Javier Hurtado
5 Sep. 07
Cualquiera podría preguntarse ¿qué tiene que ver la Reforma Fiscal con la Reforma Electoral, o esta última con aquélla? De momento, en materia presupuestal y temática, nada. Podrían estar entrelazadas en el proceso legislativo si, por ejemplo, el financiamiento a los partidos políticos se ligara a un cierto monto o porcentaje del PIB; a que cierta cantidad se asignara dependiendo del porcentaje trimestral de crecimiento de PIB; o bien, a que ese financiamiento y el presupuesto asignado al IFE no pudiera rebasar cierta proporción del gasto en Salud, en Ciencia y Tecnología, en Educación o para el Campo. Sin embargo, como no existe nada de esto, entonces la ligazón entre ambos temas es meramente política y coyuntural. Vamos, es un simple condicionamiento, por no decirle chantaje.
Si no hay Reforma Fiscal, no habrá Reforma Electoral; si no hay Reforma Electoral, no habrá Reforma Fiscal. Así han sido manifestadas las posturas de los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras: al PRI y al PRD les interesa la Reforma Electoral, y sólo apoyarían la Fiscal en la Cámara de Diputados si antes es aprobada en el Senado la Electoral. A su vez, al PAN le interesa más la Fiscal, sin embargo, reconocen que no podría prosperar su iniciativa en la Cámara Baja si antes sus senadores no votan a favor de la Reforma Electoral en la Cámara Alta. Sin duda, un crudo ejercicio de pragmatismo político.
Tanto en uno como en el otro caso, los tiempos y las facultades constitucionales se les acomodaron a los legisladores: en virtud de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación "una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo"; y señala que el Ejecutivo hará llegar dichas iniciativas a más tardar el 8 de septiembre; y que, tanto la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, deberán estar aprobados a más tardar el 15 de noviembre. Así, entonces, esta -por llamarle de alguna manera- división constitucional del trabajo hizo que de manera natural se estableciera una división temática de la agenda de reformas entre los legisladores de un mismo grupo parlamentario, lo que trajo como consecuencia que el Senado se convirtiera en Cámara de origen en lo electoral, no obstante que la Constitución no obliga a que así sea.
Ya en materia de proceso político, el Ejecutivo, a través de su Secretario de Hacienda, dice estar preparado para "presentar una Iniciativa de Presupuesto sin Reforma, otra con Reforma y otra con los dos escenarios" (¿?). Si algo está claro, es que primero se debe votar lo electoral en el Senado, a más tardar el jueves 6 del presente, y sólo así los diputados priistas y perredistas darían su apoyo a la Reforma Fiscal propuesta por el PAN.
Los tiempos son fatales: no puede pasar de esta semana sin que se sepa si habrá o no habrá Reforma Electoral y, en consecuencia, Reforma Fiscal (en ese orden; a la inversa no es posible). El problema aquí es que parece ser que dentro del Gobierno existen actores políticos que con su actitud parecen muy interesados (principalmente el Secretario de Gobernación) en que ambas reformas no logren consumarse. Suponer que puede salirse avante en lo fiscal sin ceder un ápice en lo electoral es más que ingenuo.
Ahora, cualquiera pudiera también decir que la Oposición está exagerando sus demandas y cayendo en una vil actitud de chantaje al condicionar lo fiscal a cambio de lo electoral. Así puede ser percibido por el público, en primera instancia; pero, bien vistas las cosas, al Gobierno de la República le saldría barato que a cambio de aceptar la remoción de los consejeros del IFE se apruebe la Reforma Fiscal y se aumente en un 5 por ciento el costo del litro de gasolina. Por otro lado, el País saldría ganando si se redujera el financiamiento a los partidos y si se acortara la duración de las campañas (ojalá los legisladores pusieran también candados legales para evitar que el presidente nacional de un partido cobre más de 220 mil pesos mensuales, como Manuel Espino, el del PAN).
Es decir, el costo político para la Oposición, derivado de autorizar el alza a las gasolinas, con las secuelas inflacionarias que esto pueda desencadenar, parece mayor de lo que al Gobierno Federal y a su partido le puede significar aceptar la remoción de los consejeros del IFE.
Sería un craso error del Gobierno de la República cancelar la Reforma Fiscal por garantizar la continuidad en el cargo de personas que mucho daño ya le han hecho al País. Se antoja desproporcionado que, aunado a la crisis política que con su actuación desataron estos personajes, ahora hasta puedan constituirse en uno de los factores clave para que la debilidad del Estado Mexicano continué al menos por dos años más.
Realismo, sensibilidad y responsabilidad serán muy necesarios esta semana.
docjhurtado@hotmail.com
http://www.mural.com/editoriales/nacional/388/774920/
5 Sep. 07
Cualquiera podría preguntarse ¿qué tiene que ver la Reforma Fiscal con la Reforma Electoral, o esta última con aquélla? De momento, en materia presupuestal y temática, nada. Podrían estar entrelazadas en el proceso legislativo si, por ejemplo, el financiamiento a los partidos políticos se ligara a un cierto monto o porcentaje del PIB; a que cierta cantidad se asignara dependiendo del porcentaje trimestral de crecimiento de PIB; o bien, a que ese financiamiento y el presupuesto asignado al IFE no pudiera rebasar cierta proporción del gasto en Salud, en Ciencia y Tecnología, en Educación o para el Campo. Sin embargo, como no existe nada de esto, entonces la ligazón entre ambos temas es meramente política y coyuntural. Vamos, es un simple condicionamiento, por no decirle chantaje.
Si no hay Reforma Fiscal, no habrá Reforma Electoral; si no hay Reforma Electoral, no habrá Reforma Fiscal. Así han sido manifestadas las posturas de los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras: al PRI y al PRD les interesa la Reforma Electoral, y sólo apoyarían la Fiscal en la Cámara de Diputados si antes es aprobada en el Senado la Electoral. A su vez, al PAN le interesa más la Fiscal, sin embargo, reconocen que no podría prosperar su iniciativa en la Cámara Baja si antes sus senadores no votan a favor de la Reforma Electoral en la Cámara Alta. Sin duda, un crudo ejercicio de pragmatismo político.
Tanto en uno como en el otro caso, los tiempos y las facultades constitucionales se les acomodaron a los legisladores: en virtud de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación "una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo"; y señala que el Ejecutivo hará llegar dichas iniciativas a más tardar el 8 de septiembre; y que, tanto la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, deberán estar aprobados a más tardar el 15 de noviembre. Así, entonces, esta -por llamarle de alguna manera- división constitucional del trabajo hizo que de manera natural se estableciera una división temática de la agenda de reformas entre los legisladores de un mismo grupo parlamentario, lo que trajo como consecuencia que el Senado se convirtiera en Cámara de origen en lo electoral, no obstante que la Constitución no obliga a que así sea.
Ya en materia de proceso político, el Ejecutivo, a través de su Secretario de Hacienda, dice estar preparado para "presentar una Iniciativa de Presupuesto sin Reforma, otra con Reforma y otra con los dos escenarios" (¿?). Si algo está claro, es que primero se debe votar lo electoral en el Senado, a más tardar el jueves 6 del presente, y sólo así los diputados priistas y perredistas darían su apoyo a la Reforma Fiscal propuesta por el PAN.
Los tiempos son fatales: no puede pasar de esta semana sin que se sepa si habrá o no habrá Reforma Electoral y, en consecuencia, Reforma Fiscal (en ese orden; a la inversa no es posible). El problema aquí es que parece ser que dentro del Gobierno existen actores políticos que con su actitud parecen muy interesados (principalmente el Secretario de Gobernación) en que ambas reformas no logren consumarse. Suponer que puede salirse avante en lo fiscal sin ceder un ápice en lo electoral es más que ingenuo.
Ahora, cualquiera pudiera también decir que la Oposición está exagerando sus demandas y cayendo en una vil actitud de chantaje al condicionar lo fiscal a cambio de lo electoral. Así puede ser percibido por el público, en primera instancia; pero, bien vistas las cosas, al Gobierno de la República le saldría barato que a cambio de aceptar la remoción de los consejeros del IFE se apruebe la Reforma Fiscal y se aumente en un 5 por ciento el costo del litro de gasolina. Por otro lado, el País saldría ganando si se redujera el financiamiento a los partidos y si se acortara la duración de las campañas (ojalá los legisladores pusieran también candados legales para evitar que el presidente nacional de un partido cobre más de 220 mil pesos mensuales, como Manuel Espino, el del PAN).
Es decir, el costo político para la Oposición, derivado de autorizar el alza a las gasolinas, con las secuelas inflacionarias que esto pueda desencadenar, parece mayor de lo que al Gobierno Federal y a su partido le puede significar aceptar la remoción de los consejeros del IFE.
Sería un craso error del Gobierno de la República cancelar la Reforma Fiscal por garantizar la continuidad en el cargo de personas que mucho daño ya le han hecho al País. Se antoja desproporcionado que, aunado a la crisis política que con su actuación desataron estos personajes, ahora hasta puedan constituirse en uno de los factores clave para que la debilidad del Estado Mexicano continué al menos por dos años más.
Realismo, sensibilidad y responsabilidad serán muy necesarios esta semana.
docjhurtado@hotmail.com
http://www.mural.com/editoriales/nacional/388/774920/
No hay comentarios:
Publicar un comentario