Marco Antonio Cortés
Sin duda, es positivo que la transparencia y la rendición de cuentas sean ahora cuestiones vitales en el debate público del país y de Jalisco, que se estén volviendo exigencias férreamente sostenidas por la sociedad y, más aún, que estén cristalizando en compromisos de las entidades públicas y gubernamentales en todos los niveles y órdenes del gobierno. Con esas dos medidas se fortalece indudablemente la opinión pública, pues el libre acceso a la información facilita el escrutinio de la sociedad. Pero sobretodo, se trata de dos instrumentos que le dan mayor poder al ciudadano para vigilar al gobierno, para detectar la corrupción y para sancionar las malas administraciones públicas. Son elementos que empoderan al ciudadano, para usar un término de moda en el sexenio anterior, e incrementan la soberanía que teóricamente le confiere la concepción moderna de la democracia. Que los políticos y funcionarios públicos opten muchas veces por responder a ese escrutinio recurriendo al cinismo y la desvergüenza ya es otro boleto, pero no irrelevante, ciertamente. La situación hasta ahora es que se ha incrementado la soberanía ciudadana pero los políticos no han tomado nota de ello. Lo cual, a final de cuentas, mina el crecimiento de la susodicha soberanía.
La transición a la democracia se ha centrado casi completamente en conquistar y garantizar los derechos políticos del ciudadano, principalmente de los electorales. Con la transparencia y la rendición de cuentas se da un paso adelante, pero la cuestión continúa situada en el terreno de la política. No es de extrañar, pero sí de preocupar, que no se termine de captar algo que me parece elemental: el ciudadano es también un consumidor. Y en una democracia bien cimentada, la soberanía del ciudadano no es ajena a la soberanía del consumidor: una presupone a la otra.
En México, medio se han logrado algunas medidas de protección al consumidor (la creación del Instituto del Consumidor fue un hito importantísimo) pero sus derechos y prerrogativas, ahora mínimas, se burlan cotidianamente en todas partes. Para efectos prácticos, los proveedores de bienes y servicios hacen lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie y difícilmente pagan sus fechorías cotidianas en contra de los indemnes consumidores. El mexicano no tiene, para empezar, los derechos que una ley verdaderamente moderna, y propia de una sociedad de mercado, debería conferirle (y eso que somos miembros de la OCDE); mucho menos tiene los instrumentos necesarios para defenderse del abuso, la estafa y la arbitrariedad. Para decirlo pomposamente, en México ha habido empoderamiento político pero no empoderamiento consuntivo.
Tres factores coinciden para impedir que en México seamos consumidores ciudadanos de pleno derecho. Uno son las empresas y los empresarios que exigen rendición de cuentas al gobierno, pero fingen demencia en terreno propio. Otro son los pruritos de la intelectualidad mexicana que no termina de digerir el concepto “consumidor”, ni le otorga legitimidad para existir. Y el tercero es una clase política ignorante de la teoría democrática, omisa en sus responsabilidades, torpe para detectar los interese de los mexicanos e incapaz de ir más allá de sus mezquinos afanes. No vaya a ser que queden mal con los poderes fácticos (léase, empresarios).
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/firma.asp?id=503192
Sin duda, es positivo que la transparencia y la rendición de cuentas sean ahora cuestiones vitales en el debate público del país y de Jalisco, que se estén volviendo exigencias férreamente sostenidas por la sociedad y, más aún, que estén cristalizando en compromisos de las entidades públicas y gubernamentales en todos los niveles y órdenes del gobierno. Con esas dos medidas se fortalece indudablemente la opinión pública, pues el libre acceso a la información facilita el escrutinio de la sociedad. Pero sobretodo, se trata de dos instrumentos que le dan mayor poder al ciudadano para vigilar al gobierno, para detectar la corrupción y para sancionar las malas administraciones públicas. Son elementos que empoderan al ciudadano, para usar un término de moda en el sexenio anterior, e incrementan la soberanía que teóricamente le confiere la concepción moderna de la democracia. Que los políticos y funcionarios públicos opten muchas veces por responder a ese escrutinio recurriendo al cinismo y la desvergüenza ya es otro boleto, pero no irrelevante, ciertamente. La situación hasta ahora es que se ha incrementado la soberanía ciudadana pero los políticos no han tomado nota de ello. Lo cual, a final de cuentas, mina el crecimiento de la susodicha soberanía.
La transición a la democracia se ha centrado casi completamente en conquistar y garantizar los derechos políticos del ciudadano, principalmente de los electorales. Con la transparencia y la rendición de cuentas se da un paso adelante, pero la cuestión continúa situada en el terreno de la política. No es de extrañar, pero sí de preocupar, que no se termine de captar algo que me parece elemental: el ciudadano es también un consumidor. Y en una democracia bien cimentada, la soberanía del ciudadano no es ajena a la soberanía del consumidor: una presupone a la otra.
En México, medio se han logrado algunas medidas de protección al consumidor (la creación del Instituto del Consumidor fue un hito importantísimo) pero sus derechos y prerrogativas, ahora mínimas, se burlan cotidianamente en todas partes. Para efectos prácticos, los proveedores de bienes y servicios hacen lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie y difícilmente pagan sus fechorías cotidianas en contra de los indemnes consumidores. El mexicano no tiene, para empezar, los derechos que una ley verdaderamente moderna, y propia de una sociedad de mercado, debería conferirle (y eso que somos miembros de la OCDE); mucho menos tiene los instrumentos necesarios para defenderse del abuso, la estafa y la arbitrariedad. Para decirlo pomposamente, en México ha habido empoderamiento político pero no empoderamiento consuntivo.
Tres factores coinciden para impedir que en México seamos consumidores ciudadanos de pleno derecho. Uno son las empresas y los empresarios que exigen rendición de cuentas al gobierno, pero fingen demencia en terreno propio. Otro son los pruritos de la intelectualidad mexicana que no termina de digerir el concepto “consumidor”, ni le otorga legitimidad para existir. Y el tercero es una clase política ignorante de la teoría democrática, omisa en sus responsabilidades, torpe para detectar los interese de los mexicanos e incapaz de ir más allá de sus mezquinos afanes. No vaya a ser que queden mal con los poderes fácticos (léase, empresarios).
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/firma.asp?id=503192
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