¿Deben salir los consejeros del IFE?

Gabriel Torres Espinoza

Es necesario comenzar con una precisión: la diferencia entre el Consejo General del IFE (del que parte de la población duda de su imparcialidad y profesionalismo) y el servicio profesional de éste, que se integra mediante concurso público de oposición por funcionarios que acreditan conocimientos para desarrollar las tareas específicas.

El problema de legitimidad que ahora enfrenta el consejo general del IFE se debe a múltiples factores. Entre los más relevantes destaca el que se remonta a la integración del consejo que preside Luis Carlos Ugalde. Este Consejo General, recordemos, se integró sólo con los votos de los diputados del PAN y del PRI, y con la notoria ausencia en el acuerdo del PRD. La soberbia de ambos partidos al dejar fuera al PRD, le dio la coartada perfecta para que este partido tuviera dos escenarios muy cómodos. Si ganaban las elecciones sería a pesar de la autoridad electoral, que a decir de ellos respondería al PRIAN. Si la elección la perdían, la causa sería la falta de imparcialidad de la autoridad electoral.

En ambos casos, y con un escenario de alta competitividad como el que ocurrió, los más raspados de la contienda serían los propios consejeros electorales, por la estrecha visión política de los diputados del PRI y del PAN, que dejaron fuera del acuerdo al PRD en la integración del Consejo General del IFE. Un árbitro debe ser de absoluta confianza de todos los jugadores y no sólo de una mayoría de los participantes. Precisamente esa fue la principal divisa que en su momento explotó José Woldenberg, quien presidió un IFE integrado por absoluto consenso de todas las fuerzas políticas del país. Un árbitro validado por todos, lo cual le otorgó de origen una mayor legitimidad y desde luego mayor autoridad.

Independientemente de todas las fallas técnicas con las que a muchos nos desilusionaron los consejeros del IFE, que tardaron tres días en declarar al ganador de las elecciones más costosas del mundo, con el personal y equipo más sofisticado (ineficiencia), es obvio que este consejo general no goza de la confianza deseable para organizar el siguiente proceso. El árbitro no debe seguir por capricho cuando le hace daño al proceso. Plantear a manera de chantaje que renovar el Consejo General del IFE sería tanto como aceptar un fraude electoral en el proceso pasado es ignorar la enorme inconformidad de cuando menos un 35 por ciento de la población que no cree en su imparcialidad.

Los consejeros electorales del IFE deben renovarse básicamente para generar la confianza de que hoy carecen los consejeros electorales, por múltiples factores, incluso el más importante imputable a los diputados. En una institución como el IFE, lo verdaderamente relevante se soporta en un servicio profesional que no está a discusión su permanencia. Si los consejeros electorales son autocríticos, deben reconocer que hoy su estancia, por capricho o conveniencia salarial, le hace daño al IFE y a la confianza y certeza que requiere el siguiente proceso para la renovación de los poderes públicos federales. Su salida es, simplemente, una cuestión de Estado.

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