Callejón sin salida

Javier Hurtado

Al caso de los militares emboscados en Carácuaro, Michoacán, le siguió el acribillamiento de los cuatro escoltas de los hijos del Gobernador del Estado de México, en el Puerto de Veracruz; y a éstos, las ejecuciones perpetradas el lunes pasado en el Distrito Federal, contra un jefe de Inteligencia de la PGR y en Tijuana, Baja California, contra un comandante de la AFI. Esto, ocurrido en tan sólo 12 días, en distintos puntos del territorio nacional, y tan sólo por lo que respecta a elementos policíacos o militares.

Ayer mismo, este diario daba cuenta de que además de los dos jefes policiacos ejecutados el lunes pasado, ese mismo día, en un lapso de tan sólo tres horas, cuatro personas más fueron ejecutadas en el Estado de Sinaloa. La lista parece interminable y las modalidades de ejecución de los "levantados" son dignas de cualquier novela de terror: decapitados, encostalados, entambados, encajuelados, emboscados, envueltos en papel para regalo. Otros, son amputados o sus cuerpos son tatuados con mensajes.

La contundencia de las cifras muestra la gravedad de la situación: tan sólo en lo que va de los 135 días transcurridos del 2007, mil personas han sido ejecutadas en nuestro País, lo que corresponde a un promedio de tres personas por hora. Hace un año, los mil ejecutados se completaron hasta el 1 de julio; y en el 2005 tuvieron que transcurrir 255 días para que se llegara esa cifra (El Universal, 15/mayo/2006).

Con este promedio, y de continuar las cosas como van, infiera usted cuántos días serán necesarios para que se completen los otros mil ejecutados durante el presente año; y cuántos de ellos habrán de ser miembros de las fuerzas armadas o de seguridad del Estado mexicano.

Si las cifras se han incrementado y las ejecuciones han alcanzado ya a efectivos del Ejército y altos jefes policiacos, ello es símbolo de que hoy la situación es más grave que antes y de que prácticamente lo que existe es un auténtico estado de guerra al interior del País. Aquí, la interrogante es si lo anterior se debe a que el actual Gobierno federal está haciendo lo debido, o si ello es producto de una estrategia equivocada.

El monopolio de la violencia física legítima por parte del Estado no puede estar a discusión, como tampoco su principal obligación: brindar seguridad a sus habitantes. Tampoco puede, el Estado, renunciar a su función de ser garante de las libertades y de la legalidad a lo largo y ancho del territorio nacional. Precisamente para hacer efectivo esto último, es la única entidad que puede hacer uso de la fuerza legítima para garantizarlo.

Sin embargo, el Estado no es ni puede confundirse con una banda más de delincuentes, narcos o facinerosos. Es decir, no puede ponerse al nivel de sus enemigos y luchar exclusivamente en el terreno en el que a ellos les conviene que luche: el de los enfrentamientos a balazos; el de las emboscadas. En vez de eso, el Estado puede pegarles en donde más les duele: en sus inversiones y en sus activos bancarios (dando por descontado los decomisos de armas y drogas). Claro que para lograr eso en muchas ocasiones se debe utilizar la fuerza bruta. Pero, una cosa es utilizarla en una lucha cuerpo a cuerpo, y otra hacerlo para lograr objetivos que vayan más allá de un simple recuento del número de bajas causadas.

Lo mejor sería que más temprano que tarde el Gobierno revise su estrategia, puesto que cada día que pasa parece ser que el Estado se coloca en un callejón sin salida: si recula ante las bajas causadas y el baño de sangre que se está desatando en el País, habrá perdido una de las guerras más importantes de todas cuantas pueda haber librado; y si intensifica las acciones con la misma estrategia, entonces sí que no alcanzarían los panteones para dar cabida a tantos muertos, además de que ante los ojos de la población cundiría la sensación de que la guerra la estaría perdiendo el Gobierno, aun sin haberse retirado del campo de batalla. El asunto no sólo es de fuerza, sino también de inteligencia.

Otro punto a debate es si en esta lucha o guerra interna debe o no participar el Ejército, o si ésta sólo debe ser efectuada por los cuerpos policíacos. Aquí, todo depende de cómo se entienda el daño que están causando los criminales. Si se considera que sus actos atentan contra los fines esenciales del Estado (preservar la especie, aumentar el promedio de vida, brindar bienestar y seguridad a la población) entonces debe participar el Ejército. Por el contrario, si se considera que sus actividades son simples ilícitos cuyo daño se resarce con purgar una condena, entonces dejémoslo en manos de los cuerpos policiacos.

Sin embargo, ya sea por una vía u otra, en ambos casos -pero más en el primero- se corre el riesgo de que en la lucha también se violen los derechos de la población civil, como parece ser que ya está ocurriendo.

Por lo demás, el problema va más allá de lo meramente policiaco o militar. De cómo se resuelva la lucha, en mucho, dependerá el tipo de Estado que vaya a existir en los próximos años; y el que la alternancia partidaria pueda contribuir a la consolidación democrática y no se convierta en víctima o aliada de una regresión autoritaria. De ese tamaño es el problema.

docjhurtado@hotmail.com

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Disciplina de partido

Javier Hurtado

La indisciplina en que supuestamente han incurrido regidores y diputados del PAN —del Ayuntamiento de Guadalajara y del Congreso de Jalisco— es portadora de uno de los problemas más apasionantes y de mayor actualidad de las democracias y la ciencia política: el de la teoría de la representación y del mandato, así como el de la relación de la disciplina partidista con ambas.

Respecto a la representación -que significa hacer presente algo que de otra manera no lo era-, debe decirse que la que ostentan los gobernantes y representantes populares no es jurídica (derivada de un contrato en el que alguien ejerce un poder en nombre de otro para fines determinados) ni esencialmente sociológica (basada en la simple idea de semejanza con respecto a un grupo, clase o profesión), sino que es intrínsecamente política, por derivarse de un proceso electivo para integrar un órgano de Gobierno estatal; porque una vez otorgada no puede ser retirada por el representado; y porque tampoco puede obligársele al representante a cumplir un fin determinado.

Esto significa que los representantes populares no deben guiar su actuación sobre la base de la teoría del mandato imperativo (acatando al pie de la letra las instrucciones de sus mandantes), sino con base en el mandato representativo que les otorga libertad e independencia absoluta en sus decisiones, toda vez que son representantes de la Nación, no de los electores ni de un grupo determinado, mucho menos de una persona o entidad específica.

En los inicios de los Parlamentos, en los Estados liberales democráticos el debate fue con relación a si los representantes populares representaban a una región o segmento social determinado o a la Nación en su conjunto. Posteriormente, con el surgimiento de los partidos políticos, el establecimiento de la democracia representativa y la instauración del sufragio universal, la problemática se potenció: los representantes populares a quién representan: ¿a los electores, al partido, al electorado o al pueblo? En consecuencia, ¿deben votar siguiendo las directrices de a quién le deben el cargo o según su libertad de consciencia?

Sin embargo, con el ulterior fortalecimiento y constitucionalización de los partidos políticos los problemas de antaño inherentes al mandato y la representación adquieren nueva relevancia: uno es referido a las relaciones elector-partido, que concierne a la sustitución del representante por el partido, toda vez que el elector vota esencialmente por el programa del partido y no tanto por el candidato a que lo represente. El otro es el que tiene que ver con las relaciones representante popular-partido, e involucra el tema de la pérdida de libertad del representante para tomar decisiones, toda vez que su actuación debe quedar sujeta a las directrices del partido. Cualquiera diría que este cambio es hasta cierto punto lógico y, por lo demás, hasta de justicia, toda vez que si alguien ostenta un cargo público gracias a la postulación que hizo un partido político, lo menos que puede esperarse de ese representante es lealtad y gratitud. Más aún: sino fuera por la disciplina partidista muchas democracias representativas serían un caos.

No obstante, la paradoja es que siendo la disciplina partidista esencial para la institucionalización de los partidos y el funcionamiento estable y eficaz de las democracias, al mismo tiempo es contraria al carácter político y moderno de la representación que ostentan diputados y gobernantes, por constituir en el fondo un mandato imperativo en el que, en el mejor de los casos, sólo se cambia una persona o grupo por una institución. Un representante de la Nación o de la voluntad popular no puede recibir mandatos de nada ni de nadie, so riesgo de poner en entredicho la soberanía, por más necesaria que pueda ser esa instancia para el funcionamiento de una democracia.

Existen países (como Perú) en los que las constituciones prohiben expresamente el mandato imperativo. En otros (como México), no sólo no dicen nada sobre la disciplina partidaria, sino que hasta la estimulan con subvenciones o cargos para los integrantes de los grupos partidistas en los órganos estatales. En otros (como Colombia), el transfuguismo se castiga con la pérdida del cargo por el representante popular.

En el caso de los problemas de indisciplina en algunos regidores y diputados del PAN, cualquiera puede ver de la más elemental justicia que se les aplicara una sanción, la expulsión, o se les castigara con la pérdida del cargo; pero habría tres puntos que desde el punto de vista jurídico se deberían considerar: 1. La disciplina de voto, en el fondo, es anticonstitucional, máxime en el caso de los diputados que gozan de inviolabilidad (fuero) para expresar sus opiniones, pero que no pueden ejercerla con relación a asuntos de su partido; 2. La expulsión de un miembro de un partido, por no acatar las directrices de sus órganos directivos, puede implicar la afectación ilegal de los derechos políticos de los involucrados y puede ser recurrida ante los organismos jurisdiccionales correspondientes; y, 3. Si fuera el caso, la pérdida del cargo por los tránsfugas o indisciplinados no procedería, por ser los cargos de elección popular irrenunciables.

Pese a lo anterior, la alternativa no es elegir entre disciplina o indisciplina partidista, sino conciliar el mandato representativo con la disciplina del partido; y a quien le corresponde hacerlo -para que los castigos a la indisciplina no sean ilegales- es al Congreso del Estado, no a los órganos o dirigentes partidistas.

docjhurtado@hotmail.com

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Soberanía dual

Marco Antonio Cortés

Sin duda, es positivo que la transparencia y la rendición de cuentas sean ahora cuestiones vitales en el debate público del país y de Jalisco, que se estén volviendo exigencias férreamente sostenidas por la sociedad y, más aún, que estén cristalizando en compromisos de las entidades públicas y gubernamentales en todos los niveles y órdenes del gobierno. Con esas dos medidas se fortalece indudablemente la opinión pública, pues el libre acceso a la información facilita el escrutinio de la sociedad. Pero sobretodo, se trata de dos instrumentos que le dan mayor poder al ciudadano para vigilar al gobierno, para detectar la corrupción y para sancionar las malas administraciones públicas. Son elementos que empoderan al ciudadano, para usar un término de moda en el sexenio anterior, e incrementan la soberanía que teóricamente le confiere la concepción moderna de la democracia. Que los políticos y funcionarios públicos opten muchas veces por responder a ese escrutinio recurriendo al cinismo y la desvergüenza ya es otro boleto, pero no irrelevante, ciertamente. La situación hasta ahora es que se ha incrementado la soberanía ciudadana pero los políticos no han tomado nota de ello. Lo cual, a final de cuentas, mina el crecimiento de la susodicha soberanía.

La transición a la democracia se ha centrado casi completamente en conquistar y garantizar los derechos políticos del ciudadano, principalmente de los electorales. Con la transparencia y la rendición de cuentas se da un paso adelante, pero la cuestión continúa situada en el terreno de la política. No es de extrañar, pero sí de preocupar, que no se termine de captar algo que me parece elemental: el ciudadano es también un consumidor. Y en una democracia bien cimentada, la soberanía del ciudadano no es ajena a la soberanía del consumidor: una presupone a la otra.

En México, medio se han logrado algunas medidas de protección al consumidor (la creación del Instituto del Consumidor fue un hito importantísimo) pero sus derechos y prerrogativas, ahora mínimas, se burlan cotidianamente en todas partes. Para efectos prácticos, los proveedores de bienes y servicios hacen lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie y difícilmente pagan sus fechorías cotidianas en contra de los indemnes consumidores. El mexicano no tiene, para empezar, los derechos que una ley verdaderamente moderna, y propia de una sociedad de mercado, debería conferirle (y eso que somos miembros de la OCDE); mucho menos tiene los instrumentos necesarios para defenderse del abuso, la estafa y la arbitrariedad. Para decirlo pomposamente, en México ha habido empoderamiento político pero no empoderamiento consuntivo.

Tres factores coinciden para impedir que en México seamos consumidores ciudadanos de pleno derecho. Uno son las empresas y los empresarios que exigen rendición de cuentas al gobierno, pero fingen demencia en terreno propio. Otro son los pruritos de la intelectualidad mexicana que no termina de digerir el concepto “consumidor”, ni le otorga legitimidad para existir. Y el tercero es una clase política ignorante de la teoría democrática, omisa en sus responsabilidades, torpe para detectar los interese de los mexicanos e incapaz de ir más allá de sus mezquinos afanes. No vaya a ser que queden mal con los poderes fácticos (léase, empresarios).

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¡Ya paren a Fox!

Javier Hurtado

El protagonismo e irresponsabilidad de Vicente Fox no tiene límites. Sus actos y declaraciones, más que parecer fruto de su escasa cultura y limitada capacidad intelectual, sugieren una acción deliberada con el objetivo manifiesto de causarle problemas al País y al Presidente Calderón. Su incontinencia verbal lo ha llevado a entrometerse tanto en asuntos de política interior como exterior, con un desparpajo e impunidad sin precedentes en la historia reciente de México: "soy un ciudadano privado y el Presidente Calderón, una institución aparte. No veo por qué mi labor a favor de la democracia, en países como Venezuela, pueda afectar al Gobierno de México", habría así justificado su reciente ocurrencia de irse desde su rancho a caballo para "defender" a ese país del Gobierno dictatorial de Hugo Chávez.

Si bien es cierto que el ex Presidente es poseedor de una personalidad locuaz y desbordada, también lo es que él mejor que nadie sabe las consecuencias que le puede causar a su sucesor en el cargo con sus declaraciones. Vamos, por más extrovertido que sea, seguramente que a él no le hubiera gustado que Ernesto Zedillo se la pasara emitiendo, sin ton ni son, declaraciones sobre asuntos oficiales, tanto domésticos como internacionales.

Es cierto que la Constitución de la República otorga a todos los mexicanos garantías para la libre expresión de las ideas. Sin embargo, el mismo artículo sexto constitucional establece las restricciones a las que estará sujeto dicho ejercicio. Y, de entre las cuatro limitantes ahí contenidas para el caso de que esta libertad pueda ser objeto de alguna inquisición judicial o administrativa, una de ellas es que "perturbe el orden público". En esto, punto esencial sería determinar si los problemas internos y externos que Vicente Fox le causa al Gobierno de la República son o no perturbadores del orden público. Como quiera que sea, si algo es cierto, es que existe un gran vacío en la legislación penal federal, pues ésta sólo consigna los delitos cometidos por los servidores públicos en activo, pero no enumera uno solo de los que pudieran cometer ex servidores públicos (por ejemplo, por el uso de la información privilegiada a la que tuvieron acceso o por provocar deliberadamente desestabilización política en el País), quienes disfrutan de un limbo jurídico o una abierta impunidad. Éste es el caso de Vicente Fox.

En 1935, Plutarco Elías Calles había anunciado su retiro de la política nacional, y, al igual que Fox, no cumplió. El 11 de junio de ese mismo año, ante un grupo de senadores que acudió a su casa para entrevistarlo y presentarle sus parabienes, pronunció unas declaraciones sumamente críticas y amenazadoras sobre la política obrera del General Lázaro Cárdenas. Ante esto, y después de meses de agitación política, el 10 de abril de 1936, el sonorense fue conducido al campo aéreo para ser expulsado del País. El General Lázaro Cárdenas justificó ante la Nación este hecho con un mensaje que pronunció en Palacio Nacional, que, en su parte conducente, sostenía: "... estimo que las circunstancias reclamaban, por imperativo de salud pública, la inmediata salida del territorio nacional de los señores General Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, Luis L. León y Melchor Ortega".

Efectivamente, lo anterior fue un típico acto de autoritarismo que vino a marcar el nacimiento del viejo presidencialismo mexicano. Sin embargo, la democracia y la libertad también deben tener reglas, ya que de lo contrario lo que se prohija es la anarquía o el libertinaje. Ya el líder del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exigió que Calderón le ponga un "¡ya basta!" a Vicente Fox para obligarlo a "dedicarse a lo que él dijo y no está cumpliendo: irse a su rancho y permanecer ahí con la señora Marta". No hay que olvidar que por bien de la institución presidencial, en otras épocas, otros ex Presidentes también han sido forzados a abandonar el País. Ahí están los casos de Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Carlos Salinas.

No puede resultar creíble que Fox no se dé cuenta de los problemas que le causa al actual Presidente y al País. De ser así, necesitaría atención siquiátrica o reclusión hospitalaria. No, todo indica que su comportamiento es deliberado, y que lo único que pretende es crearse una aureola de mártir o perseguido político para que, en caso de que se le investigue o procese por las irregularidades o delitos que pudiera haber cometido durante el periodo de su encargo, entonces se diga que se le castiga por las opiniones que expresa como ex Presidente y no por sus actos u omisiones como Presidente. Es decir, Fox es un auténtico luchador de la libertad. Sí, pero de su libertad personal. Defensor de la democracia también lo es, pero de una democracia entendida a su modo, es decir: como la intervención descarada e impune en todo asunto que se le ocurra.

En verdad resulta ridículo imaginar a Fox cabalgando en su caballo hasta Venezuela. ¿Quién se cree?: ¿el Quijote de la Mancha de la política contemporánea, el nuevo Simón Bolívar de Latinoamérica, o el Che Guevara de la derecha internacional? Esto, más que realidad, parece caricatura, y es de dar risa. Sin embargo, es compatible con su objetivo de crearse una imagen de mártir o perseguido político, antes que de delincuente.

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Aborto, vida y persona humana

Javier Hurtado

La iniciativa del PRD para despenalizar el aborto, aunque necesaria, parece inoportuna. Si bien puede decirse que resulta imperativo adaptar la legislación a las nuevas realidades, también puede afirmarse que convertir el tema del aborto en un debate político no parece ser lo más adecuado cuando en este País no existen condiciones para que se pueda dar una discusión de fondo sobre un tema que, hoy por hoy, es asumido desde posiciones políticas o religiosas de carácter extremista. Menos aún, cuando la correlación de fuerzas no muestra signos de equilibrio, dada la abierta intervención de la iglesia católica en el tema y la beligerancia de los grupos panistas radicales.

Aborto y pobreza van estrechamente relacionados. Por ello, extraña que lo que prevalezca en su discusión sean postulados religiosos y políticos, antes que argumentos médicos y sociales. El contenido y la forma como se discute el tema en la arena política lo único que hace es demostrar la pobreza de nuestros políticos de izquierda, la ambición política de los dignatarios religiosos y el fundamentalismo de los políticos panistas.

El tema del aborto necesariamente nos conecta, además, con el de la vida y con el de la esencialidad de la persona humana. En esto, un primer problema son las definiciones que sobre el particular nos da el Diccionario de la Lengua Española. En torno a lo primero establece: "Vida. f. Fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee// 3.Unión del Alma y del cuerpo// 4.Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte". En lo tocante a la persona la define como "individuo de la especie humana" que filosóficamente implica un "supuesto inteligente" y que jurídicamente significa un "ser o entidad capaz de derechos y obligaciones". Aquí, la pregunta es: ¿estas definiciones son aplicables para un embrión de hasta 12 semanas de gestación?

Pero quizá la argumentación más consistente en torno al tema es la que nos da el teólogo suizo Hans Küng, quien -siguiendo a Santo Tomás de Aquino- sostiene: "la persona humana presupone un anima intellectualis, un intelecto; entonces todo eso que distingue al hombre del animal, se ve que al inicio no hay una persona humana (...) Un óvulo fertilizado, evidentemente, es ya vida humana, pero no es una persona. Entonces el problema del aborto se reduce considerablemente". De esta manera, sostiene Küng "entonces la cuestión no es cuándo comienza la vida humana, si no cuándo comienza una persona".

Establecido lo anterior, conviene aclarar que en esto no se trata de caer en lo que Santo Tomás denomina como regressus in infinitum, y que nos lleve a buscar la causa de la causa, en términos concatenadamente subordinados, y que caigamos en una especie de discusión bizantina tratando de elucidar qué es primero, si la persona humana o la vida humana.

Precisamente para salir de este callejón sin salida es importante recordar a Tomás de Aquino en su teoría sobre la doctrina del Alma, que utilizaba al distinguir ciertas sustancias corpóreas de los demás cuerpos, por el hecho de que aquéllas tienen automovimiento, facultad de nutrición, de reproducción, sensación y apetición. El autor de la Summa Theológica sostenía que "con sólo el cuerpo como tal, no podemos explicarnos aquella vida; si no, todos los cuerpos serían vivos. Como esto no ocurre, debe haber en los cuerpos vivientes algo más que el ser corpóreo. Y a este nuevo principio le llamamos alma". Ahora bien, aquí la pregunta clave que debe ser respondida sin reduccionismos y con mente abierta es la siguiente: si esa es la diferencia entre la persona humana y los demás cuerpos, entonces ¿en qué momento, semana, o mes de la evolución del embrión se da esa conjunción entre cuerpo y alma?; o, más aún, ¿esa conjunción se opera fuera del seno materno y una vez que el nacido haya alcanzado cierta evolución o pueda hacer uso de la razón?

Como todo esto no puede ser contestado del todo científicamente, entonces las respuestas caen en el terreno de lo subjetivo y de las creencias filosóficas, teológicas o religiosas de cada quien, obligando a que el tema finalmente tenga que ser dirimido en la arena política, o si no, hasta en los tribunales. Esto, y lo inoportuno de la iniciativa, hacen suponer que el aborto, más que una causa social, parece un referente conceptual para que dos grupos políticos midan fuerzas o traten de cobrar viejos agravios.

Lo único que sí es cierto es que el aborto es un problema social y de salud pública en nuestro País, y que tanto la cerrazón de nuestras autoridades como la postura de la Iglesia católica para evitar que se despenalice el aborto, contribuyen a que cada año mueran miles de la mujeres, sobre las que ninguna duda existe que sean auténticas y verdaderas personas humanas. Y, hay que decirlo, esto tampoco es una postura acorde a una religión que hace del amor al prójimo y de la misericordia uno de sus postulados fundamentales.

docjhurtado@hotmail.com

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EN CONSEJO DE CENTRO EL CUCSH APROBÓ LA TERNA PARA DESIGNAR AL NUEVO RECTOR

Con 52 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en sesión plenario de Consejo presentó y aprobó la terna que será presentada ante el rector General de la Universidad de Guadalajara, maestro Carlos Briseño Torres para asignar al nuevo rector del Centro Universitario antes mencionado del periodo 2007-2010.

En un evento de gran trascendencia para el CUCSH, el consejero doctor Jorge Alonso Sánchez, presidente del Consejo Social del Consejo de Centro presentó la única terna integrada por: la doctora Lilia Oliver Sánchez, el maestro Pablo Arredondo Ramírez y el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, de quienes dio lectura de su currículo. Entre el quórum de consejeros se destacó la viabilidad de los tres prospectos, haciendo hincapié en que las tres personalidades cubren perfectamente el perfil para desempeñar la rectoría del CUCSH.

Cabe señalar que la terna propuesta esta mañana en el auditorio Silvano Barba del CUCSH, coincide en impulsar un plan de trabajo que de solución a las necesidades inmediatas del centro como son: la revisión de las gestiones administrativas del centro para mejorar las funciones operativas de los distintos órganos y departamentos; realizar reformas a la estructura académica del CUCSH, con el firme propósito de eliminar distinciones entre las distintas divisiones. Renovar las actualizaciones con la red universitaria y revisar los vínculos, fortalecerlos y acercarlos al plan de estudios y servicios que ofrecen las distintas licenciaturas. Procurar una mayor proyección social del CUCSH, de las distintas líneas de investigación, y la calidad de los egresados, ocupen la escena social y política que requiere la comunidad, causa principal de la casa de estudios, el incremento de nivel social.

Entre otros puntos también se aprobó el dictamen de la Comisión de Educación, respecto a la propuesta gestada por el departamento de Estudios Políticos, relativa a la creación de un “Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza”, con el objetivo de coordinar enlaces e intercambios de carácter científico, con otras instituciones y dependencias públicas, impulsando investigaciones que versarían sobre el análisis del sistema de justicia en la comunidad, la democracia, transparencia, libertad de expresión y corrupción, con la finalidad de identificar fenómenos sociales que generen problemáticas de orden público, y mediante indicadores, ofrecer modelos de organización tendientes a la solución de conflictos sociales.

Guadalajara, Jal. Martes 24 de Abril de 2007

Hay humo blanco en Rectorías

Definen a encargados de los Centros Universitarios y del SEMS

José Alonso Torres

Ya sólo será cuestión de trámite.

La Universidad de Guadalajara arrancó ayer los procesos de selección de ternas para las Rectorías temáticas y regionales, así como la dirección del Sistema de Educación Media Superior, sin embargo, los nombres ya han sido decididos de antemano.

La mayoría de los Centros Universitarios permanecerán sin cambios, ya que sus Rectores pueden repetir otro trienio, sin embargo hay otros que por ley deberán renovar sus cuadros.

De acuerdo con la Ley orgánica de la Máxima Casa de Estudios en Jalisco, los Rectores de centro son los máximos representantes y primeras autoridades ejecutivas de los mismos. Serán designados por el Rector general de la UdeG, de una terna propuesta por los consejos de centro.

Los planteles donde habrá cambio serán el Centro Universitario de Ciencias Sociales y de Humanidades CUCSH, donde Juan Manuel Durán le dejará su silla a Marco Antonio Cortés Guardado, y el Centro de Arquitectura, Arte y Diseño, CUAAD, en el que Mario Orozco Abundis entrará en lugar de Carlos Correa Ceseña.

En los otros centros no hay modificaciones: en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas repetirá Jesús Arroyo Alejandre; en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Juan de Jesús Taylor Preciado; en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Víctor González Álvarez, y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Víctor Manuel Ramírez Anguiano.

Dos de los Centros Regionales renovarán a su dirigencia, el CUAltos, en el que despachaba Armando Macías y ahora presidirá María Esther Avelar Álvarez, ex Abogada de la UdeG, y el CUCiénega, donde Raúl Medina Centeno será el nuevo Rector del Centro.

Ruth Padilla, quien fungía como Coordinadora Académica en la gestión de Trinidad Padilla López, será la nueva directora del SEMS, cargo que ya desempeñó anteriormente.

Los rectores durarán en su cargo tres años, contados a partir del 1 de mayo del año.

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