Auditoría, sí, pero no así

Marco Antonio Cortés Guardado

Que conste: nadie está en contra de que la Universidad de Guadalajara sea objeto de una auditoría. No se oponen, por supuesto la sociedad, como tampoco los estudiantes ni las autoridades universitarias. Menos los trabajadores, maestros e investigadores de esa institución, aunque sea nada más porque su fondo de pensiones alcanza una cuantiosa suma y porque de él depende un retiro digno. Oponerse no tiene sentido, sencillamente porque la UdeG ya fue auditada por el Congreso en una ocasión, y no fueron detectadas irregularidades graves (algo que callan convenientemente quienes ahora exigen otra revisión). Además, con la auditoría los adversarios de la Universidad perderían una de sus banderas más preciadas, y tendrían un pretexto menos para legitimar el asedio a la que la han sometido y al que no desean renunciar por evidentes razones de poder.

Con todo, los argumentos para objetar y resistir la pretensión de los panistas, son muchos y todos ellos importantes. Para empezar, la Universidad de Guadalajara tiene derecho a cuestionar las revisiones a la carta y a objetar las pretensiones políticas de quienes las promueven. Para eso se instituyó la autonomía y la Universidad debe salvaguardarla por principio. En segundo lugar, la máxima casa de estudios de Jalisco le está rindiendo muy buenas cuentas a Jalisco y a México, así que le asiste la razón para defender sus logros en contra de quienes insisten en desprestigiarla (objetivo real de los auditofílicos de ocasión). En tercer lugar, la Universidad pública de Jalisco recibe subsidio estatal y federal: lo correcto, entonces, es que la auditoría involucre ambos niveles, y que esté coordinada por la Auditoría Superior de la Federación.

Pero lo más importante, es que la Universidad de Guadalajara está obligada a cumplir bien y con buenos resultados la misión que le ha asignado la circunstancia histórica por la que atraviesan México y Jalisco. El famoso desliz del diputado panista de muy triste memoria, Raúl Alejandro Padilla, tuvo la virtud de revelar el desprecio que los panistas tienen por la Universidad pública, a la que no consideran parte de sus reivindicaciones históricas, porque saben que ella es un bastión fundamental de la educación laica y gratuita, así como de la libertad de cátedra, de pensamiento y de crítica (las consecuencias de la genuina libertad intelectual han agraviado, siempre y en todo el mundo, a las fuerzas de la derecha más recalcitrante y menos inteligente).

La Universidad de Guadalajara es la institución más importante con la que ahora cuenta Jalisco para detener las pretensiones hegemónicas conservadoras del nuevo partido en el poder. Esto lo aceptan tirios y troyanos. Cuestionar la auditoría como la proponen sus adversarios forma parte de una batalla de incuestionable trascendencia. La Universidad de Guadalajara está obligada a proteger su integridad como institución pública, y, como tal, a sustentar la más amplia pluralidad cultural, intelectual, política, ideológica y, en suma, de pensamiento; a ejercer la crítica (y, es cierto, la autocrítica) racional y fundada, así como a proporcionar los elementos que requieren la deliberación, el debate y la crítica pública. Auditoría sí, pero no así: no para someter a la Universidad de Guadalajara.

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