Estudian impuestos estatales

Un cobro estatal a combustibles generaría una recaudación de hasta 20 mil millones de pesos, según estimaciones de Hacienda

Dayna Meré

Ciudad de México (1 junio 2007).- Los Estados reciben 94 por ciento de sus ingresos de la Federación, y ahora están a punto de hacerse de más recursos propios, pero pagarían un alto interés: el costo político de fijar y cobrar nuevos impuestos.

Para incrementar la recaudación y transferir la carga política y del cobro a las entidades, la Secretaría de Hacienda y las entidades preparan una propuesta para fijar nuevos gravámenes, ahora estatales.

Actualmente, entre los pocos impuestos que llegan directo a las arcas estatales está el que aplican a las nóminas, algunos impuestos a servicios profesionales, ocupación hotelera, así como a pequeños contribuyentes.

La propuesta de Hacienda sugiere que se establezca un gravamen estatal a las ventas de refrescos y bebidas alcohólicas, además de otro impuesto local a diesel y gasolinas.

Lo anterior fue confirmado por Ricardo Humberto Suárez, Secretario de Finanzas de Michoacán, y por otros dos de sus homólogos, quienes pidieron no ser identificados.

El funcionario michoacano explicó que el cobro estatal al diesel y a la gasolina traería, según estimaciones de Hacienda, una recaudación de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos para las entidades federativas.

Precisó que esas son peticiones que los Estados han formulado al Gobierno desde hace unos tres años, para tener impuestos de alto rendimiento y fácilmente administrables.

"El impuesto al diesel y a la gasolina estatal tendría la característica de que fortalecería de manera importante los ingresos públicos de las entidades federativas, no necesariamente para incrementar el gasto corriente, sino al contrario, para incrementar el gasto de inversión", dijo.

"En este caso, tendremos un impuesto que sería al consumo, que sería indirecto, que gravaría a quien tuviera capacidad de pago y que redistribuiría mejor la carga fiscal".

Suárez agregó que, aunque el cobro del impuesto hará que el precio de la gasolina aumente, seguirá siendo bajo con respecto a otros países.

Las gasolinas y el diesel pagan un IVA de 15 por ciento, además del impuesto especial (IEPS) variable, que depende del comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

Esto se debe a que el impuesto especial aplicado a las gasolinas y al diesel funciona como un colchón: es más alto el gravamen mientras menor sea el precio internacional de los combustibles. Pero si aumenta su cotización, como ha ocurrido recientemente, entonces el impuesto baja o incluso puede desaparecer.

Para los refrescos, no hay ningún impuesto especial actualmente, y en bebidas alcohólicas, va de 25 a 50 por ciento, según su graduación.

Fuentes de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales señalaron que otro beneficio que las entidades tienen prácticamente "amarrado" con Hacienda es el cobro de un impuesto de 2 por ciento sobre las ventas de cualquier bien o servicio.

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La Conago: Ficción y realidad

Javier Hurtado

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) creada el 13 de julio de 2002, en Cancún, Quintana Roo, celebró ayer en Puerto Vallarta su trigésima segunda reunión ordinaria. Ante las expectativas generadas por dicho acontecimiento y por los pronunciamientos ahí realizados, conviene reflexionar sobre la naturaleza y alcances de esta singular agrupación.

De entrada, debe reconocerse que la famosa Conago es un sujeto político (si se le puede llamar así) de facto y no de jure. Es decir, es una realidad política y no una realidad jurídica. Pero no sólo eso, su existencia es anticonstitucional ya que no sólo no está permitido que los Estados se asocien entre sí (atribución que en todo caso debería estar en una hipotética fracción VIII del artículo 116, que para esos efectos se creara), sino que el artículo 117 de nuestra ley fundamental (en el que se localizan las prohibiciones absolutas de los Estados) expresamente establece: "Los Estados no pueden, en ningún caso: I.- Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras". De tal suerte que debemos entonces interrogarnos si la famosa Conago es una alianza, un tratado o una coalición entre Estados. Si no es nada de eso, ¿entonces qué es?

En la reunión en la que se creó esta peculiar figura política se le definió como una “instancia política de interlocución y negociación” con la Federación. A su vez, el documento oficial denominado “Fundamentos básicos” contenido en su página de internet, la conceptúa como “un espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación”. No obstante lo críptico de este lenguaje utilizado, es evidente que esta “instancia” o “espacio” es, en los hechos, una coalición de Estados de una federación dentro de una federación para deliberar o negociar con la Federación, lo que a todas luces es contradictorio, puesto que la única alianza, coalición o tratado que pueden realizar los Estados es para crear una federación o una confederación. Una vez decidido esto, ninguna otra coalición, asociación u organización de Estados se puede permitir dentro de una federación. Este principio prevalece en todos los países federales del mundo.

Ya desde 1824, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en su artículo 29 establecía: “ningún Estado entrará en transacción o contrato con otro, o con potencia extranjera”. Este principio se ratificó en el artículo 111 de la Constitución de 1857 y en la fracción 1 del 117 de la de 1917, misma que hasta las fecha se mantiene sin haber sido objeto de reforma o adición alguna. Por lo anterior, extraña que los señores Gobernadores se propongan reafirmar “el superior compromiso de las entidades federativas con el Pacto Federal”, y el “fortalecimiento del federalismo” (como lo declaran en sus “Fundamentos básicos”) violando los principios esenciales del federalismo. Más aún, si ellos no están conscientes, o fingen desconocerlo, no resulta comprensible que el Poder Ejecutivo de la Federación avale y legitime esa asociación de facto entre Estados que hasta comisiones tiene para atender de manera colectiva 24 diferentes temas o asuntos.

La Conago, cuando surgió, fue una coalición de Gobernadores priistas y perredistas creada para generar un contrapeso y un interlocutor colectivo con un omnipotente Poder Ejecutivo federal, especialmente en materia presupuestal y tributaria. Los recelos políticos que suscitaba —y posiblemente la convicción de que una coalición de ese tipo era contraria al mismo Pacto Federal— hicieron que durante su primer año de existencia y primeras cinco reuniones ordinarias no concurrieran los Gobernadores panistas ni el Presidente de la República. Ahora, tenemos la grotesca realidad de que el titular del Ejecutivo Federal va y les inaugura su reunión; y, en correspondencia, los Gobernadores de los Estados le rinden pleitesía y le expresan un unánime apoyo político, propio más bien de las célebres Reuniones de la República de la época de López Portillo.

El reconocimiento de que en México el federalismo es una ficción y no una realidad no tiene porque llevar a crear instancias contrarias al Pacto Federal, a violar el federalismo para fortalecer el federalismo, ni a pervertir los objetivos originales de esta sui generis asociación. Afirmar lo anterior tampoco quiere decir que debe mantenerse el agobiante centralismo que caracteriza a nuestro sistema de organización política, pero sí cuestionarnos si una instancia como la Conago es la adecuada para revisar el sistema de distribución de competencias en nuestro País, y no el constituyente permanente.

En las épocas de los gobiernos monocolores las Reuniones "de la República" eran para ensalzar el presidencialismo. En la actualidad para lo único que pueden servir son para el lucimiento personal de algunos gobernantes, para la confrontación estéril; para la catarsis colectiva, y si no para la abyección oportunista de los Gobernadores de los Estados ante el Ejecutivo federal. La realidad política actual no deja otra alternativa, sobre todo por el hecho de que en 17 casos de los 31 Ejecutivos locales el partido del Gobernador no goza de mayoría absoluta en los Congresos locales, y en los restantes 14 donde sí se presenta esa situación, 9 son del PRI, 4 del PAN y uno del PRD. Ante este hecho, cualquiera puede preguntarse ¿qué caso tiene establecer acuerdos con esos 17 Gobernadores, que en realidad no gobiernan sus Estados?, o bien, ¿qué no sería más efectiva una conferencia nacional de legisladores locales que una de Gobernadores, toda vez que los Congresos son los únicos autorizados para establecer las atribuciones de las autoridades y de participar en las reformas a la Constitución federal?

docjhurtado@hotmail.com

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La cereza del pastel

Javier Hurtado

El asunto de los pocos más de 281 mil spots que nadie sabe quién pagó y se transmitieron durante el proceso electoral de 2006 como propaganda a favor de partidos y candidatos, vienen a ser como la cereza en el pastel de irregularidades y deficiencias que caracterizaron el pasado proceso comicial federal.

Así, mientras los partidos contrataban propaganda negra, "anónimos" ordenaban la transmisión de mensajes a favor de ciertos partidos o candidatos, en tanto que los organismos empresariales ilegalmente contrataban publicidad electoral, el Presidente de la República intervenía impunemente en el proceso y extranjeros se inmiscuían abiertamente en el mismo. Estos spots representan el 37 por ciento del total de la propaganda que se transmitió en medios electrónicos durante dicho proceso electoral y están contenidos en los 30 mil DVDs en los que el IFE tiene grabados los 2 millones de horas transmitidos como publicidad electoral.

Este hecho debemos ubicarlo en su justa dimensión y en el contexto de otras irregularidades ya conocidas del pasado proceso electoral: 281 mil spots equivalen a 2 millones 810 segundos de transmisión de mensajes políticos en una campaña electoral, si estos spots hubieran sido de 10 segundos. Es decir, estamos hablando de 780.5 horas; o de 32.5 días de transmisión ininterrumpida acumulada que representa el 20.4 por ciento del total de los 159 días de duración legal de la campaña presidencial y más de una tercera parte del total de la propaganda transmitida en medios electrónicos. Estos spots "anónimos" son adicionales a los que ilegalmente transmitieron los empresarios, sus empresas y organizaciones entre el 25 de abril y el 28 de junio, y a las 4 mil 080 horas en televisión y 14 mil 127 en radio que Vicente Fox utilizó tan sólo entre enero y mayo de 2006 para influir subliminalmente en la intención de voto.

Ante estos hechos, no deja uno de preguntarse cómo es que pudo declarase válida la pasada elección. Más aún, ¿qué hubiera ocurrido si el Tribunal Electoral hubiera tenido conocimiento de estos 281 mil spots "anónimos" antes de realizar la calificación de la elección presidencial? O bien, ¿de qué manera se puede resarcir o castigar el daño causado por la transmisión de estos spots cuando 10 meses después de efectuada la elección constitucional el IFE nos da a conocer que del total de esos 281 mil spots anónimos 144 mil 509 fueron a favor del PAN, 75 mil 840 para la Alianza por México (PRI y PVEM) y 45 mil 779 en pro de la Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT y Convergencia).

Todo parece indicar que esta será una irregularidad más del pasado proceso electoral que vendrá a quedar impune, en caso de que llegáramos a saber quiénes fueron los responsables de pagarla u ordenarla.

Si los partidos la contrataron para violar los topes de campaña, y utilizando recursos de dudosa procedencia, el ponerles una multa como castigo sería en el fondo una burla pues sólo implicaría no darles una mínima parte de lo que se les entrega como financiamiento público, cuando lo que debería hacerse, de llegar a comprobarse su responsabilidad, sería cancelarles el registro.

Si en verdad los partidos no saben quién los pagó y ordenó, la situación es más grave, pues implica desconocer quién estuvo influyendo ilegalmente en la campaña electoral.

La otra posibilidad es que particulares la hubieran ordenado y pagado, sin embargo, esto va a ser muy difícil verificar dado el carácter confidencial de la información bancaria y fiscal. Otra posibilidad es que los mismos medios de comunicación electrónicos o la Cámara en la que se encuentran agrupados hubieran ordenado su producción y transmisión con la complacencia de los candidatos y sus partidos, convirtiendo así a todos en cómplices de todo. Si esto último fuera la realidad, entonces a esos medios se les debería cancelar la licencia, como ocurre en otros países.

Si algo demuestra lo anterior es que nuestro sistema y legislación electoral ya llegaron a su límite: no se puede seguir apostando a la imperfección de la ley para violarla y ser impune. No se puede seguir destinando a los medios de comunicación electrónica más del 70 por ciento de los casi 2 mil 100 millones de pesos que se entregaron a los partidos políticos para gastos de propaganda para el proceso electoral de 2006, cuando en 1994 ese porcentaje representó el 24 por ciento. No se puede seguir permitiendo y aceptando que "anónimos" ordenen la transmisión de propaganda electoral. Y, lo que es más importante, el Estado no puede seguir pagando costos cada vez más crecientes por atiborrar los espacios televisivos y radiofónicos con propaganda chatarra, negra o negativa que lo único que hace es desmotivar la participación ciudadana en las urnas, la que ha caído del 77 por ciento, en 1994, al 59 por ciento, en 2006; mientras que el monto del financiamiento total a los partidos políticos ha pasado, en esas mismas fechas, de 200 millones de nuevos pesos a 4 mil 170 millones de pesos.

La solución a todo esto no puede ser sino prohibir la compra de propaganda electoral en medios electrónicos; volver a los criterios de financiamiento que existían antes de la reforma de 1993; y ligar el módico financiamiento que se les otorgue a los partidos a los incrementos en el número absoluto de ciudadanos que concurren a las urnas y no a los porcentajes de votación. Ya no es posible que en cada elección le pongamos otras cerezas más al pastel.

docjhurtado@hotmail.com

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Los gobernantes de hoy, más cínicos y desvergonzados: Cortés Guardado

Han desarrollado una capacidad de resistencia ante la crítica

JORGE COVARRUBIAS

Los gobernantes de hoy han desarrollado una capacidad de resistencia ante la crítica pública que bien podría decirse que su práctica política los ha vuelto más “cínicos y desvergonzados”, afirmó el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajar Marco Antonio Cortés Guardado.

En entrevista que concedió a La Jornada Jalisco, el funcionario universitario recién ascendido a una de las rectorías más codiciadas en la máxima casa de estudios mencionó que los excesos y despilfarros de los gobernantes continuarán mientras no se aborden reformas centrales que tiendan a eliminar sus privilegios.

“Yo sospecho que son temas a los que nunca le van a entrar, tengo la impresión de que en general los funcionarios públicos, la reacción frente a las exigencias de la opinión pública y sobre todo a la crítica pública, no ha sido la adecuada, es decir, anteponer el interés, digamos los temas de interés públicos en la coyuntura actual por ejemplo de Jalisco”, respondió cuando se le planteó la posibilidad de que los diputados del Congreso Local se despojen del fuero constitucional y se reduzcan su sueldo –que asciende a casi 90 mil pesos mensuales–, además de instaurar la figura de revocación de mandato para desplazar a los gobernantes que obren en función de sus intereses.

“Yo no sé si sea un sueño esperar que algún día pudieran hacerlo, pero cuando menos teóricamente para eso los elige uno, y este incumplimiento de la misión que ellos tienen creo que en lugar de hacerlos reflexionar sobre su práctica política los ha vuelto más cínicos, es decir, han preferido desarrollar una resistencia frente a la crítica pública, muy conveniente en lugar de, digamos, sentir tantita vergüenza y sentirse obligados por las observaciones que les hace la gente a hacer las cosas bien”, refirió.

En opinión de Cortés Guardado, los cambios en el sistema democrático y las oportunidades de acceder a mejores condiciones de vida para la población en general no llegarán mientras no se modifique el diseño institucional. La reelección por ejemplo, y las candidaturas independientes, son temas que ya deberían estarse discutiendo en los Congresos locales y en San Lázaro.

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2007/05/22/index.php?section=politica&article=006n3pol

El botín América Latina

Marco Antonio Cortés

Cuando miraba al Sur, los excesos verbales y los dislates discursivos de Vicente Fox no siempre carecieron de razones o justificación política, si bien la mayoría de las veces fueron exabruptos nacidos de la imprudencia y la vanagloria más burda. Lo mismo puede decirse de los excesos declarativos y las bravatas de Hugo Chávez: algo quiere el venezolano y su boca suelta es el instrumento, desde el Sur, de una causa política relevante. El PAN, por otra parte, apuesta sus canicas internacionales en la región a favor de la organización de partidos demócrata cristianos de América Latina, y buscará intervenir en los asuntos internos de los países que la componen, mientras que el movimiento chavista se expande por distintos países y genera adeptos en sectores importantes de la izquierda radical en todos ellos. Las anteriores no son escaramuzas circunstanciales, ni fruto de los puros caprichos de la derecha cristiana o de la izquierda populista. Lo que al parecer estamos atestiguando es una verdadera batalla por América Latina, protagonizada por ambas expresiones políticas, con Estados unidos como el primer interesado de lo que pase. Geográficamente, México es la base desde la cual la ofensiva de la derecha se expande hacia el resto de América Latina, mientras que Venezuela es la base desde la cual la izquierda chavista se lanza a la conquista del subcontinente.

Para decirlo de una buena vez, ninguno de los bandos confrontados representa la mejor opción para los países latinoamericanos. Si bien no carecen de banderas aceptables (la disciplina fiscal y la apertura comercial en el caso de esa derecha, o el énfasis en la justicia social y el combate a la segregación por parte de esa izquierda), ninguna de ellas parece ofrecer la mejor alternativa ni el camino más deseable en el futuro. Sin duda hay expresiones de la derecha más inteligentes que Vicente Fox o Manuel Espino (donde incluso Calderón es una de ellas), como hay opciones, en la izquierda, no vetustas y furibundas como Fidel Castro y Hugo Chávez (empezando con Lula da Silva), por lo que el alineamiento que pareciera ocurrir alrededor de Chávez por un lado, o de Fox-Espino por el otro, es una verdadera pérdida de tiempo. Como pérdida de tiempo fue aquél desafortunado debate de Calderón con Lula, en Davos, donde el mexicano se vio ingenuo y más que nada desorientado.

Si América Latina enfrenta ahora una verdadera encrucijada entre izquierda y derecha (el centro como referente principal se esfumó en el pasado reciente), más nos valdría que el protagonismo de los Chávez y los Fox-Espino empezara a diluirse también. De lado de la derecha, el propio Felipe Calderón podría empezar a delinear una alternativa inteligente, que dialogue con y valore bien las posiciones y demandas de la izquierda. Por el lado de la izquierda, alguien como Lula Da Silva podría empezar a construir una fuerza no chavista que convoque a la izquierda menos torpe y dogmática y dialogue constructivamente con las posiciones y demandas de la derecha inteligente. Éste es el mismo dilema que enfrenta México, más cuando la derecha y la izquierda lograron convocar, cada uno por su parte, casi exactamente el mismo número de los electores mexicanos. Si Calderón puede ser la figura de la derecha, falta ver quién podría serlo por la izquierda. Agarrará la onda López Obrador? O de plano habrá que buscar en otra parte?

macortes@milenio.com

http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/firma.asp?id=507637

Disociación deseable de ingreso y trabajo

Economía Moral

Julio Boltvinik

Ingreso continuo por trabajo discontinuo, parte de una nueva vida multiactiva
El INEGI anunció un aumento de 150 mil en el número de personas desempleadas en el primer trimestre de 2007. Al margen de la política económica recesiva que los neoliberales siguen imponiendo, este tipo de noticias será cada vez más dominante en todo el mundo. La automatización determina inexorablemente la reducción creciente del tiempo de trabajo requerido para la producción de volúmenes crecientes de bienes y servicios. La sociedad y la cultura del trabajo, la sociedad salarial, van llegando a su fin. Es la hora de distinguir, como lo ha hecho André Gorz (AG) en Miserias del presente, riqueza de lo posible, Paidós, 1997, entre "la necesidad imperiosa de un ingreso suficiente y estable" y la "necesidad de actuar, de medirse con los otros, de ser apreciado por ellos". Pero el capitalismo confunde ambas necesidades y funda sobre ellas su poder, explica AG.

Pero "lo que el capitalismo ha confundido podría ser de nuevo disociado: el derecho a un ingreso suficiente y estable ya no tendría que depender de la ocupación permanente y estable de un empleo; la necesidad de actuar, de ser apreciado por los otros ya no tendría que adoptar la forma de un trabajo encargado y pagado... El tiempo de trabajo dejaría de ser el tiempo social dominante". Más allá de la sociedad salarial se dibujan así los contornos de una nueva civilización que corresponde a la aspiración mayoritaria a una vida multiactiva y a una autonomía que va más allá de la que muchas empresas han debido conceder a los trabajadores para superar el fordismo-taylorismo".
Este modelo de organización, según Benjamín Coriat (BC), se caracteriza por producción en gran escala de productos estandarizados, especialización de funciones, fragmentación de tareas, medición de tiempos y movimientos, y transportación mecánica de piezas sujetas a tareas sucesivas (El taller y el robot, Siglo XXI, 1992). La resistencia obrera a un trabajo cada vez más alienante, la diferenciación creciente y la obsolescencia acelerada de los bienes, hicieron que este rígido modelo se volviera inviable.

El postaylorismo que lo sustituye descansa, dice BC, en tres principios: distribuir el trabajo en islotes de trabajadores en vez de puestos individuales; transformar las líneas de montaje unidimensionales en una red de minilíneas, y remplazar la banda transportadora de ritmo fijo por carretillas con ritmos flexibles. En este nuevo modelo, dice AG, "resulta indispensable una gran proporción de autogestión obrera" para lograr mayor flexibilidad y mayor productividad. La autonomía que, con tal fin, fue concedida a los trabajadores tuvo su mejor momento en la planta de Volvo en Udevalla. Sin embargo, fue cerrada porque el poder obrero sobre la producción pareció al final peligroso. La globalización y el desempleo permitieron al capital ejercer su poder sin compartirlo.

La aspiración a la multiactividad expresa una capacidad de autonomía que va más allá de la necesidad empresarial, señala AG y añade: "el conflicto de poder remite, por tanto, al estatuto de esta autonomía, su amplitud, su derecho sobre sí misma: al derecho de las personas a sí mismas y sobre sí mismas; a la autonomía de la autonomía". AG ilustra este conflicto con dos fórmulas de multiactividad sometidas al debate público en Francia: una "patronal" que considera la autonomía como medio de aumentar la flexibilidad y productividad de su trabajo; y otra radical (del Centro de Jóvenes Dirigentes, CJD) que tiende a que el trabajo con fines económicos ocupe un lugar subordinado en la vida al asegurar el derecho al ingreso continuo por un trabajo discontinuo que el propio ciudadano define con base en su derecho al tiempo elegido, lo que inducirá otros modos de participación en la vida colectiva. La sociedad del trabajo será remplazada por la sociedad de la multiactividad, cambio necesario para la supervivencia (o reconstitución) de una sociedad en la cual personas y empresas puedan desarrollarse sacando partido de la nueva naturaleza de las fuerzas productivas y en la cual las formas de empleo flexibles, discontinuas, evolutivas, lejos de ser motivo de desintegración social, den nacimiento a nuevas formas de sociabilidad y de cohesión. Esta sociedad de la multiactividad y del tiempo convenido debe imponerse, dice AG, en razón de las aspiraciones por las cuales las individualidades ricas y autónomas, de las que tiene necesidad la empresa, trascienden su función productiva y se convierten en irreductibles a ella.

La reflexión del CJD, citada por AG, va más allá: "el valor tiene hoy en día su fuente en la inteligencia y la imaginación. Se encarna en lo inmaterial. El saber del individuo cuenta más que el tiempo de la máquina. El hombre, al llevar su propio capital saber, tiene una parte del capital de la empresa. La propiedad del capital se disociará progresivamente de la empresa que deberá estar dotada de una personalidad diferente de la sociedad de capital". AG concluye que la sociedad de la multiactividad es otra sociedad, que el trabajo asalariado y el capitalismo deben desaparecer. Añade que para desarrollar la multiactividad será preciso que la sociedad se organice a tal fin por medio de un conjunto de políticas específicas que dispongan el espacio y el tiempo sociales de manera que todos esperen de todos que acumulen o alternen una pluralidad de actividades y de modos de pertenencia. AG plantea políticas tendientes a: garantizar a todos un ingreso suficiente; combinar la redistribución del trabajo con la reapropiación individual y colectiva del tiempo; y favorecer el florecimiento de nuevas sociabilidades, nuevos modos de cooperación e intercambio.

jbolt@colmex.mx

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/18/index.php?section=opinion&article=028o1eco

Oficializan aumento a sindicatos de la UdeG

EL INFORMADOR/Redacciónfecha de publicación: 16-05-2007, 22:03 hrs.
GUADALAJARA, JALISCO.- Para oficializar el aumento salarial de 3.8% directo al salario además del incremento en algunas prestaciones como en el vale de despensa que reciben los trabajos académicos y un apoyo para el material didáctico esta tarde en punto de las 18:00 horas, autoridades de la Universidad de Guadalajara (UdeG) además del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG) y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG), en toda la red universitaria, firmarán el documento que avala dichas acciones.

“Es insuficiente el aumento de 3.8%, pero es una realidad que tenemos. No recibimos de parte del gobierno federal recursos más allá de la posibilidad de la posibilidad de incrementarles esta cifra”, comentó Carlos Briseño Torres, rector general de la UdeG.

Así los más de 22 mil 216 trabajadores afiliados a los sindicatos de Trabajadores académicos y administrativos, recibirán en breve de manera retroactiva al mes de enero, este aumento.EL INFORMADOR 17-05-2007 JRMB

http://www.informador.com.mx/informador/modules/xfsection/article.php?articleid=67103