Javier Hurtado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió ayer —mediante uno de sus debates "más complicados y abstractos"— que los tratados internacionales, en orden jerárquico se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de todas las leyes que se expidan en el País. Con este fallo ratificaron la postura sostenida hace ocho años, pero que mereció volver a ser considerada por el Pleno, ante más de una decena de juicios promovidos por diversas empresas que alegan que se les están aplicando leyes que van en contra de lo establecido en tratados internacionales, especialmente en el TLCAN.
La fuente de esta controversia se localiza en el artículo 133 constitucional que a la letra dice: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión"... El problema aquí es que esta redacción no deja claro si existe o no una regla jerárquica, ya que, literalmente y de acuerdo a la teoría de la soberanía, cualquiera diría que los Tratados están en un tercer orden de observancia, y otros sostendrían que las leyes no pueden estar por encima de los Tratados, siempre y cuando éstos se apeguen al texto constitucional y hayan sido ratificados por la instancia legislativa correspondiente.
Suena lógico que en un mundo globalizado e interdependiente los Tratados entre naciones cada día ganen mayor importancia normativa. En nuestro País, el tema de los Tratados, hasta hace pocos años, siempre había ocupado un lugar muy secundario en el proceso de reformas constitucionales o de creación de nuevas leyes: las fracciones correspondientes de los artículos 76, 89 y 133 constitucionales, en las que se localiza lo relativo a los Tratados, han sufrido tan sólo una reforma o adición (la última en 1988); en tanto que hasta 1992 se expidió la Ley sobre la Celebración de Tratados, y apenas en septiembre del 2004 la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica.
No obstante, precisamente para interpretar la Constitución o suplir las deficiencias de la legislación está la Suprema Corte. Y el fallo obtenido ayer (que no jurisprudencia por haber sido una votación dividida de 6 a favor y 5 en contra) será de la mayor importancia, tanto para temas futuros como para decisiones importantes que vaya a tomar el Estado mexicano, y para el proceso legislativo en sí mismo. Propongo que, por razones de exposición, empecemos por esto último que mucho tendrá que ver con las dos cuestiones anteriores.
La Corte lo que hizo fue resolver un principio de jerarquía entre ordenamientos normativos de distinta índole, pero no tocó el fondo del asunto. Me explico: hasta el 18 de enero de 1934, el artículo 133 constitucional establecía que la instancia encargada para que la aprobación de los Tratados suscritos por el Ejecutivo se convirtiera “en la Ley Suprema de toda la Unión” era El Congreso y no el Senado. Más aún: desde 1874 hasta 1934, el artículo 133 (126 en la Constitución de 1857) y la actual fracción X del 89 constitucional estuvieron en contradicción con la fracción I del artículo 76, que desde 1874 (como artículo 72 fracción I) establecía y establece que es facultad exclusiva del Senado “aprobar los tratados o convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República”... cuando los otros dos artículos señalaban que esa era facultad del Congreso.
El problema no es tanto el de la jerarquía de las leyes en abstracto, sino de cuál debe ser ésta en virtud del acto o proceso legislativo de que son producto. Si el tema estuvo a debate y se resolvió tan sólo por un voto de diferencia, fue justamente por eso: porque existía duda en convertir a los Tratados en superiores a las leyes federales cuando aquellos son aprobados exclusivamente por el Senado y éstas últimas son producto de un proceso legislativo ordinario en el que intervienen las dos Cámaras del Congreso de la Unión y a las que el Presidente de la República les puede realizar observaciones.
De tal manera que la congruencia semántica que a partir de 1934 se le dio a la Constitución, en esta materia, es contraria al espíritu del Constituyente de 1917 que ratificó en el 133 constitucional el criterio existente en el 126 de la Constitución de 1857 y lo dispuesto en la fracción X del artículo 85 de aquella época (actualmente 89 constitucional), en el sentido de que esos Tratados deben ser ratificados por el Congreso; y reservó desde 1874 (cuando se restablece el Senado), en el texto del entonces artículo 72, que era facultad de la Cámara Alta "aprobar los tratados o convenciones diplomáticas" celebrados por el Ejecutivo, mismos que pueden entenderse de una naturaleza distinta de los que siendo aprobados por el Congreso pasan a convertirse en "Ley Suprema de toda la Unión". El silencio de la Corte a este respecto fue elocuente.
El tema adquiere la mayor importancia para el proceso legislativo cuando el partido del Presidente tenga mayores facilidades para sacar la ratificación de un Tratado en el Senado, que lograr la aprobación de una ley o su reforma en las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
El criterio establecido ayer es en beneficio de la plena vigencia de los derechos humanos y políticos, ya que los tratados internacionales por lo regular contienen mayores garantías que las que confieren las leyes nacionales. A quienes sí les puede ir mal es a los reos que sean extraditados, ya que las leyes mexicanas tienden a concederles mayores beneficios que los que puedan consignarse en los tratados internacionales. Ya veremos.
http://www.mural.com/editoriales/nacional/709703/
miércoles, 14 de febrero de 2007
lunes, 12 de febrero de 2007
¿El partido o el candidato?
Marco Antonio Cortés Guardado
El corto tiempo que duró Ana Rosa Payán como candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán fue suficiente para desatar una serie de críticas a este partido, que presumiendo ser de izquierda se atrevía a lanzar como su abanderada a una mujer reputada como de extrema derecha. Las acusaciones de incongruencia y oportunismo abundaron, y todas ellas tienen, sin duda, fundamento. Nada más que, hasta donde pude ver, dejaron de lado un conjunto de datos importantísimos. Para empezar, esos datos fueron ignorados por los propios perredistas que condenaron la candidatura de la ex panista y que finalmente lograron echarla abajo. Se les olvidó que Payán ya había sido candidata del PRD a la alcaldía de Mérida.
Para situar en su justa dimensión el brevísimo romance entre Payán y el PRD, habría que recordar que todos los partidos han lanzado como candidatos (prácticamente a todos los cargos de elección popular, salvo a la Presidencia), a figuras provenientes de los partidos rivales. También que el PRD y el PAN han ido juntos en elecciones para gobernador en Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Chiapas, por mencionar sólo unos casos. La inclusión en diferentes gobiernos de políticos pertenecientes a un partido distinto del que gobierna se está convirtiendo en algo común. En el gobierno federal, ocurre desde Zedillo —quien tuvo como procurador a un reconocido panista—, continuó con Fox y prosigue con Calderón. Militantes del PRD hubieran sido parte también de estos dos gobiernos si el partido no lo hubiera vedado enfáticamente. En fin, muchos políticos mexicanos saltan de cargo a cargo y, faltaba más, de partido a partido, sin cuidarse de nimiedades como la congruencia, la ideología o los principios políticos. ¿Por qué habrían de hacerlo si la circunstancia es más poderosa que la actitud y se le impone? La explicación a un fenómeno que parece bochornoso y condenable no es muy complicada y se resume en una breve fórmula: personalización de la política. Hace dos decenios, para el elector medio en México el punto primario de referencia era el partido y luego el candidato. Hoy no es así. Para una mayoría creciente de votantes, el candidato es ahora más importante que el partido a la hora de votar.
La relevancia creciente del candidato se acompaña a su vez por el fenómeno de “desafiliación partidaria”. Aunque con ritmos y profundidad diferentes, la identidad partidista ha venido menguando en todo el mundo. Una causa probable es que los partidos han perdido relevancia como entidades de “capacitación”, como fuentes de información y como correas de transmisión de creencias y actitudes hacia los asuntos públicos, en virtud de que se ha incrementado la escolaridad y “habilidades” cognitivas de los votantes, al tiempo que la prensa suple a los partidos en muchas de sus funciones “pedagógicas” (algo así afirman Ronald Inglehart y Russell Dalton). En este contexto, las personalidades políticas son evaluadas directamente sin necesidad de referirlas a su pertinencia partidaria, y los partidos se han visto obligados a prescindir de la membresía como condición para una candidatura. Es cierto, de todas maneras, que el nivel de transfuguismo partidario en México quizá no tiene parangón. Dos factores me parecen relevantes: la debilidad histórica de los partidos distintos al PRI y la peculiar cultura de la nueva clase política, teñida de pies a cabeza por un extraño tipo de pragmatismo.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=477033
El corto tiempo que duró Ana Rosa Payán como candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán fue suficiente para desatar una serie de críticas a este partido, que presumiendo ser de izquierda se atrevía a lanzar como su abanderada a una mujer reputada como de extrema derecha. Las acusaciones de incongruencia y oportunismo abundaron, y todas ellas tienen, sin duda, fundamento. Nada más que, hasta donde pude ver, dejaron de lado un conjunto de datos importantísimos. Para empezar, esos datos fueron ignorados por los propios perredistas que condenaron la candidatura de la ex panista y que finalmente lograron echarla abajo. Se les olvidó que Payán ya había sido candidata del PRD a la alcaldía de Mérida.
Para situar en su justa dimensión el brevísimo romance entre Payán y el PRD, habría que recordar que todos los partidos han lanzado como candidatos (prácticamente a todos los cargos de elección popular, salvo a la Presidencia), a figuras provenientes de los partidos rivales. También que el PRD y el PAN han ido juntos en elecciones para gobernador en Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Chiapas, por mencionar sólo unos casos. La inclusión en diferentes gobiernos de políticos pertenecientes a un partido distinto del que gobierna se está convirtiendo en algo común. En el gobierno federal, ocurre desde Zedillo —quien tuvo como procurador a un reconocido panista—, continuó con Fox y prosigue con Calderón. Militantes del PRD hubieran sido parte también de estos dos gobiernos si el partido no lo hubiera vedado enfáticamente. En fin, muchos políticos mexicanos saltan de cargo a cargo y, faltaba más, de partido a partido, sin cuidarse de nimiedades como la congruencia, la ideología o los principios políticos. ¿Por qué habrían de hacerlo si la circunstancia es más poderosa que la actitud y se le impone? La explicación a un fenómeno que parece bochornoso y condenable no es muy complicada y se resume en una breve fórmula: personalización de la política. Hace dos decenios, para el elector medio en México el punto primario de referencia era el partido y luego el candidato. Hoy no es así. Para una mayoría creciente de votantes, el candidato es ahora más importante que el partido a la hora de votar.
La relevancia creciente del candidato se acompaña a su vez por el fenómeno de “desafiliación partidaria”. Aunque con ritmos y profundidad diferentes, la identidad partidista ha venido menguando en todo el mundo. Una causa probable es que los partidos han perdido relevancia como entidades de “capacitación”, como fuentes de información y como correas de transmisión de creencias y actitudes hacia los asuntos públicos, en virtud de que se ha incrementado la escolaridad y “habilidades” cognitivas de los votantes, al tiempo que la prensa suple a los partidos en muchas de sus funciones “pedagógicas” (algo así afirman Ronald Inglehart y Russell Dalton). En este contexto, las personalidades políticas son evaluadas directamente sin necesidad de referirlas a su pertinencia partidaria, y los partidos se han visto obligados a prescindir de la membresía como condición para una candidatura. Es cierto, de todas maneras, que el nivel de transfuguismo partidario en México quizá no tiene parangón. Dos factores me parecen relevantes: la debilidad histórica de los partidos distintos al PRI y la peculiar cultura de la nueva clase política, teñida de pies a cabeza por un extraño tipo de pragmatismo.
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=477033
viernes, 9 de febrero de 2007
Anuncia la UdeG cuota obligatoria
Determinaría examen socioeconómico el monto
José Alonso Torres
Guadalajara, México(9 febrero 2007).-La UdeG cobrará cuotas obligatorias a los estudiantes con mayores recursos, informó el Rector general electo, Carlos Briseño Torres.
La intención, dijo Briseño Torres, es que se institucionalicen las aportaciones voluntarias que ya realizan los alumnos de licenciatura y posgrado en los diferentes centros universitarios de la UdeG.
"Cuando yo era Rector del Cuciénega, los estudiantes aportaban mil pesos al año, con eso se ayudó a comprar un autobús, y se inició a construir la biblioteca que estamos a punto de inaugurar", recordó.
Sin embargo, estos cobros sólo se realizarán a los estudiantes cuya situación socioeconómica se los permita, algo que se determinaría a través de un examen.
"Estoy proponiendo que esas aportaciones tengan total transparencia en cuanto al uso de los recursos, y una parte importante se apalanque en proyectos para los estudiantes que requieren de ayuda, apoyarlos con el transporte, con la compra de libros", aseguró Briseño Torres, quien toma la Rectoría general el 1 de abril.
Aunque no dio plazos, la propuesta podría arrancar en el ciclo escolar de agosto.
El reglamentar las aportaciones voluntarias serviría a la UdeG, agregó, para vigilar el destino de los recursos que ya se obtienen en los planteles.
Actualmente cada Consejo de Centro estipula los montos que se cobran y existe un Comité de Condonaciones que analiza solicitudes de alumnos que argumentan no poder pagar las cuotas.
Aunque todavía analiza el proyecto que presentaría ante el Consejo General Universitario, Briseño Torres comentó que las aportaciones irían de los 500 hasta los mil 500 pesos semestrales.
La Federación de Estudiantes Universitarios ve con buenos ojos que se realice un examen socioeconómico a los aspirantes.
"Tu puedes ir al CUCEA, al CUCSH, hay muchos alumnos que llegan en carro del año, que son hijos de empresarios, si no salen en listas van y se meten a una escuela privada, pero quizá le quitan el lugar a un chavo de bajos recursos que no tiene la posibilidad de estudiar más que en la UdeG", comentó Carlos Corona Martín del Campo, presidente del organismo.
"Obviamente puede generar un descontento grande entre el estudiantado el que se quiera implementar cuotas generales, pero vamos a platicar con Briseño para conocer a fondo su propuesta antes de pensar en protestas".
La UdeG tiene 75 mil 595 alumnos de nivel superior, si la mitad pagara mil pesos semestrales como aportación obligatoria, el ingreso anual sería de 75 millones 595 mil pesos, dos millones más de los 73 millones 500 mil pesos que contempló la institución como ingresos por matrícula en el presupuesto del 2006.
El presupuesto de la UdeG a ejercer en el 2007 es de 5 mil 140 millones 762 mil pesos.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo.
José Alonso Torres
Guadalajara, México(9 febrero 2007).-La UdeG cobrará cuotas obligatorias a los estudiantes con mayores recursos, informó el Rector general electo, Carlos Briseño Torres.
La intención, dijo Briseño Torres, es que se institucionalicen las aportaciones voluntarias que ya realizan los alumnos de licenciatura y posgrado en los diferentes centros universitarios de la UdeG.
"Cuando yo era Rector del Cuciénega, los estudiantes aportaban mil pesos al año, con eso se ayudó a comprar un autobús, y se inició a construir la biblioteca que estamos a punto de inaugurar", recordó.
Sin embargo, estos cobros sólo se realizarán a los estudiantes cuya situación socioeconómica se los permita, algo que se determinaría a través de un examen.
"Estoy proponiendo que esas aportaciones tengan total transparencia en cuanto al uso de los recursos, y una parte importante se apalanque en proyectos para los estudiantes que requieren de ayuda, apoyarlos con el transporte, con la compra de libros", aseguró Briseño Torres, quien toma la Rectoría general el 1 de abril.
Aunque no dio plazos, la propuesta podría arrancar en el ciclo escolar de agosto.
El reglamentar las aportaciones voluntarias serviría a la UdeG, agregó, para vigilar el destino de los recursos que ya se obtienen en los planteles.
Actualmente cada Consejo de Centro estipula los montos que se cobran y existe un Comité de Condonaciones que analiza solicitudes de alumnos que argumentan no poder pagar las cuotas.
Aunque todavía analiza el proyecto que presentaría ante el Consejo General Universitario, Briseño Torres comentó que las aportaciones irían de los 500 hasta los mil 500 pesos semestrales.
La Federación de Estudiantes Universitarios ve con buenos ojos que se realice un examen socioeconómico a los aspirantes.
"Tu puedes ir al CUCEA, al CUCSH, hay muchos alumnos que llegan en carro del año, que son hijos de empresarios, si no salen en listas van y se meten a una escuela privada, pero quizá le quitan el lugar a un chavo de bajos recursos que no tiene la posibilidad de estudiar más que en la UdeG", comentó Carlos Corona Martín del Campo, presidente del organismo.
"Obviamente puede generar un descontento grande entre el estudiantado el que se quiera implementar cuotas generales, pero vamos a platicar con Briseño para conocer a fondo su propuesta antes de pensar en protestas".
La UdeG tiene 75 mil 595 alumnos de nivel superior, si la mitad pagara mil pesos semestrales como aportación obligatoria, el ingreso anual sería de 75 millones 595 mil pesos, dos millones más de los 73 millones 500 mil pesos que contempló la institución como ingresos por matrícula en el presupuesto del 2006.
El presupuesto de la UdeG a ejercer en el 2007 es de 5 mil 140 millones 762 mil pesos.
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Renovar la Constitución
Javier Hurtado
El pasado lunes se cumplió un aniversario más de la promulgación de nuestra Constitución. No a diario se cumplen 150 años de que fuera expedida la Carta Magna de 1857 y 90 de la que actualmente nos rige. El acontecimiento merecía una conmemoración mayor y mejor que la que pareciera que el Gobierno federal improvisó de última hora para salir al paso. Si el Ejecutivo no tuvo la iniciativa para realizar una mejor celebración, extraña que ni el Congreso de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubieran organizado actividades o ceremonia propia para recordar ese importante acontecimiento. El desdén con el que fue tratado el aniversario refleja el desprecio que la clase gobernante y, en general la mayor parte de los mexicanos, tienen por la Constitución que nos rige.
En la ceremonia realizada en Palacio Nacional hubo intervenciones de los representantes de los tres Poderes de la Unión. De entre estas, importancia natural adquiere la del Presidente de la República, quien llamó a modernizar el andamiaje constitucional y legal para que puedan "armonizarse la pluralidad democrática con la gobernabilidad democrática", según dijo. Ciertamente, nuestra Constitución tiene que reformarse para adaptarla a la nueva realidad, tanto nacional como internacional. Sin embargo, los cambios que se introduzcan deberían ser producto de un acucioso y desprejuiciado análisis que permita, además. localizar en el propio texto constitucional aquellas disposiciones que no generan incentivos para la colaboración entre los Poderes y para el logro de un Gobierno eficaz.
Un problema importante de nuestra Carta Magna es quizá, más que su edad, su tamaño. Es decir, es un documento extenso que contiene también principios ideológicos, probablemente más adecuados a otras épocas. Ese hecho, y el que hasta la fecha haya acumulado 442 reformas, la convierte en un documento ecléctico en el que se han introducido temas o procedimientos que más bien son propios de una ley reglamentaria. Esto contrasta con el tamaño y perdurabilidad de la Constitución de los Estados Unidos compuesta por tan sólo siete artículos y 17 enmiendas, no obstante haber sido publicada hace 220 años.
El elevado número de reformas de que ha sido objeto la Constitución mexicana ha generado el debate de si nuestro País debiera promulgar un nuevo texto o continuar manteniendo la existente y seguir haciéndola objeto de sucesivas reformas. Por otro lado, no deja de resultar paradójico que, no obstante el carácter ideologizado de nuestra Constitución, esta carezca de un Preámbulo en el que se concentren los valores y principios más importantes que nos distinguen como Nación. Los Constituyentes de 1917 no subsanaron la omisión existente desde 1857, siendo en la actualidad, la mexicana, una de las pocas constituciones del mundo (y si no la única) que no tiene Preámbulo.
Una Constitución, de la misma forma que puede ser garantía de contar con un Gobierno constitucional sujeto a limitaciones legales y políticas y responsable ante los ciudadanos, también puede ser aliciente para el surgimiento de dictaduras si en su estructura no se contemplan garantías y estímulos para la gobernabilidad y la estabilidad política. En un País como el nuestro, con un sistema de Gobierno Presidencial y un sistema de organización política federal, los textos constitucionales tienen el doble reto de propiciar, por un lado, la colaboración entre Poderes, pero por el otro, la convivencia respetuosa entre los distintos órdenes de Gobierno.
En este contexto, es importante no perder de vista que las expresiones políticas de la voluntad ciudadana no se pueden establecer desde la Constitución, como equivocadamente lo expresara en la ceremonia del lunes pasado el Presidente del Senado, al decir que "es tiempo de acabar con los Gobiernos divididos e iniciar la etapa de los Gobiernos compartidos". No se puede, por decreto, terminar con una realidad ni crear una nueva. Los Gobiernos divididos son una posibilidad que siempre va a existir en las democracias presidenciales, mientras que los Gobiernos compartidos pertenecen al ámbito de los sistemas de organización política federales o autonómicos.
Por lo anterior, la reforma de una Constitución no puede ser una tarea eminentemente jurídica, sino que requiere el concurso de especialistas en sistemas de Gobierno y relaciones intergubernamentales.
El lunes pasado, el Jefe del Ejecutivo llamó a "renovar la Constitución desde la Constitución". El Presidente, en tanto Jefe del Estado, está obligado a delinear sus principales propuestas de reforma y a convocar a expertos y legisladores a discutirlas. El 5 de febrero de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox convocó a lo mismo, y finalmente no se hizo nada. Esperemos que en esto Felipe Calderón marque una diferencia con su antecesor.
docjhurtado@hotmail.comCopyright © Grupo Reforma Servicio Informativohttp://www.mural.com/edicionimpresa/notas/070207/editoriales/434456.htm
El pasado lunes se cumplió un aniversario más de la promulgación de nuestra Constitución. No a diario se cumplen 150 años de que fuera expedida la Carta Magna de 1857 y 90 de la que actualmente nos rige. El acontecimiento merecía una conmemoración mayor y mejor que la que pareciera que el Gobierno federal improvisó de última hora para salir al paso. Si el Ejecutivo no tuvo la iniciativa para realizar una mejor celebración, extraña que ni el Congreso de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubieran organizado actividades o ceremonia propia para recordar ese importante acontecimiento. El desdén con el que fue tratado el aniversario refleja el desprecio que la clase gobernante y, en general la mayor parte de los mexicanos, tienen por la Constitución que nos rige.
En la ceremonia realizada en Palacio Nacional hubo intervenciones de los representantes de los tres Poderes de la Unión. De entre estas, importancia natural adquiere la del Presidente de la República, quien llamó a modernizar el andamiaje constitucional y legal para que puedan "armonizarse la pluralidad democrática con la gobernabilidad democrática", según dijo. Ciertamente, nuestra Constitución tiene que reformarse para adaptarla a la nueva realidad, tanto nacional como internacional. Sin embargo, los cambios que se introduzcan deberían ser producto de un acucioso y desprejuiciado análisis que permita, además. localizar en el propio texto constitucional aquellas disposiciones que no generan incentivos para la colaboración entre los Poderes y para el logro de un Gobierno eficaz.
Un problema importante de nuestra Carta Magna es quizá, más que su edad, su tamaño. Es decir, es un documento extenso que contiene también principios ideológicos, probablemente más adecuados a otras épocas. Ese hecho, y el que hasta la fecha haya acumulado 442 reformas, la convierte en un documento ecléctico en el que se han introducido temas o procedimientos que más bien son propios de una ley reglamentaria. Esto contrasta con el tamaño y perdurabilidad de la Constitución de los Estados Unidos compuesta por tan sólo siete artículos y 17 enmiendas, no obstante haber sido publicada hace 220 años.
El elevado número de reformas de que ha sido objeto la Constitución mexicana ha generado el debate de si nuestro País debiera promulgar un nuevo texto o continuar manteniendo la existente y seguir haciéndola objeto de sucesivas reformas. Por otro lado, no deja de resultar paradójico que, no obstante el carácter ideologizado de nuestra Constitución, esta carezca de un Preámbulo en el que se concentren los valores y principios más importantes que nos distinguen como Nación. Los Constituyentes de 1917 no subsanaron la omisión existente desde 1857, siendo en la actualidad, la mexicana, una de las pocas constituciones del mundo (y si no la única) que no tiene Preámbulo.
Una Constitución, de la misma forma que puede ser garantía de contar con un Gobierno constitucional sujeto a limitaciones legales y políticas y responsable ante los ciudadanos, también puede ser aliciente para el surgimiento de dictaduras si en su estructura no se contemplan garantías y estímulos para la gobernabilidad y la estabilidad política. En un País como el nuestro, con un sistema de Gobierno Presidencial y un sistema de organización política federal, los textos constitucionales tienen el doble reto de propiciar, por un lado, la colaboración entre Poderes, pero por el otro, la convivencia respetuosa entre los distintos órdenes de Gobierno.
En este contexto, es importante no perder de vista que las expresiones políticas de la voluntad ciudadana no se pueden establecer desde la Constitución, como equivocadamente lo expresara en la ceremonia del lunes pasado el Presidente del Senado, al decir que "es tiempo de acabar con los Gobiernos divididos e iniciar la etapa de los Gobiernos compartidos". No se puede, por decreto, terminar con una realidad ni crear una nueva. Los Gobiernos divididos son una posibilidad que siempre va a existir en las democracias presidenciales, mientras que los Gobiernos compartidos pertenecen al ámbito de los sistemas de organización política federales o autonómicos.
Por lo anterior, la reforma de una Constitución no puede ser una tarea eminentemente jurídica, sino que requiere el concurso de especialistas en sistemas de Gobierno y relaciones intergubernamentales.
El lunes pasado, el Jefe del Ejecutivo llamó a "renovar la Constitución desde la Constitución". El Presidente, en tanto Jefe del Estado, está obligado a delinear sus principales propuestas de reforma y a convocar a expertos y legisladores a discutirlas. El 5 de febrero de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox convocó a lo mismo, y finalmente no se hizo nada. Esperemos que en esto Felipe Calderón marque una diferencia con su antecesor.
docjhurtado@hotmail.comCopyright © Grupo Reforma Servicio Informativohttp://www.mural.com/edicionimpresa/notas/070207/editoriales/434456.htm
martes, 6 de febrero de 2007
La opinión pública no cree que los actuales consejeros del IFE puedan ser árbitros en 2009
Como sociedad, no nos podemos dar el lujo de que siete de cada diez electores piensen que los actuales consejeros no van a poder arbitrar debidamente la contienda de 2009.
Ante la opinión pública perdimos un poco (y no tan poco) todos los que de una u otra manera participamos en el ambiente electoral de 2006. Lo mismo medios de comunicación que encuestadores, partidos políticos, cúpulas empresariales y sindicatos. Por supuesto, los actuales consejeros del IFE no tenían por qué ser la excepción.
El asunto es que mientras los demás nos podemos dar el lujo de apelar a la misericordia de los públicos para que se nos abra una nueva oportunidad en 2009, el IFE no puede. Como árbitro de las contiendas electorales, los consejeros electorales están obligados a instrumentar un plan de emergencia inmediato que medianamente les permita remediar los daños provocados por el huracán de 2006, y ese plan de emergencia tiene que ser mucho más drástico y efectivo que lo que hemos visto hasta ahora.
Como sociedad, no nos podemos dar el lujo de que siete de cada diez electores piensen que los actuales consejeros no van a poder arbitrar debidamente la contienda de 2009, y poco ayuda a su credibilidad la discusión con los diputados y senadores que ha sostenido el consejero presidente Ugalde en los últimos días, tratando de justificar los recursos administrativos que se gastan en el IFE con argumentos con los que la opinión pública simplemente no está de acuerdo, como el que los viajes al extranjero en asientos de primera clase y hoteles de lujo son necesarios porque sirven para fortalecer la imagen de la institución en el mundo.
El consejero Ugalde sin duda debe tener muchas virtudes, pero su carisma con los públicos definitivamente no es una de ellas. O el presidente del IFE no ha entendido bien el tamaño del problema en el que están metidos o la soberbia le impide pensar con claridad qué pueden hacer para medianamente controlar los daños. Ojalá, por el bien de la política nacional, sus compañeros consejeros lo puedan convencer de que sus formas —las de Ugalde— ya los han metido en suficientes problemas, y es urgente plantearse una estrategia eficaz para interactuar con los públicos. El reloj sigue haciendo tic tac, y hasta ahora la parte mas delgada del hilo siguen siendo los consejeros del IFE.
mariaheras@prodigy.net.mx
•• Nota metodológica. Encuesta nacional telefónica realizada el 3 de febrero, considerando 500 entrevistas a personas mayores de 18 años, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple sobre el listado de teléfonos. Con 95% de confianza, el error estadístico máximo que se tiene es de +/- 4.5%
Monterrey, N.L. - Martes 6 de Febrero de 2007
Ante la opinión pública perdimos un poco (y no tan poco) todos los que de una u otra manera participamos en el ambiente electoral de 2006. Lo mismo medios de comunicación que encuestadores, partidos políticos, cúpulas empresariales y sindicatos. Por supuesto, los actuales consejeros del IFE no tenían por qué ser la excepción.
El asunto es que mientras los demás nos podemos dar el lujo de apelar a la misericordia de los públicos para que se nos abra una nueva oportunidad en 2009, el IFE no puede. Como árbitro de las contiendas electorales, los consejeros electorales están obligados a instrumentar un plan de emergencia inmediato que medianamente les permita remediar los daños provocados por el huracán de 2006, y ese plan de emergencia tiene que ser mucho más drástico y efectivo que lo que hemos visto hasta ahora.
Como sociedad, no nos podemos dar el lujo de que siete de cada diez electores piensen que los actuales consejeros no van a poder arbitrar debidamente la contienda de 2009, y poco ayuda a su credibilidad la discusión con los diputados y senadores que ha sostenido el consejero presidente Ugalde en los últimos días, tratando de justificar los recursos administrativos que se gastan en el IFE con argumentos con los que la opinión pública simplemente no está de acuerdo, como el que los viajes al extranjero en asientos de primera clase y hoteles de lujo son necesarios porque sirven para fortalecer la imagen de la institución en el mundo.
El consejero Ugalde sin duda debe tener muchas virtudes, pero su carisma con los públicos definitivamente no es una de ellas. O el presidente del IFE no ha entendido bien el tamaño del problema en el que están metidos o la soberbia le impide pensar con claridad qué pueden hacer para medianamente controlar los daños. Ojalá, por el bien de la política nacional, sus compañeros consejeros lo puedan convencer de que sus formas —las de Ugalde— ya los han metido en suficientes problemas, y es urgente plantearse una estrategia eficaz para interactuar con los públicos. El reloj sigue haciendo tic tac, y hasta ahora la parte mas delgada del hilo siguen siendo los consejeros del IFE.
mariaheras@prodigy.net.mx
•• Nota metodológica. Encuesta nacional telefónica realizada el 3 de febrero, considerando 500 entrevistas a personas mayores de 18 años, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple sobre el listado de teléfonos. Con 95% de confianza, el error estadístico máximo que se tiene es de +/- 4.5%
Monterrey, N.L. - Martes 6 de Febrero de 2007
viernes, 2 de febrero de 2007
Bofetadas en el país de los machos
EDITORIAL DE EL UNIVERSAL
El Universal, Viernes 02 de febrero de 2007
Más de 85% de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México quedan impunes, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres. El hecho ofende y revela el grado de indefensión de género, en una sociedad con patrones culturales que deben ser erradicados a través de la educación y la ley que a partir de hoy se aplicará a quien las agreda.
El presidente Felipe Calderón promulgó finalmente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que instaura una serie de medidas legales para garantizar que no se las agreda más, ni física ni psicológica ni sexual ni patrimonialmente, como es costumbre que suceda en un entorno social que por siglos ha devaluado el papel de la mitad de la población.
El incremento de las penas a golpeadores o asesinos, así como establecer como requisito de contratación no tener antecedentes de este tipo de violencia; la integración de un Banco de Datos e Información sobre agresores son sólo algunos de los aspectos más destacados de la nueva legislación, que hay que reconocer como un avance normativo, pero de la que habrá que estar muy pendientes en su aplicación, para que no se convierta en letra muerta y ejercicio de relaciones públicas.
La violencia intrafamiliar es parte de un círculo vicioso que puede interrumpirse, si hay apoyo a la mujer o degradarse, hasta el extremo de los feminicidios, la cara más radical del fenómeno.
Y la más impune. Por ejemplo, la recién desaparecida Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los feminicidios en Ciudad Juárez costó 32 millones de pesos durante su operación y no logró consignar a un solo responsable. Clasificó casos, detectó constantes, identificó hasta funcionarios responsables de negligencia, pero no pudo hacer que ningún culpable pagara su crimen.
Ciudad Juárez recibió particular atención por la saña y constancia con que se han dado crímenes contra mujeres, y por su calidad de ciudad fronteriza, pero otras entidades del país no se salvan de cifras aún más abultadas. Uno de cada cuatro del total de asesinatos de mujeres en el país se registra en el estado de México, según ha informado la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados. Le siguen en grado de riesgo Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo y el Distrito Federal. Esto es insostenible.
El propósito de la nueva ley es facilitar la protección a las víctimas y sensibilizar a los encargados de aplicarla. Por eso es que adquiere urgencia dar marcha atrás a las reformas judiciales de septiembre pasado, que inexplicablemente por un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dificultan a la mujer agredida denunciar a sus agresores.
El Estado hace bien en procurar la protección de las mujeres; es su obligación. Sin embargo, la tarea quedaría incompleta si la mayor transformación no se da en el ámbito personal y familiar para erradicar la cultura machista que ve como natural la discriminación, los chistes, el acoso, los prejuicios y los roles estereotipados de los géneros. Eso, inevitablemente, deviene en algún grado de violencia.
© 2007 Copyright El Universal-El Universal Online
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/vi_36668.html
El Universal, Viernes 02 de febrero de 2007
Más de 85% de los casos de agresión contra mujeres que son denunciados en México quedan impunes, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres. El hecho ofende y revela el grado de indefensión de género, en una sociedad con patrones culturales que deben ser erradicados a través de la educación y la ley que a partir de hoy se aplicará a quien las agreda.
El presidente Felipe Calderón promulgó finalmente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que instaura una serie de medidas legales para garantizar que no se las agreda más, ni física ni psicológica ni sexual ni patrimonialmente, como es costumbre que suceda en un entorno social que por siglos ha devaluado el papel de la mitad de la población.
El incremento de las penas a golpeadores o asesinos, así como establecer como requisito de contratación no tener antecedentes de este tipo de violencia; la integración de un Banco de Datos e Información sobre agresores son sólo algunos de los aspectos más destacados de la nueva legislación, que hay que reconocer como un avance normativo, pero de la que habrá que estar muy pendientes en su aplicación, para que no se convierta en letra muerta y ejercicio de relaciones públicas.
La violencia intrafamiliar es parte de un círculo vicioso que puede interrumpirse, si hay apoyo a la mujer o degradarse, hasta el extremo de los feminicidios, la cara más radical del fenómeno.
Y la más impune. Por ejemplo, la recién desaparecida Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los feminicidios en Ciudad Juárez costó 32 millones de pesos durante su operación y no logró consignar a un solo responsable. Clasificó casos, detectó constantes, identificó hasta funcionarios responsables de negligencia, pero no pudo hacer que ningún culpable pagara su crimen.
Ciudad Juárez recibió particular atención por la saña y constancia con que se han dado crímenes contra mujeres, y por su calidad de ciudad fronteriza, pero otras entidades del país no se salvan de cifras aún más abultadas. Uno de cada cuatro del total de asesinatos de mujeres en el país se registra en el estado de México, según ha informado la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados. Le siguen en grado de riesgo Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo y el Distrito Federal. Esto es insostenible.
El propósito de la nueva ley es facilitar la protección a las víctimas y sensibilizar a los encargados de aplicarla. Por eso es que adquiere urgencia dar marcha atrás a las reformas judiciales de septiembre pasado, que inexplicablemente por un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dificultan a la mujer agredida denunciar a sus agresores.
El Estado hace bien en procurar la protección de las mujeres; es su obligación. Sin embargo, la tarea quedaría incompleta si la mayor transformación no se da en el ámbito personal y familiar para erradicar la cultura machista que ve como natural la discriminación, los chistes, el acoso, los prejuicios y los roles estereotipados de los géneros. Eso, inevitablemente, deviene en algún grado de violencia.
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jueves, 1 de febrero de 2007
Obreros dan primer aviso a Felipe Calderón
El Zócalo fue ocupado por los asistentes a marchas que tuvieron en común la recriminación por el aumento en precios de los básicos.
Organizaciones sindicales, campesinas y civiles enviaron ayer su primer mensaje callejero al gobierno de Felipe Calderón: no le permitirán que asuma el monopolio de las decisiones. Este conglomerado heterogéneo quiere además que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyan las demandas y exigencias recopiladas en la Declaración del Zócalo leída durante la concen-tración en el Distrito Federal.
Sindicatos independientes y organismos "oficialistas", incluidos el Frente Sindical Mexicano, la Unión Nacional de Trabajadores, el Congreso Agrario Permanente, el Frente Amplio Progresista, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, entre otros, asumieron el compromiso de trabajar conjuntamente para "cerrarle el paso a las políticas neoliberales".
Esta manifestación resultó his-tórica porque reunió a agrupaciones antagónicas y distantes. Los organizadores se dijeron dispuestos a concretar acciones más contundentes y radicales en caso de que el actual gobierno decida hacer caso omiso a sus peticiones. "Nadie, ni aún los que afirman haber ganado las elecciones, tienen derecho al monopolio de las decisiones públicas.
"El nuevo pacto social que demandamos deberá darse de cara a la nación; ni las pláticas palaciegas, ni los acuerdos cupulares sirven para construirlo, lo que se requiere son nuevas formas institucionales que permitan la inclusión de diversos actores en las decisiones".
En la Declaración del Zócalo, los organismos participantes también se comprometieron a sacar a México de su estancamiento económico y democrático, de su incapacidad para generar empleo y salarios dignos y de las prácticas privatizadoras. De acuerdo con el documento leído por Verónica Velasco, quien fue elegida de manera exprés como la oradora ante la cancelación de Sabina Berman (alegó que no fue consultada), se determinó no permitir que se siga "destruyendo al campo y a la industria" ni que los jóvenes se sigan quedando sin futuro.
En los nueve puntos de la Declaración del Zócalo, hubo una clara crítica a la política social impulsada por Calderón: es necesario que se sustituya "la caridad pública" por "el reconocimiento pleno de los derechos de toda la ciudadanía".
- Claves
Presidencia
• Presidencia señaló que comparte "la preocupación de las diversas organizaciones de trabajadores, campesinas y sociales" sobre el alza de precios.
• En un comunicado, el Ejecutivo expresó que respetará la libre manifestación de las ideas y el derecho de petición de todo mexicano que lo formule de manera pacífica y respetuosa.
Guadalajara, Jal. - Jueves 1 de Febrero de 2007
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=473576
Organizaciones sindicales, campesinas y civiles enviaron ayer su primer mensaje callejero al gobierno de Felipe Calderón: no le permitirán que asuma el monopolio de las decisiones. Este conglomerado heterogéneo quiere además que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyan las demandas y exigencias recopiladas en la Declaración del Zócalo leída durante la concen-tración en el Distrito Federal.
Sindicatos independientes y organismos "oficialistas", incluidos el Frente Sindical Mexicano, la Unión Nacional de Trabajadores, el Congreso Agrario Permanente, el Frente Amplio Progresista, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, entre otros, asumieron el compromiso de trabajar conjuntamente para "cerrarle el paso a las políticas neoliberales".
Esta manifestación resultó his-tórica porque reunió a agrupaciones antagónicas y distantes. Los organizadores se dijeron dispuestos a concretar acciones más contundentes y radicales en caso de que el actual gobierno decida hacer caso omiso a sus peticiones. "Nadie, ni aún los que afirman haber ganado las elecciones, tienen derecho al monopolio de las decisiones públicas.
"El nuevo pacto social que demandamos deberá darse de cara a la nación; ni las pláticas palaciegas, ni los acuerdos cupulares sirven para construirlo, lo que se requiere son nuevas formas institucionales que permitan la inclusión de diversos actores en las decisiones".
En la Declaración del Zócalo, los organismos participantes también se comprometieron a sacar a México de su estancamiento económico y democrático, de su incapacidad para generar empleo y salarios dignos y de las prácticas privatizadoras. De acuerdo con el documento leído por Verónica Velasco, quien fue elegida de manera exprés como la oradora ante la cancelación de Sabina Berman (alegó que no fue consultada), se determinó no permitir que se siga "destruyendo al campo y a la industria" ni que los jóvenes se sigan quedando sin futuro.
En los nueve puntos de la Declaración del Zócalo, hubo una clara crítica a la política social impulsada por Calderón: es necesario que se sustituya "la caridad pública" por "el reconocimiento pleno de los derechos de toda la ciudadanía".
- Claves
Presidencia
• Presidencia señaló que comparte "la preocupación de las diversas organizaciones de trabajadores, campesinas y sociales" sobre el alza de precios.
• En un comunicado, el Ejecutivo expresó que respetará la libre manifestación de las ideas y el derecho de petición de todo mexicano que lo formule de manera pacífica y respetuosa.
Guadalajara, Jal. - Jueves 1 de Febrero de 2007
http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/imprime.asp?id=473576
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