Javier Hurtado
12 Sep. 07
Finalmente, los nueve consejeros electorales del Instituto Federal Electoral se habrán de ir antes de que termine el mes de octubre de 2010. Este año saldrán el actual presidente y dos de sus compañeros consejeros; en agosto del año que entra, otros tres; y, casi dos años después serán sustituidos los tres restantes. Con este acuerdo logrado el día de ayer, los comicios de 2009 serán organizados por una mayoría de nuevos consejeros Electorales, y los presidenciales de 2012 por una autoridad electoral renovada en su totalidad con el máximo consenso posible de los partidos representados en el Congreso.
Atrás quedaron los dobles juegos y dobles discursos: 1.- de los consejeros cuestionados que supuestamente defendían la autonomía del IFE, pero que en el fondo lo que alegaban era su continuidad en el cargo; 2.- el de los “intelectuales” que alzaban la bandera de la institucionalidad —protegiendo, de paso, a la autoridad criticada—, pero que muy en sus adentros rogaban a Dios por la sustitución de aquéllos y se anotaban como los primeros relevos, por haberse rasgado las vestiduras en defensa del organismo electoral; 3.- el de los otros “intelectuales” y “expertos” que, con el pretexto de realizar un análisis y crítica a la iniciativa de Reforma Electoral (con propuestas que nunca antes externaron), en el fondo lanzaban una ácida y fundamentada crítica a los consejeros para mandar a los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD el mensaje de: “aquí estamos, para cuando se les ofrezca: nosotros sí somos confiables”, 4.- el de los tres consejeros que —más realistas, pero igual de ambiciosos que sus seis compañeros— al reconocer la autoridad del Congreso para removerlos y aceptar que eso no significaba ningún atentado a la autonomía del IFE, en realidad lo que querían decir era: “al menos déjennos ser los últimos tres que nos vayamos”; y, 5.- la postura más burda de todas: la de las televisoras, que en una oportunista campaña —orquestada premeditada o casualmente con los primeros "intelectuales"— alzaban la bandera de la racionalidad y de la defensa de la libertad de expresión, pero en el fondo lo que defendían era el libre mercado en materia de publicidad política y los miles de millones de pesos que se embolsan en cada proceso electoral. Afortunadamente este juego de dobles máscaras ha terminado. Si no, al menos, sus verdaderos rostros han quedado al descubierto.
Hasta aquí, las cosas han quedado más o menos claras. Lamentablemente, lo que no está muy claro son los contenidos en materia de reformas institucionales, de procedimientos de financiamiento a los partidos, de realización de campañas, y de compra y transmisión de mensajes políticos en los medios de comunicación electrónicos. Aquí también parece ser que existe doble discurso. En este caso, de los inflexibles críticos de las actuales autoridades electorales y ahora hasta de los medios de comunicación electrónicos, pero que son incapaces de reconocer los derroches que realizan en las campañas electorales y de aceptar que ellos mismos son los que acuerdan, autorizan y establecen unas reglas del juego que después critican y nunca terminan por modificar a fondo y a largo plazo.
Por ejemplo, nada se dice de los cambios que se deben hacer en los oprobiosos criterios para determinar el financiamiento público a los partidos políticos y que datan de la Reforma Electoral de 1996. Baste tan sólo señalar que el financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos en años no electorales es indebidamente determinado sobre el costo de las campañas electorales, como si hubiera elecciones y campañas en esos años. Adicionalmente, cada tres años que hay elecciones se les otorga una cantidad extra igual a la resultante de realizar una operación con el criterio anterior por concepto de actividades tendientes a la obtención del voto. Paradójicamente, este criterio (indexado a la inflación) ha hecho que en cada proceso electoral se les otorgue más dinero a los partidos, mientras que la participación de los ciudadanos en las urnas decrece constantemente. ¿Qué van a hacer los señores legisladores para modificar esto?
Otro punto más: se ha hecho aparecer como un gran avance que ahora los partidos tendrán para sus campañas —cuya duración se reduciría al 50 por ciento— un total de 48 minutos diarios en la televisión, mismos que si bien ya no le costarán al erario e implicarán una baja significativa en la cantidad de mensajes políticos que se transmiten con fines de promoción de candidaturas, harán que México siga siendo el País de América Latina que más tiempo permita para la transmisión de esos mensajes, ya que en Bolivia y Costa Rica el máximo permitido es de 10 minutos diarios, en Nicaragua de 3, en Paraguay y Perú de 5 minutos diarios, y en Guatemala de 30 minutos semanales. En siete de estos países las restricciones a la propaganda política también incluyen la que se publica en medios impresos y la que se difunde en la radio. ¿Por qué en México no se sigue un criterio similar?
Aparte de que los avances son magros en esta materia, la Reforma pretende dejar abierta la puerta de par en par, para que la nueva autoridad electoral acuerde contratar y autorizar la transmisión de más propaganda “cuando lo estime conveniente”, en contraste a países como Brasil y Chile, donde está totalmente prohibida la contratación de propaganda en medios electrónicos.
Como se ve, el doble discurso en su máxima expresión. O bien, un paso para adelante y otro para atrás.
http://www.mural.com/editoriales/nacional/389/777062/
12 Sep. 07
Finalmente, los nueve consejeros electorales del Instituto Federal Electoral se habrán de ir antes de que termine el mes de octubre de 2010. Este año saldrán el actual presidente y dos de sus compañeros consejeros; en agosto del año que entra, otros tres; y, casi dos años después serán sustituidos los tres restantes. Con este acuerdo logrado el día de ayer, los comicios de 2009 serán organizados por una mayoría de nuevos consejeros Electorales, y los presidenciales de 2012 por una autoridad electoral renovada en su totalidad con el máximo consenso posible de los partidos representados en el Congreso.
Atrás quedaron los dobles juegos y dobles discursos: 1.- de los consejeros cuestionados que supuestamente defendían la autonomía del IFE, pero que en el fondo lo que alegaban era su continuidad en el cargo; 2.- el de los “intelectuales” que alzaban la bandera de la institucionalidad —protegiendo, de paso, a la autoridad criticada—, pero que muy en sus adentros rogaban a Dios por la sustitución de aquéllos y se anotaban como los primeros relevos, por haberse rasgado las vestiduras en defensa del organismo electoral; 3.- el de los otros “intelectuales” y “expertos” que, con el pretexto de realizar un análisis y crítica a la iniciativa de Reforma Electoral (con propuestas que nunca antes externaron), en el fondo lanzaban una ácida y fundamentada crítica a los consejeros para mandar a los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD el mensaje de: “aquí estamos, para cuando se les ofrezca: nosotros sí somos confiables”, 4.- el de los tres consejeros que —más realistas, pero igual de ambiciosos que sus seis compañeros— al reconocer la autoridad del Congreso para removerlos y aceptar que eso no significaba ningún atentado a la autonomía del IFE, en realidad lo que querían decir era: “al menos déjennos ser los últimos tres que nos vayamos”; y, 5.- la postura más burda de todas: la de las televisoras, que en una oportunista campaña —orquestada premeditada o casualmente con los primeros "intelectuales"— alzaban la bandera de la racionalidad y de la defensa de la libertad de expresión, pero en el fondo lo que defendían era el libre mercado en materia de publicidad política y los miles de millones de pesos que se embolsan en cada proceso electoral. Afortunadamente este juego de dobles máscaras ha terminado. Si no, al menos, sus verdaderos rostros han quedado al descubierto.
Hasta aquí, las cosas han quedado más o menos claras. Lamentablemente, lo que no está muy claro son los contenidos en materia de reformas institucionales, de procedimientos de financiamiento a los partidos, de realización de campañas, y de compra y transmisión de mensajes políticos en los medios de comunicación electrónicos. Aquí también parece ser que existe doble discurso. En este caso, de los inflexibles críticos de las actuales autoridades electorales y ahora hasta de los medios de comunicación electrónicos, pero que son incapaces de reconocer los derroches que realizan en las campañas electorales y de aceptar que ellos mismos son los que acuerdan, autorizan y establecen unas reglas del juego que después critican y nunca terminan por modificar a fondo y a largo plazo.
Por ejemplo, nada se dice de los cambios que se deben hacer en los oprobiosos criterios para determinar el financiamiento público a los partidos políticos y que datan de la Reforma Electoral de 1996. Baste tan sólo señalar que el financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos en años no electorales es indebidamente determinado sobre el costo de las campañas electorales, como si hubiera elecciones y campañas en esos años. Adicionalmente, cada tres años que hay elecciones se les otorga una cantidad extra igual a la resultante de realizar una operación con el criterio anterior por concepto de actividades tendientes a la obtención del voto. Paradójicamente, este criterio (indexado a la inflación) ha hecho que en cada proceso electoral se les otorgue más dinero a los partidos, mientras que la participación de los ciudadanos en las urnas decrece constantemente. ¿Qué van a hacer los señores legisladores para modificar esto?
Otro punto más: se ha hecho aparecer como un gran avance que ahora los partidos tendrán para sus campañas —cuya duración se reduciría al 50 por ciento— un total de 48 minutos diarios en la televisión, mismos que si bien ya no le costarán al erario e implicarán una baja significativa en la cantidad de mensajes políticos que se transmiten con fines de promoción de candidaturas, harán que México siga siendo el País de América Latina que más tiempo permita para la transmisión de esos mensajes, ya que en Bolivia y Costa Rica el máximo permitido es de 10 minutos diarios, en Nicaragua de 3, en Paraguay y Perú de 5 minutos diarios, y en Guatemala de 30 minutos semanales. En siete de estos países las restricciones a la propaganda política también incluyen la que se publica en medios impresos y la que se difunde en la radio. ¿Por qué en México no se sigue un criterio similar?
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2 comentarios:
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