Marco Antonio Cortés
Pues así parece. El PRD estaría dando un giro importante en su posición ante el próximo informe presidencial y frente al titular del Ejecutivo. Si nos atenemos a las declaraciones recientes de sus líderes parlamentarios, Carlos Navarrete en el Senado y Javier González Garza en la Cámara de Diputados, pero sobre todo de la próxima presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Ruth Zavaleta, el PRD ha pasado de la amenaza de impedir que Calderón suba a la tribuna (o al menos de arruinarle el show) y de la negativa a debatir con el primer mandatario, a la aceptación tácita de aceptar el acto como un trámite constitucional al que tiene derecho quien legalmente se ostenta como presidente de México. Aunque todavía queda un margen amplio de incertidumbre sobre las opciones que aun dentro de esa nueva postura tendría el PRD, la modificación del discurso es significativa. Lo central es, indudablemente, que los legisladores perredistas dan un paso hacia el reconocimiento de quien antes juzgaban usurpador. Y si el asunto no es un engaño deliberado o un mero espejismo, el PRD mandaría la importante señal de que opta por practicar aquello para lo que hasta ahora se había negado: política, haciendo ciertamente valer su fuerza parlamentaria, pero también dejando de lado la intransigencia suicida que ha desplegado durante un año.
Este giro tiene su valor político, a pesar de que, como siempre, obedece fundamentalmente a intereses partidistas. Para el PRD es vital obtener algo pronto, luego de perder muchas oportunidades para influenciar de manera distinta en el rumbo político de México. La reforma electoral aparece ahora como el asunto a negociar con los panistas (dada la muerte prematura de la reforma fiscal). Y dentro de aquella reforma, por supuesto, la renovación del Consejo General del IFE es cuestión de honor para el PRD (propuesta a la que se sumará también el PRI, ni quien lo dude). La única diferencia radica en la manera de eliminar al incómodo Consejo. El PAN insiste en que sea de manera escalonada, y el PRD no vería objeción en ello si, para antes de las próximas elecciones federales, Luis Carlos Ugalde y compañía son historia en el órgano electoral. Calderón da su informe y Ugalde se despide de su cargo.
Ahora que si el PRD negocia para dejar el formato del informe como estaba, vaya negociación, con todo y lo importante que es la enésima reforma política. Calderón propuso debatir con los legisladores, y ese asunto, dígase lo que se diga, continúa sobre la mesa. Bien haría el PRD, junto con el PRI, en aceptar la iniciativa, independientemente de quién la haya formulado y de sus motivos políticos coyunturales. Si éstos son del momento, cambiar el formato es una demanda añeja, lo mismo que de consecuencias más vastas, en términos de dignificación de la política mexicana y de sus instituciones. Por ello ha luchado el PRD desde hace decenios, mientras que su demanda de renovar el Consejo General del IFE tiene apenas un año. Por lo demás, el debate ofrece a todos la oportunidad de capitalizarlo: eso ya dependería de las habilidades y los argumentos de quienes participen en él. Ugalde está en la cuerda floja; ¿qué onda con el debate?
Pues así parece. El PRD estaría dando un giro importante en su posición ante el próximo informe presidencial y frente al titular del Ejecutivo. Si nos atenemos a las declaraciones recientes de sus líderes parlamentarios, Carlos Navarrete en el Senado y Javier González Garza en la Cámara de Diputados, pero sobre todo de la próxima presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Ruth Zavaleta, el PRD ha pasado de la amenaza de impedir que Calderón suba a la tribuna (o al menos de arruinarle el show) y de la negativa a debatir con el primer mandatario, a la aceptación tácita de aceptar el acto como un trámite constitucional al que tiene derecho quien legalmente se ostenta como presidente de México. Aunque todavía queda un margen amplio de incertidumbre sobre las opciones que aun dentro de esa nueva postura tendría el PRD, la modificación del discurso es significativa. Lo central es, indudablemente, que los legisladores perredistas dan un paso hacia el reconocimiento de quien antes juzgaban usurpador. Y si el asunto no es un engaño deliberado o un mero espejismo, el PRD mandaría la importante señal de que opta por practicar aquello para lo que hasta ahora se había negado: política, haciendo ciertamente valer su fuerza parlamentaria, pero también dejando de lado la intransigencia suicida que ha desplegado durante un año.
Este giro tiene su valor político, a pesar de que, como siempre, obedece fundamentalmente a intereses partidistas. Para el PRD es vital obtener algo pronto, luego de perder muchas oportunidades para influenciar de manera distinta en el rumbo político de México. La reforma electoral aparece ahora como el asunto a negociar con los panistas (dada la muerte prematura de la reforma fiscal). Y dentro de aquella reforma, por supuesto, la renovación del Consejo General del IFE es cuestión de honor para el PRD (propuesta a la que se sumará también el PRI, ni quien lo dude). La única diferencia radica en la manera de eliminar al incómodo Consejo. El PAN insiste en que sea de manera escalonada, y el PRD no vería objeción en ello si, para antes de las próximas elecciones federales, Luis Carlos Ugalde y compañía son historia en el órgano electoral. Calderón da su informe y Ugalde se despide de su cargo.
Ahora que si el PRD negocia para dejar el formato del informe como estaba, vaya negociación, con todo y lo importante que es la enésima reforma política. Calderón propuso debatir con los legisladores, y ese asunto, dígase lo que se diga, continúa sobre la mesa. Bien haría el PRD, junto con el PRI, en aceptar la iniciativa, independientemente de quién la haya formulado y de sus motivos políticos coyunturales. Si éstos son del momento, cambiar el formato es una demanda añeja, lo mismo que de consecuencias más vastas, en términos de dignificación de la política mexicana y de sus instituciones. Por ello ha luchado el PRD desde hace decenios, mientras que su demanda de renovar el Consejo General del IFE tiene apenas un año. Por lo demás, el debate ofrece a todos la oportunidad de capitalizarlo: eso ya dependería de las habilidades y los argumentos de quienes participen en él. Ugalde está en la cuerda floja; ¿qué onda con el debate?
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