2007 será un año político intenso. No sólo por lo que ocurra con relación a la agenda legislativa de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y las iniciativas políticas y legales que llegue a plantear el Presidente de la República, sino además por los 14 procesos electorales locales que se desarrollarán en sendos Estados de la República, entre el 20 de mayo y el 11 de noviembre.Contrario con lo que se solía suponer hace apenas algunos años, los procesos electorales locales son portadores de una enorme riqueza empírica e importancia política. Algunos de los más significativos acontecimientos políticos que adquirieron carta de nacionalización a nivel federal se dieron por primera vez en los procesos político-electorales de los Estados. Tan sólo mencionaré dos: los Gobiernos divididos y la alternancia partidaria. Y, precisamente esto último, es lo que viene a dotar de una renovada importancia a los procesos comiciales que se celebrarán en 14 Estados de la República el presente año.
Para comprender en su justa dimensión lo que se estará jugando, tengamos presente lo siguiente: se trata de tres Gubernaturas, 487 curules de 14 Congresos locales; y la integración de mil 219 (casi el 50 por ciento del total de los Ayuntamientos del País).
Ahora bien, la importancia de estos procesos no sólo es cuantitativa sino también cualitativa. Recordemos que una de las características principales de nuestra incipiente democracia es el poder fragmentado o los llamados Gobiernos divididos (se denomina así a la situación que se presenta cuando el partido al que pertenece el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta en el Poder Legislativo). Pues bien, en la actualidad, 17 de los 31 Estados presentan una situación de Gobierno dividido (el 55 por ciento). Ahora bien, aquí la pregunta es la siguiente: ¿Es posible que, como resultado de las elecciones locales que se celebren este año, aumente o disminuya el número de Gobierno locales divididos, y cuáles serían las implicaciones de esto para la vida política nacional?
Para empezar, los tres Estados que tendrán elecciones de Gobernador y de Congreso este año (Baja California, Michoacán y Yucatán) presentan ya una situación de Gobiernos divididos. En el primero de éstos, en el improbable caso que ganara el PRI la Gubernatura, lo más seguro es que el PAN obtendría mayoría en el Congreso y se refrende la situación de Gobierno dividido, que de manera recurrente han tenido desde 1989. En Michoacán, ya sea que ganara el PRD, o incluso el PAN la Gubernatura (por aquello de que el Presidente Calderón es de este Estado y no puede darse el lujo de que su partido pierda esas elecciones), lo más seguro es que se refrende lo que ha venido ocurriendo ahí: un Congreso dominado por el PRI y un Ejecutivo de otro partido. En Yucatán, lo más probable es que el PAN obtenga el Ejecutivo y el Legislativo, y se supere la situación de Gobiernos divididos.
Estados que tendrán elecciones para diputados y no para Gobernador y que actualmente también tienen una situación de Gobiernos divididos son: Chiapas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Lo más seguro es que en los tres primeros casos se refrende esa situación, y que sólo en Zacatecas el partido de la Gobernadora pueda obtener mayoría en el Congreso (los otros Estados en los que actualmente existe Gobierno dividido son: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Edomex, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Tabasco).
Estados en los que sólo se elegirán diputados y en donde actualmente el partido del Gobernador goza de mayoría absoluta son: Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Durango. De esos siete Estados, en los cuatro primeros pueden existir serias dificultades para que el partido del Gobernador obtenga mayoría absoluta en el Congreso, dado los escándalos de corrupción, ingobernabilidad o inseguridad pública que se han presentado en ellos.
De llegar a ocurrir así, tendríamos que, a final de año, el número de Gobiernos divididos en el País podría haberse elevado a 21. Esto es, estamos hablando de 21 Congresos locales en los que ningún partido tendría la mayoría absoluta, con todo lo que eso significaría para las necesarias reformas constitucionales que se tienen que aprobar a nivel federal en el futuro inmediato. Esto quiere decir también que, aproximadamente dos tercios de los Gobernadores de los Estados no tendrían mayoría absoluta en los Congresos locales. Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿Qué utilidad puede tener seguir manteniendo una Conago a la que asisten Gobernadores que carecen de liderazgo efectivo sobre sus respectivos Congresos?
Dado lo anterior, la labor de Gobierno a nivel nacional se vuelve extremadamente compleja, ya no sólo entre los Ejecutivos locales y los Congresos de sus entidades federativas, sino también para un Presidente de la República con Gobernadores que no tienen mayoría en sus Congresos, y para un Congreso de la Unión que pueda enviar iniciativas de reformas constitucionales a Congresos locales en donde no existe ninguna certidumbre de que puedan ser aprobadas, o del plazo en que esto pueda darse. ¿Es esta la democracia que anhelamos?
docjhurtado@hotmail.com
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