración de un Banco de Datos e Información sobre agresores son sólo algunos de los aspectos más destacados de la nueva legislación, que hay que reconocer como un avance normativo, pero de la que habrá que estar muy pendientes en su aplicación, para que no se convierta en letra muerta y ejercicio de relaciones públicas.

La violencia intrafamiliar es parte de un círculo vicioso que puede interrumpirse, si hay apoyo a la mujer o degradarse, hasta el extremo de los feminicidios, la cara más radical del fenómeno.

Y la más impune. Por ejemplo, la recién desaparecida Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los feminicidios en Ciudad Juárez costó 32 millones de pesos durante su operación y no logró consignar a un solo responsable. Clasificó casos, detectó constantes, identificó hasta funcionarios responsables de negligencia, pero no pudo hacer que ningún culpable pagara su crimen.

Ciudad Juárez recibió particular atención por la saña y constancia con que se han dado crímenes contra mujeres, y por su calidad de ciudad fronteriza, pero otras entidades del país no se salvan de cifras aún más abultadas. Uno de cada cuatro del total de asesinatos de mujeres en el país se registra en el estado de México, según ha informado la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados. Le siguen en grado de riesgo Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo y el Distrito Federal. Esto es insostenible.

El propósito de la nueva ley es facilitar la protección a las víctimas y sensibilizar a los encargados de aplicarla. Por eso es que adquiere urgencia dar marcha atrás a las reformas judiciales de septiembre pasado, que inexplicablemente por un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dificultan a la mujer agredida denunciar a sus agresores.

El Estado hace bien en procurar la protección de las mujeres; es su obligación. Sin embargo, la tarea quedaría incompleta si la mayor transformación no se da en el ámbito personal y familiar para erradicar la cultura machista que ve como natural la discriminación, los chistes, el acoso, los prejuicios y los roles estereotipados de los géneros. Eso, inevitablemente, deviene en algún grado de violencia.

© 2007 Copyright El Universal-El Universal Online
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_36668.html