Javier Hurtado
El asunto de los pocos más de 281 mil spots que nadie sabe quién pagó y se transmitieron durante el proceso electoral de 2006 como propaganda a favor de partidos y candidatos, vienen a ser como la cereza en el pastel de irregularidades y deficiencias que caracterizaron el pasado proceso comicial federal.
Así, mientras los partidos contrataban propaganda negra, "anónimos" ordenaban la transmisión de mensajes a favor de ciertos partidos o candidatos, en tanto que los organismos empresariales ilegalmente contrataban publicidad electoral, el Presidente de la República intervenía impunemente en el proceso y extranjeros se inmiscuían abiertamente en el mismo. Estos spots representan el 37 por ciento del total de la propaganda que se transmitió en medios electrónicos durante dicho proceso electoral y están contenidos en los 30 mil DVDs en los que el IFE tiene grabados los 2 millones de horas transmitidos como publicidad electoral.
Este hecho debemos ubicarlo en su justa dimensión y en el contexto de otras irregularidades ya conocidas del pasado proceso electoral: 281 mil spots equivalen a 2 millones 810 segundos de transmisión de mensajes políticos en una campaña electoral, si estos spots hubieran sido de 10 segundos. Es decir, estamos hablando de 780.5 horas; o de 32.5 días de transmisión ininterrumpida acumulada que representa el 20.4 por ciento del total de los 159 días de duración legal de la campaña presidencial y más de una tercera parte del total de la propaganda transmitida en medios electrónicos. Estos spots "anónimos" son adicionales a los que ilegalmente transmitieron los empresarios, sus empresas y organizaciones entre el 25 de abril y el 28 de junio, y a las 4 mil 080 horas en televisión y 14 mil 127 en radio que Vicente Fox utilizó tan sólo entre enero y mayo de 2006 para influir subliminalmente en la intención de voto.
Ante estos hechos, no deja uno de preguntarse cómo es que pudo declarase válida la pasada elección. Más aún, ¿qué hubiera ocurrido si el Tribunal Electoral hubiera tenido conocimiento de estos 281 mil spots "anónimos" antes de realizar la calificación de la elección presidencial? O bien, ¿de qué manera se puede resarcir o castigar el daño causado por la transmisión de estos spots cuando 10 meses después de efectuada la elección constitucional el IFE nos da a conocer que del total de esos 281 mil spots anónimos 144 mil 509 fueron a favor del PAN, 75 mil 840 para la Alianza por México (PRI y PVEM) y 45 mil 779 en pro de la Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia).
Todo parece indicar que esta será una irregularidad más del pasado proceso electoral que vendrá a quedar impune, en caso de que llegáramos a saber quiénes fueron los responsables de pagarla u ordenarla.
Si los partidos la contrataron para violar los topes de campaña, y utilizando recursos de dudosa procedencia, el ponerles una multa como castigo sería en el fondo una burla pues sólo implicaría no darles una mínima parte de lo que se les entrega como financiamiento público, cuando lo que debería hacerse, de llegar a comprobarse su responsabilidad, sería cancelarles el registro.
Si en verdad los partidos no saben quién los pagó y ordenó, la situación es más grave, pues implica desconocer quién estuvo influyendo ilegalmente en la campaña electoral.
La otra posibilidad es que particulares la hubieran ordenado y pagado, sin embargo, esto va a ser muy difícil verificar dado el carácter confidencial de la información bancaria y fiscal. Otra posibilidad es que los mismos medios de comunicación electrónicos o la Cámara en la que se encuentran agrupados hubieran ordenado su producción y transmisión con la complacencia de los candidatos y sus partidos, convirtiendo así a todos en cómplices de todo. Si esto último fuera la realidad, entonces a esos medios se les debería cancelar la licencia, como ocurre en otros países.
Si algo demuestra lo anterior es que nuestro sistema y legislación electoral ya llegaron a su límite: no se puede seguir apostando a la imperfección de la ley para violarla y ser impune. No se puede seguir destinando a los medios de comunicación electrónica más del 70 por ciento de los casi 2 mil 100 millones de pesos que se entregaron a los partidos políticos para gastos de propaganda para el proceso electoral de 2006, cuando en 1994 ese porcentaje representó el 24 por ciento. No se puede seguir permitiendo y aceptando que "anónimos" ordenen la transmisión de propaganda electoral. Y, lo que es más importante, el Estado no puede seguir pagando costos cada vez más crecientes por atiborrar los espacios televisivos y radiofónicos con propaganda chatarra, negra o negativa que lo único que hace es desmotivar la participación ciudadana en las urnas, la que ha caído del 77 por ciento, en 1994, al 59 por ciento, en 2006; mientras que el monto del financiamiento total a los partidos políticos ha pasado, en esas mismas fechas, de 200 millones de nuevos pesos a 4 mil 170 millones de pesos.
La solución a todo esto no puede ser sino prohibir la compra de propaganda electoral en medios electrónicos; volver a los criterios de financiamiento que existían antes de la reforma de 1993; y ligar el módico financiamiento que se les otorgue a los partidos a los incrementos en el número absoluto de ciudadanos que concurren a las urnas y no a los porcentajes de votación. Ya no es posible que en cada elección le pongamos otras cerezas más al pastel.
docjhurtado@hotmail.com
El asunto de los pocos más de 281 mil spots que nadie sabe quién pagó y se transmitieron durante el proceso electoral de 2006 como propaganda a favor de partidos y candidatos, vienen a ser como la cereza en el pastel de irregularidades y deficiencias que caracterizaron el pasado proceso comicial federal.
Así, mientras los partidos contrataban propaganda negra, "anónimos" ordenaban la transmisión de mensajes a favor de ciertos partidos o candidatos, en tanto que los organismos empresariales ilegalmente contrataban publicidad electoral, el Presidente de la República intervenía impunemente en el proceso y extranjeros se inmiscuían abiertamente en el mismo. Estos spots representan el 37 por ciento del total de la propaganda que se transmitió en medios electrónicos durante dicho proceso electoral y están contenidos en los 30 mil DVDs en los que el IFE tiene grabados los 2 millones de horas transmitidos como publicidad electoral.
Este hecho debemos ubicarlo en su justa dimensión y en el contexto de otras irregularidades ya conocidas del pasado proceso electoral: 281 mil spots equivalen a 2 millones 810 segundos de transmisión de mensajes políticos en una campaña electoral, si estos spots hubieran sido de 10 segundos. Es decir, estamos hablando de 780.5 horas; o de 32.5 días de transmisión ininterrumpida acumulada que representa el 20.4 por ciento del total de los 159 días de duración legal de la campaña presidencial y más de una tercera parte del total de la propaganda transmitida en medios electrónicos. Estos spots "anónimos" son adicionales a los que ilegalmente transmitieron los empresarios, sus empresas y organizaciones entre el 25 de abril y el 28 de junio, y a las 4 mil 080 horas en televisión y 14 mil 127 en radio que Vicente Fox utilizó tan sólo entre enero y mayo de 2006 para influir subliminalmente en la intención de voto.
Ante estos hechos, no deja uno de preguntarse cómo es que pudo declarase válida la pasada elección. Más aún, ¿qué hubiera ocurrido si el Tribunal Electoral hubiera tenido conocimiento de estos 281 mil spots "anónimos" antes de realizar la calificación de la elección presidencial? O bien, ¿de qué manera se puede resarcir o castigar el daño causado por la transmisión de estos spots cuando 10 meses después de efectuada la elección constitucional el IFE nos da a conocer que del total de esos 281 mil spots anónimos 144 mil 509 fueron a favor del PAN, 75 mil 840 para la Alianza por México (PRI y PVEM) y 45 mil 779 en pro de la Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia).
Todo parece indicar que esta será una irregularidad más del pasado proceso electoral que vendrá a quedar impune, en caso de que llegáramos a saber quiénes fueron los responsables de pagarla u ordenarla.
Si los partidos la contrataron para violar los topes de campaña, y utilizando recursos de dudosa procedencia, el ponerles una multa como castigo sería en el fondo una burla pues sólo implicaría no darles una mínima parte de lo que se les entrega como financiamiento público, cuando lo que debería hacerse, de llegar a comprobarse su responsabilidad, sería cancelarles el registro.
Si en verdad los partidos no saben quién los pagó y ordenó, la situación es más grave, pues implica desconocer quién estuvo influyendo ilegalmente en la campaña electoral.
La otra posibilidad es que particulares la hubieran ordenado y pagado, sin embargo, esto va a ser muy difícil verificar dado el carácter confidencial de la información bancaria y fiscal. Otra posibilidad es que los mismos medios de comunicación electrónicos o la Cámara en la que se encuentran agrupados hubieran ordenado su producción y transmisión con la complacencia de los candidatos y sus partidos, convirtiendo así a todos en cómplices de todo. Si esto último fuera la realidad, entonces a esos medios se les debería cancelar la licencia, como ocurre en otros países.
Si algo demuestra lo anterior es que nuestro sistema y legislación electoral ya llegaron a su límite: no se puede seguir apostando a la imperfección de la ley para violarla y ser impune. No se puede seguir destinando a los medios de comunicación electrónica más del 70 por ciento de los casi 2 mil 100 millones de pesos que se entregaron a los partidos políticos para gastos de propaganda para el proceso electoral de 2006, cuando en 1994 ese porcentaje representó el 24 por ciento. No se puede seguir permitiendo y aceptando que "anónimos" ordenen la transmisión de propaganda electoral. Y, lo que es más importante, el Estado no puede seguir pagando costos cada vez más crecientes por atiborrar los espacios televisivos y radiofónicos con propaganda chatarra, negra o negativa que lo único que hace es desmotivar la participación ciudadana en las urnas, la que ha caído del 77 por ciento, en 1994, al 59 por ciento, en 2006; mientras que el monto del financiamiento total a los partidos políticos ha pasado, en esas mismas fechas, de 200 millones de nuevos pesos a 4 mil 170 millones de pesos.
La solución a todo esto no puede ser sino prohibir la compra de propaganda electoral en medios electrónicos; volver a los criterios de financiamiento que existían antes de la reforma de 1993; y ligar el módico financiamiento que se les otorgue a los partidos a los incrementos en el número absoluto de ciudadanos que concurren a las urnas y no a los porcentajes de votación. Ya no es posible que en cada elección le pongamos otras cerezas más al pastel.
docjhurtado@hotmail.com
http://www.mural.com/editoriales/nacional/742371/
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